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Es una peligrosa amenaza para cualquier democracia el proceder errático y no pensado de sus mandatarios.
Este periódico La República ha sido un observador de primer orden de los fenómenos que representan un peligro para la estabilidad política y económica de cualquier país, los cuales tienen una gran trascendencia nacional e internacional.
El caso más patético en esta materia lo representa la administración de Donald Trump, cuyo mandatario de la principal potencia del mundo actúa regularmente de forma muy emocional y volátil con resultados dolorosos y catastróficos para su nación y el resto de los países del planeta.
En estos momentos Trump no sólo crea serios problemas al mundo entero, sino que los mismos van acompañados de una tensión externa e interna, asi como en su en su Bolsa de Valores, cuya principal pretensión ha sido abolir o buscar la desaparición de la proyectada institucionalidad de los Estados Unidos y del derecho internacional, cuya primera parece ser parte de una inexistente realidad, porque en su administración el Ejecutivo se pone por encima del equilibrio de los poderes, lo que incluso pone en peligro la democracia.
En los Estados Unidos de América ahora todo parte de la voluntad y del deseo de Trump, quien no ha tenido reparos en intentar barrer con las instituciones y todo el derecho interno y externo, que data de siglos, porque esta nación fue de las tres primeras que tuvieron una constitución y que es la madre del equilibrio de los poderes y del derecho constitucional difuso.
Sin embargo, Trump ha echado por la borda el legado constitucional y de derechos a partir de sus propias órdenes ejecutivas en las que no respeta el sistema establecido y lo viola todo mediante sus decisiones repentistas, lo que crea conflictos con sus aliados de Europa y de otros continentes del mundo.
En el escenario está en los actuales momentos la guerra en contra de Irán, la cual ha sido manejada sobre la base de una percepción que no parece corresponderse con la verdad de los hechos, pese a que lo que se puede ver a la distancia es que la confrontación bélica va camino a crear una crisis económica mundial con las alzas que se producen en los precios de los combustibles.
En el curso de los días y a pesar de que la administración Trump garantizó en algún momento que controlaría el tráfico de barcos con petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, todo ha parecido ser una versión que no ofrece la más mínima posibilidad de que sea verdad, con el agravante de que los países de la unión europea no están muy animados a colaborar con los Estados Unidos para facilitar desbloquear la vía marítima que permite el transporte del 20 por ciento de los combustibles que llegan a todo el mundo.
La verdad es que el pase del petróleo por el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica localizada en el Oriente Medio, que se conecta con el Golfo de Imán y el Mar Arábigo, delimitado por Irán al norte y por Omán y los Emiratos Árabes al sur, cuya anchura mínima es de aproximadamente 33 a 50 kilómetros, está totalmente obstaculizado por el control que ejerce el país persa y que provoca que los precios del barril del mismo alcancen niveles preocupantes para todas las economias del planeta..
Trump no tiene ni siquiera la visión de evitar abrirse muchos frentes al mismo tiempo, sino que promueve guerras y confrontaciones por doquier que ya parece que ha roto la unidad a lo interno de su gobierno en virtud de que su vicepresidente J.D. Vance ha dicho no compartir desarrollar confrontaciones bélicas en el mundo como aquella contra Irak, donde expresa que todavía hay presencia militar de la potencia del norte sin jugar ningún papel allí.
La cuestión es que Trump, que no parece tener el suficiente control para no enfrentar a todo el mundo mismo tiempo e incluso con el uso de recursos como las visas que se otorgan en los diferentes consulados ubicados universalmente sobre la base de un chantaje en contra de todo aquel que tiene una crítica con su política agresora de los derechos a la autodeterminación de los pueblos, lo cual se produce en una época en la que se entiende que semejante comportamiento había sido superado en razón del empoderamiento del derecho convencional e internacional, tanto público como privado, máxime aquellos que están en el contexto de los derechos humanos fundamentales.
