Nacionales
Iniciativas legislativas de la JCE han sido muy cuestionadas durante gestión de Abinader.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) ha sido uno de los órganos del Estado más cuestionados por el sometimiento de algún proyecto de ley durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, pese a que han hecho uso también del privilegio el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, los senadores y los diputados.
De esos marcos jurídicos (dos de la Suprema y tres de la Junta), dos lograron ser ley, uno está en trámite y los dos restantes están estancados.
El órgano superior del Poder Judicial y la entidad extrapoder presentaron las piezas haciendo uso del derecho a iniciativa legislativa establecido en el artículo 96 de la Constitución.
El 12 de octubre de 2021, el pleno de la SCJ depositó en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, cuyo propósito es establecer los principios y lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el entorno judicial, sin afectar las normas procesales vigentes. Esta fue la primera vez que el alto tribunal utilizó su facultad de iniciativa de ley reconocida por la Carta Magna.
La pieza fue convertida en ley y promulgada en julio de 2022, con el número 339-22.
El marco jurídico permite la tramitación en línea para abogados y ciudadanos, realizar audiencias virtuales con excepción de la materia penal, uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y disposición al público del expediente electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial ha hecho posible.
La opción de los medios electrónicos para tramitar en el Poder Judicial amplía los canales de servicio, permite observar el funcionamiento de los tribunales y la trazabilidad desde la entrada de los expedientes hasta su entrega.
Cuatro años después de que el pleno judicial sometiera la propuesta de ley en el Congreso, introdujo otra pieza en el Senado para modificar los artículos 5, 12 y 14 de la ya Ley 339-22, que habilita y regula el uso de los medios digitales y procedimientos administrativos en el Poder Judicial. Esto fue el 28 de octubre de 2025, en la pasada legislatura.
Las cambios se centran en dos aspectos fundamentales: por un lado, consolidar la digitalización como regla general para todos los trámites judiciales, incorporando herramientas como la firma digital y un sistema georreferenciado que garantice la trazabilidad y seguridad de las diligencias; y, por otro, establecer un marco más claro para el uso de audiencias virtuales, permitiendo a las partes optar por esta modalidad y otorgando al juez la facultad de decidir en caso de desacuerdo.
El proyecto se encuentra en estudio en la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta y no hay informe sobre la pieza hasta el momento.
En abril de 2022, el pleno de la Junta Central Electoral sometió en el Senado y en la Cámara de Diputados dos proyectos legislativos de modificación de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y de la entonces Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, con la finalidad de corregir vacíos legales, fallas detectadas luego de las elecciones de 2020 y fortalecer el sistema electoral, mediante la modificación de artículos, exclusión e inclusión de textos.
De las dos piezas, solo prosperó la segunda, que fue aprobada y promulgada en febrero de 2023, con el número 20-23. El Congreso dio prioridad a esta legislación, entre otras razones, por la proximidad de los comicios (más operativa y urgente que la otra normativa).
La Cámara Alta designó una comisión especial, presidida por Ricardo de los Santos –hoy presidente del Senado-, la cual se centró en la actualización de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Aunque las normativas estaban en ambas cámaras, los diputados se enfocaron en el trabajo de los senadores.
La Ley 20-23 regula el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles; el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; así como el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de comicios.
El proyecto de modificación de la Ley 33-18 busca reorganizar los artículos sancionadores (modificaciones a los arts. 78, 79 y 81 y eliminación del 80); redefinir con claridad las infracciones administrativas de los partidos; diferenciar las faltas administrativas de delitos penales; establecer sanciones más proporcionales y aplicables. El marco de ley perimió la noche del 12 de enero de 2023 y desde entonces no ha sido reintroducido en el Senado.
En la Cámara Baja hay una versión sometida el 29 de octubre de 2025 por el diputado Elías Wessin (PQDC), presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral.
La tercera y más reciente iniciativa introducida al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral durante el gobierno del presidente Luis Abinader es “el proyecto de ley para asociaciones cívicas constituidas para la postulación de candidaturas independientes”.
La controversial pieza fue elaborada en consenso con los partidos políticos, pero perimió al cierre de la pasada legislatura sin que la comisión a cargo, presidida por Wessin, presentara en el hemiciclo el informe no favorable sobre la misma.
El pliego de ley fue una respuesta a la sentencia TC/0788/24, del Tribunal Constitucional (TC), que declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, que establecen requisitos para las candidaturas independientes.
