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Gobierno del PRM y Abinader sumergen al país en crisis de credibilidad que no luce que pueda ser superada en décadas.
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7 meses agoon
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Elba GarcíaPor Elba García
Las improvisaciones y la falta de una visión estratégica del Gobierno del PRM y Luis Abinader ha llevado al país a una profundización sin precedentes de la falta de credibilidad de la democracia y su recuperación no luce que sea tan fácil.
La incapacidad oficial ha sido tanta y tan profunda que no hay un sólo proyecto gubernamental que termine de buena manera y la situación mantiene a la población en un rechazo e incertidumbre total de todo lo que dice que hará el presente gobierno.
La incapacidad del Gobierno es tan notable que el problema se observa en pequeñas y en las grandes obras públicas, ya que hasta cualquier asfaltado simple de calles adolece de deficiencias que se observan a simple vista y ni qué decir de aquellas de mayor envergadura como el monorriel que conecta a Los Alcarrizos con el centro de la capital dominicana.
Pero el asunto toma mayor dimensión cuando se trata de los servicios públicos, los cuales después de la llegada al poder de Abinader están todos colapsados, como el de agua potable, energía eléctrica, salud y educación.
En los actuales momentos la preocupación por la incapacidad de las autoridades para resolver los problemas principales de la nación, toman tanto cuerpo que la gente percibe que no tiene garantía de nada por la falta de visión de los funcionarios públicos.
El PRM y Luis Abinader representan, sino el principal, por lo menos uno de los más grandes fiascos que ha tenido la vida nacional, cuya deficiencia también se expresa en la designación de personas para manejar altos presupuestos de instituciones públicas sin estar formadas para ello.
La incapacidad y los niveles de improvisación del Gobierno de Luis Abinader, que ha legitimado todo lo malo de todos los que han tenido el control del Estado, como por ejemplo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya sustracción del dinero del patrimonio público tomó tanto cuerpo que las sumas involucradas son realmente astronómicas.
Una expresión que, aunque lamentable, es aquella que la gente esgrime ante el fracaso de la gestión de Luis Abinader y su PRM, que es preferible la corrupción con algún nivel de eficiencia que el fracaso total que constituye la actual gestión de la administración pública.
Los errores son tantos y variados que unos sobresalen frente a prácticamente todos los demás, como son el alto endeudamiento público y los déficits fiscales que ponen en peligro la estabilidad de la nación, cuya justificación de la inversión oficial resulta insuficiente.
El colapso de la economía y en consecuencia de todos los servicios públicos vitales como el de agua potable, energía eléctrica, educación y salud, deja la impresión de una difícil recuperación nacional, máxime que para que finalice la presente administración todavía faltan alrededor de tres años.
A este problema debe incluirse, aunque el Gobierno dice lo contrario, el alto costo de la vida, el cual se ha vuelto asfixiante en razón de que los precios de los artículos de la dieta diaria han subido en una proporción que no se corresponde con el poder adquisitivo de la mal llamada clase media y de la trabajadora.
Sin embargo, pese a los grandes problemas nacionales el presidente Abinader sigue focalizado en preocuparse más por la situación haitiana que por la nacional, lo que lo ha llevado a esgrimir un discurso que da la impresión de que es el jefe de Estado de la vecina nación, no de la República Dominicana.
Sin embargo, dos cuestiones que desmienten la sinceridad de su preocupación por el problema haitiano, es el hecho de designar amigos suyos como cónsules en Haití, que sólo han tenido como meta enriquecerse con la venta de visas a quinientos dólares, cuyo buen ejemplo al respecto es el enllave de Abinader Margarito de León, quien fue colocado en esa posición en la ciudad fronteriza de Juana Méndez.
Pero el comportamiento de Abinader se repite en otros lugares del mundo, donde usa los consulados como un mecanismo, igual que las pasadas autoridades, para enriquecer a miembros de la cúpula de su partido, como ocurre en plazas como Nueva York y Miami, cuyas tarifas por los servicios ahogan la economía de los criollos que han tenido que huir del país porque no soportan sobrevivir por el desempleo y el alto de la vida en las tierras que les vio nacer.
