Nacionales
Presidente Medina no cumple Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, dice PC
Presidente Danilo Medina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento Participación Ciudadana sostuvo este domingo que el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad firmado por el presidente Danilo Medina no ha sido cumplido, por lo que para su entender presenta una débil acción del gobierno.
El movimiento no partidista dijo que ha realizado un Monitoreo al Protocolo desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un Primer Informe al país sobre los avances, retos y dificultadas en la implementación de los compromisos asumidos por el Presidente Medina.
“Se observa una débil acción del Presidente Medina para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales el 63% han sido incumplidas, el 27% están en proceso y sólo el 9.9% se valora como cumplida, medidas en su conjunto que constituyen compromisos referidos a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la institucionalidad, expresó Participación Ciudadana.
Según PC el gobierno no cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo, “lo que evidencia que aún no se implementa el proceso de sistematización de la información”.
“Segundo: no se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral por lo que no se ha dado cumplimiento en el plazo de ciento treinta días (130) pautado, poniendo al desnudo la falta de voluntad política y de acción colectiva de los responsables de dar seguimiento a éste compromiso”, señaló.
Las ponderaciones del Participación Ciudadana indican que:
Tercero: A la fecha varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas otras fueron unificadas, pero la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios. Las medidas de disminución de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de las mismas y las pronunciadas duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.
Cuarta: En relación a los nombramientos Ministros y Viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los viceministros que se necesitan en cada ministerio y nunca más de 6, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de 6 viceministros, la administración pública debió contar con un marco normativo que indique sobre la base del principio de racionalidad, cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido y las competencias requeridas, labor que no se ha realizado aún, sino que se procedió a nombrar en cada ministerio de 5 a 6 viceministros sin determinar las necesidades de los mismos. Pero más grave aún es el hecho que si bien se han suprimido mediante Decreto al menos 137 posiciones a viceministros y subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad proclamada y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.
Quinto: No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización. A la fecha, a seis meses del gobierno del Presidente Danilo Medina, el país lidera a la representación diplomática y consular con mayor número de miembros, compitiendo con las grandes potencias económicas. En ese sentido, no se observa iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular lo que contribuye a mantener los mismos nombramientos existentes y realizar nuevos nombramientos, lo que claramente nos indica que no hay una política clara de recursos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
Sexto: En torno a las Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de los 21 Ministerios, se ha podido determinar que 14 Ministros han depositado su declaración jurada de bienes. Los 7 restantes no se identifican puesto que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio correspondiente. Tales son los casos de los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas, Salud Pública y Trabajo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha impulsado por decreto mediante la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental el seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes a la presentación jurada de bienes y recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas. En síntesis, no obstante todas estas iniciativas, a la fecha no se ha presentado a la sociedad dominicana un informe de verificación de las declaraciones como se estableció en el compromiso en un plazo de ciento veinte días (120) días.
Séptimo: En relación a las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito, Ley General de Salarios. Lamentamos que por sexta vez se somete el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa. Igual suerte corre el Proyecto de ley de Salarios, el cual continúa en un limbo en el Congreso Nacional.
Octavo: Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones. Si bien es cierto que con la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se percibió que se daría un impacto contundente a las acciones y políticas de prevención para evitar las violaciones del régimen ético de los servidores públicos, esta medida no ha sido lo suficientemente disuasiva en el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa en el sector público.
Noveno: En relación al impulso de la Transparencia en las Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la cual tiene como propósito monitorear este sector para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos por las operaciones en el país.
Décimo: En cuanto a la austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que se percibe una disminución sustancial del gasto en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones. Está pendiente, que la Dirección General de Comunicación (DICOM) diseñe la normativa que regulará los gastos de publicidad y propaganda del sector público, para que publicaciones gubernamentales sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.
Matriz de Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad
|
Medida |
No Cumplida |
Parcialmente Cumplida |
Cumplida |
Totalmente Cumplida |
|
5 |
ü |
|
|
|
|
6 |
|
ü |
|
|
|
7 |
ü |
|
|
|
|
8 |
ü |
|
|
|
|
9 |
ü |
|
|
|
|
12 |
|
ü |
|
|
|
13 |
ü |
|
|
|
|
14 |
ü |
|
|
|
|
15 |
|
ü |
|
|
|
16 |
ü |
|
|
|
|
21 |
|
|
ü |
|
Nacionales
Un modelo plenamente digital prevalecerá en el Poder Judicial con cierre de edificio de Cortes del DN.
Santo Domingo, R.D.-Sin incluir el área penal, el Poder Judicial se enfoca en estos momentos en dejar atrás la centralidad de lo físico para entrar a un modelo de justicia plenamente digital«, con el cierre del edificio que alberga las Cortes y las Salas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional, informó este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Los jueces de las Cortes y de las Salas del TSA, ubicados en el viejo edificio son trasladados al de Registro Inmobiliario y el personal de las secretarías de los tribunales son movidos al de la Suprema Corte de Justicia, los dos también ubicado en el Centro de los Héroes, en La Feria.
