Opinión
¡No nos representan y sirven a lo peor!
Por Narciso Isa Conde
Es trascendente debatir la postura de las fuerzas transformadoras del país respecto al devenir y la actualidad de las instituciones estatales y los llamados poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, militar-policial…más aun en este momento en que crece la indignación y se abren la compuertas de las movilizaciones creativas y contestarias, repleta de juventud, como lo evidencia lo acontecido en varios parques del país el domingo 11 de noviembre.
El titular del Poder Ejecutivo es el producto de una imposición a través de trampas, sobornos, clientelismo, asociación con malhechores, tráfico de influencias, represiones, abuso de poder, dictadura mediática y manipulación del sistema electoral.
Es, por tanto, un presidente de la República ilegitimo, carente de autoridad moral y política y de disposición para convocar diálogos participativos. Un presidente que no nos representa.
Ese presidente está montado sobre una Constitución diseñada e impuesta para conformar lo que se ha llamado una “dictadura constitucional” o una “dictadura institucionalizada” y gansterizada, al servicio de una corporación político-económica, integrada por la cúpula corrompida y corruptora del PLD y sus empresarios favoritos.
¿Si o no?
Poderes, corporación de la corrupción y elites capitalistas.
El poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder militar-policial, la Cámara de Cuentas y una parte del poder mediático… conforman una cadena de instituciones bajo control de esa corporación de la corrupción y de los receptores de las súper-ganancias capitalistas, vía nuevas formas de acumulación originarias y de “facilidades escandalosas”.
¡Esas instituciones y sus integrantes no nos representan!
Esa dictadura institucionalizada ya no solo responde a su principal ideólogo, Leonel Fernández, sino que es compartida y está siendo manejada a través de un pacto concertado en la cúpula peledeísta, en el que Danilo Medina y el danilismo pasaron a jugar un papel significativo tan pronto logró su postulación a la presidencia por la logia morada y su imposición como candidato “ganador”.
En el PLD los intereses corporativos en la política han pesado más que las diferencias internas existentes, independientemente de que ellas vuelvan a agudizarse y de que la facción más desacreditada (leonelista) pierda terreno en situaciones más adversas como las que se están desarrollando con el creciente clamor nacional que pide enjuiciar a Leonel y a su claque civil y militar y expropiar sus fortunas mal habidas.
El gobierno actual es una amalgama de leonesismo y danilismo, de facciones de la burguesía transnacional y criolla y de una prepotente elite morada enriquecida a través de múltiples delitos de Estado y disfrutadora de grandes privilegios cuestionados por gran parte de la sociedad. ¡No nos representa!.
Esa amalgama además se hace cómplice de la permanencia de la reino de la impunidad que las protege contra toda acción de justicia.
El reciente paquetazo neoliberal y la forma de imponerlo ha sido muy revelador de las esencias de un viejo régimen con un nuevo presidente que comparte y se apoya en ese engendro político-social dominante que no representa a la sociedad.
¿Si o no?
Tutela imperial neoliberal e institucionalidad secuestrada.
La estrategia neoliberal que encarnan el FMI, el BM, el G 7 -impuesta desde los centros decisivos del capitalismo global y en particular desde EE.UU.- y el creciente proceso de putrefacción institucional a cargo de una claque política tradicional cada vez más degenerada, impiden que cualquier reivindicación de justicia o de bienestar colectivo pueda tener espacio en el seno del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral de este país, que le sirve solo a esos intereses.
La voracidad extrema del gran capital, la competitividad rapaz (que también infecta a la partidocracia), la subcultura del lucro privado a como de lugar, el egoísmo desbordado (aupado por la concepción neoliberal que aplasta lo social y convierte todo en mercancía), ha convertido al Estado y al patrimonio público y natural del país en presa delincuentes y magnates inescrupulosos. En un Estado enemigo de casi toda la sociedad.
