Análisis Noticiosos
Presidente Medina rompe el silencio
Por Víctor Mateo
Luego de haber agotado cien días al mando de la cosa pública, el primer mandatario de República Dominicana, licenciado Danilo Medina, se dirigió a la nación con la finalidad de pasar balance a las disposiciones del Poder Ejecutivo, a pesar de las protestas y reacciones que se han sucedido durante su joven estadía en el Gobierno.
La mencionada alocución se produjo a las nueve de la noche del pasado martes 27 de noviembre, mediante una amplia cadena compuesta por 36 canales de televisión y 84 emisoras radiales, con la intención de que todo el territorio nacional tuviera la oportunidad de ver o escuchar al Mandatario.
Los primeros planteamientos versaron sobre la firma del Código de Pautas Éticas –acción que fue llevada a cabo, según expresó el Presidente, por todo su gabinete y la posterior aprobación del decreto No. 499-12, cuya finalidad es mejorar la eficiencia del gobierno central, especialmente en cuanto a gasto y a limitación de las tarjetas de crédito para asuntos privados, la compra de vehículos de lujo y la celebración de fiestas en las instituciones públicas.
También destacó la aprobación de la Ley Orgánica de Administración Pública, No. 247-12, la cual, a su entender, persigue la mejora en la gestión pública con la reducción a seis del número de viceministros y el cierre de algunas instituciones, entre otras disposiciones. A opinión del Primer Mandatario, las dependencias clausuradas no cumplían al momento con el rol asignado cuando fueron creadas, como es el caso del Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado (CONARE) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, entre otros.
Asimismo, mencionó y resaltó el compromiso desde el Estado para incorporar a miles de microempresarios, trabajadores informales y profesionales independientes a la economía formal. En tal sentido, reafirmó su promesa de crear en los próximos cuatro años 400,000 empleos, los cuales se lograrán, según indicó, mediante el desarrollo de tres áreas estratégicas: el sector agropecuario, el fomento a las inversiones y el apoyo a las MyPIMES, destacando en este último sector la colocación de 6,100 millones de pesos a disposición de los pequeños empresarios, a través de la Fundación Banreservas, PROMIPyME y de la recién creada Banca Solidaria.
En otro orden, resaltó la inversión extranjera y la puesta en marcha, recientemente, de la ventanilla única, con lo que se unificaron todos los trámites y permisos para desarrollar un negocio en República Dominicana. Este sistema reduce a cuatro meses máximo procesos que antes duraban hasta dos años.
En cuanto al sector agropecuario, precisó el esfuerzo del Gobierno para inyectar unos 1,000 millones de pesos de capital para los productores agropecuarios, a una tasa de interés de 4% menos que la que existía y sin garantía para préstamos menores de 50,000 pesos. Recordó el compromiso de destinar 10,000 millones de pesos a la compra de alimentos de producción nacional que se emplearán en el plan de alimentación escolar y los comedores económicos. Otro punto resaltado en este sector fue el relativo a los permisos de importación de productos agrícolas, los cuales –según expuso el mandatario pasarán a ser subastados públicamente en la Bolsa Agropecuaria de la Junta Agro empresarial Dominicana (JAD), a través de concursos y transparentes.
Para los propósitos de mejora y reparación de caminos vecinales, el Presidente mencionó que en sus primeros cien días ya se han reparado cientos de kilómetros de vías prioritarias y que para el año 2013 se contemplan unos 1,100 kilómetros más para ser acondicionados. Además, ponderó el trabajo que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas en la rehabilitación de vías y puentes dañados por las tormentas y ha batido récords con su eficiencia en la remoción de escombros, la reparación de varios puentes y la recuperación de importantes tramos de carretera.
Abordó el tema sobre la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, ya que como bien sostuvo, se resolverá el déficit habitacional, especialmente para las clases populares, pues dicha legislación permitirá que los fondos de pensiones se puedan invertir en la construcción de viviendas cuyo precio no supere los dos millones de pesos.
Anunció el plan de modernización y reforma del cuerpo policial, con el cual se pretende impactar de forma positiva la citada institución, puesto que fue claro al decir que será más preparada, equipada, con salario digno y capaz de llevar protección y seguridad a todos los rincones del país.
Se refirió a la implementación del Sistema Nacional de Emergencias 911, con el cual se persigue ofrecer a la población respuestas rápidas de las fuerzas de seguridad, los servicios de salud, bomberos, fiscalía y defensa civil, entre otras instancias, de forma conjunta y coordinada ante cualquier situación de urgencia.
