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Hacinamiento en destacamento de Alma Rosa es llevado a los tribunales.
Santo Domingo, R.D.-Una acción constitucional de amparo interpuso la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento e insalubridad en el área de detención del destacamento ubicado en el sector Alma Rosa en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
La acción fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes comprobaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales.
De los detenidos, 27 esperaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que otros 58 ya contaban con medidas de coerción impuestas por los tribunales, pero seguían en el destacamento debido a retrasos en su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
La Defensa Pública sostuvo que esta situación refleja deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que provoca que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones policiales que no están diseñadas para albergar internos de manera prolongada.
Según la institución, las condiciones observadas afectan derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y moral, el derecho a la salud, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.
El director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el problema no se limita a este destacamento, sino que se ha extendido a otras dependencias policiales de Santo Domingo Este.
«No podemos normalizar que personas permanezcan durante días o semanas en destacamentos policiales que fueron concebidos para detenciones transitorias. Esta situación vulnera la dignidad humana, afecta el debido proceso y compromete seriamente el funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de detención acordes con la Constitución y asegurar el traslado oportuno de quienes ya cuentan con una medida de coerción hacia los centros penitenciarios correspondientes», expresó.
- El tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo 10 de julio, fecha en la que las instituciones accionadas deberán depositar sus escritos de defensa.
La ONDP recordó que en 2019 presentó una acción similar por las condiciones de la denominada «carcelita» del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle. Ese recurso fue acogido por los tribunales y posteriormente confirmado por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0501/20, que estableció un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de detención.
La institución informó que continuará realizando inspecciones en destacamentos y centros de detención y ejercerá las acciones legales que considere necesarias para procurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Santo Domingo, R.D.-En cumplimiento con la Ley Orgánica de Presupuesto el Gobierno aprobó los lineamientos de la Política Presupuestaria Anual para el año 2027, estableciendo las prioridades que orientarán la elaboración del próximo Presupuesto General del Estado, con énfasis en la inversión pública, el fortalecimiento de los servicios esenciales y la continuidad de los proyectos estratégicos de desarrollo nacional.
Al concluir la reunión del Consejo de Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que los recursos públicos estarán dirigidos a iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer el capital humano, desarrollar infraestructura estratégica, impulsar la productividad y consolidar las instituciones del Estado.
Para el sector salud y protección social, el presupuesto contempla la continuidad de la construcción y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de la Red Trauma, la ampliación de las unidades de atención primaria y la expansión de la Red Nacional de Hemodiálisis, además de garantizar la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a las familias en condición de vulnerabilidad.
La inversión en infraestructura continuará siendo uno de los principales pilares del gasto público durante 2027. Entre las prioridades figuran la conclusión del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, el lanzamiento del Monorriel de Santo Domingo, la construcción de acueductos, obras de saneamiento, circunvalaciones y programas de mejoramiento vial en diferentes provincias del país.
Paliza destacó que el gasto de capital continuará siendo una prioridad para dinamizar la economía y dar seguimiento a importantes obras de infraestructura que actualmente se encuentran en ejecución, entre ellas la transformación de la autopista Duarte, el desarrollo de sistemas de transporte masivo y el inicio de la autopista del Ámbar, cuya licitación se encuentra en su fase final.
Mientras que el viceministro de Presupuesto, Alexis Cruz, informó que la economía dominicana mantiene un comportamiento favorable, con un crecimiento acumulado de 4.2 % hasta mayo de 2026. Para el año 2027, las proyecciones oficiales estiman un crecimiento económico cercano al 4.8 %, mientras que la inflación se mantendría alrededor del 4.4 %, dentro del rango meta establecido por el Banco Central.
En respuesta a preguntas de los periodistas, las autoridades señalaron que el monto definitivo del Presupuesto General del Estado para 2027 aún no ha sido determinado, debido a que el proceso de formulación apenas inicia con la aprobación de estos lineamientos y continuará con la elaboración de los anteproyectos presupuestarios por parte de las instituciones públicas.
Asimismo, informaron que el Gobierno trabaja en la preparación de una reformulación del presupuesto vigente, como respuesta al nuevo escenario económico y a las disposiciones contenidas en el plan anticrisis aprobado recientemente. Explicaron que esta iniciativa incorporará los ajustes necesarios para atender las nuevas prioridades fiscales y será presentada en las próximas semanas al Congreso Nacional.
Reiteraron que el presupuesto para 2027 dará continuidad a los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno desde 2020 y contribuirá al cumplimiento de las diez metas priorizadas de la administración del presidente Luis Abinader, fortaleciendo el desarrollo económico, la seguridad, la infraestructura y el bienestar de la población.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó los incidentes con los que el ex-procurador Jean Alain Rodriguez Sanchez y compartes buscan la declaratoria de nulidad de juicio en el que son procesados por corrupcion administratriva, tras los jueces acoger los planteamientos del Ministerio Público.
El tribunal declaró inadmisible la solicitud de nulidad del auto de apertura a juicio planteada por las defensas y ordenó la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, conforme a las reglas establecidas en el debido proceso.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, encabezó en audiencia, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo que representó al Ministerio Público, el cual también estuvo integrado por los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.
Asimismo, ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso penal, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia que el Ministerio Público ha respetado.
La resolución indica que a partir de los elementos aportados por las partes no hay razón para establecer que esa situación haya causado un agravio al derecho de defensa.
El tribunal también rechazó los incidentes que procuraban la nulidad de actuaciones ya decididas, declarando inadmisibles aquellas sobre cuestiones previamente juzgadas durante la etapa intermedia.
Según consta en el expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.