Opinión
Dos visiones enfrentadas en diálogos por paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
La prolongada guerra civil colombiana tiene sus causas en el violento y cruel régimen de dominación, explotación y exclusión social, económica, política, cultural…formado a lo largo de su historia, y muy especialmente en los últimos 60 años.
Es un producto del modelo agrario, el latifundio, la dependencia, las aberraciones de un capitalismo constantemente recolonizado, el sistema de represión y terror político bajo auspicio de los EEUU y sus doctrinas militares, la negación de democracia real, la cultura violenta despótica desplegada por la clase dominante-gobernante durante seis décadas, la impronta depredadora y empobrecedora del neoliberalismo a lo largo de los últimos 20 años y la intervención creciente de unidades militares especializadas y bases de operaciones estadounidense e israelí en territorio colombiano, tutelando una guerra de baja y mediana intensidad contra las fuerzas insurgentes y la población descontenta.
Esto se ha traducido en hambre, desigualdades escandalosas, profundas injusticias sociales y de todo tipo, abuso de poder, torturas, para-militarismo (perversamente aupado y sostenido desde el Estado), narco-militarismo y narco-política, asesinatos a granel (incluidos los ejecutados con motosierras, los llamados “falsos positivos”, las grandes fosas comunes encubiertas o cementerios clandestinos), crueles y masivos despojos, desplazamientos masivos forzados, restricciones a la libertades, delincuencia de Estado y corrupción del sistema tradicional de partidos…
La insurgencia armada y la rebeldía social y política no armada han sido una respuesta político-social a esa cruel realidad, a esa guerra sucia integral; guerra de Estado, de la clase dominante, del poder imperialista y las mafias asociadas a esas fuerzas.
- EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN Y USO DE LAS ARMAS.
Las armas en poder de los/as revolucionarios/as civiles de las FARC-EP y del ELN, no es la causa de esa guerra, sino la respuesta obligada a la violencia social, económica, cultural, política, militar y paramilitar impuesta desde arriba; usada sistemáticamente como factor de sometimiento, opresión y represalias.
Las armas pueden poseerse sin usarse, pueden ser necesarias o innecesarias, pueden usarse y dejar de usarse, según las circunstancias. No necesariamente deben entregarse en el curso de las luchas populares, menos cuando son garantías de muchas cosas justas, incluyendo de los diálogos en busca de paz.
Los/as primeros/as en poseerlas y usarlas no fueron los/as integrantes de las fuerzas insurgentes y revolucionarias colombianas, aunque han sido los primeros en proponer un cese al fuego para crear un clima adecuado en esta segunda fase de los diálogos de paz inaugurados en Oslo-Noruega el 18 de octubre del 2012.
- AGENDA COMÚN E INTENCIONES DEVELADAS.
El comandante Iván Márquez -a quien conozco, aprecio y admiro- hablando a nombre de la delegación de las FARC-EP en ese acto inaugural, procuró en sentido general, en forma elegante y profunda ir a la médula del problema, a las causas profundas del conflicto armado, a la identificación de la guerra con las injusticias e inequidades, al modelo agrario, al modelo minero, a la dependencia y la intervención extranjera, al tipo de sociedad, al sistema político excluyente… a la necesidad del cambio profundo e integral. Y lo hizo a tono con la agenda preliminar aprobada por las partes.
El representante del gobierno y del poder establecido en Colombia, el ex-vicepresidente Humberto De la Calle, repostó diciendo que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden una vez acabe el conflicto y tendrán que hacerlo sin armas”.
Pero resulta que la agenda aprobada contempla la cuestión agraria, la participación política, el narcotráfico, la situación de las víctimas, y el fin del conflicto; en ese orden y sin que en ninguna parte consigne la entrega previa y unilateral de armas por las FARC-EP.
Al señor De la Calle -personero con escasas experiencias en el andar por calles marginales- sin querer-queriendo le salió de sus entrañas las intenciones fundamentales de poderosos sectores del oficialismo pro-imperialistas en esos diálogos: cercar, presionar en grande a las Farc-EP, para que acceda a entregar unilateralmente sus armas; presentando al ejército popular construido por los/as guerrilleros/as durante décadas de sacrificios, como causa básica y cuasi única de la guerra y la violencia.
