Opinión
La O&M y su Escuela de Comunicación
Published
3 meses agoon
(Y segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
Construyendo significados simbólicos en la rutina diaria, en casi todas las salas de redacción mediática, corporaciones estatales y privadas, provincias o territorios muy poblados de Estados Unidos laboran egresados de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M, y son escasos los periodistas profesionales que no hayan impartido docencia o dictado conferencias en sus auditorios. La oficialización de la pasantía periodística, por primera vez en el país; el empleo de profesores experimentados y su inserción internacional son la elegancia de su ADN, y su empuje ascendente.
La Escuela de Comunicación Social de la O&M fue creada en 1986 por iniciativa de su fundador y rector, doctor José Rafael Abinader Wassaf, un convencido de la utilidad transformadora de la conexión con esos artilugios y sus audiencias: a mediados de la década de 1960 fue profesor de Economía del primer Departamento de Comunicación Social del país, el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); propietario en el ocaso del siglo XX del periódico El Porvenir, fundado en 1872 en Puerto Plata, y la Editora Panamericana; accionista del diario La Información, Santiago, instalado en 1915, y articulista de los matutinos Listín Diario y Hoy.
La primera investidura de la Escuela de Comunicación de O&M tuvo efecto el 20 de julio de 1990, con 12 graduandos: María Gómez, fundadora de la Dirección de Comunicación del Servicio Nacional de Salud; William Rodríguez, productor de televisión; Yanet Ventura, correctora de estilo; Sérbole Luna, periodista residente en Puerto Rico; María Magdalena Rodríguez y Rosa Elena Valdez, domiciliada en el exterior.
En esa ceremonia efectuada en la explanada de la sede central de la O&M del Centro de los Héroes, también se titularon los fenecidos Pedro Pascual Estrella, residente en San José de Ocoa; Daniel Martich Lorenzo y Rolando Guante Javier, en San Cristóbal; Edgar Reyes, en Monte Plata, primer no vidente titulado, y Roberto Burgos y Rafael Domínguez, en Puerto Plata. Un tributo post mortem para esos alumnos iniciadores.
Antes y ahora con el nuevo pensum de 2026, los beneficios de estudiar comunicación social en la Universidad O&M son los siguientes:
1.- Un programa sabatino, que representa ahorro de tiempo y recursos financieros, especialmente para los que trabajan y residen en pueblos del interior del país.
2.- Un pensum acabado y actualizado, con unas 50 asignaturas.
3.- Amplia experiencia profesional de su cuerpo profesoral.
4.- Soportes tecnológicos: a) salas de computadoras, b) un estudio de televisión, c) un estudio de radio, d) un canal de YouTube, e) una revista digital, y f) una muy nutrida biblioteca.
5.- Pasantía periodística, al término de 4 años de estudios.
La Escuela de Comunicación Social de la Universidad O&M, la primera de la República Dominicana en establecer oficialmente la pasantía periodística, ha graduado -desde 1990- a casi dos mil profesionales, que crean contenidos para visibilizar la información, gestionan la comunicación con visión crítica y estratégica, tanto en función de reporteros, productores audiovisuales, directores de unidades de comunicación, jefes de redacción o de secciones, y consultores.
En procura de que estudiantes y titulados de esta y otras unidades académicas del país amplíen su capacidad y liderazgo con mira a fomentar la convivencia e integración comunitaria, a través de ideas y proyectos para la cohesión y el cambio social, en el ocaso del siglo XX fue creada la Asociación de Egresados de la Escuela de Comunicación de la Universidad O&M, presidida por Claudio Toribio; en dos ocasiones ha presidido la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD) y en tres momentos la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
Igualmente, ha ocupado un asiento en la dirección para Centroamérica y el Caribe de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs) y participa en equipos de investigación y de salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas (Confiarp).
