Análisis Noticiosos
Un Nuevo Instrumento de Lucha Política.
Por José Cabral
Desde hace algunos años sobre la República Dominicana se ciernen serios y graves peligros que amenazan la integridad física y moral de toda la sociedad, a los de abajo y a los de arriba, a víctimas y victimarios, a gobernantes y gobernados.
Es un problema que descansa en una cadena de complicidad e impunidad que comienza en el propio Palacio Nacional, penetra a un amplio sector del empresariado, abarca a una buena parte de los medios de comunicación de masas y nadie sabe dónde termina porque se convierte en un cometa.
Ese flagelo tan complejo y preocupante que se puede observador en el tránsito vehicular, la irracionalidad ciudadana, la violencia, la delincuencia, el consumo y el tráfico de drogas en barrios, calles, centros de diversión y en la descomposición familiar, así como en la corrupción generalizada, constituye la causa del paso dado por un grupo numeroso de hombres y mujeres.
Cada día que pasa aumentan la crisis de valores, la falta de institucionalidad y la impunidad, lo que lleva al dominicano preocupado a que sienta que la República Dominicana se hace insalvable, que está al borde de la disolución.
Por todas estas razones un grupo de comerciantes, empresarios y profesionales del territorio nacional y el exterior llegaron a la convicción de que hay que canalizar las preocupaciones que causan estos peligros a través de un mecanismo de lucha política que llevará como nombre “Dominicanos por el Orgullo Nacional (DON), el cual fundamentará su accionar en la democracia participativa.
Muchas personas se preguntarán por qué crear una nueva organización y no sumarse a las ya existentes. Sencillamente porque a nuestro juicio todavía en la República Dominicana predominan una serie de valores culturales machistas, paternalistas, caudiliistas y jefistas, lo que genera que los creadores de los llamados partidos alternativos sean profundamente anti-democráticos y en tal virtud éstos se convierten en los candidatos eternos a la presidencia de la República.
Ir a un local de algunos de los partidos alternativos da la impresión de que son menos democráticos que los tradicionales, los cuales han sumido a la República Dominicana en la miseria y en una corrupción que amenaza con tragarse al país.
Un proyecto político anti-democrático constituye una retranca para acabar con el estado de cosas que hoy predomina en la tierra de Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón, en virtud de que esa forma de hacer política mata los sueños de los hombres y mujeres que buscan organizarse para detener el deterioro de la tierra que les vio nacer.
Somos de los que creen que la política se parece mucho al beisbol, dado que el joven prospecto que busca ocupar una posición regular en su equipo tiene que coger y batear mucha pelota, porque no bastaría que el aspirante sea hijo del dueño del conjunto.
De manera, que el que se considera muy bueno no tiene por qué temer enfrentarse a un buen pitcher y viceversa, ya que sus condiciones se constituyen en una garantía de que estaría en la alineación regular del equipo.
Así debe y tiene que ser la política, ya que si el que fundó el partido se considera con tantas condiciones debe sentirse seguro de que no lo derrotaría nadie, pero si así ocurriera, entonces ello se convierte en un elemento importante para construir una propuesta que acabe con la inequidad social y la carencia de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
La escogencia caprichosa de un candidato a cualquier posición electiva evita que se lleve lo mejor y en consecuencia ésto imposibilitaría el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la propuesta que podría desplazar del poder a los tres partidos que echaron a Pedro entre el pozo, pero que en realidad no se trata de un pozo , sino de un pantano, cuya víctima es más bien las grandes mayorías nacionales.
Creemos en un proyecto político que permita la legitimación de la candidatura presidencial a través del sometimiento al escrutinio popular de todos los aspirantes, a fin de que sea el propio pueblo el que lo escoja, lo que constituye una garantía de una buena elección.
Esa sería una formula profundamente democrática, apoyada en la democracia participativa y en una metodología incluyente, en la que todos los miembros tienen la misma oportunidad y privilegio.
Dominicanos por Orgullo Nacional (DON) nace con la convicción de que a la mayor brevedad posible debe estructurarse un gran bloque nacional que permita a partir del año 2016 encaminar el país por un nuevo sendero de decencia y dignidad, en el que se acabe de una vez y por siempre la corrupción generalizada y la falta de seguridad nacional con la construcción de una nueva República Dominicana.
El próximo viernes un grupo de empresarios y profesionales dan el paso de construir una herramienta política ampliamente democrática y abierta a la unidad, sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la diversidad.
No importa que se sea de la izquierda o de la derecha, dado que sólo cuenta su condición de ciudadano dominicano sin deudas económicas o de sangre con el pueblo y que busca el rescate de la ética, la moral, el orgullo y la dignidad nacional.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.