Análisis Noticiosos
País por país, cara por cara, voto por voto
Por Martín Granovsky
Con la Argentina cerca de las primarias de agosto y las legislativas de octubre, la vuelta de Michelle Bachelet a Chile para competir en las elecciones de noviembre marca el tono de la mayoría de los vecinos: salvo en el caso de Paraguay, el escenario más probable en Su-damérica es un refuerzo de la sintonía entre los procesos de reforma que cada país despliega a su modo y con sus tiempos.Bachelet asumió en marzo de 2006 y dejó la presidencia en marzo de 2010 como la mandataria más popular de la historia de Chile. Su imagen, sin embargo, no fue acompañada por una iniciativa de la Concertación, entonces en el gobierno desde 1990, de construir una sucesión viable. No hubo internas abiertas que podrían haber incluido a Marco Enríquez-Ominami. El voto de centro y centroizquierda fue dividido y ese vacío, sumado al desgaste de veinte años de gobierno, sirvió como base para la victoria de la derecha y el centroderecha de Sebastián Piñera. Bachelet competirá y asumirá después de haber cumplido los 62. Está en carrera.
En Brasil las elecciones presidenciales serán en octubre de 2014. La fuerza que encabeza la coalición de gobierno, el Partido de los Trabajadores, ya dejó en claro cuál será su estrategia. Va por la reelección de Dilma Rousseff para el mandato que comienza el 1º de enero de 2015. Luiz
Inácio Lula da Silva no será el candidato. No son especulaciones porque el propio Lula fue quien lo dijo. En los actos para celebrar los diez años de gobierno del PT, Lula anunció que encabezará la campaña para la reelección de Dilma. También dijo que, a diferencia de 2002, el PT estaría en condiciones de ganar las elecciones solo. Pero agregó que no lo hará, “porque se trata de gobernar con una base sólida y no solamente de ganar elecciones”. Al momento de elegir los aliados, aclaró que “no se trata de con quién nos vamos a casar sino con quién vamos a hacer alianzas, y hay que tener un criterio amplio”. Fue un modo de marcar el territorio hacia los distintos sectores que integran la coalición de gobierno. Sobre todo fue una manera de indicar que seguirá en vigor la intención de continuar con un lazo sólido entre el PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, en rigor una constelación de fuerzas estaduales. Brasil es más federal y balanceado que la Argentina. Sin Estados en línea con Brasilia es difícil implementar políticas de alcance nacional. Si nada se modifica en el tablero brasileño, la Argentina seguirá teniendo con su principal vecino y aliado las mismas seguridades y los mismos desafíos. Una seguridad: Brasil no da signos de cambio en su política exterior de anillos concéntricos según la cual en el centro está el Mercosur y, dentro de ese centro, la Argentina. Un desafío: desinteligencias como las que llevaron a la suspensión indefinida del proyecto de la minera Vale, seguramente con responsabilidades o fatalidades por ambos lados, pueden erosionar la confianza mutua aunque no la supriman del todo. Si eventualmente eso sucediera, lo cual por cierto no es inevitable, Brasil vería debilitado su proyecto de construcción de un poder regional para terciar en la multipolaridad que busca como ideal para el planeta. Para la Argentina la perspectiva sería aún peor: más allá de la sustitución de importaciones en algunos sectores, no consta la existencia de ningún proyecto de reindustrialización presentado por especialista alguno que plantee un desarrollo sustentable sin el mercado brasileño o la asociación con Brasil.
Uruguay elige presidente cada cinco años. Las elecciones serán el 26 de octubre de 2014. Como no hay reelección y el Frente Amplio no se propone cambiar la Constitución, el ciclo de Pepe Mujica se agotará. En junio de 2014 hay comicios internos para elegir los candidatos de cada fuerza. Aunque no lo dijo oficialmente, el ex presidente 2005-2010 Tabaré Vázquez aparece como uno de los postulantes. Nacido el 17 de enero de 1940, en ese momento tendrá 75 años. Si gana, asumiría la presidencia en 2017 con 76. Médico especialista en oncología, el propio Tabaré suele decir que el futuro depende de su partido, el socialista, del Frente Amplio, del voto de los uruguayos y de la biología. Mujica, de 77 años, no puede ser precandidato, pero sí está en condiciones de jugar su popularidad en favor de una figura. ¿Se inclinará por Raúl Sendic? Sendic es un bebé para los parámetros de la política uruguaya: tiene 50 años. Puede ser un competidor de Tabaré en junio y, si pierde la interna, integrar la fórmula como candidato a vice. Aunque dirige un espacio propio, Compromiso Frenteamplista, no están cerradas las puertas para un acuerdo con el Movimiento de Participación Popular que conducen los ex tupamaros como Mujica y el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Sendic tiene un lazo natural con ellos. Es hijo de Raúl Sendic, otro de los fundadores de los Tupamaros a comienzos de la década de 1960. Tras 12 años de cárcel, fue liberado en 1985 y murió en 1989, el mismo año en que el Frente Amplio obtuvo su primer gran triunfo: la intendencia de Montevideo. Genetista recibido en La Habana, Sendic hijo se fogueó en los últimos años como funcionario del Estado. Preside la estatal Ancap, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Quien haya pasado por Uruguay puede haber tomado caña Ancap. Más allá del folklore nostálgico, la empresa quiere convertirse en actora regional. Ya firmó acuerdos con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima y está en conversaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales para participar del proceso de explotación de shale gas en Vaca Muerta.
