Opinión
Nos distraen con el aborto mientras nos roban el alma de la nación
Por Isaías Ramos
Vivimos en un país donde los hospitales colapsan, las escuelas se caen a pedazos, la inseguridad acecha en cada esquina, y la corrupción ha dejado de ser escándalo para convertirse en sistema. Y, sin embargo, los titulares, los discursos y las redes se saturan con debates que, lejos de resolver algo, distraen al pueblo de lo esencial.
Mientras el pueblo sufre, la partidocracia afina el arte de desviar la atención. Y hoy lo hace, otra vez, manipulando el debate sobre el aborto.
En este teatro político donde el poder se disfraza de diálogo, hay dos temas que garantizan el ruido necesario para silenciar lo importante: el aborto y el nacionalismo. Ambos activan pasiones, dividen al pueblo, paralizan el pensamiento y convierten la política en un ring emocional donde ya no hay argumentos, solo consignas. Y ese es precisamente el objetivo.
Cuando la deuda pública se dispara, nos hacen discutir las tres causales.
Cuando la impunidad toca techo, encienden el tema migratorio.
Cuando colapsa la salud, el agua o la energía, nos enfrentan entre hermanos para evitar que enfrentemos al sistema.
Porque cuando un pueblo está distraído, es más fácil manipularlo. Y cuando está dividido, es más fácil someterlo.
En cuanto al aborto, no hay espacio para confusiones: el artículo 37 de la Constitución es diáfano —“El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.” Y si de verdad se desea modificar ese principio fundamental, existe una vía legítima y democrática: el artículo 210, que exige referéndum popular.
¿Por qué no lo hacen?
Porque saben que perderían. Porque saben que este pueblo —profundamente ético, cristiano y defensor de la vida— no aprueba el aborto, ni siquiera revestido de tecnicismos o excepcionalidades.
Por eso optan por otra vía: la manipulación emocional y el conflicto artificial. Convertir el aborto en campo de batalla es útil para los partidos. Pero es destructivo para la nación.
Y mientras el país se desgarra en ese falso dilema, se aprueba un Código Penal que recorta derechos, favorece la impunidad y fortalece los blindajes del poder.
Pagamos más que nunca. El ITBIS está en 18%. La fiscalización es digital, los bancos están vigilados, el Estado todo lo ve.
Y, sin embargo, la presión tributaria apenas ha aumentado 5 puntos respecto al 10.2% que teníamos en los tiempos de Balaguer, con sistemas rudimentarios y sin tecnología.
¿Cómo es posible tanta modernización fiscal con tan poca justicia social?
Porque el problema no es técnico: es ético.
Porque no se trata de recaudar más, sino de para quién y para qué se recauda.
Porque mientras los pobres pagan, los poderosos saquean.
Y mientras entretienen a la población con debates polarizantes, los servicios esenciales entran en un franco deterioro.
La salud pública se desangra.
El agua potable se convierte en lujo.
La electricidad es un privilegio inestable.
Y eso no ocurre por negligencia.
Ocurre porque detrás de ese deterioro hay un propósito inconfesable: justificar la privatización total de los servicios públicos.
Colapsar lo común para luego venderlo.
Abandonar lo estatal para favorecer lo corporativo.
Robarnos el derecho a lo básico para convertirlo en mercancía.
Durante tres décadas, la partidocracia que sucedió al caudillismo ilustrado ha gobernado un país con más recursos que nunca, pero ha dejado una nación moralmente empobrecida, políticamente manipulada y socialmente desilusionada.
Heredamos una deuda social acumulada que avergüenza a la historia, y una deuda externa que es, en realidad, una sentencia anticipada contra los que aún no han nacido.
No es que no hayan hecho obras: las han hecho, sí —el Metro, algunas carreteras—, pero ignoraron lo esencial: agua potable, alcantarillado sanitario, salud, vivienda digna, gestión ambiental.
Y lo más indignante: cada una de esas obras, en vez de ser un homenaje al pueblo, se ha convertido en un monumento a la corrupción.
Fueron hechas no para servir, sino para lucrar.
No para transformar, sino para justificar.
Gobernaron sin conciencia social, sin sentido moral ni visión patriótica.
Eligieron el poder por encima del servicio.
Y lo más grave: han convertido la impunidad en norma, el poder en refugio de corruptos, y el Estado en instrumento para proteger a quienes lo saquean.
El poder quiere que discutamos lo que a ellos les conviene.
Pero el dilema real es otro:
¿Seguiremos divididos y manipulados?
¿O construiremos un país donde la Constitución sea una realidad y no un adorno?
La salida no está en quienes nos han fallado.
Está en una ciudadanía que despierta, se organiza y se atreve a gobernar sin partidos corruptos.
Hacer realidad nuestra Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho significa salud, agua, educación, orden, justicia y dignidad para todos.
Hoy no basta con indignarse.
Hay que organizarse.
El camino son las candidaturas independientes, la participación ciudadana y una República donde la ética sustituya la impunidad.
El futuro está en nuestras manos, si dejamos de pelear entre nosotros y comenzamos a enfrentar a los verdaderos responsables.
Si dejamos de mirar donde ellos apuntan, y empezamos a mirar lo que ellos esconden.
¡Despierta, RD!
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.