También hizo alusión a las medidas que se han tomado respecto a la salud pública, haciendo hincapié en la reducción de la mortalidad materna e infantil. Destacó que en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, en donde se inauguró una Unidad de Perinatología, no se ha registrado una sola muerte materna en el presente mes.
Refiriéndose a la eliminación del pago de cuotas a los usuarios en los hospitales públicos, resaltó que los mismos no se realizan en trece hospitales, dentro de los que se encuentran el Vinicio Calventi, el Jaime Mota de Barahona y el General Melenciano en la provincia Independencia.
En cuanto a los precios de los medicamentos, indicó que se logrará una importante reducción en los mismos gracias a lo que entiende como la centralización de todas las compras del Estado a través del Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL, puesto que se ha calculado que el ahorro anual será de unos 2,000 millones de pesos.
Confirmó que en el año 2013 se avanzará con la creación de un Fondo para Enfermedades Catastróficas, al cual se le consignarán 500 millones de pesos y por otro lado, la incorporación de familias de bajos ingresos al régimen subsidiado de la seguridad social, con lo que se pretende que medio millón de personas sean integradas para el año próximo.
Por último, se refirió a la comunidad La Barquita y al lago Enriquillo, externando que ha escuchado atentamente durante sus primeros cien días las necesidades de dichas localidades, por lo cual se comprometió a darle soluciones permanentes de viviendas, cuyo desarrollo iniciará a partir de enero de 2013.
Posiciones encontradas respecto al discurso del presidente
Luego del discurso del presidente Danilo Medina, diferentes sectores que representan la clase social y política dominicana se refirieron a la alocución del Mandatario, unos tildándola de positiva y otros de vacía, además de negativa.
En el caso de Participación Ciudadana (PC), su coordinador general Francisco Álvarez, afirmó que el denominado “borrón y cuenta nueva” empañó el discurso del presidente Medina cuando señaló que “hay que olvidarse de tirar piedras hacia atrás”, por lo que consideró que con dicha declaración se dañó el contenido del mismo.
Por su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo que las medidas impositivas adoptadas por el gobierno de turno empezaron a afectar a los pobres por la inflación que ha experimentado el precio de los alimentos, las medicinas y otros artículos de uso cotidiano, por cuanto criticó del Primer Mandatario no haber dado respuestas efectivas y urgentes en tal sentido. Además deploró que no se le propusiera a la sociedad dominicana ni a los partidos políticos, un marco de concertación nacional con la finalidad de resolver las situaciones de problemas estructurales como la transformación del sistema educativo y la reforma policial.
Sin embargo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) valoró como positiva la alocución del licenciado Danilo Medina, ya que a su entender, la pieza refleja las principales acciones implementadas por el gobierno entre las cuales citó la implementación de la Ventanilla Única de Inversiones y la subasta pública de los permisos de importación a través de la Bolsa de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) resaltó la alta valoración que entre los empresarios, la sociedad dominicana y la opinión pública, entre otros sectores nacionales, se ha dado a las palabras dirigidas por el presidente Medina, puesto que la organización oficialista opina que, a excepción de la postura de la oposición, el CONEP y las asociaciones industriales lo evaluaron como positivo.
En el caso del presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), las palabras del Mandatario a la nación fueron sinceras y humanistas por su decisión de ayudar a los sectores más pobres del país.
De acuerdo con un sondeo llevado a cabo por el periódico digital HOY, el pasado 28 de noviembre de 2012, en donde hasta ese momento habían participado 686 ínternautas, 404 (58.89%) de ellos creen que el presidente Danilo Medina no llenó las expectativas, mientas que 282 personas (41.11%) se sintió satisfecho con la alocución presidencial.
Conclusiones
A pesar de las contradicciones que se han producido en toda la opinión pública en los últimos días, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, ha mantenido el silencio como herramienta personal, pues se ha visto cómo los distintos representantes de las instancias gubernamentales no han personalizado el debate público.
Al contrario, lo que se ha visto es cómo sin atacar las medidas del gobierno anterior –lo que puede verse como una estrategia, se anuncian medidas y ejecuciones a plazos inmediatos que fueron promesas de campaña del actual mandatario.
Finalmente, sólo queda esperar las reacciones que surgirán en torno al envío del Presupuesto General para el próximo año 2013, que de seguro generará posiciones en las cámaras legislativas.
El autor es catedrático de la PUCAMAIMA y Apec
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.