Nacionales
La Barrick opera su propia planta de agua en Cotuí
La minera tiene una planta flotante en el lago de la presa de Hatillo; en muchas comunidades escasea el líquido
Esta planta absorbe cada día miles de galones de agua para la mina de oro, mientras en las comunidades no hay.
Cotuí tiene actualmente dos realidades que cuando se comparan reflejan el grado de injusticia que se genera cuando una empresa poderosa se sitúa en una población donde campea la pobreza.Esas dos realidades tienen que ver con el agua, pues mientras en las distintas comunidades de la provincia Sánchez Ramírez resulta casi imposible obtener un litro para consumo, la empresa minera Barrick Gold tiene instalada una planta flotante en el lago de la presa de Hatillo y gigantescas tuberías que le permiten succionar toda el agua que quiera del embalse. Informaciones recogidas en Cotuí indican que la planta que posee la minera para extraer agua limpia en Hatillo, para luego usarla en sus operaciones que contaminan la zona, tiene una capacidad para absorber 1,000 litros por segundo, es decir, unos 60 mil litros por minuto. La planta de Barrick está situada en un espacio donde se supone que el público puede llegar sin restricción, pues se trata de un lugar público, pero la empresa tiene allí entre dos y tres agentes que una vez se asoma alguien ajeno a ellos, lo reciben en tono amenazante, prohibiendo todo tipo de movimiento, solicitando todo tipo de documento y anotando prácticamente hasta el color de las gomas del vehículo que llega. El geólogo Osiris de León asegura que por el uso de agua de la presa de Hatillo, la Barrick Gold paga al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) 1.5 millones/año, una cifra insignificante comparada con lo que paga cualquier empresa del país por el uso del agua. Sin embargo, el Indrhi dijo ayer que “el pago del dinero estaba planteado, pero que ni esa entidad ni las juntas de regantes han recibido un centavo, porque se pensó que si se le exigía a la Barrick Gold, eso podría obstaculizar la negociación de la minera con el Estado”. “La Barrick Gold no ha dicho qué cantidad de agua extrae al día. La única limitante que se le ha puesto a esa empresa es que cuando el nivel de agua de la presa de Hatillo esté bajo o el caudal que le entre a la presa sea mínimo en tiempo de sequía, entonces la mina no debe extraer agua, pero nadie supervisa que la empresa cumpla con eso”, criticó de otro lado De León.
En efecto, lo que plantea el especialista es verificable cuando se observa el caudal del río Yuna (que alimenta la presa), que aunque está en estiaje (nivel bajo), la mina sigue sacando la misma cantidad de agua todos los días para sus procesos. “Yo no entiendo por qué el Gobierno, a través del Indrhi, tiene que aceptar que ellos paguen un millón y medio de pesos al año. Eso no es dinero, pero sí es una vergüenza que para una planta del tamaño de la Barrick, con capacidad para procesar 24 mil toneladas métricas de material sulfuroso diariamente y que necesitan el agua para todo el proceso metalúrgico, tengan que estar pagando una cantidad irrisoria al mes al Indrhi y que esta institución se lo acepte”.
A las comunidades ubicadas en el área de influencia de la mina de oro de Pueblo Viejo, la empresa les facilita, en el mejor de los casos, cuatro galones de agua al día. La Organización Mundial de la Salud establece que un ser humano necesita 275 litros de agua al día para cubrir sus necesidades (tomar, cocer sus alimentos, lavar la ropa y bañarse, entre otros). En el caso de esas comunidades no se cumple eso. Al analizar esta parte, Osiris de León sostiene que “cualquiera podría pensar que la responsabilidad de dotar del líquido a las comunidades en cuestión corresponde al Estado, pero no”. Es que, según su reflexión, la empresa fue la que deterioró la calidad de las aguas que hasta antes de establecerse en Cotuí, usaban las comunidades. “Por tanto, cuando una empresa deteriora la calidad del agua en un entorno operativo, en este caso metalúrgico, para poder procesar el mineral, debe resarcir a toda la comunidad con toda el agua que necesite, de acuerdo a la normativa de la OMS, lo cual viola la empresa”, dijo De León.
Derecho para uso del agua
El capítulo sobre derechos de agua para la Barrick Gold está contemplado en la sección 7.8 del acuerdo suscrito por esa empresa con el Estado dominicano.
Esos derechos que posee la Barrick para usar el agua que quiera de la presa de Hatillo, constituyen una incongruencia cuando se observa a Daniel Mena, un agricultor de Hacienda Hatillo, llegar con un galón vacío a verificar si una llave colocada cerca del contaminado río Margajita tiene agua para él “llevar un poquito”.
Cuando elCaribe le pregunta a Mena si sabe que se expone a contraer una enfermedad por el contacto con el líquido su respuesta fue esta: “Mi hijo, no me queda más remedio que consumir esta, si es que la llave tira algo hoy”.
Daños pueden ser severos
El agua que llega por el lago de la presa, según expertos, tiene alto contenido de hierro, cobre, plomo y de cadmio, entre otros y un pH que varía entre 1.8 y 2.0. El pH del agua normal debe ser 7.0 o muy cercano a este. El pH es una medida utilizada por la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia, por lo general en su estado líquido.
El color rojizo sangre que se observa en arroyos y ríos del Cotuí obedece al alto contenido de hierro en dilución que poseen. “La empresa minera ha dicho que ha resuelto el problema, en realidad no tiene una planta de tratamiento de aguas ácidas para neutralizar una serie de fenómenos”, dijo Osiris de León.
Barrick evita colocar la carpa en menú hogareño
En las aguas del lago de la presa de Hatillo hace años era común encontrarse con pescadores a toda hora del día. Se hablaba de que entre todos sumaban 200 personas y una de ellas era Gregorio Javier. Este trabajador ha dejado de ir a la zona desde que se enteró que la carpa que captura tiene 0.26 miligramos de cadmio por cada miligramo de pescado y eso la hace cancerígena. Eso se determinó con un estudio realizado por Osiris de León para la UE.
Plomo
Un estudio presentado al Gobierno hace varios años recomendaba advertir a la comunidad que no consuma carpa.
El Caribe
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.