Nacionales
Protestas en la UASD y pueblos del Cibao dejan dos muertos
Consejo universitario autoriza que la Policía entre al campus a investigar y esclarecer la muerte de un coronel
Las manifestaciones violentas obligaron a cerrar los negocios en San Francisco de Macorís.
Investigadores policiales examinan la escena donde cayó abatido el coronel.
La UASD autoriza a la PN y al Ministerio Público requisar el campus; disturbios paralizan pueblos del Cibao.
Las protestas registradas en las últimas horas, con la utilización de armas de alto calibre, en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y varios pueblos del Cibao, dejaron ayer un saldo de dos muertos y diez heridos, incluyendo un coronel de la Policía Nacional abatido de un tiro en la cabeza. El coronel Julián Suárez Cordero recibió un impacto de bala mientras dispersaba a los estudiantes que protestaban en el campus de la UASD.
En tanto que en San Francisco de Macorís resultó muerto Félix Hernández Valentín, de 24 años, residente en el sector Vista al Valle. Según la versión policial, el fallecido, junto a otros encapuchados, enfrentó a los agentes, en los alrededores de la cancha de la Máximo Gómez, en el inicio de la protesta por 48 horas convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) en demanda de obras y otras reivindicaciones.
La Policía Nacional se declaró en luto por la muerte del coronel. El jefe de la institución, mayor general José Armando Polanco Gómez, acusó a algunas autoridades y políticos de permitir que estudiantes penetren a la UASD con armas de alto calibre. “Cinco o seis delincuentes en el interior de la UASD, con complicidad con algunas autoridades y algunos funcionarios, y hay políticos también que son cómplices de esto, permiten que delincuentes terroristas armados con fusiles entren al campus de la UASD”, sostuvo Polanco Gómez.
“Los que cometieron ese hecho los vamos a buscar, no importa a quien tengan de sombrilla. Les vamos a dar una respuesta que va a ser tal para cual”, advirtió Polanco Gómez.
Justo en los momentos en que el jefe de la Policía hacía estos pronunciamientos, a los hijos de Suárez Cordero se les veía turbados. Caminaban de un lado a otro en el patio del Centro Médico UCE. Juan Ramón Suárez, de 20 años, hijo menor del malogrado coronel, solo pide que la Policía atrape y someta a la Justicia a las personas que mataron a su papá.
Por su lado, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como un acto criminal la muerte del oficial. A propósito, el Consejo Universitario autorizó a las autoridades policiales, acompañados de la prensa y el Ministerio Público, revisar el campus de la institución para la investigación en torno a los sucesos.
En los disturbios de la UASD también resultó herido el coronel Julio Justino Rodríguez, subdirector de Operaciones Policiales, quien recibió un impacto de bala en una pierna, el raso Rafael Batista Pérez, herido en una mano, y Juan de Jesús Pérez, quien pasaba por los predios de la UASD y fue alcanzado por un disparo en un costado.
El fuero
La ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, favoreció la eliminación del fuero universitario para incrementar la vigilancia dentro de la UASD, para evitar que extraños entren y alteren el orden. “Yo creo que ya se necesita que eso se quite y que haya una vigilancia permanente dentro de la institución, que evite que entren los que van a alterar el orden, porque esas cosas ocurren no con los estudiantes que están ahí adentro, sino con los infiltrados”, manifestó.
Heridos en el Cibao
En el Cibao, el primer día del paro por 48 horas dejó un saldo de un manifestante muerto, siete heridos de balas y perdigones. Hechos violentos se registraron en San Francisco de Macorís, Bonao, Salcedo, Esperanza, Mao y otras comunidades. El comercio cerró sus puertas debido a la explosión de artefactos casero.
El segundo teniente Luis Manuel López Luciano, comandante del destacamento policial del distrito municipal de Jicomé, tuvo que ser internado en un centro de salud privado de Mao, debido a herida de arma de fuego en el tobillo derecho. l
Grupos exigen mejoría de servicios básicos
Las comunidades en paro demandan nacionalizar la minera Barrick Gold, rechazo a las pretensiones de explotar a Loma de Miranda entre La Vega y Bonao. También piden mejoría del servicio eléctrico, agua potable y arreglo de vías. Además reclaman la entrega de 140 millones que supuestamente fueron desviados en la construcción de los edificios de la universidad CURCE-UASD de Monseñor Nouel.
El Caribe
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.