Opinión
Autoridad política y moral para convocar la indignación contra la depredación ambiental y el paquetazo
Por Narciso Isa Conde
Gran parte de esta sociedad está dispuesta a impedir a toda costa que Loma Miranda y toda la Cordillera Central sea saqueada y depredada como patrimonio natural: fuente de agua, bosques y tesoro de biodiversidad.
Igual está en disposición de derrotar el paquetazo tributario del gobierno de Danilo Medina (Danilazo neoliberal).
La violencia de género, propia de un capitalismo patriarcal canalla, ha concitado un rechazo capaz de convertirse paulatinamente en impugnación del poder machista y la subcultura que la genera y reproduce.
Algo parecido ocurre con la agobiante inseguridad ciudadana generada por un Estado delincuente asociado a las mafias comunes.
- · Lecciones de una unidad que generó confianza.
Para alcanzar esas metas, de vida o muerte para este pueblo, solo hace falta enterrar la dispersión, los vanguardismos, los oportunismos y los protagonismos infecundos; y decidirnos a promover una gran confluencia de la diversidad social, política y cultural que abraza honestamente esas demandas. Una confluencia con suficiente e inequívoca autoridad moral y política frente a la sociedad.
Ante las tenebrosas expoliaciones mineras a cargo de Falcondo, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp y otros consorcios transnacionales, se ha creado un espacio idóneo por su diversidad y su poder de convocatoria: el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del Cianuro, integrado por las fuerzas impulsoras de las grandes marchas en defensa de la vida y de múltiples acciones realizadas en los últimos meses, todas relacionadas con los derechos de la madre tierra y de los seres humanos que la habitan.
Ese espacio de coordinación amplió su temáticas al reclamo del 4% del PBI para la educación pre-universitaria y del 5 % del presupuesto nacional para la UASD; al combate de las causas de los femenicidios, al reclamo del enjuiciamiento de los funcionarios corruptos y la recuperación de lo robado, a la exigencia de seguridad ciudadana y a otros puntos de fuerte impacto en la vida nacional.
Todos estos puntos guardan una relación, no simplemente tangencial, con la defensa de la vida en esta isla y la soberanía del país.
- · Depredación ambiental y paquetazo van de la mano.
Ahora se cruza en el camino de esas luchas trascendentes el grave problema del paquetazo tributario y el ominoso acuerdo con el FMI, cuyo real significado es obligar al pueblo a pagar lo que Leonel Fernández y la cúpula corrompida del PLD se robaron, dilapidaron, malversaron y dispendiaron; y forzar al pago de la deuda pública que ya consume el 40% del presupuesto nacional.
Eso, acompañado de la permanente impunidad y del otorgamiento de licencia al saqueo a cargo de los grandes consorcios mineros; incluida en este instante de precariedad fiscal del gobierno, la pusilánime petición gubernamental a esas empresas transnacionales de algunas contribuciones para ayudarlo a tapar los hoyos del latrocinio de Leonel a cambio de más garantías para depredar.
En al actualidad no hay manera de separar el grave problema ambiental y las amenazas que en ese plano se ciernen sobre el país, del paquetazo tributario en marcha, de la voracidad fiscal del oficialismo, de su onerosa política de endeudamiento y de todo lo que atenta con la vida misma de los dominicanos y dominicanas.
Esas demandas, por demás, confluyen contra el gobierno, las instituciones y el poder establecido, y asumen de más en más un carácter político con fuerte contenido alternativo.
Ni el Gobierno Central, ni el Congreso, ni las llamadas “altas cortes”, pueden ser escenarios para detener esa ofensiva reaccionaria con carácter de contrarreforma y rapiña imperialista, independientemente del pasajero valor aleccionador que puedan tener los emplazamientos y las presiones sobre esas instancias estatales. Mucho menos ser vías para resolver los graves problemas que la contrarreforma fiscal y la rapiña transnacional genera y profundiza.
Esas instituciones son parte del poder que agrava los grandes males de la Nación. Y como tal, instrumentos de impunidad de sus protagonistas y beneficiarios. Ellas no son factores de intermediación, sino mecanismos de complicidad y protección de la corrupción estatal, de las concesiones leoninas, los contratos, las políticas públicas y las medidas oficiales favorables a laestrategia de muerte del gran capital local y transnacional y de la partidocracia que le sirve y se sirve de ella.
