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N.C.P. lleva a médicos a limitar consultas por WhatsApp ante temor a responsabilidades
La legislación no impide la comunicación digital entre médicos y pacientes, pero el aumento de las responsabilidades penales está impulsando una práctica más cautelosa y un mayor énfasis en las consultas presenciales
SANTO DOMINGO.– La entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano está comenzando a modificar una práctica que durante años se convirtió en parte habitual de la relación entre médicos y pacientes: el intercambio de resultados, preguntas, indicaciones y orientaciones a través de WhatsApp y otras plataformas digitales.
La nueva legislación no establece una prohibición para que un profesional de la salud responda mensajes, reciba análisis clínicos o mantenga comunicación electrónica con sus pacientes. Sin embargo, el endurecimiento de las consecuencias asociadas a determinadas actuaciones negligentes ha provocado que algunos médicos adopten mayores precauciones y prefieran que las evaluaciones y orientaciones se realicen de manera presencial.
El cambio ha generado inquietud entre pacientes acostumbrados a utilizar el teléfono para aclarar dudas relacionadas con tratamientos, medicamentos o resultados de estudios sin tener que acudir nuevamente al consultorio.
WhatsApp no está prohibido
Uno de los aspectos que mayor confusión ha generado es la creencia de que el nuevo Código Penal habría prohibido las consultas médicas por WhatsApp.
Esto no es así.
La normativa no contiene una disposición que prohíba expresamente el envío de recetas, resultados médicos o comunicaciones entre profesionales de la salud y pacientes mediante aplicaciones de mensajería.
La preocupación se encuentra, más bien, en las posibles consecuencias jurídicas que podrían derivarse de una orientación ofrecida sin una evaluación clínica completa y en la eventual utilización de esas conversaciones como elementos probatorios en un proceso judicial.
En ese escenario, el registro adecuado de las actuaciones médicas adquiere una importancia todavía mayor.
Una conversación mediante mensajes puede servir como evidencia de una comunicación entre las partes, pero no necesariamente sustituye los datos, evaluaciones, diagnósticos y procedimientos que deben constar formalmente en una historia clínica.
Médicos se inclinan por una práctica más cautelosa
El presidente regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Máximo Báez, considera que la nueva legislación puede conducir al ejercicio de una denominada “medicina defensiva”.
Desde esa perspectiva, el profesional podría optar por realizar más estudios, documentar con mayor rigurosidad cada actuación y reducir las orientaciones ofrecidas mediante WhatsApp, Facebook u otras plataformas, ante el temor de que posteriormente sean utilizadas en su contra.
Entre las disposiciones que el CMD identifica como motivo de preocupación se encuentran las relativas a la responsabilidad penal de las personas, responsabilidad compartida, comisión por omisión y certificación falsa del estado de salud.
El gremio médico favorece que las evaluaciones sean realizadas presencialmente, permitiendo al especialista examinar directamente al paciente, ordenar las pruebas correspondientes y dejar debidamente documentado el proceso de atención.
De una simple pregunta a una nueva consulta
Para los pacientes, sin embargo, el cambio puede representar mayores dificultades.
Muchas personas utilizan WhatsApp no para obtener un diagnóstico inicial, sino para dar seguimiento a una consulta previamente realizada: enviar al médico los resultados de los análisis que él mismo indicó, preguntar sobre una reacción a determinado medicamento o aclarar una duda relacionada con un tratamiento.
Algunos pacientes han comenzado a reportar que especialistas que anteriormente respondían este tipo de inquietudes por teléfono ahora les solicitan acudir nuevamente al consultorio.
La situación puede tener un impacto particular sobre quienes acompañan a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o pacientes con tratamientos continuos, debido al tiempo y los costos asociados con una nueva visita médica para resolver cuestiones que antes podían aclararse mediante un mensaje.
El desafío: proteger al médico sin perjudicar al paciente
El debate plantea una cuestión que trasciende el uso de WhatsApp.
Por un lado está la necesidad de garantizar que los profesionales de la salud actúen con responsabilidad, documenten correctamente sus decisiones y respondan jurídicamente cuando exista una conducta negligente demostrada.