De la Calle puso temprana e imprudentemente en evidencia la pretensión gubernamental de obviar las raíces del conflicto armado, situando de nuevo las armas en manos de la insurgencia como causa, y no como consecuencia del mismo, y presionando en dirección a la rendición de las FARC; que equivale a su desarme, desmovilización y “legalización”, dejando el sistema y sus modelos sectoriales intactos o con limitadas reformas y cambios domésticos.
- POR UN TRATAMIENTO ESPECIAL AL TEMA DE LAS ARMAS.
El representante del presidente Manuel Santos, cuyo gobierno está montado sobre una crisis sistémica integral y embestido por un ascendente movimiento político-social (armado y no armado), ignoró que ahora más que nunca en Colombia la palabra paz significa justicia; los acuerdos entre las partes implican cambios sustanciales, y la cuestión de las armas exige un tratamiento totalmente diferente al tradicional.
Y eso es válido para la FARC-EP y el ELN y para el oprobioso régimen colombiano
Nadie debe creer tan tonta la guerrilla más antigua, experimentada y heroica de la historia universal moderna –y confieso que para mí sería una desconcertante y desagradable sorpresa un yerro de esa magnitud- como para repetir los costosos errores del M-19 a raíz de su desmovilización y deposición de las armas, de los acuerdos que dieron lugar a la vida legal-electoral de la Unión Patriótica, de los acuerdos pactados en Guatemala, e incluso de lo acontecido en ese plano -aunque con consecuencias no tan graves- en El Salvador.
- RECORDANDO A MARULANDA
No olvidaré jamás lo que me dijera el camarada Manuel Marulanda en el curso de una larga e íntima conversación cuando visité Colombia a raíz de los diálogos de paz del Caguán, dándome plena seguridad de que los dirigentes de las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios durante más de cuatro décadas, insistiéndome que se trataba de un patrimonio del pueblo en lucha y de la revolución pendiente, que debía ser parte y garantía de los cambios a emprender, aun en el marco de cualquier acuerdo hacia una etapa de paz y transición democrática.
Tengo confianza en que la nueva y talentosa conducción de esa fuerza insurgente seguirá siendo leal a esa concepción medular expuesta por su líder legendario, que además de defender acertadamente lo acumulado desde el esfuerzo revolucionario colectivo, persigue rechazar categóricamente la idea del desarme unilateral y del monopolio de lo militar en favor de las derechas y del bloque dominante.
El fin del actual conflicto armado en Colombia es el último punto a abordar en la agenda acordada. Su inclusión de esa manera indica que un tratamiento adecuado del mismo dependerá de los éxitos alcanzados en los puntos previos y que de ninguna manera el final del conflicto armado estará inexorablemente amarrado a la entrega de las armas por ninguna de las dos partes, aunque sí, por definición de paz, a la cesación del uso de las mismas y, en consecuencia, de los combates armados.
Soy de los piensan que en ese caso una paz con garantías duraderas, sin graves riesgos de ominosos desequilibrios y violaciones tempranas, no se logra disolviendo los ejércitos populares conformados, sino procurando formas originales de coexistencia de los mismos en el proceso de transición democrática y de creación de la nueva institucionalidad.
La FARC y el ELN son organizaciones político-militares con amplia presencia nacional. Lo militar, lo político y lo social combinado en ellas son la garantía de su existencia y su potencia duradera, del cumplimento de la agenda de cambios nacionales y de la defensa y el ascenso de los movimientos democráticos, patrióticos y revolucionarios civiles. Si se desarman unilateralmente, estarían lamentablemente decretando su exterminio progresivo y el retroceso de lo que pueda lograrse en los diálogos de paz. Ese es un dato muy fuerte de la historia colombiana y de esta fase altamente peligrosa a consecuencia de la decadencia y la agresividad del imperialismo estadounidense.
La paz nunca ha sido sinónimo obligado de desarme de una de las partes; sí de justicia, libertad, bienestar colectivo, cese de los combates armados y garantía plena de ejecución de lo acordado con amplia participación y vigilancia popular. Y esta, menos aún, podría ser la excepción
Por Isaías Ramos
En una nación cuya Constitución proclama un Estado social y democrático de derecho, deberíamos esperar que los gobernantes actúen conforme a esos principios fundamentales. Sin embargo, lo que observamos es una clase política que, al ignorar la Carta Magna, prioriza sus propios intereses por encima del bienestar colectivo.
La promesa de un Estado social implica garantizar derechos básicos y protección social para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. No obstante, esta élite política y económica perpetúa un sistema neoliberal que beneficia a unos pocos privilegiados mientras deja atrás a quienes más necesitan ayuda. Esto ha resultado en una población cada vez más desilusionada, sumida en la desesperanza y la desconfianza hacia un sistema político que ha fallado en representar sus intereses.