Lo más preocupante de todo es que los que hacen turno para sustituir a las actuales autoridades no están lejos ni apartado de la cultura de la depredación del patrimonio público, cuya confirmación de esa conducta es comprobable cuando unos suben al poder en sustitución de los que han tenido el control del Estado en cuyas administraciones también se ha producido la sustracción multimillonaria de los dineros del pueblo dominicano.
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Abinader atrapado entre travesura del Congreso y el fortalecimiento institucional y democrático.
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5 días agoon
marzo 25, 2026Por José Cabral
Cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) buscaba desplazar del poder al de la Liberación Dominicana, el cual era acusado de ser un partido-Estado con altos niveles de corrupción y adueñado de mala manera del poder público, mostraba unas preocupaciones democráticas que concitó el apoyo de amplios sectores de la vida nacional, pero desde la dirección del Estado ha sacado sus garras y se ha convertido en el más conservador y antidemocrático de todos los que conforman la partidocracia en la República Dominicana.
Esta organización politica que hoy ostenta el poder en el país se ha convertido en la más conservadora y antidemocrática, peor que cualquier otra, ya que desde que ascendió a la dirección del Estado se ha visto envuelta no sólo en escenarios del bajo mundo y del maltrato y deslealtad con sus propios miembros y militantes, sino que se ha convertido además en una retranca para la mejoría de la democracia nacional.
El PRM, salido del propio seno del PRD, un partido que ha significado, puede decirse, sin ningún temor a equivocación, una representación del tigueraje político en la República Dominicana, capaz de hacer cualquier cosa para llegar al control del Estado, pero que luego no puede mantenerse en el mismo por su baja formación, su falta de planificación y altos niveles de improvisación, lo cual ha sido replicado por el primero.
Este partido, que ha mostrado desde que accedió al poder, que es peor que todos los demás que conforman llamada partidocracia, no sólo ha llevado al bajo mundo a ser parte de su forma de administrar el Estado, sino que también es una retranca para que la sociedad dominicana alcance estadios de progresos y desarrollo nacionales.
En los actuales momentos el PRM ha metido al presidente del país, Luis Abinader, quien proviene de las propias entrañas de esta organización, en la disyuntiva de caer en la violación de la Constitución de la República o defenderla frente a sus propios representantes ante el Congreso Nacional que se han empeñado en eliminar las llamadas candidaturas independientes en violación del poco nivel de institucionalidad que exhibe la sociedad dominicana.
La figura de las candidaturas independientes data en la República Dominicana de hace 100 años, es decir, desde el 1926, la cual no era prácticamente utilizada por maniobras en el texto colocado en los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, los cuales eran tan confusivos que era difícil hasta entender el propósito de los mismos.
Sin embargo, a través de una accion directa de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional (TC) interpreta la norma y entiende que la misma violaba la Constitución de la República y ambos son sustituidos mediante la TC/0788/24, que dispone, entre otras cosas, que pueden coexistir las vías directas e indirectas para el disfrute del derecho de elegir y ser elegido en el proceso electoral dominicano.
El principio de legalidad es el que ha servido de soporte a la interpretación del TC, cuyos artículos 47 de la Ley 137-11 y 184 y 185 de la Constitución le atribuyen la facultad al respecto, ya que se trata de un órgano extra poder que es el único que puede sentar jurisprudencia con un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por todos los órganos del Estado y de los ciudadanos en general.
No obstante, el Congreso Nacional, conformado por diputados y senadores, en vez de contribuir con la superación de la crisis de legitimidad que afecta a la democracia nacional, cuyo nivel de abstención aumenta de forma preocupante, lo cual implica falta de legitimidad de los funcionarios electos en el país, se han dedicado a buscar adueñarse del sistema y apoyarse en el artículo 216 de la carta magna, el cual no es verdad que les otorga a los partidos políticos la exclusividad de presentar candidaturas en el proceso electoral, se ha inclinado por no acoger la referida jurisprudencia y en su defecto aprobar un proyecto de ley que elimina la referida figura, lo que no es jurídicamente posible.
