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30 cambios y nuevas designaciones hace director de la Policía Nacional.
Santo Domingo.–Nuevos cambios introdujo hoy el mayor general Andres Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional, cuyas designaciones incluyó a titulares en más de 30 direcciones regionales, especializadas, de áreas y depertamentales, con el objetivo de seguir mejorando los niveles de seguridad en todo el territorio nacional.
Entre las nuevas designaciones figura la del Subdirector General Policial, general Esteban Figuereo García, quien en adición a sus funciones asumirá como Director Central de Transformación Policial, en sustitución del general Juan Hilario Guzmán Badia. Mientras que el general Jorge Perdomo Sena asume como Director Central de Recursos Humanos, en sustitución del también general Figuereo García.
En tanto que el general Jorge Luis Galan Guerrero fue designado como director Regional La Altagracia, en sustitución del coronel Ramón Diclo Mateo, quien a su vez será el nuevo director Regional en La Vega.
En tanto que el general Wandy Made Montilla, quien ocupaba la Dirección Regional Este, en lo adelante asumirá funciones similares en la Regional Santo Domingo Este, donde sustituye al también general Eddy Francisco Pérez Peralta, quien asumirá como director en la Dirección Regional Santo Domingo Oeste.
Las designaciones y cambios dispuestos por el mayor general Cruz Cruz incluyen al general Eduardo Escalante Alcántara, quien asume la Dirección Regional San Cristóbal. Anteriormente ocupaba funciones similares en Santo Domingo Oeste.
Mientras que el general Jesús R. Tejada Tejada fue designado como director Regional Cibao Central, en sustitución del general Juan Bautista Jiménez Reinoso.
Asimismo, el general Pablo Francisco Ortega Brito fue designado como director Regional María Trinidad Sánchez, en sustitución del general Miguel Mata Rodrìguez, quien en lo adelante tendrá a su cargo la Dirección Regional Cibao Sur, con sede en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Las designaciones abarcan también al general Juan Sebastián Guzmán Toribio, como Director de la Dirección de Área de la Policía Escolar, puesto que desempeñaba el general Francisco Osoria de la Cruz.
Mientras que el general Ramón Samuel Azcona Reyes fue designado Director Regional Noroeste, con asiento en Mao, Valverde, en sustitución del general Guzmán Toribio.
En tanto que el general Antonio del Carmen de los Santos fue designado como Director Central de Asuntos Legales, en sustitución de la coronel Flavia Montero Romero.
- Mientras que en la Dirección Central de Planificación y Desarrollo (Diplan) fue designado el coronel Miguel Alb. Balbuena Álvarez, en sustitución del también coronel Juan Antonio Bello Balaguer.
Otra Dirección Regional que tendrá nuevo director es la Espaillat, donde fue designado el coronel Enmanuel Pérez Polanco, en sustitución del coronel Luis Simón Castaños.
El mayor general Cruz Cruz también dispuso la designación del general Juan Gautreaux Martínez, como director de Área de Tecnología de la Información y la Comunicación, en sustitución del coronel Miltón Santana Mora.
Mientras que la coronel Ana Jiménez Cruceta fue designada como nueva Directora Regional Sur Central, con asiento en Baní, provincia Peravia, en sustitución del también coronel Glauco Alejandro Mercedes, quien a su vez asumirá como titular de Área de Antiruidos y Contaminación Sónica, función que desempeñaba la coronel Juana Almonte Martínez.
Las designaciones abarcan, además, al coronel Edwin Cabrera, quien se desempeñará como Intendente de Armas, en sustitución del coronel Francisco A. Francisco Pimentel, quien a su vez asume las funciones de Director de Área de Implementación del Modelo de Servicio Público de Policía.
Otras designaciones son las de los coroneles Carlos Peña Méndez como Director de Area del Comité de Retiro de la Policía Nacional, en sustitución del general ® Julio C. Betances Hernández; coronel Yuveres Cuevas Aquino como director de Área de Antipandillas, cargo que era desempañado por el general ® Rufino Ant. Contreras Ruiz.
Mientras que el coronel Edward Jesús Díaz Núñez fue designado Director de Area de Servicios Especilizados, en sustitución del coronel Emilio Corcino Galván.
También el coronel Margaro Martínez de la Cruz fue designado como nuevo Director de Área de la Policía Comunitaria, en sustitución del también coronel Roberto L. Lerebours García.
Los cambios y designaciones también incluyen al coronel Garibaldy de la Rosa Nazir, quien pasará a desempeñar como director de Area de Derechos Humanos, en sustitución del coronel Roberto Ant. Albino Filpo.
En tanto que el coronel Johanny Confesor Matos Pérez desempeñará las funciones de Director de Area de Contrainteligencia, en sustitución del teniente coronel Héctor Manuel Mateo Castillo. Se suma a las designaciones el coronel Eduardo Melo Santana como Encargado de Recursos Humanos de la Policía de Turismo, en sustitución del coronel Elvin Vallejo Morillo.
Mientras que el coronel Edward Keyner Perdomo Sena fue designado como director de Área de Supervisoria de Cárceles bajo control de la Policía Nacional, en sustitución del coronel Yldebrando de Jesús Guzmán Toribio.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.