Por otro, se encuentra la necesidad de preservar mecanismos de comunicación que facilitan el seguimiento médico y que, utilizados adecuadamente, pueden evitar desplazamientos innecesarios y proporcionar respuestas oportunas a los pacientes.
El reto estará en establecer límites claros entre una comunicación de seguimiento y una verdadera consulta médica a distancia, especialmente cuando una decisión clínica requiere examen físico, valoración integral o pruebas adicionales.
Los mensajes pueden adquirir importancia jurídica
El nuevo escenario también obliga a prestar mayor atención al contenido de las comunicaciones digitales.
Los mensajes intercambiados entre médico y paciente pueden dejar constancia de indicaciones, advertencias, solicitudes o respuestas y eventualmente ser presentados dentro de una controversia judicial, dependiendo de las circunstancias y de las reglas aplicables a la prueba.
Esto explica que algunos especialistas estén estableciendo protocolos más estrictos sobre qué información reciben mediante WhatsApp, qué tipo de preguntas responden y cuáles situaciones requieren obligatoriamente una cita presencial.
Otros profesionales ya utilizan respuestas automáticas para informar sus horarios, advertir que no atienden determinados asuntos mediante notas de voz o explicar que las comunicaciones digitales no sustituyen una evaluación médica.
Una relación médico-paciente que comienza a transformarse
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal no significa, por tanto, el final de WhatsApp como herramienta de comunicación entre médicos y pacientes.
Lo que comienza a producirse es una transformación en la forma de utilizarlo.
El teléfono puede continuar siendo un instrumento útil para coordinar citas, transmitir determinadas informaciones o mantener comunicación sobre un tratamiento. Sin embargo, ante el nuevo escenario jurídico, cada profesional tendrá mayores razones para determinar cuándo una pregunta puede responderse mediante un mensaje y cuándo resulta indispensable examinar personalmente al paciente.
El debate apenas comienza y coloca sobre la mesa la necesidad de encontrar un equilibrio entre responsabilidad médica, seguridad jurídica y acceso oportuno de los pacientes a la orientación de sus especialistas.
La tecnología seguirá formando parte de la medicina moderna. El desafío será establecer reglas y buenas prácticas que permitan aprovecharla sin convertir una herramienta de comunicación en una fuente permanente de inseguridad para médicos o pacientes.
El endurecimiento de las responsabilidades por negligencia lleva a especialistas a ser más cautelosos con las orientaciones digitales, mientras pacientes temen mayores costos y dificultades para dar seguimiento a sus tratamientos
SANTO DOMINGO.– El nuevo Código Penal dominicano no prohíbe que médicos y pacientes se comuniquen mediante WhatsApp, ni impide expresamente el envío de resultados, recetas u otras informaciones de carácter médico por medios digitales. Sin embargo, las nuevas responsabilidades contempladas para determinadas actuaciones profesionales están comenzando a modificar una práctica que durante años se hizo habitual en los consultorios del país.
Preguntar sobre un medicamento, enviar los resultados de un análisis indicado previamente, solicitar una orientación sobre la evolución de un tratamiento o aclarar una duda mediante el teléfono son acciones comunes entre médicos y pacientes.
Ahora, algunos especialistas están estableciendo mayores límites a este tipo de comunicación y prefieren que determinadas orientaciones sean realizadas durante una consulta presencial.
La razón no está en una prohibición de WhatsApp, sino en la preocupación de los profesionales ante las posibles consecuencias jurídicas de una actuación que posteriormente pueda ser cuestionada como negligente.
Los mensajes no sustituyen la historia clínica
El abogado Juan Medina ha explicado que el intercambio de mensajes entre un médico y un paciente no constituye por sí mismo un delito.
Sin embargo, una conversación realizada mediante una aplicación de mensajería tampoco sustituye la documentación que debe respaldar adecuadamente la atención de un paciente.
Esta diferencia adquiere especial relevancia frente al nuevo escenario jurídico, debido a que una conversación digital puede dejar constancia de las orientaciones ofrecidas por el profesional y eventualmente adquirir importancia dentro de una controversia.
El nuevo contexto está llevando a algunos especialistas a documentar con mayor rigurosidad sus actuaciones y a determinar qué situaciones pueden manejarse mediante una comunicación electrónica y cuáles requieren necesariamente una evaluación presencial.
