Opinión
La culpa de la violencia al revés
Por Narciso Isa Conde
(A propósito de la violencia en la UASD, la ilegalización de FELABEL y la estigmatización de las protestas populares)
Eduardo Galeano llamó la atención a la humanidad sobre cómo los ideólogos de la dominación capitalista y su apabullante poder ejercido a través de los grandes medios de comunicación se dedican a poner el mundo al revés; invirtiendo persistentemente la realidad y las culpas de los males acumulados, y esparciendo, en gran escala, versiones distorsionadas del ejercicio del poder del gran capital y de sus instrumentos de dominación respeto a la sociedad explotada y excluida.
Aquí, en estos días se ha tornado imperioso analizar cómo los grupos de poder ponen al revés la culpa de la violencia y la manera perversa como la dominación violenta del régimen que los representa estigmatiza las rebeldías de los y las abajo, y tergiversa y manipula la necesaria insumisión popular que ella genera.
El tipo de Estado y de Poder
Contamos con un Estado violento bajo control y gestión de la clase dominante- gobernante.
Con una Policía Nacional operada por altos oficiales duchos en crímenes, en torturas, en extorsión y asociaciones malignas con la violencia criminal y opresora, el robo, la narco- delincuencia y grupos gansteriles de todo tipo.
Con una DNI similar.
Con unas Fuerzas Armadas con no pocos mandos ligados al negocio de las drogas, al sicariato, al contrabando y a la corruptela política.
Con una DNCD más parecida a un multi-cártel de la drogas, que a un organismo perseguidor de los narco-delitos.
Con un gran empresariado y una partidocracia cómplice por asociación o por omisión y protección de todas o a una parte de esas prácticas; con responsabilidades propias en sobornos para viabilizar el contrabando, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, las estafas a los contribuyentes, la venta de productos vencidos o perjudícales a la salud, la explotación, el tráfico de seres humanos, el acoso sexual, la discriminación, los abusos de poder y el ejercicio de variadas formas de violencias armada y no armada.
Diversidad y efectos de la violencia integral dominante.
En fin, violencia económica y social que se traduce en muerte por hambre, enfermedades curables, indigencia, pobreza crónica, envenenamientos, depredación de la naturaleza, penurias y sufrimientos masivos.
Violencia política expresada en represiones, apresamientos ilegales, ametrallamientos, golpizas, torturas, pisoteo de la Constitución y las leyes, cancelaciones abusivas, caliesajes, chivateos, represalias políticas, acoso por diferencias, operaciones paramilitares, amenazas y acciones punitivas contra opositores/as y familiares cercanos, expedientes falsos, ejecuciones sumarias y lesiones físicas permanentes a activistas sociales y militantes revolucionarios.
Grandes medios de comunicación en manos de oligopolios capitalistas y del propio Estado violento, reproductores y productores de una gran parte de esas prácticas violentas; auspiciadores por excelencia de una industria del cine y del video, de “enlatados” y programas audiovisuales que potencian y reciclan constantemente la cultura de la muerte, la violencia, el miedo y el terror.
En resumen: padecemos una dominación económica, política, social, cultural, policial militar, para-militar, psicológica e ideológica integral, que a la vez garantiza la impunidad de los de arriba en la comisión de una amplia gama de violencias y de delitos; incluidas expresiones aterradoras de múltiples modalidades la violencia clasista, machista, adulto-céntrica, racista y racista anti-haitiana.
Padrinazgo supranacional.
Esto bajo el padrinazgo de la dominación mundial del gran capital, de sus Estados imperialistas y sus organismos supranacionales, que a través de sus corporaciones transnacionales, sus bancos y organismos multilaterales (FMI, BM, OMC, BID…) saquean recursos y exprimen seres humanos, y mediante sus complejos bélicos, cuerpos y bases militares promueven guerras de alta, mediana y baja intensidad, cometen genocidios y despliegan operaciones criminales encubiertas con la participación de la CIA, FBI, USAID, el MOSAAD, la OTAN, el Comando SUR y otros comandos del Pentágono; por igual entrenan ejércitos subordinados en técnicas de torturas, infiltran movimientos y movilizaciones para montar provocaciones y facilitar sus planes criminales y proyectos despóticos y privatizadores, que reiterativamente ponen en práctica en múltiples escenarios y variados periodos.
