Opinión
El Dr. Abinader y 60 años de la O&M
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
La Universidad Dominicana O&M recién cumplió 60 años en un itinerario formativo que potencializa una crecida tasa de empleabilidad, en una nación con una alta proporción de paro forzoso de la fuerza humana productiva. Fundada en 1966 por un dominicano exitosamente emprendedor, pundonoroso, decente y patriota: el doctor José Rafael Abinader Wassaf, este centro de enseñanza superior se ha posicionado como el líder privado en matriculación estudiantil y como un modelo de autogestión: nunca ha recibido subsidios gubernamentales.
La O&M (Organización y Métodos) ha sido una ventana de oportunidades para el estudio y el crecimiento personal y profesional, principalmente de jóvenes de bajos estratos socio-económicos, a los cuales se le presenta la amplia perspectiva de un futuro laboral. Por su preparación realista y aplicable, ese capital humano está alineado con la demanda de una economía de mercado.
Afianzado con puntales en el gaznate del cercenamiento de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el olor a explosivo como ministro de Finanzas de la revolución constitucionalista de 1965 y su vivencia como integrante del movimiento renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y vicerrector administrativo de esa academia, el doctor Abinader tuvo la visión de fundar, junto a un selecto equipo de profesionales, la O&M, el 12 de enero de 1966. Empezó con 18 estudiantes y el slogan “Saber-Pensar-Trabajar”.
En el 2026 cuantifica 132 mil 746 egresados y cerca de 50 mil alumnos activos, coronándose como la más poblada de unas 40 instituciones del grado posterior a la secundaria. Sus alumnos disponen de servicios de laboratorios, bibliotecas físicas y digitales, plataformas de educación virtual (O&M@S) y médicos.
Esta ha sido sinónimo de accesibilidad a las aulas de una legión de ciudadanos que han obtenido certificados de profesionalidad, validados por su comprobada suficiencia para la gestión forjadora de un cuerpo docente con singular vocación, que instruyen sin enfoques teóricos excesivos y acorde con la tecnología de cada contexto, incluida la Inteligencia Artificial.
El inventario ha sido favorable en la generación de esperanza y la construcción de experiencias desde su taxonomía: de sus aulas han salido informáticos, administradores, economistas, contadores, ingenieros, arquitectos, abogados, periodistas, mercadólogos, médicos, psicólogos, educadores y emprendedores que se desempeñan competitivamente en organismos del Estado y en la banca, la industria, el comercio y otras ramas de compañías privadas.
Pionera en el adiestramiento de los sistemas computarizados, la Universidad O&M ha maximizado conocimientos para la inclusión social y contribuido con la generación de riquezas y el bien común, en los más expeditos estándares de calidad.
Referencias históricas: En 1961, a raíz del descabezamiento de Trujillo Molina, el número de estudiantes universitarios del país era de tres mil, concentrados en la UASD, que operaba solo en la ciudad capital. El doctor Abinader tomó conciencia de la carencia de academias para la formación superior, con facilidad para estudiar y trabajar, copiando su ejemplo.
Al detectar, en ese recipiente, el déficit de contables, administradores y secretarias ejecutivas, concibió un proyecto no universitario para suplir, sin duplicar ni competir, recursos humanos en esas y otras áreas. En su ejecución se manejó con disciplina, pulcritud y racionalidad y, por su credibilidad, lo transformó en universidad.
En tanto que, la O&M apostaba por la juventud de clase media y media baja, concediendo becas, antes y después otros tres centros se aferraban a la clase media alta y alta. En 1962 había surgido, en Santiago, la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM), como un proyecto provincial de la Iglesia; en 1966 nació la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), aupada por profesores conservadores expulsados de la UASD, y en 1966 el Instituto de Estudios Superiores (IES) fue suplantado por la Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (APEC), que innovó con el crédito educativo.
