Nacionales
Expanden servicio de asistencia legal a víctimas en todo el país
SANTO DOMINGO,- La Procuradora General de la República, Yeni berenice Reynoso, dejó oficialmente instaurada la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), con la integración de una promoción de 100 abogados defensores de víctimas y la apertura de 37 nuevas oficinas distribuidas en todo el país.
El acto contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), y Faride Raful, ministra de Interior y Policía. También, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública.
La procuradora exhortó a los nuevos abogados a servir con dignidad, con calidad, con honestidad y con empatía, antes de proceder a tomar juramento a los 100 abogados que se suman a Relevic.
Afirmó que la iniciativa marca un hito en el fortalecimiento de la atención a las víctimas dentro del sistema de justicia penal dominicano, al ampliar de manera significativa la cobertura territorial y la capacidad operativa de Relevic, institución encargada de brindar representación legal gratuita, especializada y oportuna a personas que se ven afectadas por delitos, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad económica.
“Hoy estamos aquí para saldar una deuda histórica.
Desde el primer día, hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, expresó.
“Nuestra Constitución es un pacto sagrado. En su esencia, y de manera imperativa, nos manda a tutelar los derechos fundamentales y nos impone la obligación ineludible de proteger a las víctimas y a los testigos.
Hoy, hacemos que esa palabra viva, respire y camine al lado de nuestra gente”, sostuvo.
Destacó que arrastra desde hace décadas la idea de expandir y fortalecer el Relevic. “Y debo confesar que muchos, sin malas intenciones, me recomendaron que no iniciara este proceso. Me decían que no se iba a poder, que era una meta demasiado ambiciosa, que era mejor invertir esos recursos y ese tiempo en otras iniciativas. Pero se equivocaron”, dijo.
Reynoso destacó que este camino inició con una resolución del Consejo convocando a un concurso para la formación de 100 aspirantes. “Fue un proceso integral, exigente y riguroso”, dijo.
Detalló que, luego, vino la etapa de formación, donde contaron con el apoyo de un cuerpo docente verdaderamente admirable, empeñado en sembrar en cada participante la semilla de la empatía y la excelencia jurídica.
Al reconocer labores encomiables para desarrollar el proyecto, destacó la colaboración de la Dirección del Relevic, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), destacando que su respaldo en la formación y asistencia técnica ha sido clave.
“Hoy, ese sueño de dos décadas, ese proyecto que nos decían que era imposible, es una realidad poderosa y tangible que se traduce en 37 oficinas, 6 coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, listos para defender a quienes más lo necesitan”, señaló Reynoso.
Sary Corniel, solista de la Orquesta Musical de la Policía Nacional, interpretó “Creo en mí”. El evento contó con la amenización del saxofonista Melvin Morel y el violonchelista Fairuz Issa.
Mientras, la directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, destacó que el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) constituye una expresión concreta del compromiso del Ministerio Público con la protección efectiva de los derechos de las víctimas y con el fortalecimiento de un sistema de justicia penal más humano, accesible y equitativo.
“Desde la dirección de Relevic asumimos con responsabilidad la misión de garantizar una representación legal gratuita, especializada y oportuna a las víctimas de infracciones penales, reconociéndolas como sujetos de derechos y actores fundamentales dentro del proceso penal”, sostuvo.
Agregó “nuestro trabajo se orienta a asegurar que cada víctima pueda ejercer plenamente sus derechos, participar activamente en el proceso penal y acceder a mecanismos de justicia y reparación del daño”.
La incorporación de los nuevos defensores técnicos fue posible tras la aprobación del concurso por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, en su sexta sesión extraordinaria del 29 de abril de 2025, mediante resolución que autorizó la creación de 100 plazas distribuidas conforme al mapa de criminalidad y a las necesidades de las distintas jurisdicciones.
Los profesionales seleccionados cursaron un programa de capacitación especializada impartido por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con formación en derechos de las víctimas, derecho penal, derecho procesal penal y victimología.
