Nacionales
Expanden servicio de asistencia legal a víctimas en todo el país
SANTO DOMINGO,- La Procuradora General de la República, Yeni berenice Reynoso, dejó oficialmente instaurada la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), con la integración de una promoción de 100 abogados defensores de víctimas y la apertura de 37 nuevas oficinas distribuidas en todo el país.
El acto contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), y Faride Raful, ministra de Interior y Policía. También, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública.
La procuradora exhortó a los nuevos abogados a servir con dignidad, con calidad, con honestidad y con empatía, antes de proceder a tomar juramento a los 100 abogados que se suman a Relevic.
Afirmó que la iniciativa marca un hito en el fortalecimiento de la atención a las víctimas dentro del sistema de justicia penal dominicano, al ampliar de manera significativa la cobertura territorial y la capacidad operativa de Relevic, institución encargada de brindar representación legal gratuita, especializada y oportuna a personas que se ven afectadas por delitos, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad económica.
“Hoy estamos aquí para saldar una deuda histórica.
Desde el primer día, hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, expresó.
“Nuestra Constitución es un pacto sagrado. En su esencia, y de manera imperativa, nos manda a tutelar los derechos fundamentales y nos impone la obligación ineludible de proteger a las víctimas y a los testigos.
Hoy, hacemos que esa palabra viva, respire y camine al lado de nuestra gente”, sostuvo.
Destacó que arrastra desde hace décadas la idea de expandir y fortalecer el Relevic. “Y debo confesar que muchos, sin malas intenciones, me recomendaron que no iniciara este proceso. Me decían que no se iba a poder, que era una meta demasiado ambiciosa, que era mejor invertir esos recursos y ese tiempo en otras iniciativas. Pero se equivocaron”, dijo.
Reynoso destacó que este camino inició con una resolución del Consejo convocando a un concurso para la formación de 100 aspirantes. “Fue un proceso integral, exigente y riguroso”, dijo.
Detalló que, luego, vino la etapa de formación, donde contaron con el apoyo de un cuerpo docente verdaderamente admirable, empeñado en sembrar en cada participante la semilla de la empatía y la excelencia jurídica.
Al reconocer labores encomiables para desarrollar el proyecto, destacó la colaboración de la Dirección del Relevic, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), destacando que su respaldo en la formación y asistencia técnica ha sido clave.
“Hoy, ese sueño de dos décadas, ese proyecto que nos decían que era imposible, es una realidad poderosa y tangible que se traduce en 37 oficinas, 6 coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, listos para defender a quienes más lo necesitan”, señaló Reynoso.
Sary Corniel, solista de la Orquesta Musical de la Policía Nacional, interpretó “Creo en mí”. El evento contó con la amenización del saxofonista Melvin Morel y el violonchelista Fairuz Issa.
Mientras, la directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, destacó que el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) constituye una expresión concreta del compromiso del Ministerio Público con la protección efectiva de los derechos de las víctimas y con el fortalecimiento de un sistema de justicia penal más humano, accesible y equitativo.
“Desde la dirección de Relevic asumimos con responsabilidad la misión de garantizar una representación legal gratuita, especializada y oportuna a las víctimas de infracciones penales, reconociéndolas como sujetos de derechos y actores fundamentales dentro del proceso penal”, sostuvo.
Agregó “nuestro trabajo se orienta a asegurar que cada víctima pueda ejercer plenamente sus derechos, participar activamente en el proceso penal y acceder a mecanismos de justicia y reparación del daño”.
La incorporación de los nuevos defensores técnicos fue posible tras la aprobación del concurso por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, en su sexta sesión extraordinaria del 29 de abril de 2025, mediante resolución que autorizó la creación de 100 plazas distribuidas conforme al mapa de criminalidad y a las necesidades de las distintas jurisdicciones.
Los profesionales seleccionados cursaron un programa de capacitación especializada impartido por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con formación en derechos de las víctimas, derecho penal, derecho procesal penal y victimología.
En nombre de la promoción, la abogada Dayana Pozo expresó el compromiso de los nuevos defensores de ejercer sus funciones con profesionalismo, sensibilidad y vocación de servicio, destacando que la protección de los derechos de las víctimas fortalece el Estado de derecho y contribuye a una justicia más equilibrada.
“En mi nombre y en el de mis compañeros, quiero agradecer a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien promueve el fortalecimiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), como parte de su compromiso con una justicia humana, accesible y centrada en las personas”, resaltó.
Carolina Cordero, abogada del Relevic en el Distrito Nacional, quien tuvo a cargo la lectura de un boletín estadístico del Relevic, destacó el compromiso con la víctima.
Explicó que el boletín, titulado: “Tutela efectiva de tus derechos”, recoge un amplio catálogo de portafolio de servicios y además las acciones que ejercen o desarrollan los representantes legales del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima.
“Más que un boletín, es una reafirmación de que la defensa de los derechos de las víctimas no es solo una función procesal, sino una vocación institucional”, subrayó.
En el acto también participó la directora general de Carrera, Isaura Suárez; el doctor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; don Francisco Díaz, cónsul general adjunto de España; Marien Montero, rectora del IES-ENMP; Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, procuradores adjuntos, de cortes y fiscales.
Representación legal de la víctima
El perfil del representante legal de la víctima combina sólida preparación técnica con vocación de servicio, sensibilidad humana y compromiso con la no revictimización. Actúan como querellantes y actores civiles dentro del proceso penal, procurando no solo la sanción del responsable, sino, también, la reparación del daño sufrido por la víctima.
El Relevic es una dependencia adscrita a la Procuraduría General de la República, creada mediante la Resolución No. 0010, de fecha 26 de febrero de 2007, con independencia funcional, y en operación desde 2008.
Su misión es defender los derechos de las víctimas ante los tribunales penales del país, garantizando igualdad procesal y el resarcimiento justo del daño.
Según el informe estadístico del Relevic, en el período 2020 al 2025, se recibieron 2,539 casos, se realizaron 22,972 audiencias y se lograron 1,182 sentencias, de las cuales se obtuvieron indemnizaciones por valor de RD$1,259, 547,502 a favor de las víctimas.
El servicio brinda apoyo legal gratuito a personas víctimas de delitos que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado privado.
Entre los servicios que se ofrecerán en las nuevas oficinas se encuentran la orientación jurídica, representación ante los tribunales en todas las etapas del proceso penal, interposición de querellas y constitución en actor civil, solicitudes de medidas de coerción, recursos de apelación, reclamación de indemnizaciones, gestión de medidas de protección, acompañamiento en audiencias y coordinación con servicios psicológicos y sociales.
Asimismo, Relevic ofrece atención especializada a víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata y tráfico ilícito, bajo un enfoque diferencial y de derechos humanos.
La expansión territorial responde a la visión institucional de acercar la justicia a las comunidades y reducir las barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a la representación legal de las víctimas.
La ceremonia simboliza el cumplimiento de un compromiso institucional orientado a garantizar tutela efectiva, participación activa de las víctimas en el proceso penal y acceso real a mecanismos de justicia y reparación.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.