El alto tribunal ordenó al Congreso una nueva redacción de los citados artículos, para permitir las candidaturas fuera de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a través de agrupaciones cívicas legalmente reconocidas.
La comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó en su informe que, para aplicar tales candidaturas en la República Dominicana, habría que modificar la Carta Magna.
Nacionales
Llegada de avión de carga desde El Salvador a República Dominicana genera interrogantes sobre posible envío de equipos a Haití
La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en medio del despliegue militar salvadoreño en Haití. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el contenido ni el destino final del cargamento.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Un avión de carga Boeing 747-400, operado por National Cargo y procedente de El Salvador, aterrizó durante la madrugada del miércoles 28 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en medio de las operaciones internacionales relacionadas con la crisis de seguridad que atraviesa Haití.
La llegada de la aeronave ha despertado interrogantes sobre la naturaleza de los equipos transportados, luego de que circularan versiones que vinculan el vuelo con el traslado de materiales militares destinados a reforzar las operaciones de seguridad en territorio haitiano.
Sin embargo, hasta el momento no se ha ofrecido una confirmación oficial sobre el contenido del cargamento ni sobre su posible traslado hacia el vecino país.
De acuerdo con las informaciones difundidas, el avión despegó del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y llegó a territorio dominicano aproximadamente a las 12:11 de la madrugada.
El vuelo fue identificado con el código NCR880 en plataformas de seguimiento de tráfico aéreo.
Versiones apuntan a posible transporte de equipos militares
Diversas publicaciones periodísticas y versiones difundidas en redes sociales señalan que la aeronave habría transportado equipos militares que posteriormente serían enviados a Haití.
Estas informaciones relacionan la operación con el apoyo logístico que República Dominicana ha ofrecido a El Salvador en el contexto de la crisis haitiana.
No obstante, las autoridades dominicanas y salvadoreñas no han presentado públicamente un inventario de la carga ni detalles que permitan establecer si la aeronave forma parte de una operación militar específica.
Tampoco se ha confirmado la cantidad de equipos transportados ni los mecanismos mediante los cuales serían movilizados hacia Haití.
El Salvador intensifica operaciones militares en Haití
La llegada del avión ocurre en un momento de creciente actividad militar salvadoreña en Haití, luego de la desaparición de cuatro integrantes de sus fuerzas armadas durante una emboscada atribuida a grupos criminales.
El incidente se produjo el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, una localidad situada en las proximidades de Puerto Príncipe.
Según las informaciones difundidas por agencias internacionales, los militares formaban parte de las operaciones de seguridad desarrolladas en Haití y se desplazaban en un vehículo blindado cuando fueron atacados por integrantes de bandas armadas.
El ataque provocó un incendio en el vehículo y los militares lograron abandonarlo, pero posteriormente se perdió contacto con ellos.
La situación motivó el despliegue de unidades especializadas salvadoreñas para participar en las operaciones de búsqueda y rescate.
República Dominicana participa en esfuerzos de cooperación
El Gobierno dominicano ha manifestado su disposición de colaborar con los esfuerzos internacionales destinados a enfrentar la crisis de seguridad haitiana.
En ese contexto, el presidente Luis Abinader ha sostenido conversaciones con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, sobre mecanismos de cooperación logística y de inteligencia relacionados con las operaciones de seguridad en Haití.
La posición geográfica de República Dominicana y su infraestructura aeroportuaria representan elementos relevantes para las operaciones logísticas internacionales vinculadas con el vecino país.
Sin embargo, la eventual utilización de instalaciones dominicanas para el tránsito de equipos militares debe distinguirse de cualquier participación directa de las Fuerzas Armadas dominicanas en operaciones dentro de Haití.
Hasta ahora, las informaciones disponibles sobre el vuelo procedente de El Salvador no permiten establecer oficialmente el alcance de su misión.
Persiste incertidumbre sobre el cargamento
La presencia del Boeing 747-400 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas coincide con el incremento de las operaciones de apoyo internacional dirigidas a enfrentar a las organizaciones criminales que mantienen bajo amenaza a numerosas comunidades haitianas.
La situación de seguridad en Haití continúa generando preocupación regional, particularmente por la capacidad de las bandas armadas para ejecutar ataques contra unidades de seguridad y obstaculizar las operaciones de asistencia.