Y con las instituciones civiles y militares del Estado al servicio de ellos y estructurada como propiedad de sus facciones políticas convertidas en compañías por acciones, todo irá para peor. Todo lo malo pasará a “ser razón de Estado” y “decisión de gobierno” en sentido general, lo que no excluye ciertos giros momentáneos y sinuosidades engañosas forzadas por la presión popular.
Con este orden constitucional–institucional no habrá “gestión pública res- ponsable”, ni ”régimen fiscal justo”; menos aun un pacto educacional “digno”, una política energética “para el bien común” o políticas públicas que preserven el ambiente y el patrimonio natural y cultural de la nación.
¡Hasta lo que se conquista fuera de ellas o contra ellas, tarde o temprano lo pervierten!
Al 4% para la educación ya le encasquetaron el paquetazo tributario, mientras el gran capital privado asecha su ejecución para cogerse un buena parte del mismo para sus proyectos educativos lucrativos.
¿Si o no?
¿Por qué entonces no comenzar a impugnar esas instituciones?
Entonces, si en lo esencial es así y si es cierto el proceso de decadencia y putrefacción de estas instituciones: ¿para qué solicitarles una y otra vez que resuelvan los graves problemas que ellas y sus gestores han creado?
¿Por qué no comenzar a impugnarlas, a convertir en clamor nacional el hecho incontrovertible de que no nos representan?
Entonces, si son ya instituciones decadentes, infuncionales para la sociedad: ¿para qué esperar de ellas lo que siempre han rechazado?, ¿por qué seguir haciéndole el juego a sus simulaciones?, ¿por qué no decidirnos a acorralarlas, impugnarlas, cercarlas y resquebrarlas camino a su reemplazo vía la Constituyente Popular.
La estrategia social-reformista no tiene espacio en este tipo Estado.
La gente honesta, seria, que todavía piensa en ella, o que se deja atrapar por esa estrategia de respeto a las instituciones, debe disponerse a revisarla para negarla a favor de una estrategia realmente transformadora, que implica negar los poderes desacreditados, crear contrapoderes, propugnar por una nueva institucionalidad, vincular las reivindicaciones y reformas avanzadas al cambio político, a la CONSTITUYENTE POPULAR; esto es, politizar la luchas y las protestas en dirección al poder del pueblo, a la democracia participativa e integral.
Una estrategia transformadora y creadora de lo nuevo, que pasa por negar a los políticos del sistema sin negar la política revolucionaria, que impulse la confluencia de las fuerzas políticas alternativas al sistema imperantes y los movimientos sociales y políticos-sociales contestatarias, de las diferentes generaciones, géneros, de lo popular y los sectores medios en franca rebeldía… de todos los grupos sociales excluidos y afectados por el poder establecido en descomposición. Todo esto con un gran sentido innovador.
Por Isaías Ramos
En una nación cuya Constitución proclama un Estado social y democrático de derecho, deberíamos esperar que los gobernantes actúen conforme a esos principios fundamentales. Sin embargo, lo que observamos es una clase política que, al ignorar la Carta Magna, prioriza sus propios intereses por encima del bienestar colectivo.
La promesa de un Estado social implica garantizar derechos básicos y protección social para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. No obstante, esta élite política y económica perpetúa un sistema neoliberal que beneficia a unos pocos privilegiados mientras deja atrás a quienes más necesitan ayuda. Esto ha resultado en una población cada vez más desilusionada, sumida en la desesperanza y la desconfianza hacia un sistema político que ha fallado en representar sus intereses.
La democracia debería ser el sistema que represente la voluntad del pueblo, asegurando la participación equitativa de todos los sectores en las decisiones políticas. Pero, en la práctica, enfrentamos una partidocracia dominante que, mediante prácticas clientelistas y corruptas, mantiene su poder y ha dejado al pueblo con una sensación de impotencia ante la corrupción, el desempleo y la pérdida de calidad de vida.
En este contexto, es crucial reflexionar sobre la brecha entre lo que establece nuestra Constitución y la realidad política actual. La corrupción y el endeudamiento excesivo reflejan la ineficacia y el cinismo de la clase política, que ha abandonado la promesa constitucional de velar por el interés general y trabajar por el bienestar común. Estos problemas no solo están presentes en el gobierno actual, sino que también han sido perpetuados por los partidos tradicionales que han gobernado previamente, creando un ciclo de saqueo, perversión y despojo.
