Opinión
Sin prisión, licencia para la difamación
Por Oscar López Reyes
Aprobar sin pena de prisión por el delito de prensa tanto la propuesta Ley de Expresión como el nuevo Código Penal, sería otorgar más licencias para el libertinaje en el linaje de la difamación y la injuria. En el refajo de ese perturbador sonido de alta frecuencia, tenemos que acotar que la palabra ha tenido límites en todas las épocas y linderos geográficos, y que se castiga no el derecho a la pronunciación, sino por los daños morales y económicos desencadenados en el ejercicio abusivo de esa prerrogativa.
No pueden circunscribirse a multas pasajeras los percances y agravios desatados, maliciosamente, por incontrolados bravucones y chantajistas en la ribera de la extorsión; inadaptados y desequilibrados psíquicos que desconocen la ética y los cánones jurídicos comunicacionales, porque son enganchados en los medios (abogados, ingenieros, médicos y otros indocumentados periodísticos), ni políticos que buscan protagonismos y cargos públicos.
En stricto sensu, acampamos en los labios de un derecho relativo -el de la información- y no absoluto. Aunque surca como un derecho natural, subjetivo y fundamental, el
concernido encuadra en las teorías de los límites, en virtud de que en cualquier gobierno la libertad de información puede ser suspendida, acogido a los artículos 263, 264 y 265 de la Constitución dominicana.
El de la información puede ser interrumpido por la necesidad de defender la soberanía o la integridad territorial, ante un estado de conmoción interior, como el trastorno del orden público, o de emergencia, como una calamidad pública, económica, social o medioambiental. Además, sus autores son susceptibles de ser condenados civil y penalmente – conforme con el actual Código Penal- cuando los datos o juicios sean atentatorios a la dignidad y la moral de las personas, a su honor, su intimidad o privacidad, o al orden público.
En el Derecho Informativo se entrecruzan la ontología y la hermenéutica, las prerrogativas indispensables (absolutas, como la de la vida), los restringidos y condicionados (o relativos, como los mediáticos), los derechos ciudadanos y los periodísticos. En esa línea, más que la simple sanción o recompensa económica, la penalización legislativa y los enjuiciamientos en los tribunales son claves para un desempeño más responsable, y para resguardar el honor. Y ha sido así desde la promulgación de la Ley 81 (1846), que permitió el primer sometimiento judicial y ha continuado desde ese año hasta el 2025.
Titularidad del ciudadano. Como necesidad psicológica y sociológica –el deseo de conocer, por ejemplo-, el de la información se entronca como un bien individual-social y un derecho social-democrático, por lo que su titularidad corresponde a los ciudadanos. Desde el principio de la galaxia, y durante los siglos XX y XXI, su soberanía se la han porfiado y alternado tres prados:
1.- El Estado (regulador y control), denominado intervencionismo oficial.
2.- La empresa (facilitador de capitales), bajo el manto de libertad de prensa o empresa.
3.- El periodista (redactor de las noticias), amparado en el profesionalismo.
La paternidad de la información no pertenece a ninguna de las tres esferas citadas. Como los datos en torno a los acaecimientos son indispensables para el conocimiento personal, la calidad de la democracia, el cuidado individual ante fenómenos sociales y naturales, y para la toma de decisiones, constitucionalmente informar y estar informado redondea como un servicio colectivo. Se le llama la etapa universalista, en las cortinas expresiva, mediática y jurídica.
Garantía del periodista. Un abogado, ingeniero, médico, literato, profesor o ciudadano común está en la facultad de solicitar informaciones a una institución oficial, para utilidad personal o para conocer los niveles de transparencia. Podrá publicarlas, pero desordenadamente, sin las reglas periodísticas ni seguridad de su veracidad, como abunda en internet.
Ahora bien, para acogerse al derecho a una información veraz, oportuna y completa se precisa cumplir los principios de claridad, objetividad, el régimen ético y jurídico, y contar con canales de transmisión, el dominio redaccional periodístico, la credibilidad y el reconocimiento colectivo.
Por lo tanto, el periodista descuella como el actor principal y el más idóneo para garantizar el derecho a informar y estar informado (el público receptor), lograr la calidad valórica y cumplir tan encomiable responsabilidad social: el deber profesional de informar.
Por lo tanto, el periodista descuella como el actor principal y el más idóneo para garantizar el derecho a informar y estar informado (el público receptor), lograr la calidad valórica y cumplir tan encomiable responsabilidad social: el deber profesional de informar.
Cónsono con los planteamientos anteriores, corresponde a las cámaras legislativas sancionar, tras un amplio debate público, nuevas leyes de derecho a la información, radio y televisión, publicidad estatal, publicidad privada y comunicación digital. También, introducir modificaciones a las leyes de acceso a la información pública, telecomunicaciones, cine y colegiación periodística, que aseguren una adecuada aplicación de la referida facultad.
A los medios le compete -sin hacer tantas alaracas sobre la libertad de prensa, ni obviar referirse a los oligopolios- que los miembros de sus empresas observen con más amplitud y rigurosidad el Código de Ética del Periodista Dominicano, para reducir el déficit ético-profesional.
Y a las escuelas universitarias de ciencias de la comunicación proponemos el reforzamiento de las asignaturas de ética y el derecho a la información, y que apelen a las más avanzadas técnicas didácticas (videos, dibujos, obras de teatro, etc.) en centros educativos y espacios cerrados (cines y teatros, museos y salones de conferencias).
Para desnudar la manipulación, la desinformación y el silencio aupados por las estructuras fácticas hegemónicas, tenemos que estar inspirados en el lema de la Sociedad Patriótica La Trinitaria y el escudo nacional dominicano: Dios, Patria y Libertad, para aprobar leyes que refuercen la memoria histórica nacional y fomenten el constitucionalismo comunicacional pluralista, en el indetenible conglomerado transnacionalizado/liberalizado.