En nombre de la promoción, la abogada Dayana Pozo expresó el compromiso de los nuevos defensores de ejercer sus funciones con profesionalismo, sensibilidad y vocación de servicio, destacando que la protección de los derechos de las víctimas fortalece el Estado de derecho y contribuye a una justicia más equilibrada.
“En mi nombre y en el de mis compañeros, quiero agradecer a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien promueve el fortalecimiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), como parte de su compromiso con una justicia humana, accesible y centrada en las personas”, resaltó.
Carolina Cordero, abogada del Relevic en el Distrito Nacional, quien tuvo a cargo la lectura de un boletín estadístico del Relevic, destacó el compromiso con la víctima.
Explicó que el boletín, titulado: “Tutela efectiva de tus derechos”, recoge un amplio catálogo de portafolio de servicios y además las acciones que ejercen o desarrollan los representantes legales del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima.
“Más que un boletín, es una reafirmación de que la defensa de los derechos de las víctimas no es solo una función procesal, sino una vocación institucional”, subrayó.
En el acto también participó la directora general de Carrera, Isaura Suárez; el doctor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; don Francisco Díaz, cónsul general adjunto de España; Marien Montero, rectora del IES-ENMP; Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, procuradores adjuntos, de cortes y fiscales.
Representación legal de la víctima
El perfil del representante legal de la víctima combina sólida preparación técnica con vocación de servicio, sensibilidad humana y compromiso con la no revictimización. Actúan como querellantes y actores civiles dentro del proceso penal, procurando no solo la sanción del responsable, sino, también, la reparación del daño sufrido por la víctima.
El Relevic es una dependencia adscrita a la Procuraduría General de la República, creada mediante la Resolución No. 0010, de fecha 26 de febrero de 2007, con independencia funcional, y en operación desde 2008.
Su misión es defender los derechos de las víctimas ante los tribunales penales del país, garantizando igualdad procesal y el resarcimiento justo del daño.
Según el informe estadístico del Relevic, en el período 2020 al 2025, se recibieron 2,539 casos, se realizaron 22,972 audiencias y se lograron 1,182 sentencias, de las cuales se obtuvieron indemnizaciones por valor de RD$1,259, 547,502 a favor de las víctimas.
El servicio brinda apoyo legal gratuito a personas víctimas de delitos que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado privado.
Entre los servicios que se ofrecerán en las nuevas oficinas se encuentran la orientación jurídica, representación ante los tribunales en todas las etapas del proceso penal, interposición de querellas y constitución en actor civil, solicitudes de medidas de coerción, recursos de apelación, reclamación de indemnizaciones, gestión de medidas de protección, acompañamiento en audiencias y coordinación con servicios psicológicos y sociales.
Asimismo, Relevic ofrece atención especializada a víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata y tráfico ilícito, bajo un enfoque diferencial y de derechos humanos.
La expansión territorial responde a la visión institucional de acercar la justicia a las comunidades y reducir las barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a la representación legal de las víctimas.
La ceremonia simboliza el cumplimiento de un compromiso institucional orientado a garantizar tutela efectiva, participación activa de las víctimas en el proceso penal y acceso real a mecanismos de justicia y reparación.
Nacionales
Ministerio Público pide tribunal rechace solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Estrategia dilatoria de la defensa
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
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Procuradora dice que memes, caricaturas y parodias no constituyen delito bajo nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.
Santo Domingo, R.D.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que el Ministerio Público entiende que el caso de la tragedia ocurrida en el
Jet Set corresponde a un homicidio involuntario, de acuerdo con la legislación vigente.
Ramos sostuvo que, aunque la pena contemplada para este tipo de delito es de dos años, considera que ese tiempo resulta insuficiente debido a la magnitud de la tragedia, en la que fallecieron 236 personas.
Además, señaló que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal permitirá establecer sanciones mucho más severas para casos que se asemejan a este.
Indicó que una pena de hasta diez años habría sido más adecuada, aunque reconoció que el proceso debe regirse por la legislación aplicable al momento en que ocurrieron los hechos.