Opinión
Retroceso en mini-revolución LGBTIQ+
(cuarta parte)
Por Oscar López Reyes
La mundología de la comunidad LGBTIQ+ ha estado de pláceme desde principio del siglo XXI, por su visibilidad y aceptación social -con más amplitud en las audiencias infantiles y juveniles- en una especie de mini-revolución gai (en español) que, en el remolino de su entusiasmado afán por la igualdad de derecho, entre el 2017 y 2025 ha girado en retroceso, con un saldo luctuoso en 16 años (2008-2024): más de 5 mil han sido ejecutados por rabias pasionales, homofobias y por gobiernos que criminalizan su actividad con prisión perpetua y pena de muerte.
Inauditamente, el movimiento transgénero, financiado por gigantescas corporaciones transnacionales y organismos internacionales, se ha focalizado en los niños, a los que procuran hipersexualizar a temprana edad y conculcarles la idea de que son dueños de la opción de ellos decidir, sin consultar absolutamente a nadie, si quieren ser hombres o mujeres.
El proyecto consiste en reclutar a niños con estímulos eróticos o excitación sexual, utilizando personajes de la comunidad LGBTIQ+ en dibujos animados o muñequitos (caricaturas), con el alegado señalamiento de educarlos en la tolerancia de la diversidad sexual. Empero se persigue, per sé, descubrir su tendencia e incentivar su conducción hacia esa hoguera con llamaradas casi inextinguibles y lagrimeos retorcidos en el crujir de dientes, cuya salida se complica, en extremo.
¿Ha visto usted a la princesa enamorada de una vampiresa, el beso afeminado o la unión conyugal entre Rubí y Zafiro? ¿Perversión, sí o no? ¿Acaso destila odio el que opina o discrepa sobre estas desafortunadas construcciones sociales, como el matrimonio igualitario? ¿Con purpurina, inciden o no las asociaciones de psicoanalítica y psiquiatras gais estadounidenses en la visualización de esta temática?
Como nunca antes, miles de homosexuales están saliendo del armario. Encuestas y estudios demográficos revelan que entre el 1.6% y el 3.5% de la población global confiesa esa preferencia, y en Estados Unidos – conforme a una investigación de la firma norteamericana Gallup- en el 2025 la cifra subió a 9.3%. Este porcentaje de declaratoria pública y perceptibilidad casi se triplica en 11 años: en el 2012 fue de 3.5% y en el 2023 aumentó a 7.6%, marcando un hito en la demografía de la orientación sexual.
Mayoritariamente, niños y adolescentes están siendo emponzoñados por un brote, similar a una enfermedad contagiosa, o como una creciente y empujada moda entre integrantes de las generaciones Millennials (los nacidos 1981-1996, período del advenimiento de internet, redes sociales y globalización), Z (1997-2012, nativos digitales) y Alfa (2013-2026, llegados a la vida en el inicio de la Inteligencia Artificial).
Incontestablemente, criaturas y adolescentes son inducidos al referido linaje por los cambios epigenéticos, la pornografía en línea, la emulación de actrices, estrellas del pop, influencers y amistades que se identifican como bisexuales, lesbianas o queer. Y esa influencia hasta se extiende a la política: miembros y simpatizantes del Partido Demócrata acumulan el 14% del colectivo gai, los independientes el 11% y los del Partido Republicano de Donald Trump el 3%.
Una porción de homosexuales ha sacado la cabeza del armario, se está imponiendo el sustantivo masculino que privilegian: “gay”; logran la adhesión de agrupaciones de izquierda y progresistas en sus jornadas por el respeto a sus derechos civiles; se fabrican productos para esa comunidad y en 39 países ha sido aprobado el matrimonio hombre/hombre y mujer/mujer, sin reparar que China y Japón están teniendo déficits de productividad por la baja presencia femenina.
En la mira del reconocimiento, con sus obras han impactado en el desarrollo educativo y el progreso socio-económico filósofos, astrofísicos, políticos, escritores, inventores, matemáticos y otros científicos abanderados del símbolo del arcoíris, que realzan en las páginas de la historia universal. Han sido constructivos en la gratificación social.
