Análisis Noticiosos
Presidente Medina rompe el silencio
Por Víctor Mateo
Luego de haber agotado cien días al mando de la cosa pública, el primer mandatario de República Dominicana, licenciado Danilo Medina, se dirigió a la nación con la finalidad de pasar balance a las disposiciones del Poder Ejecutivo, a pesar de las protestas y reacciones que se han sucedido durante su joven estadía en el Gobierno.
La mencionada alocución se produjo a las nueve de la noche del pasado martes 27 de noviembre, mediante una amplia cadena compuesta por 36 canales de televisión y 84 emisoras radiales, con la intención de que todo el territorio nacional tuviera la oportunidad de ver o escuchar al Mandatario.
Los primeros planteamientos versaron sobre la firma del Código de Pautas Éticas –acción que fue llevada a cabo, según expresó el Presidente, por todo su gabinete y la posterior aprobación del decreto No. 499-12, cuya finalidad es mejorar la eficiencia del gobierno central, especialmente en cuanto a gasto y a limitación de las tarjetas de crédito para asuntos privados, la compra de vehículos de lujo y la celebración de fiestas en las instituciones públicas.
También destacó la aprobación de la Ley Orgánica de Administración Pública, No. 247-12, la cual, a su entender, persigue la mejora en la gestión pública con la reducción a seis del número de viceministros y el cierre de algunas instituciones, entre otras disposiciones. A opinión del Primer Mandatario, las dependencias clausuradas no cumplían al momento con el rol asignado cuando fueron creadas, como es el caso del Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado (CONARE) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, entre otros.
Asimismo, mencionó y resaltó el compromiso desde el Estado para incorporar a miles de microempresarios, trabajadores informales y profesionales independientes a la economía formal. En tal sentido, reafirmó su promesa de crear en los próximos cuatro años 400,000 empleos, los cuales se lograrán, según indicó, mediante el desarrollo de tres áreas estratégicas: el sector agropecuario, el fomento a las inversiones y el apoyo a las MyPIMES, destacando en este último sector la colocación de 6,100 millones de pesos a disposición de los pequeños empresarios, a través de la Fundación Banreservas, PROMIPyME y de la recién creada Banca Solidaria.
En otro orden, resaltó la inversión extranjera y la puesta en marcha, recientemente, de la ventanilla única, con lo que se unificaron todos los trámites y permisos para desarrollar un negocio en República Dominicana. Este sistema reduce a cuatro meses máximo procesos que antes duraban hasta dos años.
En cuanto al sector agropecuario, precisó el esfuerzo del Gobierno para inyectar unos 1,000 millones de pesos de capital para los productores agropecuarios, a una tasa de interés de 4% menos que la que existía y sin garantía para préstamos menores de 50,000 pesos. Recordó el compromiso de destinar 10,000 millones de pesos a la compra de alimentos de producción nacional que se emplearán en el plan de alimentación escolar y los comedores económicos. Otro punto resaltado en este sector fue el relativo a los permisos de importación de productos agrícolas, los cuales –según expuso el mandatario pasarán a ser subastados públicamente en la Bolsa Agropecuaria de la Junta Agro empresarial Dominicana (JAD), a través de concursos y transparentes.
Para los propósitos de mejora y reparación de caminos vecinales, el Presidente mencionó que en sus primeros cien días ya se han reparado cientos de kilómetros de vías prioritarias y que para el año 2013 se contemplan unos 1,100 kilómetros más para ser acondicionados. Además, ponderó el trabajo que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas en la rehabilitación de vías y puentes dañados por las tormentas y ha batido récords con su eficiencia en la remoción de escombros, la reparación de varios puentes y la recuperación de importantes tramos de carretera.
Abordó el tema sobre la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, ya que como bien sostuvo, se resolverá el déficit habitacional, especialmente para las clases populares, pues dicha legislación permitirá que los fondos de pensiones se puedan invertir en la construcción de viviendas cuyo precio no supere los dos millones de pesos.
Anunció el plan de modernización y reforma del cuerpo policial, con el cual se pretende impactar de forma positiva la citada institución, puesto que fue claro al decir que será más preparada, equipada, con salario digno y capaz de llevar protección y seguridad a todos los rincones del país.
Se refirió a la implementación del Sistema Nacional de Emergencias 911, con el cual se persigue ofrecer a la población respuestas rápidas de las fuerzas de seguridad, los servicios de salud, bomberos, fiscalía y defensa civil, entre otras instancias, de forma conjunta y coordinada ante cualquier situación de urgencia.
