Por Miguel Guerrero

La crisis de valores en nuestro país no se refleja únicamente como se alega en la actividad política. Afecta a toda la sociedad y ha alcanzado niveles sin precedentes, inimaginables décadas atrás. Se mata, atraca y viola por un aparatito de teléfono celular. Se hurtan alambres del sistema de televisión por cables a hogares, el tendido eléctrico y de telefonía, las bombillas del alumbrado público y de los puentes.

En las mañanas, se descubre de pronto que alguien desenterró los llamados ojos de buey que ayudan a iluminar los carriles de las carreteras y las verjas de los parques, acciones que requieren de mucha paciencia y tienen alto riesgo. Dueños de oficinas privadas han confesado que desistieron de colocar sus anuncios de bronce, porque muy pocos de ellos han sobrevivido a la ola delincuencial que nos afecta.

Como nada de eso se come o sirve para alimentar los estómagos hambrientos de niños huérfanos o desamparados, queda de antemano descartado que estos robos sean el fruto de las angustias de padres desesperados por hijos que se les mueren de inanición. Debido a la frecuencia con que ocurren también podría pensarse que estos hurtos son el efecto natural de una colectividad cleptómana, que roba por instinto o por placer.

Un domingo alguien abrió el panel de contadores y se llevó varias piezas y dejó el edificio donde vive un amigo sin energía por dos días. La semana pasada, a dos vecinos de un sector residencial se les llevaron los zafacones plásticos de echar la basura. ¿Qué valor pueden tener esos recipientes usados, uno de ellos en muy mal estado?

Cuando se hurtan zafacones de basura, se mata por un celular y los Omega y “reggetoneros” se convierten en héroes nacionales, se hace necesario creer que la nación peligra y ha llegado el momento de izar nuestra bandera al revés en procura de la más urgente ayuda, no necesariamente sicológica.

Por Rommel Santos Díaz

Los principios del Estatuto de Roma sobre los cuales se basan los procedimientos de la CPI, se derivan de los estándares existentes de derechos humanos, El Estatuto  no requiere expresamente que los Estados Partes modifiquen sus procedimientos judiciales en materia penal.

Sin embargo, las reglas de pruebas y reglas de procedimientos de justicia penal no deberán necesariamente restringir los procesos que se hayan iniciado por un delito definido  en el Estatuto de Roma.

Existen algunas reglas de prueba  que casi sistemáticamente resultan  en absolución. Por ejemplo , algunas jurisdicciones penales requieren el testimonio de varios hombres para establecer la prueba de violación de una mujer, aun si solo un hombre estuvo involucrado en la violación.

Según el principio de complementariedad, los Estados Partes deberán garantizar que cuando se cometan los crímenes enumerados por el Estatuto de Roma, puedan efectivamente investigarlos y procesarlos.

También deberán asegurarse de que sus reglas de procedimientos penales no impida que las víctimas denuncien  o impidan recabar  prueba para los delitos.

No todos los Estados Partes deberían ajustar sus reglas de procedimientos penales . Al mismo tiempo , el ajuste posiblemente afectará pocas reglas.

Sin embargo, cada acto que normalmente constituye  uno de los crímenes enumerados en el Estatuto de Roma deberá considerarse según las reglas de evidencias  y procedimientos con el fin de determinar  si cualquiera de estas reglas podría representar un obstáculo  para el funcionamiento normal  de una investigación  o juicio, y para asegurarse de que las personas  no evadan así la responsabilidad penal.

 Finalmente, las  reglas de prueba  y procedimientos relacionados con los delitos sexuales son aquellas  que normalmente  presentan un problema de este tipo en muchas jurisdicciones.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

Por Rosario Espinal

De ser cierto ese profundo amor a la patria, muchos dominicanos no se irían al exterior ni a las grandes ciudades y suplirían la mano de obra necesaria en la agricultura y la construcción, y los empresarios no contratarían tanta mano de obra indocumentada.

Se dice que en territorio dominicano hay dos millones de haitianos (hasta más he escuchado), pero los opinantes no han realizado un censo. Los únicos datos empíricos los ofrece la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2017, que estimó para ese entonces una población inmigrante haitiana de alrededor de medio millón.

Sea cual sea el número, la inmensa mayoría trabaja en la agricultura y la construcción.

Y que quede claro: los haitianos no están en la República Dominicana en campos de refugiados patrocinados por Naciones Unidas, ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Tampoco hay soldados extranjeros en la frontera (ni en los hospitales ni las escuelas) obligando a la República Dominicana a acoger haitianos. Vienen a trabajar y son empleados por dominicanos supuestamente patriotas.

La mayoría de esos inmigrantes permanece por muchos años (incluso hasta morir) sin que el Estado dominicano sepa quienes son, porque no están registrados. O, si fueron registrados en el Plan Nacional de Migración de 2014-2016, el carné venció y el Gobierno no los está renovando.

La razón es que no ha habido interés en establecer quiénes son esos inmigrantes para no reconocerles derechos. Declararlos un atentado a la nación es más barato.

Por otro lado, muchos dominicanos, insatisfechos con las oportunidades que ofrece este país emigran; la mayoría a Estados Unidos.

En el exterior, muchos viven en permanente contradicción. Se quejan de los problemas de la República Dominicana (la migración haitiana incluida) y forman enclaves con características similares a los barrios populares dominicanos: música alta, basura, juego de dominó en las calles, etc.

Esos migrantes dominicanos que ven a los haitianos como destructores de la identidad cultural dominicana parece no percatarse de que los migrantes dominicanos ocupan espacios donde las normas de organización eran otras, y las transforman para el desagrado de los lugareños que también se sienten amenazados en su identidad cultural (ahí está Trump para agitarlos).

Los dominicanos de aquí y de allá aplauden que la llamada diáspora dominicana progrese en el campo laboral y la política de los países donde han emigrado, pero muchos no aceptan que los inmigrantes haitianos y sus descendientes logren lo mismo en tierra dominicana. ¡Vaya contradicción!

En los últimos 50 años, la República Dominicana ha experimentado una significativa migración hacia dentro y hacia fuera. La migración haitiana ofrece mano de obra barata a los empleadores dominicanos (por eso los dejan entrar y emplean), y la migración dominicana quita presión al sistema de demandas internas y es fuente de muchas remesas.

¿Para qué entonces tanto patriotismo de pacotilla?

De ser cierto ese profundo amor a la patria, muchos dominicanos no se irían al exterior ni a las grandes ciudades y suplirían la mano de obra necesaria en la agricultura y la construcción, y los empresarios no contratarían tanta mano de obra indocumentada.

El presidente Luis Abinader ha dicho que nacionalizará la mano de obra en la agricultura y la construcción. El tiempo dirá cuántos dominicanos patriotas hay (incluidos políticos, comunicadores e influencers) dispuestos a reemplazar los haitianos que trabajan de sol a sol en un lodazal.