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Presidente Medina no cumple Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, dice PC
Presidente Danilo Medina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento Participación Ciudadana sostuvo este domingo que el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad firmado por el presidente Danilo Medina no ha sido cumplido, por lo que para su entender presenta una débil acción del gobierno.
El movimiento no partidista dijo que ha realizado un Monitoreo al Protocolo desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un Primer Informe al país sobre los avances, retos y dificultadas en la implementación de los compromisos asumidos por el Presidente Medina.
“Se observa una débil acción del Presidente Medina para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales el 63% han sido incumplidas, el 27% están en proceso y sólo el 9.9% se valora como cumplida, medidas en su conjunto que constituyen compromisos referidos a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la institucionalidad, expresó Participación Ciudadana.
Según PC el gobierno no cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo, “lo que evidencia que aún no se implementa el proceso de sistematización de la información”.
“Segundo: no se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral por lo que no se ha dado cumplimiento en el plazo de ciento treinta días (130) pautado, poniendo al desnudo la falta de voluntad política y de acción colectiva de los responsables de dar seguimiento a éste compromiso”, señaló.
Las ponderaciones del Participación Ciudadana indican que:
Tercero: A la fecha varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas otras fueron unificadas, pero la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios. Las medidas de disminución de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de las mismas y las pronunciadas duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.
Cuarta: En relación a los nombramientos Ministros y Viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los viceministros que se necesitan en cada ministerio y nunca más de 6, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de 6 viceministros, la administración pública debió contar con un marco normativo que indique sobre la base del principio de racionalidad, cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido y las competencias requeridas, labor que no se ha realizado aún, sino que se procedió a nombrar en cada ministerio de 5 a 6 viceministros sin determinar las necesidades de los mismos. Pero más grave aún es el hecho que si bien se han suprimido mediante Decreto al menos 137 posiciones a viceministros y subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad proclamada y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.
Quinto: No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización. A la fecha, a seis meses del gobierno del Presidente Danilo Medina, el país lidera a la representación diplomática y consular con mayor número de miembros, compitiendo con las grandes potencias económicas. En ese sentido, no se observa iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular lo que contribuye a mantener los mismos nombramientos existentes y realizar nuevos nombramientos, lo que claramente nos indica que no hay una política clara de recursos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
Sexto: En torno a las Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de los 21 Ministerios, se ha podido determinar que 14 Ministros han depositado su declaración jurada de bienes. Los 7 restantes no se identifican puesto que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio correspondiente. Tales son los casos de los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas, Salud Pública y Trabajo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha impulsado por decreto mediante la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental el seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes a la presentación jurada de bienes y recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas. En síntesis, no obstante todas estas iniciativas, a la fecha no se ha presentado a la sociedad dominicana un informe de verificación de las declaraciones como se estableció en el compromiso en un plazo de ciento veinte días (120) días.
Séptimo: En relación a las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito, Ley General de Salarios. Lamentamos que por sexta vez se somete el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa. Igual suerte corre el Proyecto de ley de Salarios, el cual continúa en un limbo en el Congreso Nacional.
Octavo: Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones. Si bien es cierto que con la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se percibió que se daría un impacto contundente a las acciones y políticas de prevención para evitar las violaciones del régimen ético de los servidores públicos, esta medida no ha sido lo suficientemente disuasiva en el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa en el sector público.
Noveno: En relación al impulso de la Transparencia en las Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la cual tiene como propósito monitorear este sector para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos por las operaciones en el país.
Décimo: En cuanto a la austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que se percibe una disminución sustancial del gasto en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones. Está pendiente, que la Dirección General de Comunicación (DICOM) diseñe la normativa que regulará los gastos de publicidad y propaganda del sector público, para que publicaciones gubernamentales sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.
Matriz de Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad
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Medida |
No Cumplida |
Parcialmente Cumplida |
Cumplida |
Totalmente Cumplida |
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Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.