Opinión
Dos visiones enfrentadas en diálogos por paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
La prolongada guerra civil colombiana tiene sus causas en el violento y cruel régimen de dominación, explotación y exclusión social, económica, política, cultural…formado a lo largo de su historia, y muy especialmente en los últimos 60 años.
Es un producto del modelo agrario, el latifundio, la dependencia, las aberraciones de un capitalismo constantemente recolonizado, el sistema de represión y terror político bajo auspicio de los EEUU y sus doctrinas militares, la negación de democracia real, la cultura violenta despótica desplegada por la clase dominante-gobernante durante seis décadas, la impronta depredadora y empobrecedora del neoliberalismo a lo largo de los últimos 20 años y la intervención creciente de unidades militares especializadas y bases de operaciones estadounidense e israelí en territorio colombiano, tutelando una guerra de baja y mediana intensidad contra las fuerzas insurgentes y la población descontenta.
Esto se ha traducido en hambre, desigualdades escandalosas, profundas injusticias sociales y de todo tipo, abuso de poder, torturas, para-militarismo (perversamente aupado y sostenido desde el Estado), narco-militarismo y narco-política, asesinatos a granel (incluidos los ejecutados con motosierras, los llamados “falsos positivos”, las grandes fosas comunes encubiertas o cementerios clandestinos), crueles y masivos despojos, desplazamientos masivos forzados, restricciones a la libertades, delincuencia de Estado y corrupción del sistema tradicional de partidos…
La insurgencia armada y la rebeldía social y política no armada han sido una respuesta político-social a esa cruel realidad, a esa guerra sucia integral; guerra de Estado, de la clase dominante, del poder imperialista y las mafias asociadas a esas fuerzas.
- EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN Y USO DE LAS ARMAS.
Las armas en poder de los/as revolucionarios/as civiles de las FARC-EP y del ELN, no es la causa de esa guerra, sino la respuesta obligada a la violencia social, económica, cultural, política, militar y paramilitar impuesta desde arriba; usada sistemáticamente como factor de sometimiento, opresión y represalias.
Las armas pueden poseerse sin usarse, pueden ser necesarias o innecesarias, pueden usarse y dejar de usarse, según las circunstancias. No necesariamente deben entregarse en el curso de las luchas populares, menos cuando son garantías de muchas cosas justas, incluyendo de los diálogos en busca de paz.
Los/as primeros/as en poseerlas y usarlas no fueron los/as integrantes de las fuerzas insurgentes y revolucionarias colombianas, aunque han sido los primeros en proponer un cese al fuego para crear un clima adecuado en esta segunda fase de los diálogos de paz inaugurados en Oslo-Noruega el 18 de octubre del 2012.
- AGENDA COMÚN E INTENCIONES DEVELADAS.
El comandante Iván Márquez -a quien conozco, aprecio y admiro- hablando a nombre de la delegación de las FARC-EP en ese acto inaugural, procuró en sentido general, en forma elegante y profunda ir a la médula del problema, a las causas profundas del conflicto armado, a la identificación de la guerra con las injusticias e inequidades, al modelo agrario, al modelo minero, a la dependencia y la intervención extranjera, al tipo de sociedad, al sistema político excluyente… a la necesidad del cambio profundo e integral. Y lo hizo a tono con la agenda preliminar aprobada por las partes.
El representante del gobierno y del poder establecido en Colombia, el ex-vicepresidente Humberto De la Calle, repostó diciendo que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden una vez acabe el conflicto y tendrán que hacerlo sin armas”.
Pero resulta que la agenda aprobada contempla la cuestión agraria, la participación política, el narcotráfico, la situación de las víctimas, y el fin del conflicto; en ese orden y sin que en ninguna parte consigne la entrega previa y unilateral de armas por las FARC-EP.
