Opinión
Tremendo golpe popular a Gold Quest y sus protectores
El repudio a GOLD QUEST y a la pretensión gubernamental de imponer la mega minería destructiva en el Suroeste de la República Dominicana ha sido fuerte, pero todavía solo se ha logrado un triunfo limitado.
La marcha descomunal del domingo 3 de mayo, obligó al presidente ABINADER a recular: a detener el proyecto, sin anular la concesión de exploración, apoyada en un contrato absolutamente ilegal.
Años de movilización popular y la reciente huelga casi insurreccional del pasado 27 de abril, arrinconaron previamente al régimen neocolonial de los tutumpotes criollos y extranjeros, a las élites de las derechas política, al Ministro Joel Santos y al propio Luis Abinader.
Pero la Gold Quest, la Cámara Minera, Abinader, sus ministros y tecnócratas, importantes magnates de medios de comunicación, la oligarquía capitalista y las cúpulas de los partidos de derecha que respaldaron este proyecto ecocida, no escarmentaron.
Se han negado a modificar una ley minera colonialista. No aceptaron realizar el estudio ambiental estratégico que manda la ley cuando se trata de modificar la vocación productiva de una provincia o una región. No cumplieron con las normas legales necesarias para aprobar esa concesión de exploración minera.
Defendieron una concesión que violenta hasta la precaria legalidad establecida. Su voracidad, entreguismo e insensibilidad humana, los llevó a no ceder por varios años a la voluntad popular expresada y al sentido común. Su corazón ha permanecido dolarizado y su alma entregada a la Gold Quest y a las grandes mineras durante años.
Igual ha actuado en casi todos los casos de concesiones de exploración, y peor aún de explotación; incluso ante amenazas tan graves como la que perduran en las Cordillera Septentrional y Central, en Cotuí con Barrick Gold (presas de cola húmeda, contaminación presa de Hatillo, contrato estafa…), en Loma Miranda (aun después de derrotada la mega minera del níquel), en el Noroeste con UNI y Barrick Gold (Parque Manolo Tavares) y en el Parque del Este.
- DE LA SORDERA TOTAL Y PROLONGADA, A OÍR UN POQUITO Y POR UN RATITO.
Abinader y los que permanecieron sordos por años, aún después de la lección de Loma Miranda, comenzaron a oír un poquito luego de la marcha multitudinaria de San Juan a Sabaneta. Ésta le destapó los oídos al presidente-gobernador de colonia.
Solo ese día, con un gobierno ya erosionado por el repudio popular, Abinader cedió parcialmente a la enorme presión popular. Pero no basta ordenar “detener de inmediato” el proyecto de exploración.
Hay un contrato de exploración ilegal en Romero que debe rescindirse y muchos otros más en la región con los que hay que hacer lo mismo, la mayoría concedido a la propia Gold Quest.
Los pueblos del Suroeste y de todo el país están decididos a que no pase allí lo que está pasado en Cotuí y lo demostraron nuevamente con la gigantesca marcha del domingo.
Previamente, pasada la huelga del 27 de abril, Gold Quest volvió a la carga mediática propagando las supuestas bondades económicas del Proyecto Romero; intentando, desde las derrotas sufridas, convencer al país de una aventura destructiva injustificable. ¡Perro huevero!
- NO CREEMOS EN CUENTOS DE CAMINO.
Pero los pueblos del Sur ya no comen cuentos de mineras chupa sangre, mata ríos y matas presas,
El digno ejemplo de Loma Miranda y las nefastas operaciones de la Barrick, los motivó a rebelarse.
En San Juan de la Maguana y en todo el país estamos conscientes de que ese yacimiento de oro está pegado al Río San Juan y muy cerca de la Presa de Sabaneta, dos fuentes de agua fundamentales para esa región; y es claro que cualquier proyecto minero en ese punto conlleva graves peligros para los dos.
Sabemos que, al ser el río San Juan afluente del Yaque del Sur, el peligro se extiende a todo el sistema de agua del principal río de esa región, desde Azua a Barahona; una región agrícola y pecuaria, con alta producción de arroz, habichuelas, plátanos…, la cual Gold Quest y la Cámara Minera se empeñan en transformar en región minera.
Romero es solo el punto inicial de la embestida, como lo es Loma Miranda por el Norte.
