Opinión
La culpa de la violencia al revés
Por Narciso Isa Conde
(A propósito de la violencia en la UASD, la ilegalización de FELABEL y la estigmatización de las protestas populares)
Eduardo Galeano llamó la atención a la humanidad sobre cómo los ideólogos de la dominación capitalista y su apabullante poder ejercido a través de los grandes medios de comunicación se dedican a poner el mundo al revés; invirtiendo persistentemente la realidad y las culpas de los males acumulados, y esparciendo, en gran escala, versiones distorsionadas del ejercicio del poder del gran capital y de sus instrumentos de dominación respeto a la sociedad explotada y excluida.
Aquí, en estos días se ha tornado imperioso analizar cómo los grupos de poder ponen al revés la culpa de la violencia y la manera perversa como la dominación violenta del régimen que los representa estigmatiza las rebeldías de los y las abajo, y tergiversa y manipula la necesaria insumisión popular que ella genera.
El tipo de Estado y de Poder
Contamos con un Estado violento bajo control y gestión de la clase dominante- gobernante.
Con una Policía Nacional operada por altos oficiales duchos en crímenes, en torturas, en extorsión y asociaciones malignas con la violencia criminal y opresora, el robo, la narco- delincuencia y grupos gansteriles de todo tipo.
Con una DNI similar.
Con unas Fuerzas Armadas con no pocos mandos ligados al negocio de las drogas, al sicariato, al contrabando y a la corruptela política.
Con una DNCD más parecida a un multi-cártel de la drogas, que a un organismo perseguidor de los narco-delitos.
Con un gran empresariado y una partidocracia cómplice por asociación o por omisión y protección de todas o a una parte de esas prácticas; con responsabilidades propias en sobornos para viabilizar el contrabando, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, las estafas a los contribuyentes, la venta de productos vencidos o perjudícales a la salud, la explotación, el tráfico de seres humanos, el acoso sexual, la discriminación, los abusos de poder y el ejercicio de variadas formas de violencias armada y no armada.
Diversidad y efectos de la violencia integral dominante.
En fin, violencia económica y social que se traduce en muerte por hambre, enfermedades curables, indigencia, pobreza crónica, envenenamientos, depredación de la naturaleza, penurias y sufrimientos masivos.
Violencia política expresada en represiones, apresamientos ilegales, ametrallamientos, golpizas, torturas, pisoteo de la Constitución y las leyes, cancelaciones abusivas, caliesajes, chivateos, represalias políticas, acoso por diferencias, operaciones paramilitares, amenazas y acciones punitivas contra opositores/as y familiares cercanos, expedientes falsos, ejecuciones sumarias y lesiones físicas permanentes a activistas sociales y militantes revolucionarios.
Grandes medios de comunicación en manos de oligopolios capitalistas y del propio Estado violento, reproductores y productores de una gran parte de esas prácticas violentas; auspiciadores por excelencia de una industria del cine y del video, de “enlatados” y programas audiovisuales que potencian y reciclan constantemente la cultura de la muerte, la violencia, el miedo y el terror.
En resumen: padecemos una dominación económica, política, social, cultural, policial militar, para-militar, psicológica e ideológica integral, que a la vez garantiza la impunidad de los de arriba en la comisión de una amplia gama de violencias y de delitos; incluidas expresiones aterradoras de múltiples modalidades la violencia clasista, machista, adulto-céntrica, racista y racista anti-haitiana.
Padrinazgo supranacional.
Esto bajo el padrinazgo de la dominación mundial del gran capital, de sus Estados imperialistas y sus organismos supranacionales, que a través de sus corporaciones transnacionales, sus bancos y organismos multilaterales (FMI, BM, OMC, BID…) saquean recursos y exprimen seres humanos, y mediante sus complejos bélicos, cuerpos y bases militares promueven guerras de alta, mediana y baja intensidad, cometen genocidios y despliegan operaciones criminales encubiertas con la participación de la CIA, FBI, USAID, el MOSAAD, la OTAN, el Comando SUR y otros comandos del Pentágono; por igual entrenan ejércitos subordinados en técnicas de torturas, infiltran movimientos y movilizaciones para montar provocaciones y facilitar sus planes criminales y proyectos despóticos y privatizadores, que reiterativamente ponen en práctica en múltiples escenarios y variados periodos.
