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Conozca de qué se les acusa y quiénes son los imputados en Operación Pandora.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada la solicitud de medida de coerción por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de los 10 agentes de la Policía Nacional por estar supuestamente involucrados en la Operación Pandora, que sustrajeron más de 900 mil proyectiles de la institución.
En el expediente de 213 páginas, el Ministerio Público señala la participación de cada uno de los acusados, incluyendo la empresa Tactical Accesories RH, la cual es vinculada a uno de los agentes policiales.
Uno de los principales acusados es el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien era encargado del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde noviembre de 2023 hasta el 25 de octubre de este año.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, fue el creador de la organización criminal desmantelada mediante la presente operación, integrada principalmente por miembros activos de la Policía Nacional que desviaron sus mandatos institucionales y legales para establecer un mercado ilegal del material bélico bajo su custodia, para lo cual sustraían y comercializaban dolosamente los bienes bajo su guarda, para lo cual utilizaron a terceras personas en sus operaciones ilícitas e incurrieron en lavado de activos. Por estos hechos, en fecha 16 de noviembre de 2024 fue arrestado en virtud de orden judicial”, establece el documento.
De acuerdo al expediente, Feliz Romero, utilizó esta posición para sustraer, vender y comercializar municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia, con la ayuda del capitán Nelson Váldez; el cabo Jorge Luis Zorrilla Marte y los rasos Héctor José Acevedo Liriano y Morelbin Medina Pérez.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, P.N., a sabiendas de los resultados de la relación de existencia de municiones en los depósitos de la Intendencias de Armas, realizado en el mes de octubre de 2024, se encargó conjuntamente con el Capitán Valdez, P.N., de que no se hiciera el reporte de las municiones faltantes. El Coronel Feliz Romero, P.N., y el Capitán Víctor Manuel Santos, P.N., instruyeron al Cabo Jorge Luís Zorrilla Marte, P.N., junto a todo el personal masculino, a trasladar cápsulas para hacer una auditoría, decidiendo el Coronel Feliz Romero, P.N., hacer unos activos falsos con las cajas de cartuchos camuflados dentro de las cajas para municiones 5.56 mm., accionar que constituyó parte del ocultamiento y fraude contable cometido por los imputados”, establece el expediente.
El Ministerio Público, explica además que para que no fuera descubierta la ausencia de las municiones tanto Feliz Romero como Manuel Santos, coordinaron que se confeccionaran cajas falsas para cubrir las municiones faltantes, “lo cual no impidió que se verificara la ausencia de estas municiones que fueron sustraídas para su venta ilegal por estos agentes policiales”.
Según declaraciones, Feliz Romero recibía dinero de la venta de municiones a través del Raso Medina Pérez, quien era el armero.
El Ministerio Público establece que el 27 de abril de este año, aproximadamente las 8:20 p. m., en una reunión de compra entre el raso Héctor José Acevedo Liriano y el cabo Melvin Manuel Sierra Gil; el primero le entregó al segundo municiones y materiales relacionados, por un monto de RD$240,000.00, haciendo alusión de que las mismas procedían de una armería que tenía su jefe, el Coronel Feliz Romero, procediendo el comprador, Sierra Gil, a transferirle en esa misma fecha la indicada suma, a favor de la cuenta bancaria a nombre del imputado Héctor J. Acevedo.
“Aprovechando su condición como custodios de armas, municiones y materiales relacionados, el cabo Zorrilla Marte, colocó en el vehículo del capitán Juan Miguel Soler Pérez, una bolsa de supermercado que contenía aproximadamente 10 cajas de municiones calibre 5.56 para fusiles”, sumando un total aproximado de 10,000 unidades, que tenían como destinarlo al Coronel Narciso Antonio Feliz Romero.
El expediente establece que producto de estas actividades, el Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, adquirió un jeep marca Kia Sorento, e inició una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Además, llegó a recibir dinero en efectivo en el interior de una mochila entregada por el Cabo Rosario, “quien vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití, además era visitante frecuente de la intendencia”.