Al señor De la Calle -personero con escasas experiencias en el andar por calles marginales- sin querer-queriendo le salió de sus entrañas las intenciones fundamentales de poderosos sectores del oficialismo pro-imperialistas en esos diálogos: cercar, presionar en grande a las Farc-EP, para que acceda a entregar unilateralmente sus armas; presentando al ejército popular construido por los/as guerrilleros/as durante décadas de sacrificios, como causa básica y cuasi única de la guerra y la violencia.
De la Calle puso temprana e imprudentemente en evidencia la pretensión gubernamental de obviar las raíces del conflicto armado, situando de nuevo las armas en manos de la insurgencia como causa, y no como consecuencia del mismo, y presionando en dirección a la rendición de las FARC; que equivale a su desarme, desmovilización y “legalización”, dejando el sistema y sus modelos sectoriales intactos o con limitadas reformas y cambios domésticos.
- POR UN TRATAMIENTO ESPECIAL AL TEMA DE LAS ARMAS.
El representante del presidente Manuel Santos, cuyo gobierno está montado sobre una crisis sistémica integral y embestido por un ascendente movimiento político-social (armado y no armado), ignoró que ahora más que nunca en Colombia la palabra paz significa justicia; los acuerdos entre las partes implican cambios sustanciales, y la cuestión de las armas exige un tratamiento totalmente diferente al tradicional.
Y eso es válido para la FARC-EP y el ELN y para el oprobioso régimen colombiano
Nadie debe creer tan tonta la guerrilla más antigua, experimentada y heroica de la historia universal moderna –y confieso que para mí sería una desconcertante y desagradable sorpresa un yerro de esa magnitud- como para repetir los costosos errores del M-19 a raíz de su desmovilización y deposición de las armas, de los acuerdos que dieron lugar a la vida legal-electoral de la Unión Patriótica, de los acuerdos pactados en Guatemala, e incluso de lo acontecido en ese plano -aunque con consecuencias no tan graves- en El Salvador.
- RECORDANDO A MARULANDA
No olvidaré jamás lo que me dijera el camarada Manuel Marulanda en el curso de una larga e íntima conversación cuando visité Colombia a raíz de los diálogos de paz del Caguán, dándome plena seguridad de que los dirigentes de las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios durante más de cuatro décadas, insistiéndome que se trataba de un patrimonio del pueblo en lucha y de la revolución pendiente, que debía ser parte y garantía de los cambios a emprender, aun en el marco de cualquier acuerdo hacia una etapa de paz y transición democrática.
Tengo confianza en que la nueva y talentosa conducción de esa fuerza insurgente seguirá siendo leal a esa concepción medular expuesta por su líder legendario, que además de defender acertadamente lo acumulado desde el esfuerzo revolucionario colectivo, persigue rechazar categóricamente la idea del desarme unilateral y del monopolio de lo militar en favor de las derechas y del bloque dominante.
El fin del actual conflicto armado en Colombia es el último punto a abordar en la agenda acordada. Su inclusión de esa manera indica que un tratamiento adecuado del mismo dependerá de los éxitos alcanzados en los puntos previos y que de ninguna manera el final del conflicto armado estará inexorablemente amarrado a la entrega de las armas por ninguna de las dos partes, aunque sí, por definición de paz, a la cesación del uso de las mismas y, en consecuencia, de los combates armados.
Soy de los piensan que en ese caso una paz con garantías duraderas, sin graves riesgos de ominosos desequilibrios y violaciones tempranas, no se logra disolviendo los ejércitos populares conformados, sino procurando formas originales de coexistencia de los mismos en el proceso de transición democrática y de creación de la nueva institucionalidad.
La FARC y el ELN son organizaciones político-militares con amplia presencia nacional. Lo militar, lo político y lo social combinado en ellas son la garantía de su existencia y su potencia duradera, del cumplimento de la agenda de cambios nacionales y de la defensa y el ascenso de los movimientos democráticos, patrióticos y revolucionarios civiles. Si se desarman unilateralmente, estarían lamentablemente decretando su exterminio progresivo y el retroceso de lo que pueda lograrse en los diálogos de paz. Ese es un dato muy fuerte de la historia colombiana y de esta fase altamente peligrosa a consecuencia de la decadencia y la agresividad del imperialismo estadounidense.