En otras barandas pululan concordantes de su inclinación sexual que son presuntuosos, vengativos, ruidosos y exhibicionistas con acomodos de sonrisas momentáneas, que desembuchan inmundicias en el terreno fértil de la internet y las redes sociales, los Talks Shows radiotelevisivos, la telefonía móvil, el turismo y la emigración. Son dañinos.
La mini-revolución gai está en pañales y divide a la sociedad universal, porque en 12 naciones les aplican la pena de muerte, y en 60 impera la prisión a los que practican la relación íntima del mismo sexo, que está prohibida en leyes y constituciones, para frenar la “sodomía”, la “indecencia” y la conspiración contra los valores familiares tradicionales y religiosos.
La ruta contra la discriminación laboral y en los espacios públicos, la despatologización, su reconocimiento legal y por la diversidad sexual pierde apoyo, empedrada por la pujanza de la herencia, la preservación de las costumbres y las normas éticas, así como por las referencias nocivas sobre su talante, dogmas y procederes.
El Informe Ipsos Pride Report 2025 (o Encuesta Global de Orgullo) señala, amparado en una investigación que abarcó a 19,028 adultos de entre 18 y 74 años residentes en 27 naciones, que entre el 2021 y el 2025 aumentó de 16% a 23% la oposición a las empresas o marcas que promueven activamente la igualdad entre personas de diferentes sexos.
A la par, hubo el hallazgo de que el 24% de los servidores internos de esas unidades productivas se opone a que las corporaciones implementen programas o políticas que respalden explícitamente a los empleados de la comunidad LGBTIQ+. En el 2021, el 74% estos estaban de acuerdo con que se casen parejas del mismo sexo, pero en el 2025 descendió a 69%. Sólo el 22% está a favor de que los atletas trans compitan según el género con el que se identifican en lugar del sexo que se les asignó al nacer.
En fin, el acrónimo LGBTIQ+ se masifica en la temporalidad, retumbando en los estribillos de la música, los podcasts, las películas, los atuendos que simbolizan su filiación; los calzados, accesorios, las joyas con sus significantes y el lenguaje oral sin escondidas de un orgullo incomprendido y controversial.
Y extreman, en la primacía de protestas con influencias intergeneracionales, contra la exclusión y el furor de la homofobia, la transfobia y la bifobia, provenientes de dispares litorales geográficos, especialmente de Oriente Medio, África, Asia y el Caribe, donde se rajan el pecho para resguardar sus valores ancestrales, como los principios éticos, los cimientos culturales, la armonía con la naturaleza, la convivencia familiar, la sagrada conexión espiritual, la solidaridad comunitaria para la cohesión social y contra la subversiva despersonalización.
Las acometidas contra los enclaves que trastocan la conciencia del ser humano destellan en castigos, como multas, prisión, flagelación, crucifixión, lapidación, terapia de “conversión”, tratamientos psiquiátricos forzosos, cadena perpetua y pena de muerte. Anticipadamente advierten la inobservancia de los códigos penales sobre delitos sexuales, como la pedofilia y la sodomía; la inmortalidad y los fundamentos religiosos históricamente enraizados en sus comarcas.
Parece que la irreversibilidad homosexual obliga. La decisión tomada apunta hacia una sola puerta, sin punto de retorno. Y se amplifica en virtud de que, por ahora, son hipotéticos y quiméricos los testimonios de que ciertas personas se han despojado de esa condición, porque no han sido acreditados ni certificados científicamente.
Tampoco se alberga la esperanza de que desaparezcan los “prejuicios” y “estereotipos” si los aludidos no modifican sus modales públicos y controlan su erotismo inmundo, que espontáneamente hacen soltar risas y otros bullying, o acoso y matonismo. Entretanto, roguemos por el cese, eso sí, del odio irracional -que procrea censurados tratos vejatorios y crueldades- contra miembros de ese segmento poblacional que, independientemente de sus desvaríos, ameritan atención respetuosa y digna.
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El autor: Expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.