Análisis Noticiosos
Los dilemas del periodismo
Por Juan Bolívar Díaz
Con motivo del Día del Periodista que celebramos en el país cada 5 de abril, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Madre y Maestra convocó a cuatro profesionales para debatir sobre los dilemas y perspectivas del periodismo contemporáneo a la luz de los desafíos que suponen las nuevas tecnologías. Resumo a continuación mi exposición ante estudiantes y profesores de esa academia.
Cuando me inicié en esta profesión hace 45 años ya avanzaba el proceso de concentración de los medios, convertidos en una de las más dinámicas industrias contemporáneas. En México, donde tuve el privilegio de cursar la carrera, la cadena García Valseca tenía 38 diarios y Televisa ya era un gran monopolio. En Europa todavía había regulaciones y la televisión y la radio eran en alta proporción estatales. Aunque en Estados Unidos había múltiples consorcios de medios, todavía se mantenían algunos límites a los monopolios, lo que duró hasta comienzo de este siglo-milenio.
Los pragmáticos editores y propietarios de medios sólo se preocupaban por las nuevas tecnologías y las reingenierías empresariales. Pero los académicos y profesionales del periodismo enfrentaban los retos de una comunicación demasiado al servicio de los poderes económicos y políticos, de la publicidad y la manipulación.
Asistimos al gran debate sobre el nuevo orden informativo internacional, con todo y el informe de la Comisión McBride de la Unesco, a consecuencia del cual esta institución fue extorsionada económicamente y obligada a capitular en las preocupaciones por un mayor equilibrio y libertad en las comunicaciones, tanto entre pueblos como entre profesionales y propietarios.
El progresivo fracaso del socialismo real fortaleció las tendencias neoliberales, que se impusieron en la economía, la política y la comunicación, derribando regulaciones y creando las condiciones para los abusos que generarían la gran crisis del capitalismo a partir del 2008.
En América Latina las dictaduras militares y la década pérdida en términos económicos, trastocaron el orden continental. El reinado de Reagan y la Tatcher aceleró el derrumbe del socialismo y el advenimiento de un mundo unipolar donde predomina un capitalismo salvaje.
La revolución tecnológica impuso su dominio en las comunicaciones, con todo su esplendor y sus sombras. Multiplicación infinita de la capacidad de comunicar, pero también de la banalidad y la superficialidad y elevación del costo de comunicar para beneficio de los grandes consorcios empresariales.
Los desafíos del periodismo siguen siendo los de siempre, desde el periódico mural a la Internet: un intento de comunicación, de investigación de la realidad para difundirla a través de los medios disponibles. Periodismo para liberar de la ignorancia, para combatir la opresión, para sostener los sueños de justicia, la emancipación de los grupos y comunidades excluidas, para promover la fraternidad y la paz.
La misión del periodista es comunicar, hacer común las luchas por la superación humana, incidir en la sociedad mediante la investigación, deshaciendo entuertos y manipulaciones, contrastando las realidades sociales, explicando, educando para la libertad.
La Internet representa un gran desafío para los periódicos, que tendrán que abrirse cada vez más a la necesidad de comunicación, auspiciando un periodismo investigativo y libertario que en cualquier caso se realizará en la radio, televisión y en Internet. En esta con progresiva atracción publicitaria, en la medida en que los periódicos sigan perdiendo lectores. Pero la interactividad no sustituirá el periodismo.
No morirán los periódicos ni los libros. Perderán terreno, muchos desaparecerán, pero otros se readaptarán auspiciando un mejor periodismo. En los periódicos habrá menos espacio para la superficialidad y la banalidad que ya se ejercerá con exceso en las redes. Y el periodismo seguirá siendo una de las mejores profesiones, un gran compromiso con la superación de la sociedad y las personas humanas.
Artículo publicado originalmenteen en el diario HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.