Opinión
Perversión capitalista del deporte
Por Narciso Isa Conde
El negocio lucrativo privado es parte de la dinámica capitalista y el capitalismo no tiene como móvil fundamental ni las necesidades ni los derechos humanos, sino su interés de acumular capital, expandir el capital acumulado y obtener el máximo de ganancia.
Esto lo hace con medios lícitos dentro del orden burgués y con medio ilícitos en ese mismo contexto, lo que progresivamente mercantiliza y corrompe todo hasta convertirse en un capitalismo delincuente, en un lumpen capitalismo.
· PRIVATIZACIÓN,” MODELO LIBERTARIO” Y NEOFASCISMO.
Un componente esencial de la estrategia neoliberal o neoconservadora del capitalismo imperialista de estos tiempos es la imposición de la privatización de gran parte de la propiedad pública, los servicios públicos, la propiedad social, las actividades recreativas y el tiempo de ocio, y que intensifica su voracidad sobre el patrimonio natural no humano de las naciones.
Esto se hace también a nombre de un supuesto “modelo libertario”, que a la vez de reducir el Estado en casi todo lo que no son sus aparatos policiales y militares, y en todos sus mecanismos (viejos y nuevos) que tiende a garantizar en mucho mayor escala la acumulación y expansión del gran capital y la maximización de las ganancias de las elites capitalistas mundiales y globales.
Ese modelo apela, además, en nombre de la libertad, a un paquete de concepciones que históricamente ha alimentado diversas modalidades de lo que se ha conocido como fascismo.
Me refiero al racismo, al colonialismo racista, a la xenofobia u odio a los migrantes e inmigrantes, al machismo patriarcal, a la homofobia o condena de la homosexualidad, al lesbianismo y a toda orientación sexual no binaria en materia sexual.
Un modelo de la dominación capitalista que opta por el despotismo y la dictadura de los adultos varones contra niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, e incluye también el desprecio por las personas de todas las edades con determinadas discapacidades.
La confluencia de estos mecanismos de apropiación de lo público y lo social por la vía de las privatizaciones y demás políticas y programas propios del neoliberalismo o neoconservadurismo, y la apelación a las argumentaciones que niegan derechos fundamentales, son muy variadas y abarcan distintas vertientes de la vida en sociedad, que potencian en grados extremo las desigualdades de toda índole e imponen diferentes modalidades de “campos de concentración abiertos” de miles de millones seres humanos azotados por el mal vivir y de centenares de miles al borde de la muerte.
Al mismo tiempo que degradan de esa manera la vida humana… destruyen, contaminan y degradan la naturaleza no humana, poniendo en riesgo a corto y mediano plazo la existencia del planeta como asentamiento de vida humana, vegetal y animal.
· EL DESASTRE SOCIAL.
Los desastres en salud, educación, transporte, sector vivienda…especulación, corrupción, carencias, caos, desigualdades brutales, tragedia, desregulación, ilegalidades, estafas, crímenes en todas esas vertientes de la vida en sociedad, es el resultado del predominio cada vez abrumador del negocio y del ilimitado afán lucro individual y de empresas capitalistas.
Explotan periódicamente los escándalos por hechos conmovedores, se habla de medidas y parches, y luego todo se reproduce para peor.
Entre sus impactos aterradores en nuestro país sobran los ejemplos de daños ocasionados en áreas vitales, por su conversión de esas áreas en negocios altamente lucrativos para una minoría escandalosamente opulenta, y para su persistente dominación destructiva.
-LA SALUD, sus vertientes preventivas y curativas, debe ser un derecho financiado por el presupuesto a cargo de los contribuyentes. Un derecho de tanta calidad científica como la que merece la preservación de la vida humana.
Prevenir la salud y curar las enfermedades no debería ser negocio, no debe ser fuente de enriquecimiento individual ni de grupo capitalistas, cada vez más poderosos, insensibles y deshumanizados.
Pero es negocio en gran escala y la salud pública y la seguridad social son un desastre pobremente financiado por el Estado.
Los profesionales y trabajadores de salud merecen a la vez salarios dignos y vida digna. Pero una gran parte carecen de esas condiciones.
El negocio degrada la salud.
