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Expanden servicio de asistencia legal a víctimas en todo el país
SANTO DOMINGO,- La Procuradora General de la República, Yeni berenice Reynoso, dejó oficialmente instaurada la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), con la integración de una promoción de 100 abogados defensores de víctimas y la apertura de 37 nuevas oficinas distribuidas en todo el país.
El acto contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), y Faride Raful, ministra de Interior y Policía. También, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública.
La procuradora exhortó a los nuevos abogados a servir con dignidad, con calidad, con honestidad y con empatía, antes de proceder a tomar juramento a los 100 abogados que se suman a Relevic.
Afirmó que la iniciativa marca un hito en el fortalecimiento de la atención a las víctimas dentro del sistema de justicia penal dominicano, al ampliar de manera significativa la cobertura territorial y la capacidad operativa de Relevic, institución encargada de brindar representación legal gratuita, especializada y oportuna a personas que se ven afectadas por delitos, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad económica.
“Hoy estamos aquí para saldar una deuda histórica.
Desde el primer día, hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, expresó.
“Nuestra Constitución es un pacto sagrado. En su esencia, y de manera imperativa, nos manda a tutelar los derechos fundamentales y nos impone la obligación ineludible de proteger a las víctimas y a los testigos.
Hoy, hacemos que esa palabra viva, respire y camine al lado de nuestra gente”, sostuvo.
Destacó que arrastra desde hace décadas la idea de expandir y fortalecer el Relevic. “Y debo confesar que muchos, sin malas intenciones, me recomendaron que no iniciara este proceso. Me decían que no se iba a poder, que era una meta demasiado ambiciosa, que era mejor invertir esos recursos y ese tiempo en otras iniciativas. Pero se equivocaron”, dijo.
Reynoso destacó que este camino inició con una resolución del Consejo convocando a un concurso para la formación de 100 aspirantes. “Fue un proceso integral, exigente y riguroso”, dijo.
Detalló que, luego, vino la etapa de formación, donde contaron con el apoyo de un cuerpo docente verdaderamente admirable, empeñado en sembrar en cada participante la semilla de la empatía y la excelencia jurídica.
Al reconocer labores encomiables para desarrollar el proyecto, destacó la colaboración de la Dirección del Relevic, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), destacando que su respaldo en la formación y asistencia técnica ha sido clave.
“Hoy, ese sueño de dos décadas, ese proyecto que nos decían que era imposible, es una realidad poderosa y tangible que se traduce en 37 oficinas, 6 coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, listos para defender a quienes más lo necesitan”, señaló Reynoso.
Sary Corniel, solista de la Orquesta Musical de la Policía Nacional, interpretó “Creo en mí”. El evento contó con la amenización del saxofonista Melvin Morel y el violonchelista Fairuz Issa.
Mientras, la directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, destacó que el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) constituye una expresión concreta del compromiso del Ministerio Público con la protección efectiva de los derechos de las víctimas y con el fortalecimiento de un sistema de justicia penal más humano, accesible y equitativo.
“Desde la dirección de Relevic asumimos con responsabilidad la misión de garantizar una representación legal gratuita, especializada y oportuna a las víctimas de infracciones penales, reconociéndolas como sujetos de derechos y actores fundamentales dentro del proceso penal”, sostuvo.
Agregó “nuestro trabajo se orienta a asegurar que cada víctima pueda ejercer plenamente sus derechos, participar activamente en el proceso penal y acceder a mecanismos de justicia y reparación del daño”.
La incorporación de los nuevos defensores técnicos fue posible tras la aprobación del concurso por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, en su sexta sesión extraordinaria del 29 de abril de 2025, mediante resolución que autorizó la creación de 100 plazas distribuidas conforme al mapa de criminalidad y a las necesidades de las distintas jurisdicciones.
Los profesionales seleccionados cursaron un programa de capacitación especializada impartido por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con formación en derechos de las víctimas, derecho penal, derecho procesal penal y victimología.
En nombre de la promoción, la abogada Dayana Pozo expresó el compromiso de los nuevos defensores de ejercer sus funciones con profesionalismo, sensibilidad y vocación de servicio, destacando que la protección de los derechos de las víctimas fortalece el Estado de derecho y contribuye a una justicia más equilibrada.
“En mi nombre y en el de mis compañeros, quiero agradecer a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien promueve el fortalecimiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), como parte de su compromiso con una justicia humana, accesible y centrada en las personas”, resaltó.
Carolina Cordero, abogada del Relevic en el Distrito Nacional, quien tuvo a cargo la lectura de un boletín estadístico del Relevic, destacó el compromiso con la víctima.
Explicó que el boletín, titulado: “Tutela efectiva de tus derechos”, recoge un amplio catálogo de portafolio de servicios y además las acciones que ejercen o desarrollan los representantes legales del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima.
“Más que un boletín, es una reafirmación de que la defensa de los derechos de las víctimas no es solo una función procesal, sino una vocación institucional”, subrayó.
En el acto también participó la directora general de Carrera, Isaura Suárez; el doctor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; don Francisco Díaz, cónsul general adjunto de España; Marien Montero, rectora del IES-ENMP; Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, procuradores adjuntos, de cortes y fiscales.
