Opinión
Mustafá, Karim y los Reyes de “Magos” de la corrupción
Por Narciso Isa Conde
Abdala II es rey de Jordania en pleno siglo XXI, pero no hay que escandalizarse si Inglaterra y España, ubicadas en el ombligo del capitalismo posmoderno y del mundo libre y cristiano, se gastan hoy monarquías similares con su Rey y su Reina.
El Rey Abdala fue recientemente visitado por el ex-mandatario dominicano Fernández Reina, señalado como uno de los más corruptos de la historia reciente, y lo hizo acompañado de Mustafá Abud Naba’a, sucesor del fallecido empresario mafioso libio El Fiture y socio de presidentes, políticos y reyes en variados negocios turbios relacionados con el tráfico y la compra y venta de combustible.
Con Mustafá visitó a Karim en Jordania, hijo del magnate árabe y ex–novio de su hija Nicole, prófugo por estafas, amenaza de asesinato, tenencia ilegal de armas y pillerías menores. Allí se terminó de fraguar el plan de su retorno, previa soborno millonario a sus acusadores y contubernio con fiscales y jueces venales (bajo tutela política leonelista), que accedieron a ponerlo en libertad.
¿Qué poder tiene Mustafá Abu Naba’a sobre Leonel Fernández y sus funcionarios?
Esta pregunta la respondió con mucha precisión el analista David Ramírez en un artículo publicado con ese título, siendo Leonel presidente, en el periódico digital el www.barahonero.com, cuyos párrafos más relevantes rezan así:
“Mustafá Abu Naba’a es un empresario de origen jordano residente en el país con mucha influencia en el gobierno de Leonel Fernández. Se recordará que tiene un hijo que fue novio de una hija del presidente…
“…Las relaciones comerciales y diplomáticas de la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela podrían verse afectadas, a causa de un supuesto “engaño” detectado por el gobierno de Hugo Chávez, el cual perturbaría, drásticamente, el programa de PETROCARIBE y otros que se desarrollan en el país.
“Este episodio discordante se presenta debido a que -según una fuente de entero crédito-, la administración del presidente Leonel Fernández insiste en mantener al empresario árabe, nacionalizado dominicano, Mustafá Abu Naba’a, dentro sus aliados.
“El caso del empresario árabe, sin dudas, el más peligroso. Es que éste, quien tendría deudas millonarias con PDVSA, utiliza el nombre de la empresa estadounidense Sargeant Petroleum para hacer negocios en territorio dominicano.
“La fuente indicó que el Ministerio de Hacienda ha consignado en varias ocasiones a “REFIDOMSA, cargamentos de asfalto AC-30, los cuales eran depositados en almacenes de Abu Naba’a. El caso ahora en cuestión es un barco que sería traído desde la Bahía de Ambay, en Maracaibo, Venezuela, el día 14 o 15 del actual mes de noviembre y que sería depositado en su local. Esto quiere decir que, a pesar de la advertencia del gobierno de Venezuela, lo siguen intentando: “engañar”.
“El informante alegó también que: “con esa justificación han preparado el muelle número cuatro, que está al lado de la compañía de Mustafa Abu Naba’a, sin tomar en cuenta que esto pone en riesgo a PETROCARIBE, que son financiamientos blandos a un 1% y 25 años para pagarlo”.
“En el año 2004, el inversionista de origen árabe Harry Sargeant, propietario de la International Oil trading Company (OITC), vinculada a la Worldwide Trading & Company (WTC), de Abu Naba’a recibieron de los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández poderes especiales para obtener cartas de créditos internacionales por US$255 millones.
“En el 2006, el Consejo Nacional del Azúcar (CEA) sometió a la WTC ante los tribunales, por la comisión de un supuesto “dolo” en perjuicio del Estado. Según la querella la WTC cobró de manera irregular unos RD$ 94 millones con lo que logró apropiarse de unos terrenos del CEA localizados en San Luis, Santo Domingo. En ese entonces, el CEA exigía una indemnización de US$5 millones.
“A esa forma prohibida de comercializar en territorio dominicano, se agrega el hecho de que el señor Abu Naba’a no paga los impuestos correspondientes.
“Más tarde, el desaparecido periódico Clave Digital, publicó que el presidente Fernández había favorecido a la WTC con un contrato de US$100 millones para construir avenidas carreteras, caminos y calles.