La paz nunca ha sido sinónimo obligado de desarme de una de las partes; sí de justicia, libertad, bienestar colectivo, cese de los combates armados y garantía plena de ejecución de lo acordado con amplia participación y vigilancia popular. Y esta, menos aún, podría ser la excepción
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 7 del Estatuto de Roma también tipifica como crimen la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el referido párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional.
El acto de persecución se define como ¨la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad¨.
Un grupo o colectividad puede verse potencialmente privado de diversos derechos fundamentales como consecuencia de daños ambientales, la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud física y mental, el derecho a un suministro adecuado de alimentos y agua, entre otros derechos fundamentales.
Reviste especial importancia adoptar un enfoque interseccionales en materia de persecución en el contexto ambiental, pues pueda que se cometa un acto de persecución por medio de daños ambientales o que resulte en dichos daños por razones múltiples o interseccionales, entre ellas razones de género, políticas , raciales, étnicas, culturales, religiosas o de otro tipo que se consideran universalmente inadmisibles de conformidad con el derecho internacional.
A diferencia de otros crímenes de lesa humanidad, la persecución exige algún tipo de prueba de intención de discriminación. El autor hace daño a la víctima porque considera que pertenece a un determinado grupo o colectividad.
La intención puede inferirse del comportamiento general del autor, asi como de las circunstancias en las que se cometió el crimen. En ese sentido verter productos químicos tóxicos en un río del que dependía un determinado Pueblo Indígena para obtener alimentos y agua no constituirá un crimen de lesa humanidad consistente en persecución.
Sin embargo, el acto de contaminación señalado anteriormente constituye persecución si el autor hubiera optado por contaminar ese río concreto con intención de privar a ese Pueblo Indígena en particular de sus derechos fundamentales.
Cabe destacar que el artículo 7, párrafo 1 K) del Estatuto de Roma tipifica como crímenes otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
En vista del lugar central que ocupa el medio ambiente en la vida social, cultural, religiosa y espiritual de muchas personas, en particular de los miembros de Pueblos Indígenas, los daños ambientales, la explotación ilegal de de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras pueden a menudo ser fuente de gran sufrimiento físico o mental, incluso cuando no constituyen uno de los demás crímenes de lesa humanidad enumerados en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Finalmente, mientras el causante del sufrimiento fuera consciente de que en el curso normal de los acontecimientos tendría lugar ese daño, tales actos podrían calificarse de crímenes de lesa humanidad o actos inhumanos de otro tipo.
Ni autoelogio oficial ni amnesia opositora
Por Isaías Ramos
Esta Semana Santa encuentra al país en medio de una incertidumbre internacional real y de una incertidumbre interna todavía más vieja: la de una clase política que, cuando el pueblo necesita verdad, vuelve a ofrecer relato. Luis Abinader habló de cambiar la “cultura de corrupción” por una de transparencia. Leonel Fernández dijo que los precios venían subiendo por la ineficiencia del PRM. Danilo Medina exigió un plan frente a la crisis derivada de la guerra con Irán y reclamó austeridad porque al pueblo no se le puede pedir todo el sacrificio mientras el Gobierno no se sacrifica en nada.
Los tres quieren ocupar la tribuna moral del momento. Pero, vistos con serenidad, los tres revelan el mismo problema: el oficialismo quiere absolverse y la oposición tradicional quiere amnistiarse.
Uno habla de transparencia desde el poder. Los otros hablan de crisis como si no hubieran dejado, durante años, buena parte del endeudamiento, del privilegio y de la fragilidad estructural que hoy vuelve tan vulnerable a la República Dominicana. No estamos viendo una disputa entre verdad y mentira. Estamos viendo, demasiadas veces, una competencia entre autoelogio y amnesia. Y el pueblo ya no debería seguir dejándose encerrar en esa falsa alternativa.
