Opinión
Los periodistas, la CIA y Mockingbird
(y II)
Por Oscar López Reyes
Las escuchas telefónicas ilegales a periodistas, ejecutadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en el inicio de la encubierta Operación Mockingbird para esconder datos desfavorables a esa nación, fueron dispuestas por el presidente Jhon F. Kennedy. Aletea como un capítulo sombrío, que vulneró un derecho inalienable, y como un referente de grado máximo en el silenciamiento de la labor informativa con repercusiones inextinguibles.
Un documento de 702 páginas de la CIA, desclasificado en 2007 y con los cuales fue redactado el libro Joyas de la Familia, así como investigaciones de la Comisión Rockefeller, el Centro Miller de Asuntos Públicos y otras especifican la participación del director de la CIA, John McCone, junto con el Fiscal General de Estados Unidos, Robert F. Kennedy; el secretario de Defensa, Robert McNamara, y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Joseph Carroll.
El anglicismo Mockingbid en español significa sinsonte o ruiseñor, que literalmente quiere decir pájaro imitador. Fue utilizado por primera vez por Deborah Davis en el libro “Catalina la Grande: Katharine Graham y su Imperio del Washington Post”, donde describe una supuesta infiltración de la CIA en medios de comunicación, parecido a otras dos obras: Espía estadounidense: Mi historia secreta en la CIA, Watergate y más allá, por E. Howard Hunt, y El Poderoso Wurlitzer: Cómo la CIA manipuló a América, por Hugh Wilford.
Otros libros que abordan el tema son “Operación Mockingbird: La controvertida historia de los medios de comunicación y la inteligencia de Estados Unidos”, de M. William (Bill) Cooper, y “Killing Hope” (Matando la esperanza): Military and CIA Interventions Since World War II, que cubre una amplia gama de intervenciones militares de esa agencia norteamericana de espionaje.
El proyecto Mockingbid abrió la compuerta para otras operaciones de espionaje gubernamentales de Estados Unidos: el presidente Richard Nixon, quien creó la unidad de “fontaneros”, compuesta por veteranos de la CIA para detener las filtraciones de información, Lyndon Baines Johnson y George H. W. Bush.
En su afán por ocultar los acontecimientos, quebrantando el derecho a saber de los ciudadanos, dos partes han incurrido en la negación de la facultad del libre acceso a la información. Tipifica como violaciones civiles y penales, y a las normas y principios éticos:
Primero, el Gobierno de Estados Unidos apeló a métodos turbios: interceptación telefónica ilegal para la extracción clandestina de informaciones basadas en conversaciones de periodistas con funcionarios públicos y otras personas, y fomento de la corrupción mediante el soborno.
Y, segundo, periodistas comprometieron su responsabilidad ética con la aceptación del silencio, la autocensura y la delación, que deriva en sanciones, arrestos y asesinatos. Envuelve una deshonra, porque embadurna la reputación, más con la desclasificación de documentos, que sus nombres quedan registrados, inexorable y perennemente, como cómplices de una negación de derecho por poderes del Estado.
Como vemos, el periodismo es una profesión delicada en la complejidad, conflictiva y riesgosa; exigente y comprometida con la sociedad. Por lo tanto, su ejercicio ético implica el respeto a la verdad, impulsando, con transparencia informativa, el derecho de informar y ser informado, y desechar el plagio, la calumnia, la difamación y la maledicencia. Los códigos nacionales y supranacionales son claros:
1.- El periodista debe adoptar una actitud analítica frente a las fuentes, confrontarlas y comprobar sus afirmaciones. Código del Círculo de Periodistas de Bogotá.
2.- Los periodistas no deben aceptar bienes de valor de las fuentes informativas o de otras personas ajenas a la profesión. No deben aceptarse obsequios ni viajes, agasajos, productos o alojamientos gratuitos o a precio reducido. Los gastos relacionados con la tarea periodística deben ser pagados por el periódico. Deben evitarse los privilegios especiales y el tratamiento especial para los miembros de la prensa. Declaración de Principios de la Sociedad Estadounidense de Redactores Periodísticos.
3.- No omitir nada de cuanto el público tiene derecho a saber. Código de Ética de la Asociación Interamericana de Prensa.