Ahora la cuestión queda en manos del presidente Luis Abinader, quien ha pretendido ser un defensor de la misma Constitución que sus propios legisladores buscan que él viole, ya que el proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional le pone la disyuntiva al mandatario de promulgarlo o observarlo.
Si Abinader se inclinara por promulgarlo estaría cuestionando la ley sustantiva de la nación, que es la que otorga al TC la facultad de interpretar aquellas normas que chocan con la carta magna como las del régimen electoral.
Pero si en su defecto el presidente la observa estaría protegiendo la democracia y la institucionalidad dominicana de proyectar una imagen de que la misma es de fechada, de apariencia, y que la participación del ciudadano en la conducción de la administración pública no es otra cosa que un engaño.
Las candidaturas independientes son encontradas en todo el derecho comparado internacional, desde el derecho inglés hasta el continental, pero en la República Dominicana el miedo de los partidos políticos tiene que ver con que han perdido totalmente el apoyo popular por los altos niveles de corrupción en que se han visto envueltos y en esas condiciones no quieren que haya opciones diferentes para buscar el control del Estado.
Los próximos días son decisivos para que el presidente Luis Abinader y el Gobierno del Partido Revolucionario (PRM) incurran en una acción en favor de la democracia en un Estado carente de niveles aceptables de fiscalizacion, regulación e institucionalidad o en otro tollo de los tantos que han cometido desde su llegada al poder en el 2020, cuyos resultados han sido dolorosos y preocupantes para la sociedad dominicana, pero el de las candidaturas independientes podría llenar la copa de un país que no sale de una crisis legal y ético-moral que impacta de una forma especial a la sociedad dominicana.
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Es una peligrosa amenaza para cualquier democracia el proceder errático y no pensado de sus mandatarios.
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1 semana agoon
marzo 23, 2026Este periódico La República ha sido un observador de primer orden de los fenómenos que representan un peligro para la estabilidad política y económica de cualquier país, los cuales tienen una gran trascendencia nacional e internacional.
El caso más patético en esta materia lo representa la administración de Donald Trump, cuyo mandatario de la principal potencia del mundo actúa regularmente de forma muy emocional y volátil con resultados dolorosos y catastróficos para su nación y el resto de los países del planeta.
En estos momentos Trump no sólo crea serios problemas al mundo entero, sino que los mismos van acompañados de una tensión externa e interna, asi como en su en su Bolsa de Valores, cuya principal pretensión ha sido abolir o buscar la desaparición de la proyectada institucionalidad de los Estados Unidos y del derecho internacional, cuya primera parece ser parte de una inexistente realidad, porque en su administración el Ejecutivo se pone por encima del equilibrio de los poderes, lo que incluso pone en peligro la democracia.
En los Estados Unidos de América ahora todo parte de la voluntad y del deseo de Trump, quien no ha tenido reparos en intentar barrer con las instituciones y todo el derecho interno y externo, que data de siglos, porque esta nación fue de las tres primeras que tuvieron una constitución y que es la madre del equilibrio de los poderes y del derecho constitucional difuso.
Sin embargo, Trump ha echado por la borda el legado constitucional y de derechos a partir de sus propias órdenes ejecutivas en las que no respeta el sistema establecido y lo viola todo mediante sus decisiones repentistas, lo que crea conflictos con sus aliados de Europa y de otros continentes del mundo.
En el escenario está en los actuales momentos la guerra en contra de Irán, la cual ha sido manejada sobre la base de una percepción que no parece corresponderse con la verdad de los hechos, pese a que lo que se puede ver a la distancia es que la confrontación bélica va camino a crear una crisis económica mundial con las alzas que se producen en los precios de los combustibles.