“El joven, hijo del empresario petrolero Mustafá Abu Naba’a, además de ser acusado de intento de asesinato, se le adjudica la posesión de un arsenal de armas de fuego, que, supuestamente, habría penetrado al país por el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
“Mustafá, el padre, también estuvo acusado de pertenecer a un grupo recaudador de fondos ilegales, para un gobernador y tres ex aspirantes a presidencia de Estados Unidos.
“El grupo recaudador de fondos de procedencia cuestionable era encabezado por Ala’a Al-Ali.
“Los recaudadores llegaron a lograr contribuciones superiores a los US$55 mil, de los cuales US$5 mil fueron destinados a la campaña de Charlie Crist en el 2006 y más de US$50 mil al ex candidato presidencial John McCain y los precandidatos Ruddy Giulliani y Hillary Clinton.
“Según la acusación, las donaciones fueron solicitadas por Mustafá Abu Naba’a, que al igual que Al-Ali, es un jordano que estaría viviendo en la República Dominicana.”
……………
La herencia fétida y las maniobras de un semi-destronado.
Aspirante a monarca, Leonel Fernández “reinó” en los últimos ocho años (2004-2012), después de exhibir discretamente esa maldita vocación durante su primer gobierno (1996-2000) y hablamos de un aspirante a Rey en una pequeña media isla caribeña, con pretensiones de ser alabado en todos los confines del planeta.
“El destino” de la Nación pretendió ser identificado en su persona, pero la ambición desmedida y la falsedad en exceso traicionaron sus anhelos de reinar indefinidamente y, en fin de cuentas, hasta el trono se le fue de las asentaderas cuando el descrédito acumulado en tan pequeño territorio caribeño hizo explosión arrasando a su Nueva York chiquita.
La indignación desatada ahogó el prestigio artificialmente fabricado, provocando que la simulación agotara sus efectos mercadológicos, cubriendo primero de lodo y pus la farsa, y determinando después que la L de León fuera percibida por gran parte la sociedad dominicana como L de ladrón.
Mintió groseramente al anunciar el blindaje de la economía nacional bajo “sus sabias orientaciones”, mientras se dedicaba a “blindar” su impunidad y la de los suyos, enmarcándola en una dictadura constitucional bajo estricto control.
Como tan perversa auto-protección se concentró en lo institucional, el clamor que lo condena sabiamente se desbordó por otros vericuetos nacionales y se expandió por el mundo, cruzando mares y fronteras.
Entonces, el aspirante a Monarca, lleno de pánico, decidió cobrarles sus “favores” a colegas, intelectuales, artistas, mercaderes, peregrinos y renegados para intentar la imposible misión de contrarrestar la ola que cortésmente solicita su ingreso al 15 de Azua y enturbia definitivamente sus ínfulas diplomáticas universales.
El rey Abdala II es uno de esa lista de “buenos agradecidos” y es por eso que el aspirante Monarca, ya semi-destronado y tronado, optó recientemente por sacarle provecho a lo invertido en Jordania con la ayuda de Mustafá; súper-rico mercader del petróleo y encargado de las conexiones de FUNGLODE (cuerpo del delito y canal para la instalación del publicitado Centro Latinoamericano en Amám con el nombre de Leonel Fernández) con el Medio Oriente.
Esto incluye ciertos trueques, entre los que no podía faltar la libertad de Karim, fraguada antes de su sorpresivo retorno. Igual otros negocios mutuos y no pocas banalidades compradas en el mundo árabe, mientras el pueblo dominicano pide su cabeza y Danilo y Domínguez Brito se la protegen.
Pero en realidad la desesperación lo ha llevado a un cálculo fallido: su salvación no está en Abdala ni en Mustafá, ni en su liberado hijo pródigo, llamado Karim. Esos vínculos refrescan otros escándalos dormidos y otras conexiones dolosas y pérfidas, y ese reconocimiento académico comprado lo “tira más para lo hondo”.
Recientemente salen nuevos olores fétidos de los manejos turbios en REFIDOMSA, de la estafa a Petrocaribe y de la mafia del AC-30, una parte comercializado por Mustafá y por un renegado que dice ser de izquierda, en Puerto Rico.
Leonel usó en esta ocasión la dictadura constitucional a nivel judicial a favor de sus sucios socios árabes y habrá de seguirla usando como medio de impunidad, pero de todas maneras crecen los riesgos de que ese blindaje pueda estallar. La caldera anti-corrupción y anti-impunidad tiene demasiada presión, y el despliegue del paquetazo neoliberal habrá de provocar más indignación popular.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
……………………………………………………..
El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.