Opinión
Colegio de Periodistas, anarquía destructiva
Por Oscar López Reyes
(Manifiesto de 45 gremialistas)**
En las últimas décadas, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ha estado dando tumbos en la boca de la mendicidad asistencialista, el populismo demagógico y la negligencia gerencial, gravitando en el desfase frente al ecosistema mediático y en la estrechez del sectarismo de unos pocos que lo han colocado en la puerta del colapso definitivo.
Por esa vorágine en la cola de nubarrones exteriores, como la ampliación de los oligopolios mediáticos y la fractura de los valores humanísticos más auténticos, nuestra institución sigue enclavada en los estentóreos del pasado, alimentada por un vanguardismo grupal intransigente, que se resiste a la renovación gremial interna y la transformación académico/profesional.
Directivas van y directivas vienen, sin el reporte visible de solución a los acuciantes problemas que sacuden a los periodistas, en el péndulo de la autoalabanza por la realización de actividades comunes. Se parecen a los pacientes que se niegan a aceptar el diagnóstico de su grave enfermedad, lo que agrava su cuadro patológico.
La usurpación lacerante en el ejercicio profesional del periodismo, sin respuesta del CDP; la apatía y exigua integración de sus miembros, porque entienden que poco le aporta; el alargamiento de la corruptela mediática, la incapacidad para cobrar el impuesto del medio por ciento de la publicidad insertada en los instrumentos comunicativos, la carencia de propuestas para afrontar la crisis financiera y los retos estructurales en el sector, el incremento exponencial de la desinformación interesada en el chantaje para la extorsión y la obsolescencia del modelo gremial han desgastado peligrosamente la imagen del periodismo y la institución, en la pérdida de confianza.
Para muestra, ocho botones del retroceso del periodismo puro y el CDP, en la deriva de la creciente falta de transparencia y el ocultamiento de hechos graves:
1.- La aprobación irregular como miembros del CDP de personas sin título universitario en comunicación social, ni el aval de un ejercicio profesional probado y reconocido, lo que pone en entredicho su legalidad, por violación a la Ley 10-91 que creó al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Acciones de esa naturaleza no sintonizan con la honestidad, y advierte que estamos en el umbral del derrumbe más rotundo.
2.- El alquiler de la tercera planta del edificio del CDP y el litigio judicial: Una vergüenza! En el 2013, el presidente del CDP suscribió el alquiler de ese espacio físico con una persona que en numerosas ocasiones ha sido sometido a la Justicia y encarcelado por estafa y falsificación. En el 2014, un grupo de periodistas lo sacó del local, y desde entonces trata – bajo presión y chantaje- de apoderarse del inmueble perteneciente al gremio de los periodistas. El 31 de julio de 2014, el sujeto logró una sentencia favorable en el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional para la devolución de la tercera planta y el pago de una astreinte de RD$700,000.00, que no ha podido ejecutar porque al CDP le adeuda más de RD$1,585,000.00 por retraso en el referido arrendamiento. Han sido evacuados nueve sentencias a favor del CDP y una favorable al citado demandante. El expediente ha rodado por unos 10 tribunales, y actualmente está en estado de fallo en la Corte de Apelación del Centro de los Héroes. ¡Fatalidad!
3.- La actual directiva del CDP asumió, en nombre de la institución, todos los términos de la propuesta Ley de Expresión y Medios Audiovisuales sin consultar a los ex presidentes de la institución, y menos socializarla con los directivos provinciales ni la membresía. La Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2025 aprobó que sean iniciadas jornadas regionales a los fines de su estudio más profundo por todas las instancias gremiales. ¿Será cumplida esa disposición?
4.- La actual directiva del CDP ha decidido presentar al Congreso Nacional una propuesta para la modificación de la Ley 10-91, sin agotar el anterior procedimiento. ¿Seguirá como el caballo con anteojeras?
5.- La actual directiva del CDP se ha mostrado incapaz, por debilidad en el liderazgo y la falta de carácter de sus dirigentes, de gestionar, ventilar y remediar una descarrilada confrontación entre periodistas de Santiago, por la administración del Club Recreativo de Santiago, que por difamación e injuria descansa en un tribunal de Justicia de esa ciudad.
6.- Que la actual directiva del CDP explique por qué áreas del parqueo de la Casa Nacional del Periodista se ha convertido en un almacén de vehículos variopintos del Poder Judicial, que restringe el estacionamiento de colegiados.
7.- Que la actual directiva del CDP exprese las razones para que fuera alquilada la azotea de la Casa Nacional del Periodista, donde fue instalada una antena empresarial, que no sabemos si provoca o no daños a los que se cobijan en ese edificio.
8.- Las quejas por discriminación en las solicitudes, en la capital, el interior y el exterior, y el deterioro de la imagen del CDP han demorado el proyecto de remodelación de la Casa Nacional del Periodista y la implementación del programa de pensiones para los periodistas.
Por los puntos señalados, con el predominio de las falencias en el ejercicio ético y la competencia profesional, los suscribientes proponemos:
1.- Emplazar a las autoridades del CDP a que divulguen masivamente un boletín explicativo sobre los ingresos irregulares en el padrón de membresía, y que los integrantes de la institución que se sientan lesionados que acudan a las instancias judiciales correspondientes.
2.- Que la directiva del CDP publique un informe pormenorizado, a la mayor brevedad y con amplia difusión, en torno a la sentencia contra la institución y el proceso judicial que envuelve a la Casa Nacional del Periodista.
3.- Que las autoridades del CDP emitan un boletín detallando los motivos para alquilar o facilitar los parqueos y la azotea.
4.- Que sea designada una comisión de alto nivel, cuyos integrantes no estén ligados a los movimientos internos del CDP, para mediar en el grave conflicto judicial que involucra a colegas de Santiago sobre el Club Recreativo de esa ciudad.
5.- Que sean desarrolladas las jornadas de socialización sobre la propuesta Ley de Expresión y Medios Audiovisuales, aprobadas en la Asamblea General Ordinaria del CDP del 31 de mayo de 2025, y que igual ocurra con la sugerida modificación de la Ley 10-91 que creó al CDP.
6.- Por el rescate del CDP. Instar a los movimientos que interactúan en el CDP, a que ponderen a la institución por encima de las apetencias personales, aúnen esfuerzos para consensuar un candidato a la presidencia de la institución para las elecciones del 29 de agosto de 2025, con idoneidad y entereza para contraponer y superar las malventuras, percances y deficiencias administrativas, así como las apuestas tecno-profesionales. Para no volver por los mismos fueros, indefectiblemente que el pacto por el que postulamos ha de ser reconocido por su ejercicio profesional y sus valores éticos, lo cual otorgará confianza, respeto y reconocimiento; que tenga pericia gerencial y dedique el tiempo requerido para cumplir sus funciones.
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*Expresidente Colegio de Periodistas.
**Manifiesto del 26 de junio de 2025.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.