Son grandes beneficiarios de esa podredumbre las elites de las partidocracias corrompidas del PRD, PLD, PRSC y grupos satélites; con más énfasis cuando gobiernan o participan del gobierno de turno, pero siempre subordinadas al FMI, a la burguesía transnacional y sus corporaciones. Sin que esto niegue que ciertas piezas sueltas de esos engranajes, presionadas por sus comunidades y necesitadas de legitimidad electoral, en casos de altos rechazos a las decisiones centrales, se ven forzadas a enarbolar efímeramente banderas populares, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto riego ambiental.
- · Ampliación de la agenda de lucha y lograr más autoridad.
La convocatoria con autoridad política y moral tiene, como lo ha hecho el Comité contra la Mega-minería, que trazar fronteras respecto al poder responsable del desastre: frente a esos partidos, esas instituciones, esas elites capitalistas. Frente a los que gobiernan y frente a los que pretenden reciclarse y/o mediatizar las luchas.
Las nuevas convocatorias para garantizar un proceso ascendente y superador tienen que abrir más la agenda pasada, enriqueciéndola: no puede ni debe faltar entre sus metas la lucha para derrotar el paquetazo tributario y sus sustentadores. Este tema se coloca en un lugar relevante por su impacto nacional y multisectorial, y junto al tema ambiental adquiere un enorme poder de atracción, indignación y movilización.
La cuestión de la autoridad moral y política para convocar es un asunto muy importante y muy delicado. Guarda una estrecha relación con la conquista de la confianza del pueblo, no pocas veces burlado y estafado.
Por eso, en ese plano, hay muchas cosas que corregir y enderezar. Fallas y errores recurrentes, que es necesario superar. Métodos dañinos y malas compañías. Imposiciones verticales y pésimas alianzas.
Debe quedar claro de una vez por todas, que además del contenido alternativo de las demandas y las metas, se trata de lograr una contra-hegemonía alternativa en la conducción de la indignación, la movilización y la creación de contrapoder desde el campo popular con el aporte y la participación relevante de las fuerzas revolucionarias y sus aliados de más largo aliento y mayor consecuencia.
Igual hay que abrir las compuertas a la relación horizontal con la sociedad, al estímulo de los procesos asamblearios, a la apertura respecto a los nuevos sujetos, actores sociales y liderazgos políticos alternativos en todos los niveles. Y cerrarle las puertas a la manipulación y al cretinismo electoralista que solo piensa en usar para sus fines estrechos y sus alianzas miopes los movimientos sociales y las causas populares.
Es claro para nosotros/as, que como entidades tradicionales de la política y como clanes dirigenciales orgánicos a las mismas -responsables de los males que estamos combatiendo-ni el PLD, ni el PRD, ni el PRSC, ni sus grupos satélites… están aptos para ser parte de un arcoiris político-social que procure autoridad política y moral para alcanzar un alto poder de convocatoria; sin que esto descarte posibles acompañamientos y respaldos de sus bases y sectores descontentos y de ciertos dirigentes sin manchas y sin apego a políticas neoliberales, capaces de disentir y desafiar de las directrices centrales y las políticas institucionales de sus partidos y organizaciones corporativas.
- · Desvíos inaceptables.
Pero hay desvíos que a estas alturas no podemos permitirnos ni permitir; desvíos que contaminan y desacreditan el movimiento.
Es el caso de las influencias de cierto sectores dominantes dentro del Foro Social Alternativo (FSA) –otrora espacio de coordinación con un rol destacado en pasadas convocatorias de jornadas de protestas y huelgas populares- que le están haciendo mucho daño a esa entidad al propiciar descaradas alianzas con sectores desacreditados del PRD y convenios con facciones de las cúpulas de esa organización; las cuales -además de haber aprobado en el pasado muchos paquetazos neoliberales- se involucraron en corrupción y políticas clientelistas y auspiciaron el hoy decadente modelo global.
