Nacionales
Tras 12 años, aún no eligen al «Defensor del Pueblo»
El PLD, la fuerza mayoritaria en el Congreso, no se ha pronunciado sobre el nombramiento del alto funcionario
El 26 de enero próximo se cumplirán tres años de la inclusión de la figura del Defensor del Pueblo en la Carta Magna y todavía el Congreso no termina de escoger al ciudadano o la ciudadana que ocupará la función fiscalizadora. ¿Qué falta? Falta voluntad política, especialmente en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que tiene fuerza absoluta en el Senado y mayoritaria en la cámara baja.
Así lo explican miembros de la comisión de diputados que, en marzo del 2011, luego de entrevistar a 79 aspirantes, rindió un informe con los perfiles de las seis personas mejor calificadas para el puesto. Casi dos años después, el informe ni siquiera ha sido incluido en la agenda del hemiciclo para su consideración.
El legislador Teodoro Ursino Reyes (PLD-La Romana), presidente de los comisionados, ha repetido en numerosas ocasiones que, si la coordinación general de la Cámara no lo propone para debate, el documento nunca llegará a los senadores, donde se debe hacer la escogencia final según el artículo 192 de la Constitución de la República, el cual reza: “El Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un período de seis años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos”.
Ursino Reyes expresó que no quiere insistir más en el deber que tiene el Congreso frente al referido artículo, para que sus compañeros no piensen que él está presionando.
“Eso es un asunto de voluntad política. Si ellos no lo quieren, no sirve de nada presentarlo. El PLD no quiere eso. A menos que haya una voluntad política y presiones en los medios de comunicación, eso no se va a conseguir”, estimó Cristian Paredes, otro legislador que participó en la preselección.
Paredes, representante de la provincia Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reconoce que cualquiera de los comisionados podría pedir que la agenda se modifique en una sesión ordinaria para introducir el tema, pero, según él, no se hace porque con anterioridad se conoce la desidia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aseguró, en enero, que el problema de raíz es que “las dirigencias de los partidos tienen que ponerse de acuerdo, porque la designación del Defensor, más los defensores adjuntos, necesita de una mayoría especial que ningún partido tiene en el Congreso”.
Sin embargo, resulta que el PLD suele buscar intensamente el consenso congresual cuando un tema en verdad le importa. Basta recordar el pacto que en el 2011 Leonel Fernández, entonces presidente de la República, firmó con el presidente del PRD, Miguel Vargas, para poner fin al tranque de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura.
Se trató de un convenio público y de pronto cumplimiento. Pero cuando se habla del Defensor del Pueblo ninguna figura peledeísta importante levanta la voz. Ni siquiera el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se refiere a ese capítulo pendiente de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010.
Los aspirantes
En su artículo 191 la Constitución establece que el Defensor del Pueblo tiene la función esencial de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos consignados en ella y en las leyes adjetivas, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, prestadores de servicios públicos o particulares.
La figura ya existía en la Ley 19-01, aprobada en diciembre del año 2000, pero alcanzó el máximo rango al ser incluida en la Carta Magna del 2010.
El 22 de marzo de 2011 un grupo de diputados hizo una preselección que la cámara debe refrendar con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en el hemiciclo antes de enviarla al Senado.
La lista la componen Ramón Bienvenido Martínez Portorreal, doctor en Derecho, con maestría en Defensa y Seguridad; Porfirio Rodríguez Yriarte, ingeniero civil, excoordinador de Participación Ciudadana y presidente de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo; Iraima Altagracia Capriles Rosado, licenciada en Derecho, especializada en temas de familia y función institucional.
También Vielka Polanco Morales, abogada, exconsultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Andrés Reyes Fortunato Victoria, licenciado en Derecho, maestro del sector público, y Félix Antonio Cruz Jiminián, doctor en Medicina, filántropo y activista de los derechos humanos.
No hay plazo para el primer nombramiento
En dos ocasiones Amnistía Internacional ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia la presentación de las ternas de aspirantes a Defensor del Pueblo.
Para esto la entidad intercontinental se basa en que el párrafo del artículo 192 de la Carta Magna faculta a la SCJ a tomar la decisión si los diputados no lo hacen en los plazos correspondientes. Sin embargo, Amnistía no observa que los plazos sólo se ejecutan después de la primera escogencia del funcionario constitucional.
El mandato reza: “La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados y las someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días”. Todavía nadie ha terminado un mandato.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.