A algo más de un año del inicio del gobierno de Donald Trump, la situación en los Estados Unidos de América y los demás países del planeta se proyecta muy inestable, por la influencia de éste ante las demás naciones, cuyo retroceso, después de la llegada de este gobernante a la Casa Blanca, crea mucha incertidumbre en las democracias de los hemisferio oriental y occidental.
Es impredecible saber que es lo próximo que podrá ocurrir con la administración Trump, ya que nada es parte de un plan a corto, mediano y largo plazo, sino del capricho de un gobernante que se apoya en el criterio de que los Estados Unidos están por cima de todas las demás naciones y que los derechos sólo tienen sentido con aquellos que están de acuerdo con su proceder caracterizado por la irracionalidad y el capricho.
Cualquiera pudiera pensar que el «Checks and Balances» o equilibrio de los poderes en español es un logro que ya no tiene sentido, siempre de acuerdo con el proceder e imposición de la fuerza por parte de la administración de Donald Trump, con la que se comprueba que la teoría en este sentido, a pesar de que tuvo mucho sentido, pero que su logro no parece ser para siempre, ya que en este caso ha sido hecha trizas con el vencimiento de la institucionalidad por el presidencialismo.
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Junta Central Electoral se suma a desacato de jurisprudencia del T.C. sobre candidaturas independientes.
Por José Cabral
La República Dominicana entra en el campo de la incertidumbre o el limbo legal con el desconocimiento del mandato de la carta magna que otorga la facultad al Tribunal Constitucional para interpretar las normas a los fines de someterlas al control de constitucionalidad.
Una comunicación del Pleno de la JCE pone en cuestionamiento la seguridad jurídica nacional con su respuesta a la intimación vía alguacil del Frente Cívico y Social, en la que dice que se suma a la violación mediante de la ley promulgada por el Poder Ejecutivo, la 13-26, que busca la nulidad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
La Junta Central Electoral (JCE) ante la intimación hecha por el FCS para que el órgano del Estado que tiene la facultad de dirigir y fiscalizar el proceso electoral, mediante el cual se eligen las autoridades nacionales, anunció que se acoge al desacato de la jurisprudencia establecida por el TC a través de la cual dispone que las aspiraciones para ocupar una posición electiva en el sector público tiene las vías directa e indirecta, tal y como lo consignan los articulos 216 y 22 de la Constitución de la República.
La sentencia del TC sobre las candidaturas independientes se fundamenta en los articulos 184 y 185 de la Constitución de la República, así como en el 47 de la Ley 137-11, Orgánica del órgano extra poder, los cuales le otorgan poder para interpretar las normas que se contraponen con la carta magna, como los articulos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, cuyo desconocimiento del rol de la alta corte deja en un limbo el regimen legal del país.
El desacato de la jurisprudencia sobre la jurisprudencia sentada por la alta corte en torno a las candidaturas independientes ha dejado claro que la democracia dominicana sólo existe en el papel, pero no en la realidad, ya que la Ley 13-26, la cual provino del Congreso Nacional y que ahora recibe el apoyo de la Junta Central Electoral, constituye un desconocimiento de la funcion que juega en materia de interpretacion el Tribunal Constitucional.
Es la segunda que vez que el el Pleno de la JCE se pone al margen del derecho constituicional, ya que la primera ocasion fue con el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba todos los derechos, valores y principios fundamentales que ha hecha valer el Tribunal Constitucional, incluido el de elegir y ser elegido.
La controversia generada en el país tras la emisión de la sentencia TC/0788/24, que se deriva de la interpretación del TC, facultad consignada en el artículo 47 de su ley orgánica, la 137-11, así como del 184 y 185 de la Constitución de la República, cuyo resultado fue la modificación de los textos de los artículos 156 y 157 de la carta magna, que ha dejado muy mal parada la justicia constitucional en el país.
