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Clave de caso Jet Set: homicidio voluntario o involuntario.
Santo Domingo, R.D.-Uno de los casos más tragico que se ha registrado en el pais en las ultimas decadas es conocido por los tribunales dominicanos, el cual tuvo lugar el 8 de abril del pasado año al desplomarse el techo de la disteca Jet Set.
Tras la muerte de 236 personas y provocar heridas a más de 180, los familiares de las víctimas decidieron presentar sus querellas ante la fiscalía del Distrito Nacional, acusando a los propietarios de haber cometido homicidio involuntario.
Lo mismo hizo el Ministerio Público, quien además recopiló las pruebas que supuestamente evidencian cómo los dueños Antonio Espaillat y Maribel Espaillat estaban conscientes del deterioro registrado en la infraestructura.
Sin embargo, este aspecto es precisamente la razón por la cual otras víctimas están convencidas de que los hermanos Espaillat deben ser juzgados por homicidio voluntario, ya que, a pesar de saber sobre el peligro que representaba la infraestructura, decidieron continuar con las fiestas sin importar la seguridad de sus clientes.
Esto es diferente a la postura del Ministerio Público y otras familias de las víctimas, quienes consideran que el caso se trata de un homicidio involuntario.
Los querellantes que le solicitan acoger esa calificación jurídica al juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intentan alcanzar una pena mayor para los dueños del Jet Set, ya que de ser juzgados por el delito de homicidio involuntario solo podrían recibir una condena penal máxima de dos años en prisión.
Mientras que el homicidio voluntario tipificado en el Código Penal dominicano es sancionado con una “pena de reclusión mayor”, la cual contempla entre tres y 20 años de cárcel.
Antes de concluir la etapa de juicio preliminar, el magistrado Raymundo Mejía deberá revelar su decisión, especificando la tipificación penal que utilizarán para dictaminar la inocencia o culpabilidad de Antonio y Maribel Espaillat.
Una de estas es “el testigo clave” del caso, Gregorio Adames Arias, quien se desempeñaba como encargado de reservaciones en el centro de diversión nocturna y quien dice haber notificado desde años atrás al daño que percibía en la obra.
Según establecen en la querella los representantes legales de Adames y otras nueve víctimas, las pruebas revelan que la fatalidad fue ocasionada por “un acto de soberana voluntad” de los dos integrantes de la familia Espaillat.
“Entendiendo que estaban por encima de la ley, asumieron de forma consciente las obras y, por ende, la responsabilidad de los resultados sin la debida supervisión, que de hecho la obviaron, para lograr su fin”, contiene el documento judicial depositado ante la Fiscalía de Ciudad Nueva el pasado 18 de febrero.
En su argumento, los juristas entienden que las alteraciones realizadas en la edificación por los Espaillat, modificando un antiguo cine para convertirlo en una discoteca, incumpliendo disposiciones legales, les adjudica una responsabilidad penal y civil.
“Como dato relevante, los propietarios tuvieron la opción de someter el inmueble a revisión por parte de profesionales capacitados, cerrar la discoteca o suspender las actividades debido al deterioro visible del techo, evidenciado por la caída frecuente de azulejos de yeso. Sin embargo, se optó por continuar operando”, indicaron los juristas.
La parte acusadora alega que existió una “conciencia del riesgo”. De acuerdo con la explicación aportada en la denuncia, esta ocurre cuando el sujeto comprende las consecuencias potenciales de su acción, aclarando que “nadie puede alegar en su favor el desconocimiento de la ley y mucho menos su franca violación”.
Además, los abogados dicen estar convencidos de que “la intencionalidad se pone de manifiesto”, debido a que la motivación económica refuerza la versión de que la omisión de los propietarios “no fue accidental”, sino deliberada y orientada hacia un objetivo: las ganancias.
“Esto se alinea con el concepto de dolo eventual, donde el sujeto acepta un riesgo para lograr un beneficio, aunque el resultado dañino no sea su intención principal”, aseveraron en el contenido del expediente.
Según indican, los tribunales dominicanos han considerado en casos similares que priorizar beneficios económicos sobre la “seguridad conocida constituye una acción voluntaria con intención implícita”. “La búsqueda de lucro no exime de responsabilidad, sino que agrava la percepción de dolo”, precisa la imputación.
