Análisis Noticiosos
Presidente Medina rompe el silencio
Por Víctor Mateo
Luego de haber agotado cien días al mando de la cosa pública, el primer mandatario de República Dominicana, licenciado Danilo Medina, se dirigió a la nación con la finalidad de pasar balance a las disposiciones del Poder Ejecutivo, a pesar de las protestas y reacciones que se han sucedido durante su joven estadía en el Gobierno.
La mencionada alocución se produjo a las nueve de la noche del pasado martes 27 de noviembre, mediante una amplia cadena compuesta por 36 canales de televisión y 84 emisoras radiales, con la intención de que todo el territorio nacional tuviera la oportunidad de ver o escuchar al Mandatario.
Los primeros planteamientos versaron sobre la firma del Código de Pautas Éticas –acción que fue llevada a cabo, según expresó el Presidente, por todo su gabinete y la posterior aprobación del decreto No. 499-12, cuya finalidad es mejorar la eficiencia del gobierno central, especialmente en cuanto a gasto y a limitación de las tarjetas de crédito para asuntos privados, la compra de vehículos de lujo y la celebración de fiestas en las instituciones públicas.
También destacó la aprobación de la Ley Orgánica de Administración Pública, No. 247-12, la cual, a su entender, persigue la mejora en la gestión pública con la reducción a seis del número de viceministros y el cierre de algunas instituciones, entre otras disposiciones. A opinión del Primer Mandatario, las dependencias clausuradas no cumplían al momento con el rol asignado cuando fueron creadas, como es el caso del Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado (CONARE) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, entre otros.
Asimismo, mencionó y resaltó el compromiso desde el Estado para incorporar a miles de microempresarios, trabajadores informales y profesionales independientes a la economía formal. En tal sentido, reafirmó su promesa de crear en los próximos cuatro años 400,000 empleos, los cuales se lograrán, según indicó, mediante el desarrollo de tres áreas estratégicas: el sector agropecuario, el fomento a las inversiones y el apoyo a las MyPIMES, destacando en este último sector la colocación de 6,100 millones de pesos a disposición de los pequeños empresarios, a través de la Fundación Banreservas, PROMIPyME y de la recién creada Banca Solidaria.
En otro orden, resaltó la inversión extranjera y la puesta en marcha, recientemente, de la ventanilla única, con lo que se unificaron todos los trámites y permisos para desarrollar un negocio en República Dominicana. Este sistema reduce a cuatro meses máximo procesos que antes duraban hasta dos años.
En cuanto al sector agropecuario, precisó el esfuerzo del Gobierno para inyectar unos 1,000 millones de pesos de capital para los productores agropecuarios, a una tasa de interés de 4% menos que la que existía y sin garantía para préstamos menores de 50,000 pesos. Recordó el compromiso de destinar 10,000 millones de pesos a la compra de alimentos de producción nacional que se emplearán en el plan de alimentación escolar y los comedores económicos. Otro punto resaltado en este sector fue el relativo a los permisos de importación de productos agrícolas, los cuales –según expuso el mandatario pasarán a ser subastados públicamente en la Bolsa Agropecuaria de la Junta Agro empresarial Dominicana (JAD), a través de concursos y transparentes.
Para los propósitos de mejora y reparación de caminos vecinales, el Presidente mencionó que en sus primeros cien días ya se han reparado cientos de kilómetros de vías prioritarias y que para el año 2013 se contemplan unos 1,100 kilómetros más para ser acondicionados. Además, ponderó el trabajo que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas en la rehabilitación de vías y puentes dañados por las tormentas y ha batido récords con su eficiencia en la remoción de escombros, la reparación de varios puentes y la recuperación de importantes tramos de carretera.
Abordó el tema sobre la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, ya que como bien sostuvo, se resolverá el déficit habitacional, especialmente para las clases populares, pues dicha legislación permitirá que los fondos de pensiones se puedan invertir en la construcción de viviendas cuyo precio no supere los dos millones de pesos.
Anunció el plan de modernización y reforma del cuerpo policial, con el cual se pretende impactar de forma positiva la citada institución, puesto que fue claro al decir que será más preparada, equipada, con salario digno y capaz de llevar protección y seguridad a todos los rincones del país.
Se refirió a la implementación del Sistema Nacional de Emergencias 911, con el cual se persigue ofrecer a la población respuestas rápidas de las fuerzas de seguridad, los servicios de salud, bomberos, fiscalía y defensa civil, entre otras instancias, de forma conjunta y coordinada ante cualquier situación de urgencia.