La cuestión confirma que la Constitución dominicana no es más que un pedazo de papel que no respeta nadie y que sólo se invoca para la conveniencia de aquel que entiende que ha sido utilizada para violarle sus derechos fundamentales, cuya confrontación envuelve una serie de valores y principios, como el de elegir y ser elegido, el de legalidad, proporcionalidad, dignidad humana y pro-participación.
La decisión de la Junta Central Electoral crea un problema legal de fondo en el país en razón de que el Tribunal Constitucional en la práctica ha sido sustituido por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, lo que en consecuencia invalida todas las decisiones que provienen de este alto tribunal, porque si uno de sus fallos no tiene legalidad ni fuerza de aplicación, igualmente ocurre con los demás, lo cual equivale a su extirpación del sistema jurídico nacional.
En los actuales momentos el TC ha quedado sin legitimidad para operar en el país y en esas condiciones debe ser eliminado de la vida nacional, a los fines de que la nación sea dirigida y controlada por un régimen de fuerza como en los tiempos de la dictadura trujillista, ya que no es la primera sentencia desacatada de las emitidas en virtud de su facultad interpretativa otorgada por el artículo 47 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional.
La aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 13-26, la cual implica una interpretación para la que no tienen la facultad los diputados y senadores, y su posterior promulgación por parte del presidente Abinader, indica que estos órganos han dictado la muerte de la democracia nacional y han promovido la imposición de un régimen de fuerza.
Las decisiones del Senado y la Cámara de Diputados, así como del Poder Ejecutivo, conllevan que no puedan hablar de golpe de Estado si algún sector se revela y depone por la fuerza a las autoridades nacionales, ya que la Constitución en la práctica no existe, porque ha sido eliminada por los que deben velar por su cumplimiento
La irregular situación impone que el TC sea disuelto y que las sentencias emitidas sobre el principio de igualdad y de otros valores y principios fundamentales deben ser anuladas para que el país regrese a las violaciones que contenían las mismas y que se creen las vías que se entiendan más atinadas para la defensa de sus intereses y para que se elimine en el país el llamado Estado Social Democrático y de Derecho, establecido en el artículo 7 de la carta magna y que se establezca por ley que en el país se impone el más fuerte en desconocimiento de los avances logrados tanto en el derecho interno como en el externo.
No es la primera vez que la Junta Central Electoral incurre en una acción inconstitucional e ilegal en lo que respecta a la violación de derechos, valores y principios fundamentales, ya que en una ocasión anterior sometió un proyecto de ley al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados que no respetó su propia legalidad y que también vulneró la facultad del TC de emitir sentencias interpretativas.
El órgano comicial ha dejado demostrado que no responde a los intereses del ciudadano dominicano y mucho menos de la democracia, sino de los partidos políticos, por lo que nunca ha hecho el menor esfuerzo para establecer un control para que prevalezca la transparencia de estas organizaciones en el manejo de fondos públicos como lo manda el artículo 216 de la carta magna y la Ley 33-18.
Si el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la Republica, y la Junta Central Electoral se han puesto de acuerdo para quitarle la facultad que tiene el TC de interpretar las normas que violan la Constitución como la que se refiere a las candidaturas independientes, entonces se puede decir que todas las decisiones del órgano extra poder tampoco tienen validez y que debían ser eliminadas del ordenamiento jurídico nacional.
Pero además con las acciones ilegales de los órganos anteriormente citados, que le quitan validez a una parte de la ley sustantiva de la nación, igual se supone que debe ocurrir con los artículos, como el 124, que se refiere a la elección presidencial, porque si una cosa es ilegal la otra también.
Se asume que, si una parte de la Constitución no tiene validez por la actitud de fuerza de algunos actores del sistema, incluido el presidente de la República, lo mismo debe ocurrir con el texto íntegro de la carta magna, ya que no puede haber una lectura parcial de lo que dispone la misma, lo que acerca mucho más a los Estados dominicano y haitiano en lo que respecta a su existencia de derecho, pero no de hecho, es decir, que sólo existen en el papel, pero no en la práctica, lo que los convierte en no viables o fallidos.