La democracia debería ser el sistema que represente la voluntad del pueblo, asegurando la participación equitativa de todos los sectores en las decisiones políticas. Pero, en la práctica, enfrentamos una partidocracia dominante que, mediante prácticas clientelistas y corruptas, mantiene su poder y ha dejado al pueblo con una sensación de impotencia ante la corrupción, el desempleo y la pérdida de calidad de vida.
En este contexto, es crucial reflexionar sobre la brecha entre lo que establece nuestra Constitución y la realidad política actual. La corrupción y el endeudamiento excesivo reflejan la ineficacia y el cinismo de la clase política, que ha abandonado la promesa constitucional de velar por el interés general y trabajar por el bienestar común. Estos problemas no solo están presentes en el gobierno actual, sino que también han sido perpetuados por los partidos tradicionales que han gobernado previamente, creando un ciclo de saqueo, perversión y despojo.
Ante esta situación desoladora, la población debe plantearse seriamente su rol en las próximas elecciones. La corrupción sistémica y la manipulación política exigen cautela a la hora de votar. En estas circunstancias, una respuesta legítima puede ser abstenerse de votar o votar nulo, enviando un mensaje claro de repudio hacia la clase política dominante. En última instancia, si votar es considerado esencial, es imperativo elegir con sumo cuidado, optando por partidos políticos que no representen un pasado y presente de robo, saqueo, corrupción y endeudamiento.
Es vital que la mayoría de la población reconozca la opresión que enfrenta, uniéndose para desafiar a la clase política que traiciona los principios constitucionales. Debemos recordarles su responsabilidad de servir al pueblo y no solo a sus propios intereses, instándolos a abandonar sus agendas particulares en favor de un proyecto nacional basado en la equidad y la justicia.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que el pueblo dominicano tiene un papel crucial en este proceso: alzar su voz contra las injusticias y luchar por un sistema político más justo y transparente. Es hora de enfrentarse a este sistema inmoral e injusto, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso con los valores democráticos y sociales.
Con valentía, determinación y fe en un cambio posible, podemos construir juntos una nación donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos, donde la democracia represente genuinamente la voluntad popular y donde el bienestar común sea el pilar de un futuro más brillante para las generaciones venideras.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Cuando la Corte Penal Internacional ya haya despachado la orden de detención de conformidad con el artículo 58 del Estatuto, pero no cuente con la documentación requerida para fundamentar la solicitud a un Estado para la detención y entrega, los artículos 58 y 59 le permiten a la Corte solicitar al Estado la detención provisional de la persona sujeto de la orden. Tal solicitud para una detención provisional podrá ser utilizada solo en casos de urgencia.
Cabe destacar que la solicitud de detención provisional deberá ser por escrito, pero podrá comunicarse por cualquier medio capaz de dejar constancia escrita, como el correo electrónico. Estos requisitos para la solicitud están enumerados en el artículo 91 del Estatuto de la CPI. En ese orden los Estados están obligados a ejecutar la solicitud inmediatamente.
Si la información requerida para fundamentar la orden de arresto y entrega no esta disponible para el Estado en cierto periodo de tiempo se establecerá en las Reglas de Procedimientos y Prueba. Sin embargo una vez que los documentos estén disponibles, los Estados deberán inmediatamente arrestar de nuevo a la persona.
Procede señalar, que si la persona podrá voluntariamente consentir su entrega a la Corte aun si el Estado no recibe la información que fundamente su detención, siempre que esto sea permitido por el derecho interno del Estado requerido. En tal caso de que esté pendiente una decisión sobre la admisibilidad del caso bajo el artículo 19, cuando una orden de detención ya se haya emitido.
En el marco de las obligaciones los Estados Partes deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias en respuesta a las solicitudes de la CPI para la ejecución de órdenes de detención, inclusive las órdenes de detención provisional. Esta obligación es también aplicable a las órdenes despachadas posteriormente para una persona liberada bajo el artículo 92 del Estatuto de Roma debido a que la documentación requerida no fue recibida al momento de la detención provisional.
Si la Corte Penal Internacional así lo solicita, los Estados Partes deberán informar sobre cualquier requisito especial bajo el derecho interno sobre los contenidos de la solicitud de detención y de entrega de la persona.