También hizo alusión a las medidas que se han tomado respecto a la salud pública, haciendo hincapié en la reducción de la mortalidad materna e infantil. Destacó que en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, en donde se inauguró una Unidad de Perinatología, no se ha registrado una sola muerte materna en el presente mes.
Refiriéndose a la eliminación del pago de cuotas a los usuarios en los hospitales públicos, resaltó que los mismos no se realizan en trece hospitales, dentro de los que se encuentran el Vinicio Calventi, el Jaime Mota de Barahona y el General Melenciano en la provincia Independencia.
En cuanto a los precios de los medicamentos, indicó que se logrará una importante reducción en los mismos gracias a lo que entiende como la centralización de todas las compras del Estado a través del Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL, puesto que se ha calculado que el ahorro anual será de unos 2,000 millones de pesos.
Confirmó que en el año 2013 se avanzará con la creación de un Fondo para Enfermedades Catastróficas, al cual se le consignarán 500 millones de pesos y por otro lado, la incorporación de familias de bajos ingresos al régimen subsidiado de la seguridad social, con lo que se pretende que medio millón de personas sean integradas para el año próximo.
Por último, se refirió a la comunidad La Barquita y al lago Enriquillo, externando que ha escuchado atentamente durante sus primeros cien días las necesidades de dichas localidades, por lo cual se comprometió a darle soluciones permanentes de viviendas, cuyo desarrollo iniciará a partir de enero de 2013.
Posiciones encontradas respecto al discurso del presidente
Luego del discurso del presidente Danilo Medina, diferentes sectores que representan la clase social y política dominicana se refirieron a la alocución del Mandatario, unos tildándola de positiva y otros de vacía, además de negativa.
En el caso de Participación Ciudadana (PC), su coordinador general Francisco Álvarez, afirmó que el denominado “borrón y cuenta nueva” empañó el discurso del presidente Medina cuando señaló que “hay que olvidarse de tirar piedras hacia atrás”, por lo que consideró que con dicha declaración se dañó el contenido del mismo.
Por su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo que las medidas impositivas adoptadas por el gobierno de turno empezaron a afectar a los pobres por la inflación que ha experimentado el precio de los alimentos, las medicinas y otros artículos de uso cotidiano, por cuanto criticó del Primer Mandatario no haber dado respuestas efectivas y urgentes en tal sentido. Además deploró que no se le propusiera a la sociedad dominicana ni a los partidos políticos, un marco de concertación nacional con la finalidad de resolver las situaciones de problemas estructurales como la transformación del sistema educativo y la reforma policial.
Sin embargo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) valoró como positiva la alocución del licenciado Danilo Medina, ya que a su entender, la pieza refleja las principales acciones implementadas por el gobierno entre las cuales citó la implementación de la Ventanilla Única de Inversiones y la subasta pública de los permisos de importación a través de la Bolsa de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) resaltó la alta valoración que entre los empresarios, la sociedad dominicana y la opinión pública, entre otros sectores nacionales, se ha dado a las palabras dirigidas por el presidente Medina, puesto que la organización oficialista opina que, a excepción de la postura de la oposición, el CONEP y las asociaciones industriales lo evaluaron como positivo.
En el caso del presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), las palabras del Mandatario a la nación fueron sinceras y humanistas por su decisión de ayudar a los sectores más pobres del país.
De acuerdo con un sondeo llevado a cabo por el periódico digital HOY, el pasado 28 de noviembre de 2012, en donde hasta ese momento habían participado 686 ínternautas, 404 (58.89%) de ellos creen que el presidente Danilo Medina no llenó las expectativas, mientas que 282 personas (41.11%) se sintió satisfecho con la alocución presidencial.
Conclusiones
A pesar de las contradicciones que se han producido en toda la opinión pública en los últimos días, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, ha mantenido el silencio como herramienta personal, pues se ha visto cómo los distintos representantes de las instancias gubernamentales no han personalizado el debate público.
Al contrario, lo que se ha visto es cómo sin atacar las medidas del gobierno anterior –lo que puede verse como una estrategia, se anuncian medidas y ejecuciones a plazos inmediatos que fueron promesas de campaña del actual mandatario.
Finalmente, sólo queda esperar las reacciones que surgirán en torno al envío del Presupuesto General para el próximo año 2013, que de seguro generará posiciones en las cámaras legislativas.
El autor es catedrático de la PUCAMAIMA y Apec
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.