“Nuestra jurisprudencia indica que, cuando el agente, previendo razonablemente un resultado lesivo, omite adoptar las medidas necesarias para evitarlo y persiste en su accionar, incurre en una forma de dolo, suficiente para generar responsabilidad penal, especialmente en casos de homicidio donde el resultado fatal era previsible y evitable”, afirman.
Mencionaron la decisión acogida en 2022 por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la sentencia SCJ-SS-22-0635, a través de la cual determinó, según indicaron, “una persona, a sabiendas de que su conducta puede causar un daño grave, decide actuar de todas formas, se configura una modalidad de dolo eventual, al existir previsibilidad del resultado y su indiferente aceptación por parte del autor”.
Además, la parte acusadora realizó un ejercicio de derecho comparado, recordando que el Tribunal Supremo de España concluyó en el dictamen STS 382/2019 que la “decisión de ignorar advertencias claras refleja una elección voluntaria, especialmente en contextos de riesgo conocido”.
“La jurisprudencia internacional y los hechos del caso (advertencias ignoradas, deterioro visible, falta de inspecciones, violación de las normas legales que regulan la construcción en beneficio de la seguridad) proporcionan un fundamento jurídico irrefutable para sostener que Antonio Espaillat y los demás encartados actuaron voluntariamente, con plena conciencia del “daño amenazante” y priorizando el lucro sobre la seguridad”, reiteraron.
El conjunto de abogados está conformado por Plinio Pina Méndez, Indhira Oller Martínez y Luis Aybar Duvergé. Estos tres juristas representan a otras nueve personas que comparten las peticiones de Gregorio Adames. Dentro de la lista de afectados se encuentran Jenire Yuleisy Mena Martínez, Nelson Encarnación Romero, Juliana Vanessa Castillo Vargas, Emma Dolores Acevedo, Emely Luisa Reyes López, Francisco Aurelio Martínez Mejía, Wilbi Rafael Heredia Encarnación, Cristóbal Hilario Moya Eustate y Ana María Ramírez de Bossu.
Estas víctimas de la catástrofe registrada a las 12:44 de la noche de aquel 8 de abril esperan que el tribunal obligue a los hermanos Espaillat a pagar el 50% de “todos los costos y gastos involucrados con el seguimiento académico, seguros de salud y cualquier obligación propia” de los padres fallecidos hasta la mayoría de edad, en los casos que aplique.
Asimismo, enmendar con la entrega de una suma “nunca inferior” a RD$20 millones, “como justa y razonable compensación, por los daños y perjuicios materiales, morales, económicos, y emocionales, emergentes, producto del accionar de los imputados”.
Por último, colocar una sanción económica de USD$1,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de estas obligaciones, la cual sería aplicada si el juzgado determina la culpabilidad de ambos.
Estado actual del caso
El pasado lunes, los abogados de Gregorio Adames le solicitaron al magistrado Raymundo Mejía permiso para que expresara en la audiencia su versión de los hechos. De esta manera, evidenciar la necesidad de que se acoja la clasificación jurídica que recomiendan al tribunal: condenar a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat por haber cometido homicidio voluntario.
Pero el juez Mejía rechazó ese pedimento, asegurando que la fase preliminar de un juicio no es el momento en el cual se le permite el derecho a la palabra a los testigos, ya que, según el procedimiento, corresponde al juicio de fondo.
Las partes involucradas fueron citadas el próximo lunes 27 de abril a asistir al tribunal para continuar con el conocimiento del caso.
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Senado aprueba reforma que cambia la designación de procuradores adjuntos y adapta el Ministerio Público a la Constitución
La iniciativa modifica la Ley Orgánica 133-11 para adecuar la estructura y los mecanismos de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2024.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto legislativo que introduce modificaciones a la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, con el propósito de armonizar su funcionamiento y organización institucional con las disposiciones de la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024.
La iniciativa, presentada por el senador Ramón Rogelio Genao, procura actualizar las normas relacionadas con la designación del procurador general de la República y sus adjuntos, así como incorporar los cambios constitucionales en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la nueva distribución de competencias para seleccionar a los procuradores adjuntos, estableciendo la participación del Consejo Nacional de la Magistratura y del propio procurador general en esos nombramientos.
Procurador general podrá seleccionar parte de sus adjuntos
De acuerdo con el artículo 31 del proyecto aprobado, el procurador general de la República podrá contar con un máximo de 14 procuradores adjuntos.
La mitad de estos funcionarios será designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República, y deberá reunir los mismos requisitos constitucionales exigidos para ocupar la Procuraduría General.