Tabaré sería para la Argentina un desafío mayor que el de Mujica. Con él de presidente uruguayo y con Néstor Kirchner aquí los dos países escalaron el conflicto por la pastera finlandesa. ¿Tabaré fue ingrato a pesar de la ayuda electoral de Kirchner? ¿Kirchner no midió que, aun si la ingratitud fuese cierta, la nacionalización del conflicto no sólo afectaría la relación con Uruguay sino a su propio gobierno, como quedó evidenciado en la destreza para el corte de rutas durante el conflicto agrario de 2008? Lo cierto es que recién Mujica y Cristina Fernández de Kirchner arreglaron el litigio una vez que se hubo producido el fallo de la Corte Internacional de La Haya y la Argentina se mostró dispuesta a perseguir penalmente a quienes cortasen puentes. De todos modos, nada indica que Tabaré no pueda comportarse como un presidente con espíritu práctico que deje el pasado bien lejos.
En 2014 el boliviano Evo Morales cumplirá ocho años en el poder. Ese año también afrontará elecciones presidenciales. Está autorizado a presentarse a su primera reelección luego de la vigencia de la constitución del Estado Plurinacional. El jueves último su partido, el Movimiento al Socialismo, hizo la moción de que Evo vuelva a ser candidato y, si gana, gobierne Bolivia en el período 2015-2020. Si lo consigue cumpliría 14 años en la presidencia, el mismo tiempo que Hugo Chávez entre su asunción y su muerte. Morales nació el 26 de octubre de 1959. Tiene 53 años. Tendría recién 61 cuando en 2020 entregue la banda presidencial a otro presidente. El MAS mocionó que el vicepresidente Alvaro García Linera vuelva a integrar la fórmula con Evo.
El Paraguay del pasado
Paraguay podría ser la gran excepción política del Cono Sur. Tras el derrocamiento de Fernando Lugo en 2012, las elecciones se celebrarán el próximo 21 de abril. El coloradismo, la fuerza más influyente, presentará como candidato a Horacio Cartes. El Frente Guasú de Lugo irá con Aníbal Carrillo a la cabeza. Se desprendió un sector importante, el del periodista Mario Ferreiro. La división del centroizquierda deja como principal desafiante a Efraín Alegre, del Partido Blanco.
De 56 años, Cartes va primero en las encuestas de intención de voto. Gran empresario de licores y tabaco, el ex ministro del Interior Carlos Filizzola dijo sobre él: “Su triunfo significaría el regreso al país del pasado, el de las malas noticias, a la época donde cuando se mencionaba al Paraguay se le vinculaba con el narcotráfico, el lavado de dinero, la piratería, ese país poco creíble y aislado internacionalmente”. Filizzola explicó las dificultades para combatir el narcotráfico en Paraguay incluso cuando, como sucedió con el gobierno de Lugo, el Estado tiene intención de hacerlo. En una entrevista concedida en 2011 a la agencia Nova Paraguay, Filizzola dijo que en su país “los poderes públicos han estado históricamente corroídos fuertemente por el narcotráfico”. Explicó el origen: “Esto viene de la dictadura, donde importantes políticos del régimen stronista (por el dictador Alfredo Stroessner) protegían el tránsito de cocaína. Me refiero puntualmente a pistas clandestinas y demás. Eso continúa, quizás de una manera menos visible. Si uno mira las estadísticas de decomiso de cocaína y marihuana son irrisorias para un país donde se estima circulan entre 60 y 70 toneladas de cocaína al año”. Filizzola se quejaba entonces de que “en zona de fronteras es muy difícil encontrar jueces que condenen narcotraficantes” y confesó que durante su gestión “hemos tenido problemas inmensos con relación a casos vinculados con narcotraficantes”.
Cuando se realicen las elecciones, es previsible que Paraguay vuelva a ser aceptado como miembro activo con plenos derechos en Mercosur. A esta altura ya hay una novedad: pocos días después de la suspensión de sus derechos, Brasil, la Argentina y Uruguay aceptaron la entrada de Venezuela. En ese entonces gobernaba Hugo Chávez. Muy pronto se sabrá si el sucesor de Chávez se llama Nicolás Maduro, actual presidente encargado, o el opositor Henrique Capriles. Las elecciones serán una semana antes que las paraguayas: el 14 de abril. Una encuesta de la empresa Hinterlaces informa sobre una diferencia de 18 puntos en favor de Maduro, mientras que Datanálisis le otorga 14. Aun si los números estuvieran inflados, cosa de la que no hay constancia alguna, practicando un desagio igual queda una diferencia que a Capriles podría serle muy difícil descontar en tan poco tiempo.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.