Temor a una “medicina defensiva”
Desde el Colegio Médico Dominicano (CMD) existe preocupación por el impacto que la legislación podría tener sobre el ejercicio cotidiano de la medicina.
Máximo Báez, presidente regional del Distrito Nacional del gremio, considera que el nuevo escenario podría conducir a una denominada “medicina defensiva”, caracterizada por mayores precauciones de los profesionales para reducir su exposición a eventuales reclamaciones.
El CMD ha identificado entre las disposiciones que generan preocupación las relacionadas con la responsabilidad penal, responsabilidad compartida, comisión por omisión y certificación falsa del estado de salud.
Para el gremio, una de las consecuencias podría ser que los especialistas reduzcan las consultas mediante WhatsApp, Facebook y otras plataformas digitales y privilegien la evaluación presencial.
La preocupación aumenta ante las sanciones previstas para determinadas conductas culposas y para la emisión de certificaciones falsas.
¿Se acabarán las consultas por WhatsApp?
No necesariamente.
La legislación no establece que un médico tenga prohibido responder un mensaje de WhatsApp. La decisión dependerá del profesional, del tipo de información solicitada y de las circunstancias particulares del paciente.
No es lo mismo confirmar una cita o recibir un resultado previamente indicado que emitir un diagnóstico, modificar un tratamiento o tomar una decisión clínica que requiera examinar directamente al paciente.
Esta distinción podría convertirse en uno de los principales desafíos de la relación médico-paciente bajo el nuevo marco jurídico.
Los especialistas tendrán que determinar hasta dónde puede llegar una orientación digital sin sustituir una evaluación clínica completa.
Pacientes comienzan a sentir los efectos
La mayor cautela de los profesionales ya genera inquietud entre algunos pacientes.
Personas acostumbradas a enviar resultados médicos o realizar preguntas sencillas mediante WhatsApp aseguran que algunos especialistas ahora les solicitan acudir nuevamente al consultorio.
El problema adquiere una dimensión económica y social.
Una pregunta que anteriormente podía resolverse mediante un breve intercambio de mensajes podría implicar ahora solicitar permiso en el trabajo, desplazarse hasta un centro médico, esperar una cita y asumir el costo de una nueva consulta.
La situación puede resultar particularmente compleja para quienes tienen bajo su responsabilidad adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o personas sometidas a tratamientos prolongados, para quienes el contacto con su especialista forma parte del seguimiento habitual.
Consulta presencial gana terreno
Ante las nuevas preocupaciones, representantes del sector médico favorecen que las evaluaciones clínicas sean realizadas de manera presencial siempre que las circunstancias lo requieran.
La consulta tradicional permite al profesional observar directamente al paciente, realizar el examen físico correspondiente, ordenar estudios complementarios y dejar constancia de las actuaciones realizadas.
También proporciona una documentación clínica más completa frente a cualquier cuestionamiento posterior.
Esto no significa que las herramientas digitales tengan que desaparecer de la medicina.
WhatsApp y otras plataformas pueden continuar desempeñando una función importante para coordinar citas, recibir determinadas informaciones, mantener comunicación y facilitar algunos aspectos del seguimiento médico.
El cambio estaría en los límites de esa comunicación.
Los mensajes también dejan evidencia
Otro elemento que adquiere importancia es la permanencia de las conversaciones digitales.
Los mensajes pueden registrar fechas, instrucciones, respuestas, fotografías, documentos y otras informaciones intercambiadas entre las partes.
Por esta razón, los médicos podrían ser cada vez más cuidadosos con las recomendaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y procurar que las decisiones clínicas importantes queden incorporadas correctamente al expediente o historia médica del paciente.
Algunos especialistas incluso han establecido sistemas automáticos de respuesta para informar horarios y explicar qué tipo de comunicaciones atienden mediante WhatsApp.
El reto será encontrar un equilibrio
El debate que surge con el nuevo Código Penal enfrenta dos intereses que no necesariamente son incompatibles.
Por un lado, está el derecho del paciente a recibir una atención médica responsable y contar con mecanismos eficaces para reclamar cuando se produzca una actuación negligente.