De acuerdo a las circunstancias, esas estrategias supranacionales, cargadas de violencia, son canalizadas indistintamente vía dictaduras y fuerzas militares, dictaduras políticas, dictaduras institucionales disfrazadas de democracia, golpes de estado constitucionales, democracias representativas restringidas y seudo-democracias electorales fraudulentas y recolonizadas.
En las coordenadas de democracia restringida recolonizada y seudo-democracia neo-liberalizada se ha situado nuestro país en las últimas décadas.
La UASD -espacio autónomo dotado de Fuero, conquista social y reserva de la educación pública y la libertad de cátedras- todavía no tomada por la impronta privatizadora- ha estado permanentemente sometida a ese tipo de presión y de designios desde el dependiente Estado dominicano y sus órganos policiales y militares de agresión, registrándose ya peligrosos niveles de infiltración y un alto grado de traición y entrega de los grupos que han secuestrado y degrada- do su institucionalidad. Igual pasa con otros espacios no totalmente abatidos por la falacia del libre mercado y las supuestas bondades de la gran propiedad privada.
El delito y la violencia “invisible” con el lente colocado al revés
Pero resulta que aquí ninguna de esas prácticas violentas y delictivas ejercidas desde las alturas del poder y a través de sus intermediarios aparecen como tales en el discurso oficial del Estado, del CONEP, de la Confederación Patronal, de la Cámara Americana de Comercio, de las Fuerzas Armadas–PN-DNCD-DNI, de las encubridoras fundaciones de la sociedad civil, del alto clero católico-romano, de los dueños y gestores de las universidades privadas, de las autoridades de la UASD… menos aun de los omnímodos medios de comunicación al servicio de la dominación, salvo pocas excepciones necesarias para “legitimar” la regla…
Ninguna de esas expresiones de violencia o de esos hechos delictivos son reconocidos y admitidos institucionalmente como asuntos penalizables. El crimen que encierran es sistemáticamente invisibilizado.
Nada de eso está reñido con la ley y el derecho. El sistema lo borra.
Nada de eso es terrorismo. El sistema lo oculta.
Nada de eso es crimen. El sistema se hace el loco.
Esos calificativos criminalizantes son solo usados para estigmatizar las expresiones de indignación popular, la ira de los/as de abajo, la violencia social o política que procede de la base excluida y vilipendiada de esta sociedad; generalmente expresada a manera de contra-violencia o de auto-defensa, o en el peor de los casos, como reacciones aberrantes o extremistas fruto de profundos resentimientos sociales y de la imperiosa necesidad de sobrevivir en medio situaciones y cercos asfixiantes.
O también son empleados contra la delincuencia menor que brota de la pobreza, contra el “microtráfico”, contra las pandillas barriales… o contra la delincuencia y la violencia común de mayor nivel desconectada del poder o traicionada por él cuando la evidencia del contubernio asoma.
El discurso dominante, la palabra oficial, nunca ha dicho ni ha hecho eco de verdades como éstas:
-Que Balaguer y su corte política fueron parte de un club selecto de asesinos intelectuales y ladrones de Estado.
-Que Leonel encabeza una corporación político-económica estructurada desde la delincuencia de Estado, partidocrática y empresarial.
-Que Hipólito, Leonel -y ahora Danilo- han designado y protegido a generales asesinos y corruptos como Pedro de Jesús Candelier, Guzmán Fermín y Polanco Gómez, entre otros; autores intelectuales y/o materiales de numerosos crímenes, de formas crueles de violencia policial, desconocimiento de las leyes, atentados a los derechos humanos y escandalosos actos de corrupción.
-Que sobran las evidencias de su condición de narcos-generales en casos oficialmente silenciados como los de Guzmán Fermín, Belisario Medina y Medina, Florentino y Florentino, Ventura Bayonet, Aquino García y Rosado Mateo, entre otros.
