Opinión
El Dr. Abinader y 60 años de la O&M
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
La Universidad Dominicana O&M recién cumplió 60 años en un itinerario formativo que potencializa una crecida tasa de empleabilidad, en una nación con una alta proporción de paro forzoso de la fuerza humana productiva. Fundada en 1966 por un dominicano exitosamente emprendedor, pundonoroso, decente y patriota: el doctor José Rafael Abinader Wassaf, este centro de enseñanza superior se ha posicionado como el líder privado en matriculación estudiantil y como un modelo de autogestión: nunca ha recibido subsidios gubernamentales.
La O&M (Organización y Métodos) ha sido una ventana de oportunidades para el estudio y el crecimiento personal y profesional, principalmente de jóvenes de bajos estratos socio-económicos, a los cuales se le presenta la amplia perspectiva de un futuro laboral. Por su preparación realista y aplicable, ese capital humano está alineado con la demanda de una economía de mercado.
Afianzado con puntales en el gaznate del cercenamiento de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el olor a explosivo como ministro de Finanzas de la revolución constitucionalista de 1965 y su vivencia como integrante del movimiento renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y vicerrector administrativo de esa academia, el doctor Abinader tuvo la visión de fundar, junto a un selecto equipo de profesionales, la O&M, el 12 de enero de 1966. Empezó con 18 estudiantes y el slogan “Saber-Pensar-Trabajar”.
En el 2026 cuantifica 132 mil 746 egresados y cerca de 50 mil alumnos activos, coronándose como la más poblada de unas 40 instituciones del grado posterior a la secundaria. Sus alumnos disponen de servicios de laboratorios, bibliotecas físicas y digitales, plataformas de educación virtual (O&M@S) y médicos.
Esta ha sido sinónimo de accesibilidad a las aulas de una legión de ciudadanos que han obtenido certificados de profesionalidad, validados por su comprobada suficiencia para la gestión forjadora de un cuerpo docente con singular vocación, que instruyen sin enfoques teóricos excesivos y acorde con la tecnología de cada contexto, incluida la Inteligencia Artificial.
El inventario ha sido favorable en la generación de esperanza y la construcción de experiencias desde su taxonomía: de sus aulas han salido informáticos, administradores, economistas, contadores, ingenieros, arquitectos, abogados, periodistas, mercadólogos, médicos, psicólogos, educadores y emprendedores que se desempeñan competitivamente en organismos del Estado y en la banca, la industria, el comercio y otras ramas de compañías privadas.
Pionera en el adiestramiento de los sistemas computarizados, la Universidad O&M ha maximizado conocimientos para la inclusión social y contribuido con la generación de riquezas y el bien común, en los más expeditos estándares de calidad.
Referencias históricas: En 1961, a raíz del descabezamiento de Trujillo Molina, el número de estudiantes universitarios del país era de tres mil, concentrados en la UASD, que operaba solo en la ciudad capital. El doctor Abinader tomó conciencia de la carencia de academias para la formación superior, con facilidad para estudiar y trabajar, copiando su ejemplo.
Al detectar, en ese recipiente, el déficit de contables, administradores y secretarias ejecutivas, concibió un proyecto no universitario para suplir, sin duplicar ni competir, recursos humanos en esas y otras áreas. En su ejecución se manejó con disciplina, pulcritud y racionalidad y, por su credibilidad, lo transformó en universidad.
En tanto que, la O&M apostaba por la juventud de clase media y media baja, concediendo becas, antes y después otros tres centros se aferraban a la clase media alta y alta. En 1962 había surgido, en Santiago, la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM), como un proyecto provincial de la Iglesia; en 1966 nació la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), aupada por profesores conservadores expulsados de la UASD, y en 1966 el Instituto de Estudios Superiores (IES) fue suplantado por la Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (APEC), que innovó con el crédito educativo.
