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Prioridades del Gobierno para este cuatrienio
Santo Domingo, R.D.-El Cuadragésimo Sexto Consejo de Gobierno del cuatrienio 2024-2028 puso sobre la mesa sus objetivos de cara al periodo mencionado en el que la vicepresidenta Raquel Pena y el presidente Luis Abinader, junto a los demás miembros del tren gubernamental, conformado por ministros y directores de las instituciones publicas, declararon de 10 a 12 iniciativas oficiales en la referida categoría.
El Gobierno coloca sobre la mesa sus objetivos de cara a este cuatrienio (2024-2028). Lo hizo ayer durante el cuadragésimo sexto Consejo de Gobierno, que encabezó el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional, junto al tren gubernamental, conformado por ministros y directores.
La aspiración principal del Gobierno es posicionar a República Dominicana en la senda de ser una sociedad desarrollada para el 2036. Para ello, según el funcionario, se comenzará por el sector salud, elevando la esperanza de vida de los dominicanos de 75 años a 77 en 2028.
Esto estará combinando con otra meta, una que gira en torno a un problema con el que el país ha lidiado durante décadas: las muertes por accidente de tránsito. El Gobierno se ha trazado la reducción de ese flagelo, así como la mortalidad infantil.
Otro objetivo prioritario es disminuir el déficit habitacional de 21% a 14%, con una “fuerte inversión” en servicios de agua potable, saneamiento, energía, y reconstrucción de viviendas, de acuerdo con Luis Madera.
También introducir una política integral de seguridad ciudadana que, en palabras del viceministro, “garantice mantener por debajo de dos dígitos, específicamente hasta llevarlo a ocho por cada cien mil habitantes la tasa de homicidios en el país, en una de las tasas más bajas de toda la región”.
Para lograr esto, según explicó Luis Madera, el Gobierno se ha propuesto aumentar el producto interno bruto (PIB) per cápita de las personas, al pasar de US$11,300 en 2023 a US$15,000 en 2028, lo que podría generar un incremento en el empleo formal.
La aspiración a largo plazo es que el país pueda pasar por primera vez a una economía en la que más del 50% de los empleos sean formales. De momento, la informalidad laboral es mayor, con un 55.3%, según datos oficiales del Banco Central.
“Esto es una sociedad donde podamos disminuir la pobreza rural de 20% a 10%, con fuertes inversiones en vivienda y en temas de productividad. Todo esto también contando con todo el tema del cambio climático, disminuyendo de 25% a 15% los hogares con vulnerabilidad ante choque del cambio climático”, añadió.
Con estas metas, se estaría “garantizando un Gobierno” lo más efectivo posible, de acuerdo con el viceministro. Esto, además, podría aumentar el indicador de efectividad del Estado que mide el Banco Mundial.
En el Consejo de Gobierno, que duró cerca de dos horas, se reafirmaron las nuevas herramientas de evaluación de desempeño institucional, al igual que las formas que se han diseñado para concretizar esas metas “prioritarias”, según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
Luis Madera profundizó sobre ese tema, al explicar: “Tendremos un conjunto de herramientas tanto para el seguimiento como para el monitoreo, comenzando por Consejos de Ministros trimestrales, para medir el seguimiento y monitorear el seguimiento de las metas que tenemos que ir alcanzando cada tres meses”.
También se presentó la primera estrategia nacional de integridad y anticorrupción, de la que ya la Dirección General de Ética Gubernamental ha suscrito un acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, indicó Paliza.
El ministro de la Presidencia adelantó que a partir de la próxima semana esa institución hará descensos a los diferentes ministerios y direcciones, con la intención de conversar con cada uno de los titulares y sus equipos de planificaciones, a fin de conocer el estatus en el que se encuentran los vectores que más deben ser priorizados.
“Visitaremos al Ministerio de Educación con quien hemos hecho las coordinaciones de lugar para poder tener la primera reunión de trabajo con los respectivos equipos de planificación de ambos ministerios y de otras instituciones gubernamentales”, anunció Paliza.
Consejo de Gobierno en Higüey
El cuadragésimo séptimo Consejo de Gobierno se hará el próximo sábado 30 a las 11:00 de la mañana y tendrá lugar en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, informó el ministro de la Presidencia.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.