-Que el ex-general Bencosme Candelier, los generales Guzmán Fermín, Fructuoso y Ventura Bayonet…han formado grupos de sicarios en el seno de la PN y la MG, y son responsables directos de innumerables ejecuciones extrajudiciales o de horripilantes acciones de “cirugías”.
-Que el general Polanco Gómez es el tutor de los crímenes y el principal protector del archi-asesino Tte. “La Soga”, actualmente “prófugo” y nunca compelido a entregarse bajo amenaza de muerte policial. Abundan, sin embargo, los casos de anuncio de muertes ejecutadas de la propia boca del general, sin que jamás el ministerio público haya movido la acción de justicia en su contra, ni se haya escrito un editorial en la gran presa proponiendo su sometimiento, ni ninguna ONG financiada por USAID u otra agencia parecida se haya propuesto someterlo a la justicia.
-Que muchas plantas televisoras y emisoras de radio estimulan los femenicidios, el comercio con el sexo, la guerra y la violencia juvenil a través de los llamados “enlatados basura”.
-Que aquí quedó confirmado aquello de que es un mayor delito fundar un banco o dirigir el Banco Central o la Superintendencia de Bancos, que atracar un banco.
-Que hay pocos delitos más grandes que la firma y aprobación del contrato con la Barrick Gold, protagonizado con prevaricción por Leonel, Álvarez Albizu, Octavio López y refrendado por Miguel Vargas Maldonado y ambas cámaras legislativas.
-Que la PN se la pasa atracando a mano armada y asesinando civiles y militares desafectos a sus mafias o al sistema.
-Que las autoridades que dominan la UASD apañan un clan de la corrupción y un cuerpo de seguridad a fin al mismo, infectado de calieses y de delincuentes comunes como los llamados “topos”.
Pero hay otras cosas muy graves que llaman la atención.
Hipocresías mayúsculas
Los pasamontañas y la pintada de caras son empleados y exhibidos oficialmente por autoridades militares y policiales públicas, que esconden sus rostros para ametrallar, asesinar, lesionar, torturar y hacer fechorías. Pero tan pronto son usadas por luchadores populares para protegerse de las cámaras espías y de los reporteros espías, se convierten en “cuerpo del delito”. Ahora se han incorporado las pelucas como armas peligrosas.
La derecha civil, los partidos del sistema y los grandes empresarios ha sido armado hasta los dientes por la derecha militar, que además maneja a su favor el jugoso negocio del contrabando, venta y permisos de armas. Las armas sin control están a granel por su culpa, y entonces se quejan cuando sus efectivos portando y disparando con armas de guerra penetran a los barrios y entonces le sale un civil con una “chilena”, un “chavón” o una de esas armas ilegales vendidas por ellos mismos.
La Policía y la DNCD matan todos los días personas evidentemente no culpables o “sospechosos” con las manos en alto; matan, torturan, tiene en su seno una gran cantidad de altos oficiales delincuentes y agentes criminales a su servicio, y no se le ilegaliza ni se le cierran sus locales.
A FELABEL o a cualquier otra organización parecida, por simple presunción o por la simple participación de algunos de sus miembros en una manifestación que se sale de cauce o se torna violenta (posiblemente por el accionar paralelo de agentes provocadores), la Policía criminal la criminaliza y las autoridades de la UASD la ilegaliza sin probar culpas, ni colectiva ni individuales…. al compás de una asquerosa campaña mediática y de una cadena de trucos publicitarios.
Las autoridades uasdianas sancionan desde un organismo que no tiene esa facultad, incurriendo en un acto despótico, que procuran justificar a pósteriori con la repetición de los estigmas y la asunción del discurso antiterrorista de los jefes policiales promotores del crimen uniformado y al servicio del crimen civil de las elites sociales y políticas.