Se pierde credibilidad, se siembran dudas, exhibiendo esas malas compañías, pues resulta contradictorio y muy vulnerable hablar de enjuiciar a Leonel y a su claque corrompida al lado de un alto dirigente perredeísta indultado por el ex-presidentes después de ser justamente condenados por graves actos de corrupción y malversación de fondos públicos; conocido además como parte de la corrupción burocrática universitaria-uasdiana.
Fuerzas políticas que todavía se asumen como de izquierda, proclives a la alianza con la cúpula del PRD (ahora con la facción de Hipólito que respaldó el acuerdo con el FMI y antes con la de Miguel Vargas), insisten en ese mal camino. Mezclan sus afanes por cuotas pactadas dentro de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con su intervención en el movimiento social, se “reburujan” con gremios y aparatos para-perredeístas altamente cuestionados, contaminan el FSA y provocan su progresiva pérdida de autoridad y poder convocante; desatando a la vez los demonios del vanguardismo y el protagonismo, que tanto alientan la división.
Esto incluye pacto con sectores choferiles inclinado a buscar ventajas particulares en detrimento del interés general del pueblo golpeado por el inminente paquetazo; espacios estrechamente aliados al PRD y favorecidos por sus altas jerarquías.
Por su parte, otros sectores de la franja ong-cista de la llamada sociedad civil, fundaciones y entidades financiadas por el sistema y sus grupos corporativos, y movimientos sociales moderados y moldeados por esas tutelas, se resisten a enfrentar esta institucionalidad decadente y carcomida, prefiriendo cuestionar el paquetazo en los escenarios constitucionales y reservándole a las “movilizaciones cívicas” el rol de mecanismos de presión en el contexto de una política funcional al sistema.
Siempre, en lo que se refiere a esa “franja civilista”, auspiciando “pactos sociales”, aceptando al inefable monseñor Agripino como mediador, asumiendo la lógica de la Ley de Estrategia General de Desarrollo (de corte neoliberal) y formando tienda aparte con sus similares, e incluso aliados a sectores más conservadores; distante, por demás, de una confluencia realmente confrontativa, popular y alternativa, capaz sus de apuntar en el mediano plazo hacia la ruptura necesaria, el desmonte del neoliberalismo y de la partidocracia, la Constituyente Popular y la nueva institucionalidad democrática participativa, como lo exige esta crisis integral.
La etapa que se inicia, sin embargo, aun con esas mediaciones y obstáculos indeseables, da para decidirse a crear un nuevo referente con autoridad moral y política para convocar en grande. Que desde una pluralidad popular combativa, desde la radicalidad de sectores medios y desde la combinación de las indignaciones más activas y diversas -situado en el centro de las luchas el rechazo a los desgarradores impactos del desastre ambiental y al paquetazo neoliberal- genere confluencias, dinámicas de lucha, protagonismos de colectividades sociales y culturales; acompañados, por supuesto, de un serio esfuerzo de conducción contra-hegemónica, generadora de poder popular y ciudadanía antisistémica y alternativa a partir del aporte calificado de las fuerzas transformadoras.
Claro, esto exige de un esfuerzo descomunal y una militancia persistente en la creación heroica e impulso emancipador en múltiples vertientes: clase, género, nuevas generaciones, anti-racismo, soberanía, dignidad humana, participación democrática, ambiente sano, honestidad, anti-corrupción, libertad de opción sexual…
Por Isaías Ramos
En una nación cuya Constitución proclama un Estado social y democrático de derecho, deberíamos esperar que los gobernantes actúen conforme a esos principios fundamentales. Sin embargo, lo que observamos es una clase política que, al ignorar la Carta Magna, prioriza sus propios intereses por encima del bienestar colectivo.
La promesa de un Estado social implica garantizar derechos básicos y protección social para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. No obstante, esta élite política y económica perpetúa un sistema neoliberal que beneficia a unos pocos privilegiados mientras deja atrás a quienes más necesitan ayuda. Esto ha resultado en una población cada vez más desilusionada, sumida en la desesperanza y la desconfianza hacia un sistema político que ha fallado en representar sus intereses.
La democracia debería ser el sistema que represente la voluntad del pueblo, asegurando la participación equitativa de todos los sectores en las decisiones políticas. Pero, en la práctica, enfrentamos una partidocracia dominante que, mediante prácticas clientelistas y corruptas, mantiene su poder y ha dejado al pueblo con una sensación de impotencia ante la corrupción, el desempleo y la pérdida de calidad de vida.