Por otro, se encuentra la necesidad de que los profesionales puedan ejercer la medicina con seguridad jurídica, sin que el temor permanente a una acción penal termine condicionando innecesariamente sus decisiones.
Entre ambos intereses aparece un tercer elemento: la tecnología.
La comunicación digital se ha convertido en una herramienta cotidiana de la medicina y difícilmente desaparecerá de la relación entre profesionales y pacientes.
El desafío será establecer protocolos claros sobre qué puede manejarse mediante WhatsApp, qué debe incorporarse a la historia clínica y cuáles decisiones requieren obligatoriamente una evaluación presencial.
El nuevo Código Penal no ha eliminado WhatsApp de los consultorios dominicanos, pero sí está obligando a médicos y pacientes a replantearse hasta dónde puede llegar una conversación digital cuando de la salud y de la responsabilidad profesional se trata.
El nuevo tramo contará con seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas, vías para patrullaje militar y una altura aproximada de 13 pies
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano inició este sábado la construcción de un nuevo tramo de 14.5 kilómetros de la verja perimetral fronteriza en Jimaní, provincia Independencia, como parte de la segunda etapa del proyecto destinado a reforzar la vigilancia, la seguridad y el control territorial en la frontera entre República Dominicana y Haití.
La obra, ejecutada por el Ministerio de Defensa (MIDE), forma parte de la estrategia gubernamental para incrementar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en una de las zonas consideradas de mayor importancia estratégica para el país.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades, la infraestructura tendrá aproximadamente 13 pies de altura e incluirá seis torres de vigilancia y 35 alcantarillas, además de calles destinadas al patrullaje militar a ambos lados de la estructura.
Estas vías tendrán un ancho conjunto de aproximadamente siete metros y facilitarán el desplazamiento de las unidades encargadas de la vigilancia fronteriza y una respuesta más rápida ante eventuales situaciones de seguridad.
Jimaní, punto estratégico de la frontera
El nuevo tramo será levantado en la zona de la Hoya de Enriquillo, frente al lago Azuey, también conocido como lago del Fondo.
Se trata de un territorio que históricamente ha representado importantes desafíos para las autoridades dominicanas debido al movimiento irregular de mercancías y otras actividades ilícitas asociadas a la dinámica fronteriza.
La ampliación de la verja busca complementar las labores desarrolladas por el Ejército de República Dominicana (ERD) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), organismos responsables de mantener la vigilancia y enfrentar el contrabando y otros delitos en la zona limítrofe.
Jimaní posee, además, una especial importancia económica debido a la actividad de su mercado binacional y al considerable movimiento de transporte pesado, camiones y contenedores que utilizan este paso para el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití.
En ese contexto, las autoridades sostienen que el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza no solo contribuirá al control territorial, sino también a propiciar condiciones para que el comercio formal pueda desarrollarse de manera más organizada y segura.
Forma parte de la estrategia “Frontera Fuerte”
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que la construcción se enmarca dentro de la estrategia denominada “Frontera Fuerte”, impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader.
El programa combina presencia militar, infraestructura, tecnología, vigilancia, movilidad y coordinación entre las distintas instituciones que intervienen en la zona fronteriza.
El objetivo, según las autoridades, es mantener un control permanente del territorio nacional y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones de seguridad para productores, comerciantes, trabajadores y residentes de las provincias limítrofes.
Autoridades supervisan inicio de los trabajos
El inicio de la construcción estuvo encabezado por Fernández Onofre, acompañado del comandante general del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón, y de la gobernadora de la provincia Independencia, Mercedes Novas, además de autoridades civiles y militares.
También participó una representación del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), encabezada por su presidente ejecutivo, el periodista Miguel Franjul, junto al presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, y otros integrantes de la entidad.
Posteriormente, el ministro de Defensa y parte de la delegación se trasladaron hasta Dajabón, donde recorrieron otro tramo de la verja perimetral que actualmente se encuentra en proceso de ampliación.
Gobierno continúa expansión de infraestructura fronteriza
La construcción de los nuevos 14.5 kilómetros en Jimaní, junto con los trabajos que se desarrollan en Dajabón, amplía la infraestructura física destinada al control de la línea limítrofe.
