Nacionales
Cambian las normas de uso de suelo en el entorno del Estadio Quisqueya
Santo Domingo, R.D.-El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó el cambio de uso de suelo en 14 manzanas del entorno del Estadio Quisqueya, en el Ensanche La Fe, por «Zona de Uso Especial», que de acuerdo con la comisión que estudió el proyecto, permitirá el desarrollo de esa zona.
La decisión fue tomada a solicitud de la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) a la Alcaldía. Ambas entidades son las propietarias de los terrenos, de acuerdo con el informe leído en la sesión del viernes.
Giancarlo Vega, presidente de la comisión de Ordenamiento territorial del Concejo de Regidores, dijo que también propietarios de viviendas de la zona estaban solicitando el cambio de uso de suelo que les permita generar las condiciones para que en un futuro presentar algún tipo de proyecto.
«Al día de hoy, lo único que se están conociendo son las reglas, las normas que impone la ciudad. Más allá de que usted sea propietario de un perímetro o de un inmueble, la ciudad está facultada, tiene atribuciones constitucionales en virtud de la ley 176-07 para regular el espacio, qué es edificable y qué no es edificable en la ciudad y cuál es la vocación o no de un espacio» dijo.
Aclaró que el cambio no implica densidades ni otras medidas, sino solo establecer una zona con potencial para un mejor uso de ese territorio y aclaró no puede existir propuesta de proyecto si no existe una normativa que rija en ese sentido lo que es edificable o no en cualquier polígono de la ciudad.
De su lado, Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía, informó que el proyecto fue sometido a vistas públicas en la que participaron juntas de vecinos, comerciantes y otros interesados de la zona.
Aclaró que es un proceso que se viene conociendo desde octubre del año pasado y que la administración le ha dado curso legal hasta culminar con el proceso que ha sido la aprobación en el cambio de uso de suelo.
«En ese plan parcial, la dirección de Planeamiento Urbano tiene la labor de definir cuáles son las normativas que aplican a ese entorno y qué se pudiera hacer y qué no se pudiera hacer allí para establecer unos parámetros. O sea, que eso le va a permitir a la administración tomar el control de lo que allí se pudiera o no se pudiera hacer, que es algo muy positivo para la ciudad».
Reacciones
Once de los 30 regidores abandonaron la sala durante la aprobación de la nueva normativa alegando que el proyecto fuera dejado sobre la mesa porque había procesos que no habían agotado su procedimiento.
Los regidores que se marcharon fueron los representantes del partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y dos independientes.
Nerys Martínez, de la Fuerza del Pueblo dijo en la sala que las vistas públicas que se hicieron fue con las juntas de vecinos que responden al interés del Partido Revolucionario Moderno, pero que además había que consultar a otras entidades aledañas como el patronato que dirige la zona, a los dueños de los equipos de béisbol, Cedimat, Salud Pública, al Partido Reformista, entre otras.
«Ese terreno se ha desarrollado como terreno deportivo con todas las condiciones habidas y por haber y eso es lo que nos está pasando, presidente. Y de usted no obtemperar a nuestra solicitud, le pido permiso para retirarme de la sesión porque no quiero ser testigo de las ilegalidades que aquí nosotros como reguladores estamos cometiendo», dijo la regidora.
En tanto que el vocero del mismo partido, Jairo Doñé, manifestó que consultaron a los representantes de Bandex y que la explicación que le dieron fue que en la zona había un proyecto específico, pero a futuro.
«Lo que pasó el día de hoy (el viernes) en esta sesión es que el gobierno municipalista local decidió quitarle el candado que tenían ese terreno y mañana Bandex tiene la potestad de vender ese terreno o hacer cualquier tipo de proyecto ahí sin consultarlo con el pueblo y que la gente no sepa qué se va a hacer en realidad con ese terreno», sostuvo.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.