En el curso de los días y a pesar de que la administración Trump garantizó en algún momento que controlaría el tráfico de barcos con petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, todo ha parecido ser una versión que no ofrece la más mínima posibilidad de que sea verdad, con el agravante de que los países de la unión europea no están muy animados a colaborar con los Estados Unidos para facilitar desbloquear la vía marítima que permite el transporte del 20 por ciento de los combustibles que llegan a todo el mundo.
La verdad es que el pase del petróleo por el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica localizada en el Oriente Medio, que se conecta con el Golfo de Imán y el Mar Arábigo, delimitado por Irán al norte y por Omán y los Emiratos Árabes al sur, cuya anchura mínima es de aproximadamente 33 a 50 kilómetros, está totalmente obstaculizado por el control que ejerce el país persa y que provoca que los precios del barril del mismo alcancen niveles preocupantes para todas las economias del planeta..
Trump no tiene ni siquiera la visión de evitar abrirse muchos frentes al mismo tiempo, sino que promueve guerras y confrontaciones por doquier que ya parece que ha roto la unidad a lo interno de su gobierno en virtud de que su vicepresidente J.D. Vance ha dicho no compartir desarrollar confrontaciones bélicas en el mundo como aquella contra Irak, donde expresa que todavía hay presencia militar de la potencia del norte sin jugar ningún papel allí.
La cuestión es que Trump, que no parece tener el suficiente control para no enfrentar a todo el mundo mismo tiempo e incluso con el uso de recursos como las visas que se otorgan en los diferentes consulados ubicados universalmente sobre la base de un chantaje en contra de todo aquel que tiene una crítica con su política agresora de los derechos a la autodeterminación de los pueblos, lo cual se produce en una época en la que se entiende que semejante comportamiento había sido superado en razón del empoderamiento del derecho convencional e internacional, tanto público como privado, máxime aquellos que están en el contexto de los derechos humanos fundamentales.
A algo más de un año del inicio del gobierno de Donald Trump, la situación en los Estados Unidos de América y los demás países del planeta se proyecta muy inestable, por la influencia de éste ante las demás naciones, cuyo retroceso, después de la llegada de este gobernante a la Casa Blanca, crea mucha incertidumbre en las democracias de los hemisferio oriental y occidental.
Es impredecible saber que es lo próximo que podrá ocurrir con la administración Trump, ya que nada es parte de un plan a corto, mediano y largo plazo, sino del capricho de un gobernante que se apoya en el criterio de que los Estados Unidos están por cima de todas las demás naciones y que los derechos sólo tienen sentido con aquellos que están de acuerdo con su proceder caracterizado por la irracionalidad y el capricho.
Cualquiera pudiera pensar que el «Checks and Balances» o equilibrio de los poderes en español es un logro que ya no tiene sentido, siempre de acuerdo con el proceder e imposición de la fuerza por parte de la administración de Donald Trump, con la que se comprueba que la teoría en este sentido, a pesar de que tuvo mucho sentido, pero que su logro no parece ser para siempre, ya que en este caso ha sido hecha trizas con el vencimiento de la institucionalidad por el presidencialismo.
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La vocación por la corrupción y la ignorancia de los gobernantes son dos vías que inhabilitan el Estado.
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2 semanas agoon
marzo 16, 2026Por Elba García
En la República Dominicana gobiernos tras gobiernos la incapacidad y la vocacion por la corrupción son las condiciones más destacables entre los que tienen el privilegio de controlar la administracion pública, pero no parece existir una medición de cuál de estas dos condiciones puede conducir a la nación a su quiebra o ruina total, no sólo económica, sino también ético-moral e institucional, aunque ambas son más que suficientes para que el pais se proyecte como no viable.
Cuando un líder ocupa la presidencia de la República y se ocupa más de enriquecer a determinadas personas, ya sea física o moral, crea grandes inestabilidades emocionales, económicas y financiera en la sociedad.
Sin embargo, los resultados no son mejores cuando quien dirige la nación no tiene la menor idea de lo que es el Estado, máxime si no cuenta con un plan programático y estratégico a corto, mediano y largo plazo.