Por eso hay que decirlo sin rodeos: la corrupción no se apaga con palabras. No se derrota con congresos partidarios sobre ética. No se derrota con discursos de transparencia. No se derrota con opositores que descubren el dolor popular solo cuando no gobiernan.
La corrupción empieza a retroceder cuando un país instala educación, concientización y disciplina, de manera coherente, persistente y consistente; y, por último, consecuencias reales para quien viola la ley y el orden. Sin esa secuencia, todo discurso moral corre el riesgo de convertirse en propaganda. Y cuando la mora judicial en casos de presunta corrupción supera el 80%, la prédica ética sin consecuencia se parece demasiado a una cultura de favoritos protegidos y de impunidad administrada.
La verdad completa empieza por las finanzas públicas. Según el Presupuesto Consolidado del SPNF 2026, la Administración Central proyecta RD$1,342,258.2 millones en ingresos, RD$324,257.1 millones en intereses de la deuda y RD$121,192.6 millones en aplicaciones financieras. Traducido al lenguaje del ciudadano: entre 32.8 y 33.2 pesos de cada 100 que ingresan al Estado ya están comprometidos por intereses y amortización/aplicaciones de deuda. Esa no es una opinión. Es una señal de alarma fiscal. Y esa carga no cayó del cielo.
Es el resultado acumulado de años de endeudamiento bajo las administraciones de las mismas fuerzas políticas que hoy se disputan el relato nacional, sin haber explicado con el debido detalle y con la debida seriedad en qué se invirtió cada peso tomado a nombre del pueblo dominicano, qué problema resolvió y qué resultado concreto dejó para el país.
Con una carga así, la austeridad que demandan las circunstancias no debe empezar por el bolsillo exhausto del ciudadano común. Debe empezar por el privilegio enquistado del poder: gasto público innecesario, subsidios no auditables, gastos tributarios injustificados, recursos blindados a partidos, salarios estatales desproporcionados y rentas protegidas por décadas de un Estado complaciente. Solo después de esa cirugía arriba puede pedírsele al país un sacrificio adicional con autoridad moral. Lo contrario no es disciplina: es crueldad administrativa.
Y hay una coincidencia todavía más grave entre oficialismo y oposición tradicional: cuando se trató de cerrar el sistema político para protegerse entre sí, convergieron. La Constitución reconoce, en su artículo 22, el derecho de ciudadanía a elegir y ser elegible. Sin embargo, tras la sentencia TC/0788/24, el Congreso no reguló las candidaturas independientes: optó por suprimirlas. Diario Libre reportó que legisladores del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRSC y otras fuerzas se pusieron inusualmente de acuerdo para aprobar esa eliminación. Ahí no hubo rivalidad real. Hubo defensa corporativa del sistema cerrado.
Eso debe entenderlo bien el pueblo dominicano. No se trata solo de una discusión técnica. Se trata de si el ciudadano conserva o pierde espacios reales para competir fuera del oligopolio partidario. Se trata de si las grandes maquinarias pueden seguir repartiéndose la cancha mientras le dicen al país que su libertad política consiste en escoger siempre entre los mismos administradores del mismo sistema. Esa es la lógica que el pueblo ya no debería aceptar: el viejo libreto del dominicano súbdito. Pedagogía moral para abajo, comodidad política para arriba; sacrificio para el ciudadano, excepción para el privilegiado; deber para el pueblo, impunidad para el poder.
Esta Semana Santa debería servir para discernir el bien del mal en la vida pública. El bien no está en el gobernante que se felicita mientras preserva demasiadas excepciones. El bien no está en el opositor que denuncia el presente como si no hubiese pasado años incubando parte de lo que ahora critica. El bien político, en esta hora, está en algo mucho más exigente: verdad fiscal, austeridad arriba, protección de los más vulnerables, defensa de la Constitución y un régimen de consecuencias real.
La República Dominicana sí puede soportar tiempos duros. Lo que ya no debería seguir soportando es la incoherencia de quienes le piden deber mientras administran privilegio, opacidad e impunidad selectiva. Si de verdad vienen sacrificios, el primer recorte debe hacerse arriba. Y la primera disciplina debe imponerse al poder.