Vadeando trabas elitistas de la oligarquía torcecuello, la O&M se convirtió en un proyecto exitoso por el reconocimiento de la capacidad y la honestidad del doctor Abinader, quien incluso fue elogiado en privado por Trujillo Molina. Siendo rector me contó en una ocasión que ocupando el cargo de Oficial Mayor (director administrativo) de la secretaría de Estado de Finanzas y Banca (hoy Ministerio de Hacienda), en 1959 el citado jefe de Estado llamó por teléfono a su titular, Virgilio Álvarez Sánchez, y como este estaba en una consulta médica, le respondió a Trujillo numerosas preguntas sobre la institución. Luego le refirió a Álvarez Sánchez que Abinader le contestó con precisión todas las preguntas que le formuló.
Hecho Trujillo mortero de cal, arena y agua, advino la destrujillización, en cuyo proceso fue reconocido como una persona correcta y honesta. Por su idoneidad, empatía, valentía y visión de una universidad plural y democrática, la O&M atrajo a profesores de experiencia y prestigio, a los alumnos les otorgó facilidades de pago y sus egresados se insertaban con facilidad en las corporaciones públicas y privadas de bienes y servicios.
En un principio, sectores de la élite conservadora denotaban a esa universidad y el doctor Abinader no fue del agrado de esos grupos, por su modesta procedencia provinciana, Santiago, desde donde llegó a la capital con apenas 60 pesos en los bolsillos. Los cartuchos de la reacción psicológica fueron demolidos por la secuencia de acontecimientos, en la duración de los días y las noches.
En la pertinencia de sus programas académicos y su sostenida evolución, sin reportarse la más mínima piedra de escándalo, el eje de hélice de la nave didáctica ha sido direccionada y reencaminada estratégicamente desde su sede troncal en el Centro de los Héroes. Y con cambios permanentes operan, superpuestas en la distancia, una Escuela de Medicina (O&Med) en el Distrito Nacional, en coordinación con la Universidad de Harvard, Estados Unidos; dos recintos en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo; en Santiago, Moca, Puerto Plata, La Romana y San José de Ocoa, ofreciendo la conveniencia del aprendizaje de sus habitantes sin tener que salir de sus comarcas.
Ondeando la leyenda “Enseñanza para el Desarrollo”, la O&M imparte 18 carreras, cinco del nivel Técnico Superior, cuatro post-grados y 6 máster en ingeniería de sistemas, contabilidad ejecutiva, ingeniería industrial, educación superior, administración de empresas y gestión y descentralización educativa. Y en esa emanación de cogniciones y habilidades, sujetadas en principios básicos para la conducta humana vigoriza, como oxigenación cerebral y sentido de pertenencia, valores añadidos o extracurriculares en las esferas deportivas, artísticas y culturales.
Esa brújula transitiva y transformadora, precursora en la pedagogía de los sistemas computarizados en la República Dominicana, ha sido financiada con recursos propios y el auspicio de la Fundación Universitaria O&M, con el liderazgo del doctor José Rafael Abinader Wassaf (1929-2018). Desde el 2003 está bajo la batuta del licenciado José Rafael Abinader Corona quien, solidario y reservado en el decoro de la sencillez, por años se adiestró en el corpus y ficheros de todos los departamentos de la organización, hasta ascender a vicerrector administrativo y rector.
Concomitantemente con la fragua de una colmena de técnicos y peritos, el doctor Abinader laureó en otras superficies: dos veces secretario de Estado de Finanzas, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), senador por Santiago, escritor de una docena de libros, creador de corporaciones empresariales y fundador del partido Alianza Social Dominicana, convertido en Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En el pensar, crear y obrar, entrecruzando fórmulas coherentes de optimización del crédito y la inversión, observando con cordura las normas de la solvencia y la sostenibilidad en el tiempo, y en la heredad de la formación de una amplia población de profesionales, allanó el camino para que su hijo, Luis Rodolfo Abinader Corona, se ciñera la banda presidencial en el período 2020-2028. Una flor para este titán de la democracia y el desarrollo, en este 60 aniversario de la Universidad Dominicana O&M.