En este contexto, es crucial reflexionar sobre la brecha entre lo que establece nuestra Constitución y la realidad política actual. La corrupción y el endeudamiento excesivo reflejan la ineficacia y el cinismo de la clase política, que ha abandonado la promesa constitucional de velar por el interés general y trabajar por el bienestar común. Estos problemas no solo están presentes en el gobierno actual, sino que también han sido perpetuados por los partidos tradicionales que han gobernado previamente, creando un ciclo de saqueo, perversión y despojo.
Ante esta situación desoladora, la población debe plantearse seriamente su rol en las próximas elecciones. La corrupción sistémica y la manipulación política exigen cautela a la hora de votar. En estas circunstancias, una respuesta legítima puede ser abstenerse de votar o votar nulo, enviando un mensaje claro de repudio hacia la clase política dominante. En última instancia, si votar es considerado esencial, es imperativo elegir con sumo cuidado, optando por partidos políticos que no representen un pasado y presente de robo, saqueo, corrupción y endeudamiento.
Es vital que la mayoría de la población reconozca la opresión que enfrenta, uniéndose para desafiar a la clase política que traiciona los principios constitucionales. Debemos recordarles su responsabilidad de servir al pueblo y no solo a sus propios intereses, instándolos a abandonar sus agendas particulares en favor de un proyecto nacional basado en la equidad y la justicia.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que el pueblo dominicano tiene un papel crucial en este proceso: alzar su voz contra las injusticias y luchar por un sistema político más justo y transparente. Es hora de enfrentarse a este sistema inmoral e injusto, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso con los valores democráticos y sociales.
Con valentía, determinación y fe en un cambio posible, podemos construir juntos una nación donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos, donde la democracia represente genuinamente la voluntad popular y donde el bienestar común sea el pilar de un futuro más brillante para las generaciones venideras.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Cuando la Corte Penal Internacional ya haya despachado la orden de detención de conformidad con el artículo 58 del Estatuto, pero no cuente con la documentación requerida para fundamentar la solicitud a un Estado para la detención y entrega, los artículos 58 y 59 le permiten a la Corte solicitar al Estado la detención provisional de la persona sujeto de la orden. Tal solicitud para una detención provisional podrá ser utilizada solo en casos de urgencia.
Cabe destacar que la solicitud de detención provisional deberá ser por escrito, pero podrá comunicarse por cualquier medio capaz de dejar constancia escrita, como el correo electrónico. Estos requisitos para la solicitud están enumerados en el artículo 91 del Estatuto de la CPI. En ese orden los Estados están obligados a ejecutar la solicitud inmediatamente.
Si la información requerida para fundamentar la orden de arresto y entrega no esta disponible para el Estado en cierto periodo de tiempo se establecerá en las Reglas de Procedimientos y Prueba. Sin embargo una vez que los documentos estén disponibles, los Estados deberán inmediatamente arrestar de nuevo a la persona.
Procede señalar, que si la persona podrá voluntariamente consentir su entrega a la Corte aun si el Estado no recibe la información que fundamente su detención, siempre que esto sea permitido por el derecho interno del Estado requerido. En tal caso de que esté pendiente una decisión sobre la admisibilidad del caso bajo el artículo 19, cuando una orden de detención ya se haya emitido.
En el marco de las obligaciones los Estados Partes deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias en respuesta a las solicitudes de la CPI para la ejecución de órdenes de detención, inclusive las órdenes de detención provisional. Esta obligación es también aplicable a las órdenes despachadas posteriormente para una persona liberada bajo el artículo 92 del Estatuto de Roma debido a que la documentación requerida no fue recibida al momento de la detención provisional.
Si la Corte Penal Internacional así lo solicita, los Estados Partes deberán informar sobre cualquier requisito especial bajo el derecho interno sobre los contenidos de la solicitud de detención y de entrega de la persona.
Todos los oficiales y autoridades de los Estados que tengan contacto con la persona detenida, deberán presumir su inocencia hasta que no se le demuestre su culpabilidad ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con el derecho aplicable.