El Gobierno sostiene que estas obras permitirán aumentar la presencia del Estado, fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas Armadas y mejorar la vigilancia frente al contrabando, el tráfico irregular y otras actividades ilícitas.
La ampliación también coloca nuevamente en el centro del debate la política fronteriza dominicana, en momentos en que la situación de Haití mantiene la seguridad, la migración, el comercio binacional y la protección de la soberanía nacional entre los principales desafíos de la agenda pública del país.
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Ministerio Público pide cuatro meses adicionales para completar investigación del caso Senasa
La Fiscalía asegura que espera experticias financieras y periciales antes de presentar su acto conclusivo; defensas se oponen y reclaman revisar las medidas de coerción
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional una extensión de cuatro meses para completar las investigaciones relacionadas con el presunto entramado de corrupción investigado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) antes de presentar su acto conclusivo.
Durante la audiencia, la fiscal Rosa Alba García explicó ante el juez Deiby Timoteo que todavía están pendientes informes y experticias solicitados a distintas instituciones públicas y entidades privadas, cuyos resultados serían necesarios para completar el expediente.
Entre los organismos mencionados figuran la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
De acuerdo con lo expuesto por la representante del órgano acusador, el volumen de evidencias recopiladas ha provocado que el procesamiento de algunas informaciones requiera más tiempo del inicialmente previsto.
Fiscalía espera análisis financiero
Uno de los componentes que permanece pendiente está relacionado con el análisis de información financiera.
Con esos estudios, el Ministerio Público procura reconstruir el recorrido de los recursos objeto de investigación y determinar eventuales responsabilidades patrimoniales vinculadas a las operaciones examinadas.
García explicó que algunas de las instituciones requeridas comunicaron a la Fiscalía que todavía no han concluido sus trabajos y necesitan tiempo adicional para entregar los resultados.
El órgano persecutor sostiene que disponer de esas experticias antes de presentar el acto conclusivo resulta necesario debido a la posible relevancia de sus hallazgos para las decisiones procesales que deberá adoptar.
Abren nueva línea de investigación
Durante la audiencia, la fiscal también reveló la existencia de una nueva línea investigativa relacionada con varios centros de salud, aunque en la información suministrada no se ofrecen mayores detalles sobre los establecimientos involucrados ni sobre el alcance específico de las indagatorias.
El planteamiento constituye otro de los argumentos presentados por el Ministerio Público para justificar la necesidad de ampliar el período de investigación.
La solicitud de prórroga no equivale a la presentación de una acusación definitiva. El Ministerio Público procura precisamente disponer de un período adicional para completar las diligencias pendientes antes de depositar el correspondiente acto conclusivo.
Defensas rechazan extensión y piden variar coerción
La petición encontró oposición entre algunas de las defensas.
Los abogados de Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiker rechazaron que se concedan los cuatro meses adicionales solicitados por el Ministerio Público.
De manera subsidiaria, plantearon que, si el tribunal decide otorgar la prórroga, sean revisadas las medidas de coerción que actualmente pesan sobre sus representados.
Por su parte, Francisco Minaya no presentó oposición a que el Ministerio Público reciba tiempo adicional para completar las investigaciones, pero también solicitó al tribunal una modificación de la medida de coerción que le fue impuesta.
El tribunal deberá ponderar los argumentos del órgano acusador y las objeciones formuladas por las defensas para determinar si procede conceder el plazo adicional requerido para concluir las investigaciones.
Caso entra en una etapa procesal decisiva
La discusión sobre la prórroga adquiere especial importancia debido a que el Ministerio Público deberá definir, una vez concluida la investigación, el acto procesal correspondiente con relación a las personas sometidas al proceso.
Mientras la Fiscalía sostiene que necesita completar experticias y análisis financieros antes de cerrar esta fase, las defensas cuestionan la prolongación del plazo y procuran que cualquier extensión esté acompañada de una revisión de las restricciones impuestas a sus representados.
Será ahora el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el que determine si concede los cuatro meses adicionales solicitados y qué decisión adopta respecto de las peticiones formuladas sobre las medidas de coerción.