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El autor: Director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M 1987-2026.
Por Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.
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Fuentes utilizadas:
1. Deshumanización de la administración pública
Fuente 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Institución: Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 2023.
Documento: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana.
Utilidad: Sustenta los esfuerzos nacionales de incorporación de la IA, modernización del Estado y transformación digital de los servicios públicos.
Fuente 2. Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales
Institución: Congreso Nacional de la República Dominicana. 2013.
Documento: Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de proteger la información ciudadana frente al procesamiento automatizado de datos.
2. Desprotección ante el cibercrimen
Fuente 3. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Institución: Presidencia de la República Dominicana. 2022.
Documento: Decreto núm. 313-22, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Utilidad: Respalda el análisis sobre protección de infraestructuras críticas, prevención de ataques informáticos y fortalecimiento de la seguridad digital del país.
3. Desplazamiento educativo y laboral.
Fuente 4. La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe
Instituciones: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial. 2024.
Documento: La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?
Utilidad: Fundamenta las estimaciones regionales sobre exposición laboral a la IA generativa, transformación de tareas y riesgos de automatización.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
Por Isaias Ramos
El ministro de Turismo afirmó, según las crónicas publicadas el 24 de octubre de 2026, que el turismo vive su mejor momento y sostiene cerca del 50 % del crecimiento económico nacional. También sostuvo que la riqueza debe llegar a las comunidades. Esa promesa merece una evaluación concreta: ¿cuánto bienestar recibe la población por el patrimonio que compromete el Estado?
El Gobierno debe demostrar cuánto llega a los trabajadores, cuánto recupera el Estado y qué derechos conserva la población. Cabo Rojo permite examinar esas preguntas con cifras y documentos. Sus cuentas no representan todo el turismo dominicano, pero sí permiten evaluar las condiciones de este proyecto y el beneficio público que se promete.
Los estados financieros no auditados de Pro-Pedernales al cierre de 2025 registran RD$40,167.5 millones en aportes acumulados: RD$35,900.9 millones en terrenos, RD$3,806.6 millones en efectivo y aproximadamente RD$460 millones en mejoras, informes, tasaciones y diseño. La construcción en proceso alcanza RD$19,869.8 millones, incluidos intereses capitalizados. Son categorías contables que no deben sumarse como inversiones independientes.
El fideicomiso adeudaba RD$14,000 millones de principal al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I y RD$1,808.9 millones de intereses. El préstamo contempla una tasa variable con mínimo anualizado del 16 % y pago al vencimiento, originalmente fijado para enero de 2027. La deuda corresponde al fideicomiso; su repercusión sobre el Gobierno central depende de las garantías y compromisos aplicables.
Aplicado a ese principal, el mínimo equivale a RD$2,240 millones anuales: RD$186.7 millones mensuales. No son pagos mensuales acreditados, sino una equivalencia que permite dimensionar la carga financiera.
Para visualizar la magnitud, planteemos un escenario: distribuir esa equivalencia mensual entre 6,750 puestos, cifra de referencia del anuncio de más de 6,750 empleos directos estimados. El resultado sería RD$27,654 por puesto, un 27 % más que el mínimo de RD$21,840 vigente desde junio de 2026 para la categoría superior de hoteles y casinos. Es una comparación ilustrativa, no el costo observado por empleo: deuda y meta laboral pueden abarcar actividades y plazos distintos. La conveniencia del proyecto requiere evaluar todos sus costos y beneficios.
La evaluación debe acreditar cuántos empleos permanentes se crean, con qué salarios y protección social, y qué ingresos generan para las familias. La falta de alternativas no justifica cualquier condición. Pedernales merece oportunidades para superar la pobreza.