También hizo alusión a las medidas que se han tomado respecto a la salud pública, haciendo hincapié en la reducción de la mortalidad materna e infantil. Destacó que en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, en donde se inauguró una Unidad de Perinatología, no se ha registrado una sola muerte materna en el presente mes.
Refiriéndose a la eliminación del pago de cuotas a los usuarios en los hospitales públicos, resaltó que los mismos no se realizan en trece hospitales, dentro de los que se encuentran el Vinicio Calventi, el Jaime Mota de Barahona y el General Melenciano en la provincia Independencia.
En cuanto a los precios de los medicamentos, indicó que se logrará una importante reducción en los mismos gracias a lo que entiende como la centralización de todas las compras del Estado a través del Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL, puesto que se ha calculado que el ahorro anual será de unos 2,000 millones de pesos.
Confirmó que en el año 2013 se avanzará con la creación de un Fondo para Enfermedades Catastróficas, al cual se le consignarán 500 millones de pesos y por otro lado, la incorporación de familias de bajos ingresos al régimen subsidiado de la seguridad social, con lo que se pretende que medio millón de personas sean integradas para el año próximo.
Por último, se refirió a la comunidad La Barquita y al lago Enriquillo, externando que ha escuchado atentamente durante sus primeros cien días las necesidades de dichas localidades, por lo cual se comprometió a darle soluciones permanentes de viviendas, cuyo desarrollo iniciará a partir de enero de 2013.
Posiciones encontradas respecto al discurso del presidente
Luego del discurso del presidente Danilo Medina, diferentes sectores que representan la clase social y política dominicana se refirieron a la alocución del Mandatario, unos tildándola de positiva y otros de vacía, además de negativa.
En el caso de Participación Ciudadana (PC), su coordinador general Francisco Álvarez, afirmó que el denominado “borrón y cuenta nueva” empañó el discurso del presidente Medina cuando señaló que “hay que olvidarse de tirar piedras hacia atrás”, por lo que consideró que con dicha declaración se dañó el contenido del mismo.
Por su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo que las medidas impositivas adoptadas por el gobierno de turno empezaron a afectar a los pobres por la inflación que ha experimentado el precio de los alimentos, las medicinas y otros artículos de uso cotidiano, por cuanto criticó del Primer Mandatario no haber dado respuestas efectivas y urgentes en tal sentido. Además deploró que no se le propusiera a la sociedad dominicana ni a los partidos políticos, un marco de concertación nacional con la finalidad de resolver las situaciones de problemas estructurales como la transformación del sistema educativo y la reforma policial.
Sin embargo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) valoró como positiva la alocución del licenciado Danilo Medina, ya que a su entender, la pieza refleja las principales acciones implementadas por el gobierno entre las cuales citó la implementación de la Ventanilla Única de Inversiones y la subasta pública de los permisos de importación a través de la Bolsa de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) resaltó la alta valoración que entre los empresarios, la sociedad dominicana y la opinión pública, entre otros sectores nacionales, se ha dado a las palabras dirigidas por el presidente Medina, puesto que la organización oficialista opina que, a excepción de la postura de la oposición, el CONEP y las asociaciones industriales lo evaluaron como positivo.
En el caso del presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), las palabras del Mandatario a la nación fueron sinceras y humanistas por su decisión de ayudar a los sectores más pobres del país.
De acuerdo con un sondeo llevado a cabo por el periódico digital HOY, el pasado 28 de noviembre de 2012, en donde hasta ese momento habían participado 686 ínternautas, 404 (58.89%) de ellos creen que el presidente Danilo Medina no llenó las expectativas, mientas que 282 personas (41.11%) se sintió satisfecho con la alocución presidencial.
Conclusiones
A pesar de las contradicciones que se han producido en toda la opinión pública en los últimos días, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, ha mantenido el silencio como herramienta personal, pues se ha visto cómo los distintos representantes de las instancias gubernamentales no han personalizado el debate público.
Al contrario, lo que se ha visto es cómo sin atacar las medidas del gobierno anterior –lo que puede verse como una estrategia, se anuncian medidas y ejecuciones a plazos inmediatos que fueron promesas de campaña del actual mandatario.
Finalmente, sólo queda esperar las reacciones que surgirán en torno al envío del Presupuesto General para el próximo año 2013, que de seguro generará posiciones en las cámaras legislativas.
El autor es catedrático de la PUCAMAIMA y Apec
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.