La mudanza, que se inició el pasado lunes, se realiza luego de que un estudio en el 2021 detectara riesgos de colapso en un posible sismo. Se programa clausurar completamente el viejo edificio antes del 30 de mayo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina informó que el «modelo de justicia plenamente digital» ya se han habilitado «más de 180 salas» para operar en línea, en un trabajo gradual que se ha venido realizando desde que se empezó a implementar la Ley 339-22.
No obstante, esa normativa, que regula el uso de medios digitales excluye las audiencias penales para esta modalidad, aunque los asuntos administrativos de esa área serán también de manera digital.
Durante una audiencia solemne de juramentación de casi 1,700 abogados, Molina expresó que esa medida implica el inicio una nueva etapa en su historia institucional y se reafirma el compromiso con una justicia al día, centrada en las personas, ágil, eficiente y confiable.
Las 180 salas hacen posible que la ciudadanía pueda presentar actos jurídicos, participar en una audiencia o recibir una decisión judicial sin necesidad de desplazarse ni esperar largas horas.
Asimismo, puntualizó que, gracias a herramientas como la firma digital, el expediente electrónico y las audiencias virtuales, se han reducido barreras, acercado los tribunales a la ciudadanía, fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas mediante sistemas trazables y auditables en tiempo real.
Medidas para el cierre del edificio
Según una comunicación de prensa del Poder Judicial, la continuidad del servicio es posible gracias al uso intensivo de las tecnologías digitales y las herramientas que ofrece el portal de Acceso Digital, el uso del Sistema de Gestión de Casos y las Política de Teletrabajo de este poder del Estado, que permite modelos de trabajo remoto e híbrido.
Migración a lo digital
Se recuerda que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en su sesión extraordinaria núm. 02-2025 de 11 de abril de 2025, adoptó una serie de medidas que permitirán finalizar el proceso de migrar de lo presencial a lo digital en los servicios que se prestan a la ciudadanía en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional.
Juramentación de 1,698 abogados
La Suprema Corte de Justicia juramentó 1,698 abogados a los que llamó a no sólo comprender los códigos y las jurisprudencias sino también a que sean instrumentos de construcción social que ponga a las personas en primer lugar.
En una audiencia solemne, el presidente de la alta corte también dejó posesionadas las Comisiones Consultivas Regionales del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Muy enfurecidos los familiares del menor Ángel José Mercedes (9 años) reaccionaron contra Jesús Alberto Camacho Decena, acusado del rapto, violación y asesinato del niño el pasado viernes 18 de abril y trataron de emprenderla a golpes contra el agresor.
Los familiares lanzaron objetos y golpes e intentaron detener el vehículo en el que los agentes policiales trasladaban al hombre al que se le otorgó medida de coerción consistente en tres meses de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
Previo al conocimiento de la medida de coerción los familiares se manifestaron en el edificio judicial de San Cristóbal. Cuando concluyó el conocimiento, persiguieron el vehículo del confeso asesino por las calles.
El pasado Viernes Santo 18 de abril, Ángel fue reportado desaparecido por su familia en el sector Villa Fundación de esta demarcación.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, la madre del menor presentó formal denuncia luego de que el niño saliera de su vivienda y no regresara.
Como parte del proceso investigativo, obtuvieron imágenes captadas por cámaras de seguridad de un establecimiento de comida rápida, ubicado en la calle Constitución esquina carretera La Toma, donde se observó al niño acompañado por un hombre de tez india, delgado, vestido con ropa deportiva azul y montado en una motocicleta marca Bajaj, color negro.
Mediante labores de inteligencia se logró identificar a Jesús, quien fue localizado y detenido mientras se encontraba en la calle Principal próximo al balneario Paraíso Doña Santa Cuper, en el sector Hato Damas.
Prisión preventiva
Tras ser detenido, la Policía Nacional informó que Jesús Alberto Camacho Decena, de 31 años, confesó haber raptado al menor tras ganarse su confianza brindándole alimentos, llevándolo posteriormente a un río ubicado entre los sectores Asise y Montaño, donde cometió el hecho criminal.
Mientras que, la Oficina de Atención Permanente de la provincia dictó tres meses de prisión preventiva a Camacho Decena, acusado de raptar, abusar sexualmente y asesinar al infante.
La medida impuesta deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo.-El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana respondió al comunicado emitido este jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados y afirmó que el país respeta los derechos humanos.
A la vez reafirmó el derecho de la República Dominicana como estado soberano independiente a aplicar sus propias leyes migratorias.
«República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente», cita el comunicado emitido desde el Mirex.
El Gobierno dijo que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, «con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos».
La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
«Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio», resalta el Gobierno.
Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
Las personas que no cumplen los requisitos son atendidos en emergencia y luego detenidos por agentes de Migración, que procede con su deportación.
En el primer día, las autoridades deportaron a 135 migrantes haitianos, en el grupo había 48 embarazadas y 39 mujeres recién paridas.
La medida ha sido criticada por organismos internacionales y el gobierno haitiano, que consideran, que vulnera derechos humanos.
Amnistía y secretario de la ONU se pronuncian
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.
«(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.