Todos los oficiales y autoridades de los Estados que tengan contacto con la persona detenida, deberán presumir su inocencia hasta que no se le demuestre su culpabilidad ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con el derecho aplicable.
Si una persona ha sido detenida provisionalmente y el tiempo límite para recibir la documentación que la fundamente no ha expirado aún; la persona sujeto de la orden de detención provisional voluntariamente consciente su entrega a la Corte y esto se permite bajo el derecho interno del Estado requerido; entonces el Estado deberá proceder con la entrega de la persona a la Corte lo más pronto posible.
Cuando se solicite, los Estados deberán asistir al Fiscal de la Corte Penal Internacional en la prevención de que ciertas personas evadan la justicia, cuando esté pendiente la decisión de admisibilidad del caso bajo el artículo 19 del Estatuto de Roma, cuando ya se emitió una orden de detención.
Finalmente, los Estados deberán tomar las medidas cautelares con el propósito de decomisar, cuando se solicite, luego del despacho de una orden de detención o comparecencia de la persona.
Por José Cabral
La crisis de valores que impacta fuertemente a la sociedad dominicana no ha dejado espacios para amigos sinceros y lo peor de todo es que ésta se ha llevado de paro la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad.
Conozco y he tratado con mucha deferencia a José Guillermo, porque aparte de su sinceridad y amigo inigualable era un excelente profesional de la radio que todo santiaguero se sentía orgulloso de sus dotes y manejo excelente de la palabra hablada.
Recuerdo los días en que fuimos parte, ya unos años después, del equipo de softbol de la Asociación de Cronistas Deportivos y también de la asociación de locutores de Santiago.
No puedo olvidar lo bien que la pasamos cuando fuimos en reiteradas ocasiones a intercambios de este deporte con algunos equipos de Ponce, Puerto Rico, la cual tiene particularidades muy parecidas a Santiago, nuestra ciudad amada.
Todos estos recuerdos inolvidables llevan ahora a tener que escuchar, porque hace muchos años que no lo veo físicamente, la paraplejía que lo aqueja luego de sufrir una caída en una cabaña que tiene en Jarabacoa.
José Guillermo es un ser extraordinario que nunca lo he visto ofender a nadie, cuyo nivel de tolerancia y de comprensión tal vez sea difícil encontrarlas en estos tiempos.
Sin embargo, José Guillermo ha sido bendecido por tener una familia que lo ama y que siempre estará a su lado, principalmente su hija Pamela, quien han mostrado un amor inigualable por su padre.
A Pamela la conocí desde pequeñita e incluso en algún momento tuve el privilegio de cargarla, lo cual me hace sentir orgulloso, no necesariamente por su proyección pública, sino por el amor que profesa hacia su progenitor.
De José Guillermo recuerdo aquellos momentos en que laborábamos en el Noticiero Mundo Noticias, donde el hacia la voz noticiosa conjuntamente Jaime Thomas, entre cuyos directores estuvo el periodista Huchi Lora, así como otros profesionales del periodismo.
Traigo este episodio a colación porque en el año 1978, en pleno apogeo del Gobierno de Joaquín Balaguer, sufrimos las consecuencias de ser jóvenes profesionales con una total entrega a los mejores intereses del país, con una gran vocación de servicio,
José Guillermo fue quien me recogió en el 1978 luego de la derrota de Balaguer en la cárcel pública San Luis, localizada en la calle del mismo nombre, tras permanecer recluido en ella por algunos meses por una acusación de un hecho que no cometí.
Pero fue José Guillermo quien logró que el procurador fiscal de entonces, Lorenzo Rodríguez, firmara la orden de libertad porque después de ordenarse ésta mediante un recurso de habeas corpus conocido por la entonces jueza Semírame Olivo de Pichardo todo el mundo se desapareció y sólo quedaron en el escenario Negro Veras, el general Guaro Estrella, padre de Eduardo Estrella, y el amigo entrañable hoy afectado de una dolencia que le arruina la vida a cualquiera.
Luego de esos hechos mi reencuentro con José Guillermo Sued fue en los años 90 cuando el amigo José Francisco Hernández fue escogido como candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch y en cuyo proyecto también estaban Julián Serulle, Miguel Vega y el cirujano y gran ser humano Higinio López.
José sé que el destino nos tiene reservada nuestra suerte, pero tu recuperación tiene que ser una recompensa a tu bondad y extraordinario ser humano que siempre ha sido.
Que Dios te bendiga siempre