Ambas cuestiones son comunes y corrientes en los políticos de estos tiempos, cuando la política ha dejado de ser ideológica para ser clientelar, es decir, que el lenguaje del dinero se pone por encima del adecentamiento de la administración pública y para alcanzar niveles altos de crecimiento y desarrollo nacionales.
Lo que no se puede precisar cuál de las dos falencias ocupa el primer lugar, aunque se puede decir que ambas son muy propias de los que se convierten en candidatos presidenciales sin tener la formacion, un alto nivel de espiritualidad y sin estar consciente de la transitoriedad de la vida.
Ello así porque de lo que se puede estar plenamente seguro es de que la gran mayoría de los que hacen carrera política no ponen en una balanza para medir el mayor peso si el legado o la fortuna, cuya última es la meta a alcanzar por los que persiguen el poder sin estar preparados para ello.
Sin embargo, cualquiera de las dos no puede dejar un buen resultado para la sociedad, porque depredar el patrimonio público crea déficit en el Gobierno e impide satisfacer necesidades sociales por parte del Estado y la otra impide que a corto, mediano y largo plazo se alcance la meta de toda nación en vía desarrollo en tema como la educación, la salud, medio ambiente, transporte público y cualquier otro renglón de importancia en un país del tercer mundo.
La República Dominicana ha tenido que verse en ese espejo, porque la corrupción administrativa es uno de sus principales males, porque prácticamente todo el que va a la administración pública llega con la mente puesta en enriquecerse más que pensar en proporcionar seguridad alimentaria, de empleo, salud y educación a los niños que nacen cada día en clínicas y hospitales del territorio nacional.
Este problema es de tal gravedad que en el país se ha dicho miles de veces que lo robado en el sector público permitiría construir varias republicanas más grandes y fuertes que la que se tiene en los actuales momentos.
No obstante, la falta de formación para dirigir el Estado también tiene el agravante de que un gobernante de este carácter no ve el futuro del país a corto, mediano y largo plazo, porque se guía por la improvisación, mal que es consustancial a la nación desde los tiempos coloniales.
Naturalmente, hay unos peores que otros y que las consecuencias salen a relucir con una rapidez impresionante, como por ejemplo el que no tiene la menor idea de lo complejo que es dirigir un Estado no importa que pequeño sea, cuyas consecuencias es no promover politicas públicas para preservar y mejorar lo logrado y mucho menos tener algún éxito en el curso del tiempo en favor del Estado y la sociedad, porque carece de la visión y la formación para promover el desarrollo integral de la nación.
A pesar de que la improvisación es un mal cultural en la República Dominicana, pero hay unos que la enarbolan hasta con la más insignificante de sus acciones, dado que no miden consecuencias, lo cual implica que una gestión pública suya lleva la nación a los tiempos de las cavernas.
El problema es el que en el marco del Estado Social y Democratico de Dwerecho a nadie se le puede impedir tener participación en el control y dirección del Estado, porque existe el principio de igualdad que permite que cualquier ciudadano en sus plenas facultades civiles pueda aspirar a dirigir la nación, aunque no tenga ninguna capacidad para ello.
Empero, la única limitante para que una persona sin estar preparada alcance dirigir el Estado está determinado por los niveles de institucionalidad y la conciencia ciudadana, pese a que difícilmente ese problema puede ser controlado mediante estas condiciones.
La República Dominicana lleva décadas golpeada por la vocación por la corrupción administrativa, la falta de ética y de moral y también de la falta de capacidad gerencial de sus mandatarios, cuyo impacto en la sociedad son prácticamente demoledores con el deterioro de los servicios públicos y de valores sociales que son cuestiones del pasado.
La pregunta de la gente que todavía busca una mejor suerte para la nación es preguntarse si será posible en medio de este cuadro sacar el país del pantano en que ha sido sumergido por los que no tienen ningún tipo de miramiento para darse cuenta que sus acciones son una vía de provocar la ruina nacional.