4.- El periodista no admite ninguna presión, dádiva, prima o favor que pueda poner en peligro, disminuir o subordinar su libertad de acción, obligándole a transgredir las normas de la profesión. Código de Ética de la Federación Nacional de los Sindicatos y Asociaciones Profesionales de Periodistas Franceses.
5.- En las necesarias relaciones que en el ejercicio del periodismo se mantengan con los poderes públicos o con los sectores económicos, se evitará llegar a una connivencia tal que pueda repercutir en la independencia y la imparcialidad del periodismo. Código Europeo de Deontología del Periodismo.
6.- El acceso libre a la información y la opinión es un derecho de todo ciudadano. La vocación de la prensa es suministrar un amplio y objetivo servicio de información y opinión. Por tanto, debe haber libertad de acceso a todas las fuentes de información. Código de Práctica Periodística de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
7.- Actos contra la profesión periodística: La actuación confidencial para los servicios secretos y organismos de inteligencia. Código de Ética del Periodista Dominicano.
Indefectiblemente, la ética apalanca como el ancla protectora de los periodistas. Normatiza la narrativa para garantizar el libre flujo de la información y para que el periodismo sea un verdadero contrapoder, y no un amasijo de contenidos proestadounidenses, prorusos o prochinos.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Narciso Isa Conde
La dramática situación política, económica, social y cultural en que despliega su existencia laboral y familiar la clase trabajadora dominicana la emplaza a potenciar su indignación soterrada y a convertirla en movilización y rebeldía a nivel territorial.
Es pertinente exigir un nuevo código laboral que incluya la conexión del salario mínimo con el costo de la Canasta Básica Familiar y la “indexación automática” a tono con los niveles de inflación: a mayor incremento de los precios de mercancías y servicios, igual aumento del salario.
En materia de reformas estructurales, hay que desprivatizar los servicios de salud, garantizándole al pueblo trabajador y a sus familias un servicio de salud pública de calidad y universal, que haga innecesario la existencia de las ARS privadas.
Crear un sistema público de pensiones que supere las parasitarias AFP privadas y garantice a la población trabajadora pensiones dignas y retiro con calidad de vida. El sistema educativo debe ser público y de calidad.
Hay que ampliar el mercado interno, aumentar la producción con más valor agregado y apoyar consistentemente a las MIPYMES como principales empleadoras.
En este país el régimen empresarial es casi policial, lo que explica un alto grado de anulación de la libertad sindical. Existen centrales famélicas y pocos sindicatos, la mayoría con dirigentes dóciles. La clase trabajadora está forzada a luchar en el territorio, fuera de fábricas y de sus centros de trabajo.
La tripleta negociadora es espuria y pro patronal: Gobierno, CONEP y centrales, lo que determina que el Código sea bloqueado por el interés empresarial de tumbar la cesantía e introducir nuevas cláusulas a su favor, con el pretexto de la modernización.
Con la ayuda de este gobierno empresarial, del Congreso corrupto y de un sindicalismo débil y esencialmente dócil, van de robo. El gobierno, a pesar de prometer aprobar el Código con lo ya consensuado, no lo ha hecho. El poder empresarial se lo ha impedido.
La cesantía es el único desacuerdo entre ellos. El costo de eliminarla determina que sindicalistas dóciles y gobierno rechacen eliminarla. El Código sigue bloqueado.
Por Rosario Espinal
El declive en la tasa de natalidad en muchos países del mundo, sobre todo, en los de mayor nivel de desarrollo económico, ha generado una alarma entre los natalistas blancos que ven el fin de su raza y su civilización de continuar la tendencia poblacional a la baja. Pronostican el llamado “gran reemplazo” étnico-racial y propagan la idea de que los blancos tengan más hijos.
Ese llamado a aumentar la tasa de natalidad encuentra, sin embargo, grandes obstáculos: 1) a diferencia de la sociedad rural del pasado, para la clase media urbana, criar hijos representa un alto costo de baja rentabilidad posterior; 2) el costo de la vida es elevado y en muchas familias todos los adultos tienen que generar ingresos; y 3) la sociedad postmoderna promueve la realización del potencial individual.
Mientras la clase media se resiste a tener muchos hijos, los pobres son más proclives a tenerlos por su escaso nivel educativo y acceso limitado a los servicios de salud reproductiva. De ahí que el principal reproductor de la especie humana sigue siendo la pobreza.