Si una persona ha sido detenida provisionalmente y el tiempo límite para recibir la documentación que la fundamente no ha expirado aún; la persona sujeto de la orden de detención provisional voluntariamente consciente su entrega a la Corte y esto se permite bajo el derecho interno del Estado requerido; entonces el Estado deberá proceder con la entrega de la persona a la Corte lo más pronto posible.
Cuando se solicite, los Estados deberán asistir al Fiscal de la Corte Penal Internacional en la prevención de que ciertas personas evadan la justicia, cuando esté pendiente la decisión de admisibilidad del caso bajo el artículo 19 del Estatuto de Roma, cuando ya se emitió una orden de detención.
Finalmente, los Estados deberán tomar las medidas cautelares con el propósito de decomisar, cuando se solicite, luego del despacho de una orden de detención o comparecencia de la persona.
Por José Cabral
La crisis de valores que impacta fuertemente a la sociedad dominicana no ha dejado espacios para amigos sinceros y lo peor de todo es que ésta se ha llevado de paro la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad.
Conozco y he tratado con mucha deferencia a José Guillermo, porque aparte de su sinceridad y amigo inigualable era un excelente profesional de la radio que todo santiaguero se sentía orgulloso de sus dotes y manejo excelente de la palabra hablada.
Recuerdo los días en que fuimos parte, ya unos años después, del equipo de softbol de la Asociación de Cronistas Deportivos y también de la asociación de locutores de Santiago.
No puedo olvidar lo bien que la pasamos cuando fuimos en reiteradas ocasiones a intercambios de este deporte con algunos equipos de Ponce, Puerto Rico, la cual tiene particularidades muy parecidas a Santiago, nuestra ciudad amada.
Todos estos recuerdos inolvidables llevan ahora a tener que escuchar, porque hace muchos años que no lo veo físicamente, la paraplejía que lo aqueja luego de sufrir una caída en una cabaña que tiene en Jarabacoa.
José Guillermo es un ser extraordinario que nunca lo he visto ofender a nadie, cuyo nivel de tolerancia y de comprensión tal vez sea difícil encontrarlas en estos tiempos.
Sin embargo, José Guillermo ha sido bendecido por tener una familia que lo ama y que siempre estará a su lado, principalmente su hija Pamela, quien han mostrado un amor inigualable por su padre.
A Pamela la conocí desde pequeñita e incluso en algún momento tuve el privilegio de cargarla, lo cual me hace sentir orgulloso, no necesariamente por su proyección pública, sino por el amor que profesa hacia su progenitor.
De José Guillermo recuerdo aquellos momentos en que laborábamos en el Noticiero Mundo Noticias, donde el hacia la voz noticiosa conjuntamente Jaime Thomas, entre cuyos directores estuvo el periodista Huchi Lora, así como otros profesionales del periodismo.
Traigo este episodio a colación porque en el año 1978, en pleno apogeo del Gobierno de Joaquín Balaguer, sufrimos las consecuencias de ser jóvenes profesionales con una total entrega a los mejores intereses del país, con una gran vocación de servicio,
José Guillermo fue quien me recogió en el 1978 luego de la derrota de Balaguer en la cárcel pública San Luis, localizada en la calle del mismo nombre, tras permanecer recluido en ella por algunos meses por una acusación de un hecho que no cometí.
Pero fue José Guillermo quien logró que el procurador fiscal de entonces, Lorenzo Rodríguez, firmara la orden de libertad porque después de ordenarse ésta mediante un recurso de habeas corpus conocido por la entonces jueza Semírame Olivo de Pichardo todo el mundo se desapareció y sólo quedaron en el escenario Negro Veras, el general Guaro Estrella, padre de Eduardo Estrella, y el amigo entrañable hoy afectado de una dolencia que le arruina la vida a cualquiera.
Luego de esos hechos mi reencuentro con José Guillermo Sued fue en los años 90 cuando el amigo José Francisco Hernández fue escogido como candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch y en cuyo proyecto también estaban Julián Serulle, Miguel Vega y el cirujano y gran ser humano Higinio López.
José sé que el destino nos tiene reservada nuestra suerte, pero tu recuperación tiene que ser una recompensa a tu bondad y extraordinario ser humano que siempre ha sido.
Que Dios te bendiga siempre