Esta antropología legislativa se aborda en la era de la información, el conocimiento y la globalización, en la que las innovaciones tecnológicas dimensionan tres nociones básicas: 1) Prensa (arcaísmo inmemorial en el que se fundan la información y la comunicación), 2) información (mensaje vertical y unilateral) y 3) comunicación (contenido horizontal y retroactivo). La información y la Constitución han de liderear la batalla por el honor, focalizadas en las leyes del campo disciplinar de la comunicación y el periodismo.
Ese trío trasciende en la etapa legislativa-comunicativa, y la respetabilidad se compendia superior a los otros términos. El mapa conceptual, teórico y metodológico de esta rama científica ha sido construido en tres etapas histórico-investigativas: 1) Sociología de la comunicación -pináculo: 1940-, 2) Psicología de la comunicación -apogeo: 1970-, y 3) Derecho de la información -cúspide 2000-, la emergente.
La difusión y el decoro apuntalan como valores claves en la Ley Fundamental del Estado (2010). Y se justifican y reafirman en el razonamiento argumentativo e interpretativo de la información como poder, más ahora con la expansión de las Tics y la conectividad inter-operativa de las comunidades virtuales, los nuevos cauces comunicativos en el eje de la credibilidad y la regulación de la industria mediática, para el bien común y la protección ciudadana en el Estado de derecho y la democracia.
Por Nelson Encarnación
Aunque no existen estadísticas comparativas confiables o verificables, los datos que se manejan apuntan a que la República Dominicana es uno de los países donde más se juega, lo cual se traduce en un gravísimo perjuicio para millones de personas que se han hecho dependientes voluntarias del vicio de apostar.
Debemos empezar por resaltar que dudamos mucho de que exista en nuestra región otro país donde se permita la cantidad de loterías regentadas por empresas particulares, al punto de que actualmente operan por lo menos siete que realizan unos 20 sorteos diarios.
En muchos países del área funcionan diversas loterías, pero la mayoría dependen de instancias estatales, sean gobiernos nacional, federal o provincial, donde aplique cada caso, pero nunca como negocios particulares.
Muchas de estas loterías son manejadas como cajas de recaudación de recursos para atender necesidades de beneficencia social, como fue el objeto que animó al padre Francisco Xavier Billini al fundar la Lotería Nacional hace casi 150 años.
Lo que acontece en nuestro país es catastrófico para la estabilidad económica de millones de ciudadanos, pues hablamos que en unos 20 sorteos cotidianos se apuestan—en cifras conservadoras por carecerse de registro—alrededor de cuatrocientos millones de pesos, es decir, unos RD$146,000 millones al año. Conforme datos oficiosos, en la geografía nacional existen aproximadamente 250,000 bancas de loterías, de las cuales apenas estarían registradas unas 40,000 (16%), lo que significa que, por cada diez bancas en funcionamiento, menos de dos cuentan con autorización oficial.
Nos referimos solo a esta avalancha de sorteos diarios, sin mencionar la cantidad incontable de máquinas tragamonedas que operan al margen de la ley en colmados, billares y otros lugares.
Tampoco citamos los casinos autorizados en hoteles y otros lugares, ni las bancas deportivas, donde por igual se juegan grandes partidas de dinero a diversos deportes.
Todos estos juegos provocan que los asiduos, en su gran mayoría personas humildes, dejen de comer para apostarle a una suerte cada vez más esquiva y huidiza.
¿Qué hacer frente a este panorama que plantea un grave problema social?
Suponemos que esta situación alcanzó los niveles a que ha llegado desde el momento en que el Estado desertó de su obligación de regular una actividad que, si bien pudiera encajar en la libertad de comercio, necesita operar en un marco de estricto control.
Por Miguel Guerrero
Pretender que un gobierno pueda hacerlo todo bien o por el contrario todo mal no me parece racional. Una administración puede tener muchos aciertos como también cometer muchos errores. El balance sobre su desempeño depende en gran medida del nivel en que se la juzgue. Frecuentemente la pérdida de aceptación de un gobierno se debe a problemas de comunicación, aunque casi siempre es el fruto de sus malas acciones.
Una buena comunicación necesariamente no surge ni se la mide en función de su volumen. La saturación puede tener un efecto contrario al que se persigue. Lo que vale e importa es la calidad, como en cualquiera otra actividad humana. Por lo regular el cúmulo excesivo de información impide una buena recepción de los mensajes. La gente tiende también a sospechar de todo aquello que se le repite de manera brutal, cuando los beneficios que se promocionan no llegan en la medida en que se anuncian. Este es el error en que incurre la propaganda oficial. Despierta expectativas que la acción del gobierno no puede llenar, aunque quisiera, en forma total o permanente.
No se trata de si es buena o mala la comunicación oficial. Es que se parece a aquel señor obeso que quiso con el ejercicio perder en una semana las libras que había conseguido en años de malos hábitos alimenticios. Al través de ella, se está tratando de atribuir propiedades que la oferta gubernamental no posee en su totalidad. Y el cliente termina descubriéndolo.
Los programas sociales del gobierno pueden ser de gran contenido. Pero a veces debido a las limitaciones propias de la economía no alcanzan a todo aquel que lo necesita. Cuando se abusa de su promoción, estos últimos se sienten discriminados y terminan juzgando mal a la administración. Tradicionalmente han existido orificios en las redes de comunicación oficial similares a los del tendido eléctrico, por donde se pierde una enorme cantidad de la energía servida.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.