El fenómeno no es ajeno a nuestro entorno nacional. Hay que tomar conciencia de que la población de la República Dominicana y Haití sobrepasa los 22 millones de habitantes. La mayoría, sobre todo en Haití, son pobres.
La República Dominicana tiene una densidad poblacional de aproximadamente 240 habitantes por kilómetro cuadrado y Haití de 437 (el promedio para América Latina es 33).
El índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de la República Dominicana es aproximadamente de 1.9 y en Haití 3.0 (el promedio en América Latina es 1.8).
Ignorar estas cifras y sus consecuencias sociales constituye una irresponsabilidad de los gobiernos de ambos países, de las iglesias y de la ciudadanía en general.
A diferencia de las décadas de 1960 y 1970, cuando existían algunos programas públicos para el control de la natalidad, en décadas recientes, el control del crecimiento poblacional se ha dejado más al azar.
En sociedades donde la población tiene mayor nivel educativo y acceso a los servicios de salud, el control de la natalidad se produce por decisión personal racional. No así en los países con bajo nivel educativo, sin programas de educación sexual efectivos, ni acceso adecuado a los servicios de salud.
En países muy pequeños y de mucha pobreza, la alta concentración de población presenta serios desafíos socioeconómicos y ambientales como el sobreuso del suelo, la tala de árboles, la contaminación y sequía de los ríos. Esto es palpable de manera alarmante en el territorio haitiano.
Recientemente aumenta la alarma en la República Dominicana porque los haitianos se reproducen más que los dominicanos.
La solución no es como proclaman algunos que los dominicanos se reproduzcan más para equiparar los haitianos, sino que los haitianos mejoren sus vidas y se reproduzcan menos para balancear el peso poblacional. Ya la isla está saturada de gente sin recursos suficientes para alcanzar una vida digna.
La pobreza no es producto del tamaño de la población, pero a mayor población pobre, mayor dificultad para resolver los problemas de la pobreza.
Por Nelson Encarnación
Aunque no existen estadísticas comparativas confiables o verificables, los datos que se manejan apuntan a que la República Dominicana es uno de los países donde más se juega, lo cual se traduce en un gravísimo perjuicio para millones de personas que se han hecho dependientes voluntarias del vicio de apostar.
Debemos empezar por resaltar que dudamos mucho de que exista en nuestra región otro país donde se permita la cantidad de loterías regentadas por empresas particulares, al punto de que actualmente operan por lo menos siete que realizan unos 20 sorteos diarios.
En muchos países del área funcionan diversas loterías, pero la mayoría dependen de instancias estatales, sean gobiernos nacional, federal o provincial, donde aplique cada caso, pero nunca como negocios particulares.
Muchas de estas loterías son manejadas como cajas de recaudación de recursos para atender necesidades de beneficencia social, como fue el objeto que animó al padre Francisco Xavier Billini al fundar la Lotería Nacional hace casi 150 años.
Lo que acontece en nuestro país es catastrófico para la estabilidad económica de millones de ciudadanos, pues hablamos que en unos 20 sorteos cotidianos se apuestan—en cifras conservadoras por carecerse de registro—alrededor de cuatrocientos millones de pesos, es decir, unos RD$146,000 millones al año. Conforme datos oficiosos, en la geografía nacional existen aproximadamente 250,000 bancas de loterías, de las cuales apenas estarían registradas unas 40,000 (16%), lo que significa que, por cada diez bancas en funcionamiento, menos de dos cuentan con autorización oficial.
Nos referimos solo a esta avalancha de sorteos diarios, sin mencionar la cantidad incontable de máquinas tragamonedas que operan al margen de la ley en colmados, billares y otros lugares.
Tampoco citamos los casinos autorizados en hoteles y otros lugares, ni las bancas deportivas, donde por igual se juegan grandes partidas de dinero a diversos deportes.
Todos estos juegos provocan que los asiduos, en su gran mayoría personas humildes, dejen de comer para apostarle a una suerte cada vez más esquiva y huidiza.
¿Qué hacer frente a este panorama que plantea un grave problema social?
Suponemos que esta situación alcanzó los niveles a que ha llegado desde el momento en que el Estado desertó de su obligación de regular una actividad que, si bien pudiera encajar en la libertad de comercio, necesita operar en un marco de estricto control.