Ante esta situación desoladora, la población debe plantearse seriamente su rol en las próximas elecciones. La corrupción sistémica y la manipulación política exigen cautela a la hora de votar. En estas circunstancias, una respuesta legítima puede ser abstenerse de votar o votar nulo, enviando un mensaje claro de repudio hacia la clase política dominante. En última instancia, si votar es considerado esencial, es imperativo elegir con sumo cuidado, optando por partidos políticos que no representen un pasado y presente de robo, saqueo, corrupción y endeudamiento.
Es vital que la mayoría de la población reconozca la opresión que enfrenta, uniéndose para desafiar a la clase política que traiciona los principios constitucionales. Debemos recordarles su responsabilidad de servir al pueblo y no solo a sus propios intereses, instándolos a abandonar sus agendas particulares en favor de un proyecto nacional basado en la equidad y la justicia.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que el pueblo dominicano tiene un papel crucial en este proceso: alzar su voz contra las injusticias y luchar por un sistema político más justo y transparente. Es hora de enfrentarse a este sistema inmoral e injusto, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso con los valores democráticos y sociales.
Con valentía, determinación y fe en un cambio posible, podemos construir juntos una nación donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos, donde la democracia represente genuinamente la voluntad popular y donde el bienestar común sea el pilar de un futuro más brillante para las generaciones venideras.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Cuando la Corte Penal Internacional ya haya despachado la orden de detención de conformidad con el artículo 58 del Estatuto, pero no cuente con la documentación requerida para fundamentar la solicitud a un Estado para la detención y entrega, los artículos 58 y 59 le permiten a la Corte solicitar al Estado la detención provisional de la persona sujeto de la orden. Tal solicitud para una detención provisional podrá ser utilizada solo en casos de urgencia.
Cabe destacar que la solicitud de detención provisional deberá ser por escrito, pero podrá comunicarse por cualquier medio capaz de dejar constancia escrita, como el correo electrónico. Estos requisitos para la solicitud están enumerados en el artículo 91 del Estatuto de la CPI. En ese orden los Estados están obligados a ejecutar la solicitud inmediatamente.
Si la información requerida para fundamentar la orden de arresto y entrega no esta disponible para el Estado en cierto periodo de tiempo se establecerá en las Reglas de Procedimientos y Prueba. Sin embargo una vez que los documentos estén disponibles, los Estados deberán inmediatamente arrestar de nuevo a la persona.
Procede señalar, que si la persona podrá voluntariamente consentir su entrega a la Corte aun si el Estado no recibe la información que fundamente su detención, siempre que esto sea permitido por el derecho interno del Estado requerido. En tal caso de que esté pendiente una decisión sobre la admisibilidad del caso bajo el artículo 19, cuando una orden de detención ya se haya emitido.
En el marco de las obligaciones los Estados Partes deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias en respuesta a las solicitudes de la CPI para la ejecución de órdenes de detención, inclusive las órdenes de detención provisional. Esta obligación es también aplicable a las órdenes despachadas posteriormente para una persona liberada bajo el artículo 92 del Estatuto de Roma debido a que la documentación requerida no fue recibida al momento de la detención provisional.
Si la Corte Penal Internacional así lo solicita, los Estados Partes deberán informar sobre cualquier requisito especial bajo el derecho interno sobre los contenidos de la solicitud de detención y de entrega de la persona.
Todos los oficiales y autoridades de los Estados que tengan contacto con la persona detenida, deberán presumir su inocencia hasta que no se le demuestre su culpabilidad ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con el derecho aplicable.
Si una persona ha sido detenida provisionalmente y el tiempo límite para recibir la documentación que la fundamente no ha expirado aún; la persona sujeto de la orden de detención provisional voluntariamente consciente su entrega a la Corte y esto se permite bajo el derecho interno del Estado requerido; entonces el Estado deberá proceder con la entrega de la persona a la Corte lo más pronto posible.