Siguiendo esas directrices, la delantera y conducción de sus licenciados ha sido puesta a prueba no solo en el campo laboral, sino también socio-comunitario. Un amplio segmento de ellos ha ocupado posiciones presidenciales en organizaciones gremiales y socio-culturales, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Cronistas de Arte y Espectáculos (Acroarte), el Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa), la Asociación de Cronistas Sociales, la Asociación de Periodistas Turísticos, y otras. Testimonian, con orgullo, la calidad de la enseñanza de su alma máter, la O&M,
Ahora, ¿cuál es el campo de trabajo en comunicación social?
Los graduados en comunicación social están preparados para laboral en medios escritos, radiales, televisivos y digitales; en instituciones gubernamentales, empresas privadas, agencias de comunicación y publicidad, organizaciones de interés social, entidades empresariales, profesionales, gremiales y otras, con salarios conforme a su idoneidad competitiva. Pueden participar como presentadores de televisión, productores radiales, periodistas, entrevistadores, locutores, relacionistas públicos, creadores de contenidos digitales, redes sociales y diseño editorial.
Bien, y ¿qué tan manejable y comprensible es cursar esta carrera?
Aprender y ejercitarse, mediante la instrucción, la observación, la investigación y el análisis de esta carrera encuadran como interdisciplinarios y flexibles, en función de su concentración en las “habilidades blandas”. Esas destrezas: creatividad, expresión corporal y presencia escénica, innovación, perseverancia, escucha activa, empatía, emprendimiento, liderazgo, el pensamiento crítico y otras competencias interpersonales, abren la llave en el mercado laboral, en la exigencia digital global y empresarial.
Genéricamente, ¿cuáles son las ventajas para estudiar comunicación social?
Estudiar comunicación social permite a los estudiantes capacitarse para:
1.- Desarrollar habilidades para interrelacionarse en las esferas personales y profesionales, y dotarlos de los conocimientos teóricos y técnicos para la empleabilidad y el mejor desempeño laboral.
2.- Adiestrar en la práctica de redacción para la prensa escrita, la radio y los medios audiovisuales y digitales, en la más efectiva interconexión para la socialización, la integración, el cambio y el bienestar de la sociedad.
3.- Proporcionar los saberes histórico-culturales y científicos necesarios para poseer el privilegio de informar, educar y sensibilizar a la opinión pública sobre temas de alto interés nacional e internacional
4.- Proveer las capacidades para concebir y escribir mensajes que capturen la atención de los receptores y contribuir con la forja de valores humanistas y una conciencia crítica en la colectividad.
5.- Potencializar el pensamiento estratégico para diseñar campañas de comunicación y educación, aprovechando las innovaciones tecnológicas para ponerlas al servicio de la comunidad.
Los diplomados de la Escuela de Comunicación Social de la O&M se ganan espacios en los convergentes dispositivos mediáticos, por sus habilidades, auxiliados por las computadoras u ordenadores, en la redacción de narrativas, con adecuación conceptual y el enjuiciado colectivo. Se consolidan por su valoración profesional, y señalizan la funcionalidad y pertinencia de los estudios académicos en comunicación social. Aura, por los enunciados precedentes y axiomas argumentativos, como un referente histórico.
¡Loor para sus inspiradores José Rafael Abinader Wassaf y Zoraida Heredia viuda Zuncar, vicerrectora académica, y para los profesores fundadores: Rafael Núñez Grassals, Eleanor Grimaldi, Oscar López Reyes, Harlem Gómez, Abel Fernández Mejía, Francisco Pancorbo, Ana María Camacho, Nora Nivar, Reyna Patricia Carrasco, Leonel Fernández, Pascal Peña, Héctor Tineo y Huchi Lora. Homenaje, in memoriam, para los profesores Jimmy Sierra, Salomón Siguié, René Rodríguez Soriano, Luis Rodríguez Palmero, Leopoldo Grullón, Octavio Herasme, Claudio Toribio, Víctor Gulías, Junior Ramírez, y para unos 20 egresados idos a destiempo.
…………………………………..
El autor: director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M 1987-2026.
………………………………..
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Opinión
Cumplimiento de las solicitudes de la Corte Penal Internacional
Published
4 días agoon
junio 3, 2026Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Published
4 días agoon
junio 3, 2026Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.