Los siete puestos restantes serán seleccionados por el procurador general entre los procuradores generales de Cortes de Apelación que cumplan las condiciones establecidas para ejercer esas funciones.
Esta distribución busca adecuar la estructura del Ministerio Público al esquema institucional surgido de la reforma constitucional de 2024.
Reforma constitucional cambió el mecanismo de designación
Uno de los principales cambios introducidos en la Constitución de 2024 fue la modificación del procedimiento para nombrar al procurador general de la República.
Anteriormente, su designación correspondía directamente al presidente de la República mediante decreto.
Con el nuevo modelo constitucional, el mandatario presenta una propuesta de candidato ante el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo al que corresponde decidir sobre su designación.
Otra modificación importante fue la salida del procurador general de la composición del CNM, órgano del que formaba parte desde la reforma constitucional de 2010.
Su lugar pasó a ser ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional, como parte de la reorganización del organismo responsable de determinadas designaciones de altas autoridades del sistema de justicia.
La reforma aprobada por el Senado procura eliminar las contradicciones entre la legislación orgánica vigente y las nuevas disposiciones constitucionales.
Continúa pendiente discusión de regulación de conflictos de intereses
Durante la misma jornada legislativa, los senadores avanzaron en el conocimiento del proyecto de Ley General de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas.
La propuesta, presentada por el senador Antonio Manuel Taveras, fue leída hasta el artículo 20 y posteriormente quedó sobre la mesa para continuar su discusión en otra sesión.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos orientados a establecer reglas sobre los conflictos de intereses que pueden surgir en el desempeño de responsabilidades públicas.
Verón-Punta Cana avanza hacia su conversión en municipio
En otro punto de la agenda, el Senado aprobó el proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.
La propuesta fue presentada por el senador Rafael Varón Duluc y busca modificar la categoría político-administrativa de esa demarcación, caracterizada por su importante actividad turística.
También recibió aprobación la iniciativa que establece el 2 de diciembre de cada año como Día de la Mujer Municipalista, procedente de la Cámara de Diputados.
Aprueban solicitudes de obras y servicios comunitarios
El pleno senatorial acogió diversas resoluciones dirigidas a promover proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario en distintas provincias del país.
Entre ellas figura una solicitud al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), presidido por Guido Gómez Mazara, para ampliar los servicios de telefonía e internet en comunidades de El Seibo.
Asimismo, los legisladores aprobaron iniciativas para solicitar la habilitación de una funeraria municipal en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, y la donación de dos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de El Valle y Sabana de la Mar.
En materia de propiedad agraria, se acogió una resolución que solicita avanzar en la titulación de terrenos correspondientes a los proyectos Villela, Yerba Buena, Palmarejo, Los Castellanos, Capote, Los Guayo, Piñita y San Rafael, en Hato Mayor.
Estas últimas propuestas fueron impulsadas por el senador Cristóbal Venerado Castillo.
Salud, deportes y cultura también figuran entre las prioridades
En el ámbito sanitario, los senadores aprobaron una iniciativa presentada por María Mercedes Ortiz Diloné para solicitar la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia Hermanas Mirabal.
También fue acogida una resolución del senador Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes orientada a impulsar la terminación del proyecto denominado Colector 10, localizado en la zona este de Santiago.
En materia deportiva, se aprobaron solicitudes para ampliar y remodelar la cancha bajo techo de Laguna Salada, provincia Valverde, y remozar el Coliseo de Boxeo Pepe Mallén, en San Pedro de Macorís.
Las propuestas fueron presentadas por los senadores Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez y Aracelis Villanueva Figueroa, respectivamente.
En el área cultural, el Senado respaldó iniciativas destinadas a reconocer las trayectorias de los artistas Facundo Peña, por sus aportes al merengue típico, y Máximo Antonio del Rosario Almonte, conocido popularmente como Toño Rosario, por su contribución a la música dominicana.
Senado aprueba protocolo internacional sobre ciberdelincuencia
Como parte de sus trabajos, la Cámara Alta también aprobó, en única lectura, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado el 12 de mayo de 2022.
El instrumento internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, está relacionado con el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y el intercambio de pruebas electrónicas en investigaciones de delitos informáticos.
Legisladores rinden homenajes póstumos
Durante la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de varias personas fallecidas.
Entre ellas estuvieron el niño Justin Rafael, hijo de un colaborador del área de informática del Senado; Alejandro Peña, fallecido en un accidente de tránsito; Raúl Martínez, hermano de un colaborador de la Oficina Senatorial de La Vega, y el médico Luis Eduardo Soto, de San José de Ocoa.