Mientras tanto, permanece pendiente una explicación oficial sobre el contenido del avión llegado desde El Salvador y la posibilidad de que su cargamento esté relacionado con las operaciones militares desarrolladas en Haití.
La confirmación del tipo de equipos transportados, su destino final y la naturaleza de la operación dependerá de las informaciones que ofrezcan las autoridades competentes de República Dominicana y El Salvador.
Nacionales
Cámara de Diputados juramenta a Minerva Frías Ogando como sustituta de su padre Jorge Frías
La nueva legisladora del PRM representará a Santo Domingo Este y asumió el compromiso de continuar el legado político y social de su fallecido padre.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Cámara de Diputados escogió y juramentó este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como nueva integrante del Congreso Nacional, en sustitución de su padre, el fallecido diputado Jorge Frías, quien representaba al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio Santo Domingo Este.
La designación se produjo luego de que la dirección del partido oficialista remitiera formalmente la terna de candidatos para cubrir la vacante legislativa, conforme al procedimiento establecido en la Constitución dominicana.
La propuesta presentada por el PRM estuvo integrada por Minerva Klaudel Frías Ogando, Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez, cuyos nombres fueron sometidos a la consideración del pleno de la Cámara Baja.
La comunicación fue remitida por el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, y el secretario general de esa organización, Juan Garrigó Mejía.
Respaldo político a la nueva legisladora
Durante el proceso de escogencia, el vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, explicó que la organización política había colocado a Frías Ogando en el primer lugar de la terna con la intención de favorecer su elección para continuar la representación legislativa que ejercía su padre.
La propuesta también contó con el respaldo de representantes de partidos opositores, entre ellos David Báez y Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, así como Idenia Doñez, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria política del fallecido Jorge Frías, a quien recordó como un compañero de numerosas jornadas de lucha y un amigo cercano dentro de las filas del PRM.
Minerva Frías promete honrar el legado de su padre
Luego de recibir el respaldo del pleno, Minerva Klaudel Frías Ogando prestó juramento y recibió el distintivo que la acredita oficialmente como diputada de la República Dominicana.
En sus primeras palabras como congresista, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader, a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y a su familia por la confianza depositada en ella para asumir esta nueva responsabilidad.
La legisladora manifestó que su llegada al Congreso representa mucho más que ocupar una posición política, pues implica dar continuidad al compromiso de servicio que caracterizó la trayectoria de su padre.
Asimismo, aseguró que trabajará en favor de las comunidades de Santo Domingo Este, manteniendo una relación cercana con las bases de su organización política y con los ciudadanos de la demarcación que representa.
Designación pone fin a varias semanas de espera
La escogencia de Frías Ogando se produjo después de varias semanas durante las cuales permaneció vacante la curul del fallecido congresista.
En ese período, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había solicitado públicamente a la dirección del PRM agilizar la presentación de la terna correspondiente, ante la necesidad de completar la representación legislativa.
Con la juramentación de Minerva Klaudel Frías Ogando, la Cámara Baja cubre la vacante dejada por Jorge Frías, mientras la nueva diputada inicia una etapa de responsabilidad pública marcada por el compromiso de preservar el legado político de su progenitor.
La nueva congresista tendrá ahora el desafío de construir su propia trayectoria legislativa, responder a las necesidades de Santo Domingo Este y demostrar, mediante iniciativas y resultados, su compromiso con la ciudadanía.
Nacionales
Caso Jet Set: hermanos Espaillat buscan revertir acusación por homicidio voluntario ante Corte de Apelación
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat sostiene que el cambio de calificación jurídica basado en el dolo eventual vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat López presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del proceso relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La acción judicial procura dejar sin efecto la Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, emitida el 15 de octubre de 2026 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se sustituyó la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios, sustentada en la figura del dolo eventual.
Los representantes legales de los imputados alegan que la modificación constituye una interpretación extensiva de la legislación penal que podría comprometer garantías constitucionales esenciales.
Defensa cuestiona aplicación del dolo eventual
Uno de los principales argumentos del recurso se fundamenta en el principio de legalidad penal, conforme al cual las conductas sancionables y sus consecuencias deben estar previamente establecidas por disposiciones legales claras y precisas.
La defensa sostiene que el tribunal recurrió a una construcción doctrinal para atribuir a determinadas disposiciones del Código Penal un alcance que, según su interpretación, no fue expresamente previsto por el legislador.