A esa campaña se suman varios tipos de “izquierdas ligh” y de renegados de todas la calañas, que califican de “vandalismo” las protestas enérgicas y las formas de autodefensa de la “pobrecía” o el “pobretariado” de los barrios marginados y violentados; capaces incluso desde la renegación de preguntarle a quienes no aceptamos el chantaje de las derechas, “por qué, si queremos hacer guerrillas, no nos vamos a las montañas”; capaces de condenar que los manifestante de esos barrios y a los activistas revolucionarios porque se cubran rostros para evitar ser identificados por una policía asesina, pero incapaces de enrostrarle esa misma condena a los caras pintadas, a los swap, a los topos y a la tropas especiales encapuchadas.
Los generales asesinos y ladrones roban y asesinan con la protección de los dirigentes políticos de igual calaña, y a ellos no se le mete presos ni se ilegalizan sus instituciones y partidos.
No pocos dirigentes de la partidocracia peledeísta, perredeísta, balaguerista… han cometido crímenes, se han enfrentado con armas, se han baleado entre sí… y ninguna autoridad policial o judicial ha propuesto ilegalizar sus partidos y cerrar sus locales. Muy recientes están casos como el del tiroteo en Piedra Blanca y el de la Convención del PRD.
La violencia ejercida por las derechas, la gran burguesía, los ricachones, las transnacionales, los generales y coroneles no es percibida por el sistema y sus voceros. Sus disparos son como si fueran de pétalos de rosas.
Los dominadores siempre representan el orden, la paz, la democracia, la lucha contra la delincuencia y la cultura del amor, no importa cuántos sufrimientos le provoquen y cuanta sangre le hagan derramar a la humanidad.
Pero que no se le ocurra a un pobre, a un revolucionario, a un combatiente social, a una mujer abusada, o un haitiano o una haitiana… expresarse con indignación violenta, rebelarse o auto-defenderse. Entonces, le caen arriba y sin compasión todas las maldiciones y coerciones.
La única violencia ilegal, las únicas armas proscritas son las ejercidas o las poseídas por los/as dominados/as y oprimidos/as.
El terrorismo de Estado no es terrorismo, la delincuencia burguesa no es delincuencia. Pero quemar una gama o tirar una piedra en una protesta popular es un crimen.
Ahora la nueva moda de los “pacifistas” es solo validar las protestas parecidas a la del 4%, protagonizadas por de capas medias con escolaridad y sectores sociales no sometidos a los vejámenes y a la violencia de la marginalidad y la exclusión social.
Hasta la bien ponderada procuradora Yeni Berenice Reinoso “twitió” diciendo que todas las protestas que no fueran así deberían ser consideradas como “actos criminales”. Pero no se le ocurrió decir que la PN, la DNCD, la DNI y ciertas facciones de la partidocracia súper-enriquecida son entidades mafiosas.
La ley del embudo
A las pobrecías abandonadas, excluidas de toda vida digna, sometidas a una violencia cotidiana criminal, no se le perdona auto-defenderse con movilizaciones masivas, pedreas, tubos, palos, tirapiedras,barricadas improvisadas, hogueras y acciones de la autodefensa con artefactos caceros; formas de lucha presentes hoy hasta en la “civilizada Europa”. A los pueblos no se les perdona insurreccionarse frente a la opresión desalmada ni armarse frente a la represión y las injusticias crónicas.
¿Qué dirían y como nos tratarían nuestros hipócritas pacifistas si tomamos las armas como Enriquillo, Lemba, los Trinitarios, los Restauradores, los/as Constitucionalistas del 65…. o si estallamos como abril del 84?
Posiblemente el miedo lo obligue a esconder su actual insolencia.
La ley del embudo.
Todo al revés.
La mayor violencia está impune y elogiada.
La insumisión ha sido estigmatizada.
¡Váyanse al carajo pacifistas de hojalata, derechistas y conservadores impenitentes, consagrados asesinos y delincuentes de Estado, centristas pusilánimes y seudo-izquierdistas lleno de miedo y de dobleces!
A mí jamás no me van a encontrar de su lado, ni siquiera cerca de sus falacias y simulaciones, pase lo pase.
¡JAMÁS!
1 de mayo 2013, Santo Domingo, RD.
P/D Homenaje a los/as trabajadores/as y a todos los seres humanos explotados y empobrecidos por el capital.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.