Solo entonces el esfuerzo nacional dejará de parecer abuso
y podrá empezar a parecerse a un pacto republicano.
Por Oscar López Reyes
Con sus resabios personales en la creencia de ser el rey de la selva, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha roto el pecho de la humanidad, a la que mantiene en ascuas y causándole una dolencia inconmensurable. Perpetra una hecatombe en el salvajismo a guisa de la confrontación con las supremas instancias institucionales de su país y de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido. ¡Caray …!
Detrás del apoderamiento geoestratégico del Golfo Pérsico, que concentra el más gigantesco volumen de petróleo y gas del globo terráqueo, y el control del estrecho de Ormuz, Estados Unidos está apelando a su corpulencia convencional y tecnológica, desestabilizando, como un tobogán, la economía, los ecosistemas y la salud humana universal.
Las tormentas de fuego son parecidas a un Armagedón y cumplen una profecía bíblica. En el empeño imperialista/hegemónico de la superpotencia de Norteamérica y expansionista territorial del sionismo de Israel, se han intensificado los bombardeos aéreos en Irán y el Golfo Pérsico, destrozado edificios, hospitales, escuelas, cuarteles y bases castrenses, centrales nucleares y otras infraestructuras militares, industriales y urbanísticas.
El saldo ha sido de miles de muertos y heridos, hambrunas y desplazamientos poblacionales, que tiemblan en el ensordecedor zumbido de las cargas explosivas. Aunque cuentan con armas nucleares, Estados Unidos e Israel también matan persiguiendo detener el proyecto de bombas atómicas emprendido por Irán.
Por esta conflagración bélica ha sido apretado el botón de pánico energético, acelerado la volatilidad económico-financiera internacional -con la consiguiente avalancha inflacionaria-, los daños medioambientales y el estrés postraumático crónico, cocidos por el mal olor cadavérico, el calor de los escombros en llamas y la diseminación en la atmósfera de fardos de pólvoras y sustancias nocivas.
En anclas parecidas, el influyente humorista gráfico de diarios de España Antonio Fraguas de Pablo (Forges, 1942-2018) tiró un alarido expresivo: “No hay guerras justas y guerras injustas: solo hay malditas guerras”, apropiado para ser repetido en esta época.
¡Oh guerras! De veras, estas han sido gestadas por desarmonías espirituales individuales, el ensanchamiento de negocios en la codicia económica, las rivalidades por apoderarse de recursos naturales, franjas fronterizas y por geoestrategias en la desconfianza, las demandas de seguridad ante amenazas y los fracasos diplomáticos.
En la escalada guerrera de Estados Unidos e Israel contra Irán (iniciada el 28-2-2026), el primer complejo militar fabricante y exportador de armas está de pláceme, cual festines carnívoros de perros y gatos, alacranes y buitres, y ratas y leones. Los cielos, mares y tierras retumban saturados de drones suicidas y sistemas anti-drones, misiles balísticos de largo alcance y aviones bombarderos ultramodernos, con toques de sirenas para huir despavoridamente hacia los refugios.
En este escenario de acometidas, el presidente Donald Trump (Taco) y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Bibi) traen a la memoria las atrocidades del nazi autoritario de Alemania Adolfo Hitler, por aquello de “El veneno de la sangre”, y la crueldad.
Y, en ese hábitat, han detonado esos dos osados que, con vértebras que flechan lutos, se engullen un elefante africano sin obedecer las normas jurídicas, éticas y de salubridad; sin arrojar gases del estómago ni dar señales de sonrojo. La catástrofe de Trump desde la Casa Blanca y Netanyahu desde Beit HaNassi (Casa del Presidente), convoca a glosar las odas del poeta español Vicente Aleixandre (1898-1984), ganador del Premio Nobel de Literatura en 1977:
“…Suena en las calles /Todas las casas gritan/… y de esa ventana rota sale un grito de muerte/Seguís. De ese hueco sin puerta/sale una sangre y grita/ Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados/gritan. Son niños que murieron/Por la ciudad gritando/…un río pasa: un río clamoroso de dolor que no acaba/No lo miréis: sentido/Pequeños corazones, pechos difuntos, caritas destrozadas/”.