En enero de 2026 se anunció que el consorcio liderado por Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumiría la gestión del destino. El comunicado de Grupo Puntacana menciona una inversión privada futura de una “suma significativa”, sin desglosar capital pagado ni remuneraciones por administrar. Las fuentes aquí citadas no incluyen el contrato completo con sus anexos. Eso no prueba que no exista o no se haya divulgado por otra vía; obliga a exigir acceso sencillo y verificable.
Tampoco basta con exhibir marcas financieras. SIPEN registró en junio de 2025 RD$16,049.2 millones invertidos en Desarrollo Reservas I desde fondos previsionales. No todo ese monto financia Pro-Pedernales. Sí corresponde explicar la exposición de los beneficiarios: administrar dinero ajeno no convierte ese patrimonio en capital propio.
La participación estatal mínima del 51 % prevista en la Ley 36-24 es una salvaguarda cuyo resultado depende de los contratos y derechos efectivos del Estado. Deben conocerse los votos, vetos, honorarios, operaciones con vinculados y condiciones de salida. También debe verificarse la fiscalización aplicable. El fideicomiso y la corporación son entidades distintas: sus cuentas y transferencias requieren identificación precisa.
Hay además una prueba que ningún récord turístico sustituye: el acceso a nuestras playas. El artículo 15 constitucional reconoce su dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada en los términos legales. Ninguna promesa de empleo justifica desconocer ese derecho. Las comunidades deben participar del desarrollo sin convertirse en extrañas en su propio territorio.
Nuestra propuesta parte de los artículos 7 y 8 constitucionales: dignidad humana, trabajo y bienestar general. Queremos turistas en nuestras calles, campos, pueblos y ciudades, generando oportunidades para comerciantes, productores y comunidades. Un turismo democrático debe pagar salarios dignos, contribuir mediante tributos y respetar el patrimonio público. Proponemos metas verificables de compras locales, formación laboral y empleo permanente; evaluar los incentivos fiscales según sus resultados, y exigir una contraprestación justa por el aprovechamiento privado de bienes públicos. El crecimiento debe ampliar oportunidades y fortalecer el patrimonio colectivo.
Ningún cargo coloca a sus titulares por encima del juicio ciudadano. Construir una imagen de éxito no responde a las preguntas sobre quién aporta el patrimonio, quién asume la deuda y quién recoge los beneficios. Proponemos un informe trimestral público con contratos, aportes efectivos, garantías, remuneraciones, auditorías y resultados sociales y fiscales, acompañado de seguimiento con participación comunitaria. La propaganda no sustituye la rendición de cuentas; la prosperidad debe poder comprobarse.
La patria no se administra como una campaña publicitaria. Se gobierna con principios, cuentas claras y respeto a quienes sostienen el país con su trabajo. La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y decidir un rumbo distinto. Servir al pueblo es un deber; tratar el patrimonio colectivo como propiedad personal jamás será un derecho.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que una vez el Estado designado acepta ejecutar la condena de la Corte Penal Internacional, esta pena será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.
Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existieren en el momento de aceptar la ejecución y que afectan sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado.
También permite que la Corte Penal Internacional transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y esta sujeta a ser modificada solo por la Corte Penal Internacional, o consultando con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
Con relación a la fiscalización de la ejecución de las condenas y las condiciones de detención el Estatuto de Roma claramente establece que la CPI tiene primacía y es el ente con la autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una condena.
El Estatuto también dispone que las condiciones de detención deberán regirse por el derecho interno del Estado que ejecute la condena y ¨deberá ser conforme con los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de los privados de liberta¨¨.Adicionalmente, las condiciones no podrán ni mas ni menos favorables que aquellas de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional esta a cargo de supervisar los términos de detención, declarando inequívocamente que ¨las comunicaciones entre la persona condenada y la CPI deberán ser procuradas y confidenciales¨. El Estado deberá permitir la comunicación entre el condenado y la Corte con el fin de asegurar la implementación de esta obligación.