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Expanden servicio de asistencia legal a víctimas en todo el país
SANTO DOMINGO,- La Procuradora General de la República, Yeni berenice Reynoso, dejó oficialmente instaurada la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), con la integración de una promoción de 100 abogados defensores de víctimas y la apertura de 37 nuevas oficinas distribuidas en todo el país.
El acto contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), y Faride Raful, ministra de Interior y Policía. También, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública.
La procuradora exhortó a los nuevos abogados a servir con dignidad, con calidad, con honestidad y con empatía, antes de proceder a tomar juramento a los 100 abogados que se suman a Relevic.
Afirmó que la iniciativa marca un hito en el fortalecimiento de la atención a las víctimas dentro del sistema de justicia penal dominicano, al ampliar de manera significativa la cobertura territorial y la capacidad operativa de Relevic, institución encargada de brindar representación legal gratuita, especializada y oportuna a personas que se ven afectadas por delitos, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad económica.
“Hoy estamos aquí para saldar una deuda histórica.
Desde el primer día, hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, expresó.
“Nuestra Constitución es un pacto sagrado. En su esencia, y de manera imperativa, nos manda a tutelar los derechos fundamentales y nos impone la obligación ineludible de proteger a las víctimas y a los testigos.
Hoy, hacemos que esa palabra viva, respire y camine al lado de nuestra gente”, sostuvo.
Destacó que arrastra desde hace décadas la idea de expandir y fortalecer el Relevic. “Y debo confesar que muchos, sin malas intenciones, me recomendaron que no iniciara este proceso. Me decían que no se iba a poder, que era una meta demasiado ambiciosa, que era mejor invertir esos recursos y ese tiempo en otras iniciativas. Pero se equivocaron”, dijo.
Reynoso destacó que este camino inició con una resolución del Consejo convocando a un concurso para la formación de 100 aspirantes. “Fue un proceso integral, exigente y riguroso”, dijo.
Detalló que, luego, vino la etapa de formación, donde contaron con el apoyo de un cuerpo docente verdaderamente admirable, empeñado en sembrar en cada participante la semilla de la empatía y la excelencia jurídica.
Al reconocer labores encomiables para desarrollar el proyecto, destacó la colaboración de la Dirección del Relevic, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), destacando que su respaldo en la formación y asistencia técnica ha sido clave.
“Hoy, ese sueño de dos décadas, ese proyecto que nos decían que era imposible, es una realidad poderosa y tangible que se traduce en 37 oficinas, 6 coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, listos para defender a quienes más lo necesitan”, señaló Reynoso.
Sary Corniel, solista de la Orquesta Musical de la Policía Nacional, interpretó “Creo en mí”. El evento contó con la amenización del saxofonista Melvin Morel y el violonchelista Fairuz Issa.
Mientras, la directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, destacó que el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) constituye una expresión concreta del compromiso del Ministerio Público con la protección efectiva de los derechos de las víctimas y con el fortalecimiento de un sistema de justicia penal más humano, accesible y equitativo.
“Desde la dirección de Relevic asumimos con responsabilidad la misión de garantizar una representación legal gratuita, especializada y oportuna a las víctimas de infracciones penales, reconociéndolas como sujetos de derechos y actores fundamentales dentro del proceso penal”, sostuvo.
Agregó “nuestro trabajo se orienta a asegurar que cada víctima pueda ejercer plenamente sus derechos, participar activamente en el proceso penal y acceder a mecanismos de justicia y reparación del daño”.
La incorporación de los nuevos defensores técnicos fue posible tras la aprobación del concurso por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, en su sexta sesión extraordinaria del 29 de abril de 2025, mediante resolución que autorizó la creación de 100 plazas distribuidas conforme al mapa de criminalidad y a las necesidades de las distintas jurisdicciones.
Los profesionales seleccionados cursaron un programa de capacitación especializada impartido por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con formación en derechos de las víctimas, derecho penal, derecho procesal penal y victimología.
En nombre de la promoción, la abogada Dayana Pozo expresó el compromiso de los nuevos defensores de ejercer sus funciones con profesionalismo, sensibilidad y vocación de servicio, destacando que la protección de los derechos de las víctimas fortalece el Estado de derecho y contribuye a una justicia más equilibrada.
“En mi nombre y en el de mis compañeros, quiero agradecer a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien promueve el fortalecimiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), como parte de su compromiso con una justicia humana, accesible y centrada en las personas”, resaltó.
Carolina Cordero, abogada del Relevic en el Distrito Nacional, quien tuvo a cargo la lectura de un boletín estadístico del Relevic, destacó el compromiso con la víctima.
Explicó que el boletín, titulado: “Tutela efectiva de tus derechos”, recoge un amplio catálogo de portafolio de servicios y además las acciones que ejercen o desarrollan los representantes legales del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima.
“Más que un boletín, es una reafirmación de que la defensa de los derechos de las víctimas no es solo una función procesal, sino una vocación institucional”, subrayó.
En el acto también participó la directora general de Carrera, Isaura Suárez; el doctor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; don Francisco Díaz, cónsul general adjunto de España; Marien Montero, rectora del IES-ENMP; Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, procuradores adjuntos, de cortes y fiscales.
Representación legal de la víctima
El perfil del representante legal de la víctima combina sólida preparación técnica con vocación de servicio, sensibilidad humana y compromiso con la no revictimización. Actúan como querellantes y actores civiles dentro del proceso penal, procurando no solo la sanción del responsable, sino, también, la reparación del daño sufrido por la víctima.
El Relevic es una dependencia adscrita a la Procuraduría General de la República, creada mediante la Resolución No. 0010, de fecha 26 de febrero de 2007, con independencia funcional, y en operación desde 2008.
Su misión es defender los derechos de las víctimas ante los tribunales penales del país, garantizando igualdad procesal y el resarcimiento justo del daño.
Según el informe estadístico del Relevic, en el período 2020 al 2025, se recibieron 2,539 casos, se realizaron 22,972 audiencias y se lograron 1,182 sentencias, de las cuales se obtuvieron indemnizaciones por valor de RD$1,259, 547,502 a favor de las víctimas.
El servicio brinda apoyo legal gratuito a personas víctimas de delitos que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado privado.
Entre los servicios que se ofrecerán en las nuevas oficinas se encuentran la orientación jurídica, representación ante los tribunales en todas las etapas del proceso penal, interposición de querellas y constitución en actor civil, solicitudes de medidas de coerción, recursos de apelación, reclamación de indemnizaciones, gestión de medidas de protección, acompañamiento en audiencias y coordinación con servicios psicológicos y sociales.
Asimismo, Relevic ofrece atención especializada a víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata y tráfico ilícito, bajo un enfoque diferencial y de derechos humanos.
La expansión territorial responde a la visión institucional de acercar la justicia a las comunidades y reducir las barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a la representación legal de las víctimas.
La ceremonia simboliza el cumplimiento de un compromiso institucional orientado a garantizar tutela efectiva, participación activa de las víctimas en el proceso penal y acceso real a mecanismos de justicia y reparación.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.