En su artículo “ORO O AGUA, VIDA Y RIQUEZAS”, el profesor Víctor Gómez Valenzuela //Acento, alertó sobre las similitudes de ambos escenarios.
Señaló que Romero “comparte la misma estructura que Miranda en el dilema entre oro y agua riqueza y vida”. Pero a la vez “con una asimetría territorial aún más crítica”.
La zona de intervención en ambos casos “es la Cordillera Central, donde se origina el 80% del agua dulce que utiliza el país para consumo humano, agricultura y generación de energía”
Pero San Juan no es solo «el granero del Sur» (responsable del 90% de la producción nacional de habichuelas y otros rubros agropecuarios)”. Es también “un nodo hídrico estratégico que conecta con áreas protegidas críticas de la Cordillera Central y su biodiversidad, recientemente declarada, con el apoyo de la Unesco, Reserva de Biosfera Madre de las Aguas (Unesco, 2024). Su perturbación mal planificada tendría externalidades que trascienden con creces los límites provinciales”.
A esto hay que agregar que existen quince concesiones de exploración a cargo de Gold Quest en la ladera Sur de la Cordillera Central y algunas más de otras mineras; por lo que, abrir por el Sur a la minería extractiva la puerta de Romero u otra puerta parecida, es abrirla para a todas las concesiones ya aprobadas.
Y es igual o peor que abrirla en Miranda por el Norte, en tanto las concesiones de exploración en toda la Cordillera Central suman más de doscientas, lo que equivale en ambas situaciones permitir liquidar el principal reservorio de agua de esta isla y poner todas las tierras del Sur y sus fuentes de agua – mediante la aplicación ley minera vigente u otra peor como la que se está fraguando- en manos de las corporaciones mineras favorecidas con los contratos de exploración ya aprobados.
Gold-Quest insistió en vender la promesa de que emplearía una tecnología (explotación por túneles) que supuestamente no ocasionará los graves daños que se han denunciado y no faltan quienes se tragan o repiten ese cuento, obviando realidades denunciadas y demostradas.
Pero la verdad es otra. Porque si bien, los impactos negativos iniciales de esa modalidad subterránea de explotación serían menores que “a cielo abierto”, según nuevas investigaciones consistentes el “oro nativo” extraíble de las profundidades del yacimiento de Romero, no sería suficiente para recuperar la inversión y generar ganancias, por lo que la corporación minera tiene contemplada una segunda fase para explotar a cielo abierto los óxidos y los sulfuros situados más arriba.
Y lo peor de todo esto es la cadena de expropiaciones de tierras agrícolas y ganaderas, incluidas sus fuentes de agua (ley minera), para, una vez concedidas, convertirlas en cráteres lunares al desplegarse la minería extractiva.
Gold-Quest tampoco pudo ocultar los impactos negativos que esa extracción de oro provocaría en el corto plazo: el fraccionamiento del curso de los ríos, la enorme demanda de agua para la extracción del oro (en detrimento de agropecuaria, alimentación, empleo y vida humana), la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, los riesgos de la “presa de cola” cuando se trate de extraer el oro superficial, junto a los estímulos a otras concesiones mineras destructivas solicitadas por otras empresas.
Hay que felicitar a la Academia de Ciencia y a la Comisión Ambiental de la UASD por todos sus aportes para evidenciar los trucos y trampas de la minera y del gobierno.
Estamos ante una victoria parcial, limitada, que hay que completar aprobando una ley minera soberana, anulando las concesiones onerosas, prohibiendo las presas de cola húmedas, declarando oficialmente a Loma Miranda Parque Nacional, restableciendo el carácter de parque nacional al parque Manuel Aurelio Tavares Justo, sacando la planta flotante de Los Negros, recuperando las áreas protegidas agredidas, deteniendo las depredaciones y los ecocidios en la Cordillera Septentrional y otros puntos del país, etc., etc., etc.
Definitivamente, el PLAN MINERO de este sistema, persigue imponer el interés privado contra el interés social, la dominación neocolonial contra la autodeterminación, el afán de lucro de las transnacionales contra las fuentes de agua y vida de esta isla, la dictadura de la gran propiedad minera contra las fuentes de vida de los trabajadores/as y productores/as pequeños y medianos.
¡Y esto es inaceptable y hay que derrotarlo en toda su extensión!
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?