Cuando se solicite, los Estados deberán asistir al Fiscal de la Corte Penal Internacional en la prevención de que ciertas personas evadan la justicia, cuando esté pendiente la decisión de admisibilidad del caso bajo el artículo 19 del Estatuto de Roma, cuando ya se emitió una orden de detención.
Finalmente, los Estados deberán tomar las medidas cautelares con el propósito de decomisar, cuando se solicite, luego del despacho de una orden de detención o comparecencia de la persona.
Por José Cabral
La crisis de valores que impacta fuertemente a la sociedad dominicana no ha dejado espacios para amigos sinceros y lo peor de todo es que ésta se ha llevado de paro la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad.
Conozco y he tratado con mucha deferencia a José Guillermo, porque aparte de su sinceridad y amigo inigualable era un excelente profesional de la radio que todo santiaguero se sentía orgulloso de sus dotes y manejo excelente de la palabra hablada.
Recuerdo los días en que fuimos parte, ya unos años después, del equipo de softbol de la Asociación de Cronistas Deportivos y también de la asociación de locutores de Santiago.
No puedo olvidar lo bien que la pasamos cuando fuimos en reiteradas ocasiones a intercambios de este deporte con algunos equipos de Ponce, Puerto Rico, la cual tiene particularidades muy parecidas a Santiago, nuestra ciudad amada.
Todos estos recuerdos inolvidables llevan ahora a tener que escuchar, porque hace muchos años que no lo veo físicamente, la paraplejía que lo aqueja luego de sufrir una caída en una cabaña que tiene en Jarabacoa.
José Guillermo es un ser extraordinario que nunca lo he visto ofender a nadie, cuyo nivel de tolerancia y de comprensión tal vez sea difícil encontrarlas en estos tiempos.
Sin embargo, José Guillermo ha sido bendecido por tener una familia que lo ama y que siempre estará a su lado, principalmente su hija Pamela, quien han mostrado un amor inigualable por su padre.
A Pamela la conocí desde pequeñita e incluso en algún momento tuve el privilegio de cargarla, lo cual me hace sentir orgulloso, no necesariamente por su proyección pública, sino por el amor que profesa hacia su progenitor.
De José Guillermo recuerdo aquellos momentos en que laborábamos en el Noticiero Mundo Noticias, donde el hacia la voz noticiosa conjuntamente Jaime Thomas, entre cuyos directores estuvo el periodista Huchi Lora, así como otros profesionales del periodismo.
Traigo este episodio a colación porque en el año 1978, en pleno apogeo del Gobierno de Joaquín Balaguer, sufrimos las consecuencias de ser jóvenes profesionales con una total entrega a los mejores intereses del país, con una gran vocación de servicio,
José Guillermo fue quien me recogió en el 1978 luego de la derrota de Balaguer en la cárcel pública San Luis, localizada en la calle del mismo nombre, tras permanecer recluido en ella por algunos meses por una acusación de un hecho que no cometí.
Pero fue José Guillermo quien logró que el procurador fiscal de entonces, Lorenzo Rodríguez, firmara la orden de libertad porque después de ordenarse ésta mediante un recurso de habeas corpus conocido por la entonces jueza Semírame Olivo de Pichardo todo el mundo se desapareció y sólo quedaron en el escenario Negro Veras, el general Guaro Estrella, padre de Eduardo Estrella, y el amigo entrañable hoy afectado de una dolencia que le arruina la vida a cualquiera.
Luego de esos hechos mi reencuentro con José Guillermo Sued fue en los años 90 cuando el amigo José Francisco Hernández fue escogido como candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch y en cuyo proyecto también estaban Julián Serulle, Miguel Vega y el cirujano y gran ser humano Higinio López.
José sé que el destino nos tiene reservada nuestra suerte, pero tu recuperación tiene que ser una recompensa a tu bondad y extraordinario ser humano que siempre ha sido.
Que Dios te bendiga siempre