Al concluir los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los legisladores para una nueva sesión el miércoles 14 de octubre, a las 2:00 de la tarde.
La aprobación en segunda discusión de la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público constituye un avance en el proceso de adecuación de la legislación dominicana a la reforma constitucional de 2024, aunque la iniciativa deberá completar los trámites legislativos correspondientes antes de convertirse en ley vigente.
EFE
La organización reclama una investigación independiente sobre el fallecimiento ocurrido el 3 de octubre y advierte que el control migratorio debe ejecutarse respetando los derechos humanos y los límites legales del uso de la fuerza.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— La muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo de control migratorio realizado en Punta Cana ha motivado un llamado de Amnistía Internacional para que las autoridades dominicanas investiguen las circunstancias del hecho y determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley.
La organización defensora de los derechos humanos solicitó este miércoles 7 de octubre una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre el incidente ocurrido el pasado sábado 3 de octubre, en el que, según informaciones difundidas por medios locales, el joven habría recibido disparos de un agente de la Dirección General de Migración (DGM).
Amnistía Internacional manifestó preocupación por la ausencia de información oficial sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento y consideró necesario esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.
Reclaman determinar las circunstancias de los disparos
La organización insistió en que las autoridades deben establecer cómo se desarrolló el procedimiento migratorio, las condiciones en que ocurrió el incidente y si la actuación de los agentes se ajustó a las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza.
En ese sentido, recordó que los estándares internacionales de derechos humanos establecen restricciones estrictas al empleo de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Amnistía Internacional sostuvo que la utilización intencional de fuerza letal únicamente puede justificarse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.
Asimismo, enfatizó que la condición migratoria de una persona, independientemente de que se encuentre en situación regular o irregular, no constituye una justificación para el uso ilegítimo de la fuerza.
Organización denuncia posibles prácticas discriminatorias
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que durante años distintas organizaciones dominicanas, haitianas e internacionales han documentado denuncias relacionadas con las políticas de control migratorio aplicadas en República Dominicana.
Entre las prácticas denunciadas mencionó la identificación de personas por características raciales, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras actuaciones consideradas discriminatorias.
Piquer planteó que estos antecedentes deben ser tomados en consideración durante las investigaciones, a fin de determinar si la muerte del joven constituye un hecho aislado o guarda relación con posibles patrones de actuación institucional.
La representante de la organización también reclamó que cualquier funcionario cuya responsabilidad en violaciones de derechos humanos resulte demostrada responda ante las instancias correspondientes.
Políticas migratorias bajo cuestionamiento
El pronunciamiento de Amnistía Internacional se produce en medio de la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar los controles migratorios y las deportaciones de ciudadanos extranjeros que permanecen irregularmente en el territorio nacional.
Desde octubre de 2024, el Poder Ejecutivo desarrolla un programa de repatriaciones que estableció como objetivo alcanzar hasta 10,000 deportaciones de haitianos por semana.
Según las estadísticas oficiales citadas, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250,429 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
Estas medidas se ejecutan en un contexto marcado por la crisis política, institucional, económica y de seguridad que atraviesa Haití, situación que ha incrementado los desafíos migratorios y humanitarios en la isla.
Amnistía Internacional ha cuestionado determinadas prácticas utilizadas durante estos procedimientos y ha solicitado que las políticas migratorias dominicanas se apliquen sin discriminación y con respeto a las garantías fundamentales.
Control migratorio y respeto a los derechos humanos
Aunque los Estados tienen facultades para regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas extranjeras de sus territorios, el ejercicio de esas atribuciones debe ajustarse a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En República Dominicana, los procedimientos migratorios están regulados por la Ley General de Migración número 285-04 y su normativa complementaria.
Asimismo, la Constitución reconoce la protección del derecho a la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso.
En ese contexto, las denuncias sobre actuaciones irregulares de agentes estatales requieren investigaciones que permitan establecer los hechos sin prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas.
Esperan pronunciamiento de las autoridades
Hasta el momento de la información difundida, no se habían ofrecido explicaciones oficiales sobre las circunstancias específicas de la muerte del joven durante el operativo realizado en Punta Cana.
La falta de detalles mantiene abiertas interrogantes sobre el desarrollo de la intervención, el empleo de armas de fuego y las actuaciones posteriores al incidente.