-LA EDUCACIÓN debería ser también un derecho con igual sustentación, apoyada en el desarrollo de la ciencia para garantizar el desarrollo humano. Esto requiere programas y personal docente de alta calidad; y los déficits en esas vertientes resultan insultantes
-EL TRANSPORTE PÚBLICO bien organizado, de calidad, a precio accesible, sin que medie el afán de lucro, es una necesidad nacional. Pero es caro, caótico y altamente peligroso.
-EL PLAN SOCIAL DE VIVIENDAS DIGNAS debe predominar en la política habitacional del país, pero el déficit de viviendas habitables supera el millón.
-MINERAS, GRANCERAS, ASERRADEROS, TURISMO, INDUSTRIAS CONTAMINANTES, VERTEDEROS INSÓLITOS… han creado una crisis ambiental y de agua, con perspectivas de agravarse mediante nuevas iniciativas destructivas, que ponen en riesgo la vida en esta isla.
-TRAFICANTES de personas, armas, drogas han creado una enorme y peligrosa economía de la sombra que se mete en todo y lo pervierte todo en términos delictivos, convirtiendo incluso en mercancía abusada la fuerza de trabajo de migrantes y las adolescentes y mujeres traficadas.
· NEGOCIO Y DEPORTE.
Pero hoy quiero agregar un tema de alta sensibilidad, encubierto por el espectáculo y el éxito engañoso de su manipulación como gran negocio del capitalismo transnacional y local. Me refiero al sector deporte.
Los deportes son medios de diversión sana y vida saludable, pero el negocio los está pervirtiendo progresiva y aceleradamente.
Desgarra el alma la conversión de los deportes en actividades mercantiles moralmente degradadas.
Campos de entrenamientos e instalaciones convertidas en empresas, muchas de ellas inescrupulosas.
Fomento de una cultura que presenta el deporte como vía de enriquecimiento, como fábrica de megamillonarios y medio espectacular de enriquecimiento individual y familiar (a lo lotos y bancas); encubriendo el negociazo empresarias
Niños, niñas y jóvenes de ambos sexos son tratados peor que los animales de carreras y de exhibición.
Uso indiscriminado de drogas y anabólicos.
Empresas no reguladas ensambladas a consorcios locales y mundiales que le sacan millonadas a los deportes comercializados.
Los deportes aficionados convertidos en canteras de las empresas capitalistas del deporte, o en hoja de parra y medio de publicidad del lumpen capitalismo local y mundial.
Niños/as, adolescentes y jóvenes secuestrados, y familias engañadas en su ignorancia.
Solo son súper enriquecidos, súper elogiados y manipulados como medios de publicidad, los pocos que suben al estrellato; ocultando a los tantos que hicieron de conejillos de india, de material de laboratorio y personal descartable; y menospreciando a los muchos que compiten sin llegar al triunfo cimero.
Las estrellas tienen condiciones excepcionales y méritos propios. Es de justicia facilitar compensaciones para que se les garantice una vida decorosa. Pero la publicidad y el tratamiento que le otorga elevados niveles de lucro y fama, los convierte soterradamente en instrumentos de ganancias colosales de los capitalistas dueños del negocio.
Son multimillonarios súper explotados. Una categoría difícil de entender,
El deporte así convive con los grandes negocios y los grandes negociantes del ramo, incluidos corruptos y corruptores que tutelan, comercializan y pervierten esa actividad.
Sobresalen las estrellas que altos beneficios les dejan a los capitalistas del deporte, a la vez que se cometen enormes injusticias dentro de una maquinaria que trata al deportista, no como ser humano, sino como mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda y a la rentabilidad astronómica del gran capital en esa vertiente de la economía de la diversión,
Los descartados del paraíso son ocultados y no faltan los mutilados, los afectados en su salud y hasta los asesinados, como es el caso de los niños fallecidos luego de inyectados con fármacos de caballo y sustancias prohibidas
Urge desechar el tratamiento superficial del tema y meternos en sus podridas entrañas protegidas por el poder dominante.
Casos ejemplares de desarrollo del deporte olímpico y aficionado, sin convertirlos en negocios, merecen ser estudiados: Cuba, la República Democrática Alemana (RDA), URSS, China, Vietnam y no pocos momentos en que, incluso en países netamente capitalista como RD, el deporte aficionado mereció el trato debido.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.