Los abogados argumentan que la legislación penal debe interpretarse restrictivamente cuando su aplicación pueda perjudicar al imputado, por lo que cuestionan que se utilice la figura del dolo eventual para transformar una imputación originalmente sustentada en hechos involuntarios.
Como parte de sus planteamientos, hicieron referencia a disposiciones del nuevo Código Penal que regulan situaciones de muertes ocasionadas por negligencia y posibles incumplimientos de obligaciones de seguridad en establecimientos comerciales.
No obstante, la aplicabilidad de cualquier disposición penal posterior a los hechos deberá examinarse conforme a las reglas constitucionales sobre irretroactividad y aplicación retroactiva de la norma más favorable.
Alegan vulneración de garantías procesales
El recurso también cuestiona el procedimiento seguido por el tribunal para modificar la calificación jurídica.
Según los recurrentes, la decisión se produjo antes de concluir la presentación de las pruebas de la acusación y de que la defensa iniciara su actividad probatoria.
En ese contexto, alegan que el tribunal realizó valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad penal de los procesados, lo que, a su juicio, podría comprometer la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.
Asimismo, los abogados denuncian supuestas irregularidades en la aplicación de los artículos 327 y 328 del Código Procesal Penal, relacionados con las advertencias sobre posibles modificaciones de la calificación jurídica y las circunstancias que pueden surgir durante el juicio.
Sostienen que la solicitud de variar la imputación ya había sido discutida durante la etapa preliminar y que no se presentaron hechos nuevos que justificaran el procedimiento utilizado.
Cuestionan restricciones al derecho de defensa
Otro aspecto señalado en la apelación se relaciona con el desarrollo del debate judicial.
La defensa afirma que las partes acusadoras pudieron realizar intervenciones adicionales, mientras que a los representantes de los imputados no se les habría permitido ejercer la correspondiente contrarréplica.
También alegan que los hermanos Espaillat no tuvieron oportunidad de pronunciarse personalmente sobre la solicitud de modificación de la calificación penal.
De acuerdo con el recurso, estas circunstancias habrían afectado el principio de contradicción, la igualdad procesal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Se trata de alegaciones formuladas por los abogados recurrentes, cuya procedencia deberá ser examinada por los órganos jurisdiccionales competentes.
Solicitan anulación de la resolución
Mediante el recurso, los abogados pidieron a la Corte de Apelación revocar y declarar nula la decisión que introdujo la calificación de homicidio voluntario.
Igualmente, solicitaron que el proceso continúe bajo la imputación original de homicidio y golpes y heridas involuntarios, conforme al auto de apertura a juicio.
La defensa también pretende que el conocimiento del expediente sea asignado a un tribunal unipersonal distinto del que emitió la resolución impugnada.
Como fundamento de la admisibilidad de la apelación, invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia que, según sus argumentos, permiten recurrir excepcionalmente determinadas decisiones judiciales distintas de las sentencias definitivas.
Corresponderá a la Corte de Apelación establecer si el recurso reúne los requisitos legales para ser conocido y, de resultar admisible, pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.
Un proceso de trascendencia jurídica
La controversia introduce un debate relevante sobre los límites de la interpretación judicial del derecho penal y las condiciones necesarias para atribuir responsabilidad por dolo eventual.
En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la diferencia entre una conducta negligente, aun cuando exista conocimiento de determinados riesgos, y una actuación en la que pueda demostrarse aceptación del resultado dañoso.
La existencia de esa diferencia resulta fundamental para determinar la calificación aplicable, sin que la sola gravedad de las consecuencias permita establecer automáticamente una conducta dolosa.
El proceso continúa generando atención nacional debido a la magnitud de la tragedia y a sus repercusiones para las víctimas, sus familiares y la responsabilidad penal vinculada con la seguridad de los establecimientos abiertos al público.
Mientras se conoce la apelación, permanece abierta una cuestión jurídica esencial: hasta dónde puede llegar la interpretación de los tribunales al modificar una acusación penal sin vulnerar las garantías constitucionales de los procesados.
La decisión que adopte la Corte de Apelación podría tener importantes repercusiones en el desarrollo del caso Jet Set y en el debate jurídico dominicano sobre la aplicación del dolo eventual.
Fuente: Recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat López, según informaciones publicadas el 27 de octubre de 2026.