Amnistía Internacional reiteró que las autoridades dominicanas deben garantizar una investigación efectiva y adoptar las medidas correspondientes si se comprueba la comisión de alguna violación de derechos humanos.
El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de compatibilizar la potestad del Estado para controlar sus fronteras y aplicar su política migratoria con la obligación de proteger la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.
Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado fueron distinguidos por la Cámara de Diputados en reconocimiento a sus aportes a la música, el diseño de moda y la proyección artística de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Tres destacadas personalidades del arte dominicano recibieron este miércoles un homenaje de la Cámara de Diputados, que reconoció sus respectivas trayectorias profesionales y contribuciones al fortalecimiento de la identidad cultural del país.
El cantante Erasmo Niní Cáffaro, el diseñador de moda Leonel Lirio y la pianista y arreglista Janina Rosado fueron distinguidos durante una ceremonia celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, donde recibieron pergaminos de reconocimiento aprobados mediante resoluciones legislativas.
La actividad reunió a legisladores, representantes de diversos sectores y personalidades vinculadas al arte, la política y la cultura nacional.
Niní Cáffaro, una trayectoria vinculada a la música dominicana
La distinción concedida a Niní Cáffaro surgió de una iniciativa presentada por Lucía Medina Sánchez, expresidenta de la Cámara de Diputados.
La resolución destaca la trayectoria del intérprete y sus aportes al desarrollo y la difusión de la música dominicana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Durante la ceremonia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que constituye un honor para la institución reconocer a una figura cuya carrera artística forma parte del patrimonio musical del país.
El homenaje representa un reconocimiento institucional a los años de dedicación de Cáffaro a la interpretación musical y a su contribución a la cultura dominicana.
Leonel Lirio, reconocido por proyectar la moda nacional
El diseñador Leonel Lirio también recibió una distinción por su trayectoria en la industria de la moda y sus contribuciones al posicionamiento del diseño dominicano.
La resolución fue sometida por la diputada Selinée Méndez, quien resaltó la influencia de Lirio en la promoción de la identidad cultural a través de sus creaciones, así como su participación en iniciativas de formación académica.
Al referirse al homenajeado, Alfredo Pacheco destacó que sus diseños han vestido a personalidades nacionales e internacionales, contribuyendo a dar visibilidad al talento creativo de República Dominicana.
El reconocimiento pone de relieve la importancia de la moda como manifestación cultural y como una actividad capaz de proyectar internacionalmente la creatividad dominicana.
Janina Rosado, una vida dedicada al talento musical
La pianista y arreglista Janina Rosado fue distinguida por su destacada participación en el desarrollo de la música nacional y su proyección artística internacional.
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Juana Castillo, quien valoró la trayectoria profesional de Rosado y sus contribuciones al fortalecimiento del arte dominicano.
Durante el acto, Pacheco recordó su participación como pianista en la agrupación del reconocido cantautor Juan Luis Guerra, experiencia que ha formado parte importante de su recorrido musical.
La distinción reconoce tanto sus capacidades interpretativas como su trabajo en los arreglos musicales y su contribución a la presencia de artistas dominicanos en escenarios internacionales.
Cámara de Diputados destaca importancia de preservar los legados culturales
La diputada Dilenia Santos, presidenta de la Comisión Permanente de Reconocimientos, destacó la labor desarrollada por los legisladores que promueven iniciativas destinadas a valorar las trayectorias de ciudadanos sobresalientes.
Asimismo, resaltó el trabajo de la comisión legislativa para documentar los méritos y contribuciones de las personas propuestas para recibir estas distinciones.
Santos señaló la importancia de dar visibilidad a quienes, desde distintas áreas profesionales, han contribuido al desarrollo de la sociedad dominicana.
Personalidades acompañan a los homenajeados
La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito político, cultural y deportivo.
Entre los asistentes estuvieron la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño; el expresidente de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho; el exdiputado Máximo Castro; la cantante Olga Lara y Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional.
También participaron legisladores y otros invitados que acompañaron a los homenajeados durante la entrega de los pergaminos.
Al recibir las distinciones, Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado expresaron su agradecimiento a la Cámara de Diputados y dedicaron los reconocimientos a sus familiares, amigos y personas que los han acompañado durante sus respectivas carreras.
Con este acto, la Cámara de Diputados resaltó la importancia de reconocer en vida a quienes han contribuido a enriquecer el patrimonio artístico y cultural de República Dominicana.