Representación legal de la víctima
El perfil del representante legal de la víctima combina sólida preparación técnica con vocación de servicio, sensibilidad humana y compromiso con la no revictimización. Actúan como querellantes y actores civiles dentro del proceso penal, procurando no solo la sanción del responsable, sino, también, la reparación del daño sufrido por la víctima.
El Relevic es una dependencia adscrita a la Procuraduría General de la República, creada mediante la Resolución No. 0010, de fecha 26 de febrero de 2007, con independencia funcional, y en operación desde 2008.
Su misión es defender los derechos de las víctimas ante los tribunales penales del país, garantizando igualdad procesal y el resarcimiento justo del daño.
Según el informe estadístico del Relevic, en el período 2020 al 2025, se recibieron 2,539 casos, se realizaron 22,972 audiencias y se lograron 1,182 sentencias, de las cuales se obtuvieron indemnizaciones por valor de RD$1,259, 547,502 a favor de las víctimas.
El servicio brinda apoyo legal gratuito a personas víctimas de delitos que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado privado.
Entre los servicios que se ofrecerán en las nuevas oficinas se encuentran la orientación jurídica, representación ante los tribunales en todas las etapas del proceso penal, interposición de querellas y constitución en actor civil, solicitudes de medidas de coerción, recursos de apelación, reclamación de indemnizaciones, gestión de medidas de protección, acompañamiento en audiencias y coordinación con servicios psicológicos y sociales.
Asimismo, Relevic ofrece atención especializada a víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata y tráfico ilícito, bajo un enfoque diferencial y de derechos humanos.
La expansión territorial responde a la visión institucional de acercar la justicia a las comunidades y reducir las barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a la representación legal de las víctimas.
La ceremonia simboliza el cumplimiento de un compromiso institucional orientado a garantizar tutela efectiva, participación activa de las víctimas en el proceso penal y acceso real a mecanismos de justicia y reparación.
Santo Domingo, R.D.-Los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restriccion alguna relacionada con el mes de nacimiento durante los fines de semana y los dias feriados, según lo dispuso la Junta Central Electoral (JCE).
La medida aplica en los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.
- Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.
Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.
Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.
En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.
De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.
- La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.
Santo Domingo.- El escándalos que involucra a los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, se habrían aprovechado de sus posiciones para comercializar medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo destinados a pacientes oncológicos.
Según el Ministerio Público, esta práctica constituye una “conducta cruel contra personas pobres afectadas por una enfermedad devastadora como el cáncer”.
Así consta la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva para los integrantes de la presunta red de corrupción vinculada al caso Onco14.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían convertido la institución en una especie de empresa familiar para sustraer recursos económicos en beneficio propio.
Según el expediente, el personal era amenazado con el despido si entregaba estos medicamentos de forma gratuita.
La justificación utilizada era que la farmacia necesitaba generar ventas y que, por tanto, los pacientes debían comprar los medicamentos.
Los acusados habrían comercializado medicamentos donados, incluyendo tratamientos de alto costo utilizados en quimioterapias. Además, dejaron vencer aquellos fármacos que no pudieron vender, una práctica que el Ministerio Público califica como ilegal y especialmente perjudicial para pacientes de escasos recursos afectados por cáncer.
La investigación también establece que los imputados realizaban una doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando en dos ocasiones los conduces correspondientes a un mismo medicamento, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y de los pacientes.
Asimismo, se les atribuye haber suministrado dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia, dividiendo un mismo frasco entre dos pacientes mientras facturaban a SeNaSa un frasco completo para cada uno, obteniendo así un beneficio económico ilícito.
El expediente también indica que facturaban medicamentos biológicos originales tanto a pacientes como a aseguradoras, pero entregaban versiones genéricas de menor costo, obteniendo diferencias económicas indebidas en perjuicio de los afectados y del sistema de salud.
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados privatizaron de manera ilícita habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo significativamente la disponibilidad de espacios y la capacidad de respuesta del centro.
Además, una habitación concebida para pacientes con cáncer habría sido utilizada para atender pacientes de cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron la farmacia del Patronato para comercializar medicamentos que contienen sustancias controladas, presuntamente al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Onco14.
La audiencia está programada para celebrarse en las próximas horas.
El órgano acusador atribuye al grupo los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Los tres imputados fueron interrogados durante el fin de semana por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante la gestión de Lora Cruceta.
Santo Domingo, R.D.-Una profunda preocupación expresó la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ante el estado de fallo en que dejó el Tribunal Constitucional a 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una contra varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal y busca la despenalización del aborto.
Según su opinión, y reflejado en un comunicado, las acciones que se están llevando a cabo en el órgano judicial buscan ignorar los derechos fundamentales de la vida y la familia que están establecidos en la Constitución de la República.
“Los ataques a esos derechos, como es sabido, se vienen lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”, se puede leer en el escrito.
El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
«Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente, cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo», señala la Conferencia del Episcopado en su comunicado.
Recordaron a la entidad que República Dominicana forma parte de las pocas naciones del mundo que no pertenecen a las “propias culturas de la muerte” para buscar lo que catalogan como “falso sentido del progreso humano o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”.
En ese sentido, apreciaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional rechazaron ante el Tribunal las pretensiones de varias organizaciones y personas de ignorar lo impuesto por la Constitución.
“Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades”, expresaron.