Vadeando trabas elitistas de la oligarquía torcecuello, la O&M se convirtió en un proyecto exitoso por el reconocimiento de la capacidad y la honestidad del doctor Abinader, quien incluso fue elogiado en privado por Trujillo Molina. Siendo rector me contó en una ocasión que ocupando el cargo de Oficial Mayor (director administrativo) de la secretaría de Estado de Finanzas y Banca (hoy Ministerio de Hacienda), en 1959 el citado jefe de Estado llamó por teléfono a su titular, Virgilio Álvarez Sánchez, y como este estaba en una consulta médica, le respondió a Trujillo numerosas preguntas sobre la institución. Luego le refirió a Álvarez Sánchez que Abinader le contestó con precisión todas las preguntas que le formuló.
Hecho Trujillo mortero de cal, arena y agua, advino la destrujillización, en cuyo proceso fue reconocido como una persona correcta y honesta. Por su idoneidad, empatía, valentía y visión de una universidad plural y democrática, la O&M atrajo a profesores de experiencia y prestigio, a los alumnos les otorgó facilidades de pago y sus egresados se insertaban con facilidad en las corporaciones públicas y privadas de bienes y servicios.
En un principio, sectores de la élite conservadora denotaban a esa universidad y el doctor Abinader no fue del agrado de esos grupos, por su modesta procedencia provinciana, Santiago, desde donde llegó a la capital con apenas 60 pesos en los bolsillos. Los cartuchos de la reacción psicológica fueron demolidos por la secuencia de acontecimientos, en la duración de los días y las noches.
En la pertinencia de sus programas académicos y su sostenida evolución, sin reportarse la más mínima piedra de escándalo, el eje de hélice de la nave didáctica ha sido direccionada y reencaminada estratégicamente desde su sede troncal en el Centro de los Héroes. Y con cambios permanentes operan, superpuestas en la distancia, una Escuela de Medicina (O&Med) en el Distrito Nacional, en coordinación con la Universidad de Harvard, Estados Unidos; dos recintos en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo; en Santiago, Moca, Puerto Plata, La Romana y San José de Ocoa, ofreciendo la conveniencia del aprendizaje de sus habitantes sin tener que salir de sus comarcas.
Ondeando la leyenda “Enseñanza para el Desarrollo”, la O&M imparte 18 carreras, cinco del nivel Técnico Superior, cuatro post-grados y 6 máster en ingeniería de sistemas, contabilidad ejecutiva, ingeniería industrial, educación superior, administración de empresas y gestión y descentralización educativa. Y en esa emanación de cogniciones y habilidades, sujetadas en principios básicos para la conducta humana vigoriza, como oxigenación cerebral y sentido de pertenencia, valores añadidos o extracurriculares en las esferas deportivas, artísticas y culturales.
Esa brújula transitiva y transformadora, precursora en la pedagogía de los sistemas computarizados en la República Dominicana, ha sido financiada con recursos propios y el auspicio de la Fundación Universitaria O&M, con el liderazgo del doctor José Rafael Abinader Wassaf (1929-2018). Desde el 2003 está bajo la batuta del licenciado José Rafael Abinader Corona quien, solidario y reservado en el decoro de la sencillez, por años se adiestró en el corpus y ficheros de todos los departamentos de la organización, hasta ascender a vicerrector administrativo y rector.
Concomitantemente con la fragua de una colmena de técnicos y peritos, el doctor Abinader laureó en otras superficies: dos veces secretario de Estado de Finanzas, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), senador por Santiago, escritor de una docena de libros, creador de corporaciones empresariales y fundador del partido Alianza Social Dominicana, convertido en Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En el pensar, crear y obrar, entrecruzando fórmulas coherentes de optimización del crédito y la inversión, observando con cordura las normas de la solvencia y la sostenibilidad en el tiempo, y en la heredad de la formación de una amplia población de profesionales, allanó el camino para que su hijo, Luis Rodolfo Abinader Corona, se ciñera la banda presidencial en el período 2020-2028. Una flor para este titán de la democracia y el desarrollo, en este 60 aniversario de la Universidad Dominicana O&M.
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El autor: Director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M 1987-2026.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.