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Desdemocratización del mundo impacta a R.D. en era Trump que cuestiona orden multilateral y derecho jurídico interno y externo .
Por José Cabral
La democracia global ha tenido un impacto muy severo de movimientos populistas de derecha que cuestionan el orden multilateral con postura de poder directo en el hemisferio occidental, cuya caracterización es por la polarización y por un fuerte desafío a la separación de poderes.
Los temores por el deterioro democrático en América Latina y en la protección de derechos aumentan permanentemente, ya que se busca reconfigurar en la región una imagen de derecha sobre la base de la política del garrote, lo cual crea preocupación sobre la estabilidad democrática de la zona.
El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader ha exhibido una fuerte tendencia a apoyarse en violaciones a la Constitución para incluso descartar que en el país pueda surgir una sorpresa en el terreno electoral, es decir, que usa su poder público para favorecer la ilegalidad de los partidos políticos, incluido el suyo, el Revolucionario Moderno.
Las medidas a imagen y semejanza de la filosofía trumpista ya comienza a dejar la sensación de que el Gobierno de turno en la República Dominicana no tiene ningún temor a tomar el camino de la ilegalidad en razón de lo que ocurre en la comunidad internacional con la forma de hacer política del mandatario estadounidense.
En realidad, se trata de una lucha cultural por parte de Trump para cambiar la regla del juego a nivel internacional, cuyo principal propósito es el debilitamiento de la democracia y el orden mundial con el resquebrajamiento de los contrapesos internos y con el ataque bestial a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde la instauración de la ley mordaza a través de la colocación de publicidad a los medios de publicidad oficial hasta el desacato de las sentencias que sientan jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre las que se pueden mencionar las que tienen que ver con las candidaturas independientes, así como las referentes al servicio de agua potable y muchas otras que son violadas consuetudinariamente por los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), las cuales sirven de ejemplos para valorar la tendencia por la ilegalidad.
El comportamiento ilegal de las autoridades nacionales tiene como motivación la filosofía trumpista, ya que las órdenes ejecutivas del jefe de Estado de la potencia del norte casi siempre implican una violación constitucional y parece no haber un mecanismo para detener el deterioro institucional que afecta a los Estados Unidos de América.
Evidentemente que Luis Abinader se ha sumado a la filosofía de gobernar de Trump, cuyo deterioro de la democracia dominicana se profundiza porque las debilidades institucionales del país siempre han representado una amenaza para el avance y el fortalecimiento del modelo de representación, pero ahora toma ribetes de alta preocupación para el dominicano consciente.
La tendencia por violar el régimen legal ahora constituye una causa para no detener un fenómeno que podría retrotraer a la sociedad dominicana a tiempos que por lo menos de percepción parecían superados.
El problema dominicano es que en el país no hay forma de someter a un juicio político a Abinader a través del mandato del artículo 83 de la Constitución, porque la iniciativa al respecto tiene que venir de la Cámara de Diputados hacia el Senado de la República, pero es que ambas son una especie de sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
Pero además el Congreso Nacional tiene las mismas andanzas del presidente Abinader en lo que parece ser un plan estratégico del partido oficial como una forma de obstaculizar cualquier posible cambio en el escenario electoral nacional por el descredito de la partidocracia.
En consecuencia, la era trumpista dejará huellas muy profundas en la democracia del hemisferio y el mundo, ya que las posibilidades de que esa realidad cambie lucen muy remotas por lo menos en el resto de tiempo que le queda a la administración estadounidense.
En el país todo el mundo sabe que no se respeta el precario orden institucional, cuya suma del presidente de la República, es decir, del jefe del Estado, crea un deterioro que podría hacer colapsar los pocos logros que en materia de seguridad jurídica y en lo que se refiere al Estado Social y Democrático de Derecho, que coloque la nación en un retroceso de los tiempos de las peores dictaduras que han existido históricamente.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.