Asimismo, el Ministerio Público asegura que el 28 de octubre de 2024, iniciada la investigación por la sustracción de las municiones el coronel Feliz Romero envió un mensaje al Cabo Zorilla Marte y al Raso Acevedo, a través del raso Medina Pérez, alías El Armero, diciéndoles que quería hablar con ellos, a lo que estos se negaron, evidenciando su capacidad de “intimidar subalternos y obstruir la investigación iniciada por el Ministerio Público”.
De igual forma, establecen que Feliz Romero, sustrajo el fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, con el propósito de venderlo, ya que lo publicó a través de grupos de What’s App donde también se comercializaban las municiones. Esta arma pretendía venderse por RD$195,000.00.
Armas devueltas
El 10 de noviembre de 2024, Narciso Antonio Feliz Romero, devolvió a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional varias armas de fuego que tenía en su poder, entre ellas un fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, serie 5339948, sin cargador; una ametralladora semiautomática, marca Sg. Sauer, Cal. 9mm, Belgic, Serie núm. 62B005803, con su cargador, y un revolver marca Ruger Cal. 38mm, Serie núm. 540-40914.
También, el cuatro de noviembre del año 2024, el capitán Nelson Valdez, envío a la Intendencia de armas una partida de 300 cápsulas, calibre 5.56 mm., las cuales les fueron entregadas por el cabo José Ariel Beato, “por instrucciones del imputado Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, cápsulas que forman parte de las municiones sustraídas del depósito de la intendencia de armas”.
Participación otros imputados
De acuerdo al expediente acusatorio, desde el mes de noviembre de 2023, Soler Pérez, desempeñó funciones como sub-encargado (Sub-Intendente) del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición esta que utilizó para “sustraer, suministrar a otros miembros de la estructura criminal municiones, además guardó y transportó las municiones sustraídas con el fin de ocultarlas para luego comercializarlas y beneficiarse económicamente junto al imputado coronel Narciso Feliz Romero”
Asimismo, instruía al personal bajo su cargo, como Nelson Valdez, Jorge Luis Zorrilla Marte y Héctor José Acevedo Liriano, el mecanismo para extraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Juan Miguel Soler Pérez instruía a Héctor José Acevedo Liriano, para que les sacara municiones del depósito de Intendencia de Armas, como se pudo constar en conversaciones de WhatsApp, entre Juan Miguel Soler Pérez y Héctor José Acevedo Liriano”, indica el expediente.
Nelson Valdez es señalado como uno de los miembros principales de la estructura criminal. Desde abril de 2023, desempeñó funciones como encargado de la división administrativa, división de depósito de armas de fuego, municiones, pertrechos policiales, del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición que utilizó para sustraer y suministrar a otros miembros de la estructura criminal las municiones bajo su custodia para que fueran comercializadas y vendidas de forma ilegal a diferentes personas civiles y de los cuerpos castrenses, recibiendo con estos beneficios económicos.
Asimismo, era quien instruía al cabo Jorge Luis Zorrilla Marte, al raso Héctor José Acevedo Liriano y a Morelbin Medina Pérez a los fines de enseñarles diferentes técnicas para sustraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Nelson Valdez tenía la función de encargado de los depósitos que se encuentran dentro del Departamento de Intendencia de Armas, así como también del otro depósito ubicado en el polígono de tiro, teniendo como ayudante al raso Héctor José Acevedo Liriano y bajo la supervisión del imputado coronel Narciso Antonio Feliz Romero como encargado del Departamento II Intendencia de Armas”, dice el expediente.
En este caso denominado Pandora el Ministerio Público presentó medida de coerción en contra de Narciso Antonio Feliz Romero, Juan Miguel Soler Pérez, Nelson Valdez Nayrobis, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Miguel Ángel Gómez Espaillat, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio, Miguelina Bello Segura y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L.
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.