Incontestablemente, la guerra del 2026 está engordando el mercantilismo de las herramientas de muerte, en el batir de récords de ventas de las compañías armamentistas enclavadas en una nación que pregona defender la vida y los derechos humanos. El Pentágono está pidiendo cuadruplicar la producción de esos artefactos para reponer los arsenales y sustentar los enfrentamientos, en tanto que Lockheed Martin, RTX (Raytheon), Northrop Grumman, General Dynamics y Boeing han suscrito contratos sin precedentes, con encapié en la tecnología aeroespacial, como los misiles de precisión.
La carrera belicista se acrecienta colosalmente, sin contención de naciones capitalistas ni socialistas. En 2025, el gasto militar mundial ascendió a unos 2,63 billones de dólares, que equivale a un incremento del 2,5%, comparado con el año anterior. Ese presupuesto está liderado por Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, India, Arabia Saudita, Japón, Ucrania, Francia, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte.
A riendas sueltas, las superpotencias acumulan un arsenal nuclear que cifra 9,745 ojivas, conforme con el último monitoreo de la Prohibición de Armas Nucleares. Ellas son un riesgo a gran escala por su utilización ante una situación de presión, un error de cálculo o un accidente, con lo cual serían aniquiladas más de 5 mil millones de personas, especies animales y vegetales. Ese cataclismo radioactivo destruiría la civilización humana.
En contraste con la prosperidad en la venta de armas de fuego, se disparan los precios del petróleo y el gas, los mercados financieros sobrellevan una recia perturbación, particularmente con la caída de las cotizaciones bursátiles, y los ciudadanos estadounidenses se ven compelidos a pagar un costo calculado en más de 890 millones de dólares diarios.
Esa tirantez marcial causa estragos financieros, y revive la teoría de los conflictos sociales y políticos, expuesta por el filósofo y revolucionario alemán Carlos Marx (1818-1883) en su obra «Contribución a la crítica de la economía política» (1859), cuando aún no proliferaban instalaciones atómicas.
El fundador del socialismo científico postula que los conflictos sociopolíticos no son casuales, sino que nacen de la infraestructura económica (relaciones de producción) que, a su vez, cimienta y levanta la superestructura jurídica y política. Plantea que, por la pugna en torno a recursos limitados, la sociedad está inmersa en una discrepancia perpetua (pobreza, discriminación, violencia doméstica, guerras y revoluciones), y que el orden social se sustenta en la dominación y el poder, y no en el consenso y la conformidad.
En esa coordenada, opinamos, el armamentismo alimenta el planteamiento marxista-leninista de que la lucha armada encarna el medio esencial para conquistar y mantener el poder político. La anterior premisa de Carlos Marx se complementa con la famosa frase acuñada, el 7 de agosto de 1927 y reafirmada en 1938, por el líder de la revolución (1949) y presidente de la República Popular China (1949-1976), Mao Tse Tung: «El poder político nace del cañón de un arma», o sea, «del fusil».
La inversión monetaria para la defensa y para neutralizar capacidades militares luce que seguirá en marcha, para que por calles y avenidas veamos transitar, lentamente, más carros fúnebres con seres humanos devorados, sin bombas y con flores; más guirnaldas sin arder en mañanas, tardes ni noches de hogueras, pero sin pólvora, y llevados hasta cementerios, sin fuego ni sangre y dejados en tumbas frías.
En su cancionero y romancero de ausencias, el poeta y dramaturgo Miguel Hernández (1910-1942), comprometido con la Guerra Civil Española, esparció su lírica contra las hostilidades en la hoguera: “Tristes guerras/si no es amor la empresa/Tristes, tristes/Tristes armas/si no son las palabras/Tristes, tristes/Tristes hombres/si no mueren de amores/Tristes, tristes”.
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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