Opinión
El maldito
Por Andrés L. MateoPara Juan Sánchez Lamouth toda la existencia terminaba en su poesía
Juan Sánchez Lamouth, ese poeta maldito sobre el que siempre escribo, se vanagloriaba al decir que su escuela era “El tabernismo”, un guiño perverso de inspiración literaria que él arrojaba como una burla sobre una sociedad que también lo rechazaba. Príncipe y señor de las madrugadas, en los cafetines de mala muerte levantaba su copa y dejaba caer en la tierra el “trago de los muertos”, una liturgia que tenía en su boca siempre un mismo destinatario: “A Edgar Allan Poe” -decía-. Y luego se bebía su trago, recitando bajito una jerigonza que, según él afirmaba, había aprendido leyendo “El caso de la casa Usher”, un cuento célebre de la cosecha tenebrosa de Poe.
Juan Sánchez Lamouth, el padre del “Tabernismo”, es para mí un tipo inspirador, que se remontó por encima del destino que le tenían reservado. Por eso vale siempre como figura de reversión, disponiendo regresos al itinerario en sombras que transitó su vida. Siempre tenía en sus gruesos labios de hombre negro la cita de algún poeta inglés, o mascullaba en sordina el nombre de su amado Edgar Allan Poe, mientras apuraba la copa. Cerraba los ojos como si lo buscara en el recuerdo, como si se lo inventara. Pero, ¿quién se inventó a quién?
¿Juan Sánchez Lamouth, volcando aquel trago de iniciación sobre la tierra seca de una isla remota, invocando a otro tipo “extraño”, marginal y aborrecido, como él; que en el sopor de su borrachera su lengua estropajosa pronunciaba su nombre: Edgar Allan Poe? ¿O aquél dipsómano de habla inglesa, con los ojos abotagados por el alcohol, los cabellos ensortijados, y la mirada huidiza, se inventó antes al poeta maldito que decía su nombre en medio del chisporroteo de la embriaguez, impresionando a las putas de la calle Enriquillo?
¿Quién se inventó a quién, Dios mío?
No sé por qué en algunos momentos especiales Juan Sánchez Lamouth me asalta desde la niebla acogedora en la que construyó su enigma. Su enigma lleno de humillaciones y rechazo, su enigma de poeta sensible, provocador y maldito. Particularmente en el periodo de Navidad lo retomo porque me vienen a la memoria sus afanes por reproducir la vida material, y el duro fardo de privaciones materiales que siempre cargaba consigo. Era un verdadero buhonero de la palabra, y cobraba sus versos. Les hacía pagar a los funcionarios del gobierno trujillista las dedicatorias de sus poemas, y cuando les pasaba la factura tenía una extraña dignidad que ofendía a los del poder. Siempre lo recupero en la memoria con su copa de ron cayendo sobre el patio polvoroso del cafetín, su imagen como una pre-escritura de sí mismo, como un estilete frío que perfora la muerte, como una invención del personaje a quien él mismo dedicaba la copa: Edgar Allan Poe. Y entonces vuelvo a los años en que hablaba con él todas las tardes, en la Biblioteca Froilán Tavárez; y mi madre me advertía: “Hijo no andes con ese poeta, la gente dice”, y yo miraba su saco raído, su corbata mugrienta, el honor inútil en que se sostenía su alcurnia de poeta. No devolvía los libros de poesía que le prestaban, y cuando de una acera a otra, en la calle El Conde, Ramón Francisco le voceaba: “Lamouth, devuélveme mis libros”, el respondía: “Los libros no son de nadie, la cultura es de todos”. Y eso era exactamente lo que él creía, que “los libros no son de nadie, y que la cultura es de todos”.
Quienes leen mis columnas saben que siempre escribo de él en diciembre. Ataviado con la única vestimenta que yo le conocí (siempre saco y corbata, mustios, desarreglados), hablando a borbotones porque tenía un amor exagerado por las palabras, exorcizando la turbia eternidad terrenal en la que se movía. Para Juan Sánchez Lamouth toda la existencia terminaba en su poesía. Su única manera de vivir era salvar el instante en la poesía. Sus sufrimientos, que todos lo vivimos, eran breves y espléndidos, como un relámpago borrado por las tinieblas. “Hasta los perros, señor, tienen su otoño” -escribió un día- Y cuando me lo leyó, en aquella oficinita estrecha de la biblioteca, le vi dos lágrimas furtivas en las mejillas.
¡Oh, Dios, tal vez es demasiado lo que hemos envejecido!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.