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Fiscal pide a la SCJ enviar a juicio caso Bahía de la Águilas
El Gobierno asegura que el área protegida de Bahía de las Águilas no será tocada.
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) enviar a un nuevo tribunal el caso de Bahía de las Águilas que había sido declarado extinto.En el recurso de casación presentado por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, el pasado 25 de octubre del 2012, indica que a diferencia de lo establecido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los plazos para que se extinga la acción penal no han perimido.
Pese a que la litis empezó a investigarse el 30 de junio de 1997, y se declaró extinguida la acción penal el 8 de octubre del 2012, la funcionaria asegura que el juzgado debió intimar al Ministerio Público a conocer del fondo del proceso y no declarar de oficio la extinción, argumentando “que ya le había dado bastante tiempo (tres oportunidades) al Ministerio Público para conocer el caso”.
Aseguró que no existen razones legales para declarar la prescripción y que en un proceso de unos 15 años la defensa hizo todo lo posible para obstaculizarlo y todavía en el año 2010 estaban ejerciendo recursos.
Berenice Reynoso solicitó a los jueces de la Segunda Sala del alto tribunal que se anule la sentencia que declara extinta la acción penal del caso, y que remita el expediente ante la jueza presidenta de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que apodere mediante auto a uno de los tribunales colegiados de esa jurisdicción, distinto al que emitió la decisión atacada.
El objetivo es que se conozca el fondo del proceso contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, Reyna Margarita Martínez y Rafael Rodríguez (todos en libertad), acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales, y en Cabarete, Puerto Plata.
Francisco Taveras, abogado de los imputados, calificó como una irresponsabilidad de la Fiscalía recurrir en casación el caso en cuestión luego de que se le llamara a reformular acusación en varias ocasiones y no lo hizo. “Es una irresponsabilidad que quieren cubrir con un recurso”, dijo el togado.
Opuesto al acuerdo
Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, y la diputada nacional del Partido Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez, expresaron su desacuerdo con la salida buscada por el Estado dominicano con relación a la litis de terrenos en Bahía de la Águilas.
“Lo que estamos evaluando en este momento es que bajo una violación de la ley, bajo actos de corrupción, se pretenda legalizar, eso es lo que denominamos como fraude. Es que el Estado dominicano, el presidente de la República no puede ser cómplice de actos contrarios a la ley y la Constitución”, agregó la directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
En la causa, que fue aplazada para el 4 de marzo a los fines de citar debidamente a los querellados, estuvieron presentes comunicadores como Huchi Lora, Eddy Febles, Marino Zapete, Raúl Pérez, Consuelo Despradel, entre otros, y algunos de los afectados en el caso.
Representante de la sociedad civil depositaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia una instancia para servir de interviniente voluntario en el proceso.
Previo a reenviar la causa, la jueza presidente de la Cámara Penal de la Suprema, Mirian Germán Brito, y el juez miembro de ese juzgado, Juan Hirohito Reyes, explicaron que anteriormente habían manejado parte del proceso, uno como juez y otro como acusador. Los abogados presentes no se opusieron a que ellos conozcan la causa.
El proceso se ventila en momentos en que el Gobierno plantea “una solución” para la litis por los terrenos en Bahía de las Águilas.
Rojas reitera que no tocarán áreas protegidas
El ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, afirmó ayer que no tocarán áreas protegidas, y que las autoridades ambientales están en disposición de conversar y ofrecer las explicaciones que fueren necesarias a los grupos ecologistas.
Rojas Gómez aseguró que Bahía de las Águilas y las demás áreas protegidas constituyen una especie de “marca país” que se mantendrá intacta dentro de los planes de desarrollar la región Suroeste del país. Sostuvo que racionalmente la mayoría de la sociedad saluda la decisión firme del Gobierno de impulsar el desarrollo de la región Sur.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.