De acuerdo a las circunstancias, esas estrategias supranacionales, cargadas de violencia, son canalizadas indistintamente vía dictaduras y fuerzas militares, dictaduras políticas, dictaduras institucionales disfrazadas de democracia, golpes de estado constitucionales, democracias representativas restringidas y seudo-democracias electorales fraudulentas y recolonizadas.
En las coordenadas de democracia restringida recolonizada y seudo-democracia neo-liberalizada se ha situado nuestro país en las últimas décadas.
La UASD -espacio autónomo dotado de Fuero, conquista social y reserva de la educación pública y la libertad de cátedras- todavía no tomada por la impronta privatizadora- ha estado permanentemente sometida a ese tipo de presión y de designios desde el dependiente Estado dominicano y sus órganos policiales y militares de agresión, registrándose ya peligrosos niveles de infiltración y un alto grado de traición y entrega de los grupos que han secuestrado y degrada- do su institucionalidad. Igual pasa con otros espacios no totalmente abatidos por la falacia del libre mercado y las supuestas bondades de la gran propiedad privada.
El delito y la violencia “invisible” con el lente colocado al revés
Pero resulta que aquí ninguna de esas prácticas violentas y delictivas ejercidas desde las alturas del poder y a través de sus intermediarios aparecen como tales en el discurso oficial del Estado, del CONEP, de la Confederación Patronal, de la Cámara Americana de Comercio, de las Fuerzas Armadas–PN-DNCD-DNI, de las encubridoras fundaciones de la sociedad civil, del alto clero católico-romano, de los dueños y gestores de las universidades privadas, de las autoridades de la UASD… menos aun de los omnímodos medios de comunicación al servicio de la dominación, salvo pocas excepciones necesarias para “legitimar” la regla…
Ninguna de esas expresiones de violencia o de esos hechos delictivos son reconocidos y admitidos institucionalmente como asuntos penalizables. El crimen que encierran es sistemáticamente invisibilizado.
Nada de eso está reñido con la ley y el derecho. El sistema lo borra.
Nada de eso es terrorismo. El sistema lo oculta.
Nada de eso es crimen. El sistema se hace el loco.
Esos calificativos criminalizantes son solo usados para estigmatizar las expresiones de indignación popular, la ira de los/as de abajo, la violencia social o política que procede de la base excluida y vilipendiada de esta sociedad; generalmente expresada a manera de contra-violencia o de auto-defensa, o en el peor de los casos, como reacciones aberrantes o extremistas fruto de profundos resentimientos sociales y de la imperiosa necesidad de sobrevivir en medio situaciones y cercos asfixiantes.
O también son empleados contra la delincuencia menor que brota de la pobreza, contra el “microtráfico”, contra las pandillas barriales… o contra la delincuencia y la violencia común de mayor nivel desconectada del poder o traicionada por él cuando la evidencia del contubernio asoma.
El discurso dominante, la palabra oficial, nunca ha dicho ni ha hecho eco de verdades como éstas:
-Que Balaguer y su corte política fueron parte de un club selecto de asesinos intelectuales y ladrones de Estado.
-Que Leonel encabeza una corporación político-económica estructurada desde la delincuencia de Estado, partidocrática y empresarial.
-Que Hipólito, Leonel -y ahora Danilo- han designado y protegido a generales asesinos y corruptos como Pedro de Jesús Candelier, Guzmán Fermín y Polanco Gómez, entre otros; autores intelectuales y/o materiales de numerosos crímenes, de formas crueles de violencia policial, desconocimiento de las leyes, atentados a los derechos humanos y escandalosos actos de corrupción.
-Que sobran las evidencias de su condición de narcos-generales en casos oficialmente silenciados como los de Guzmán Fermín, Belisario Medina y Medina, Florentino y Florentino, Ventura Bayonet, Aquino García y Rosado Mateo, entre otros.
-Que el ex-general Bencosme Candelier, los generales Guzmán Fermín, Fructuoso y Ventura Bayonet…han formado grupos de sicarios en el seno de la PN y la MG, y son responsables directos de innumerables ejecuciones extrajudiciales o de horripilantes acciones de “cirugías”.
-Que el general Polanco Gómez es el tutor de los crímenes y el principal protector del archi-asesino Tte. “La Soga”, actualmente “prófugo” y nunca compelido a entregarse bajo amenaza de muerte policial. Abundan, sin embargo, los casos de anuncio de muertes ejecutadas de la propia boca del general, sin que jamás el ministerio público haya movido la acción de justicia en su contra, ni se haya escrito un editorial en la gran presa proponiendo su sometimiento, ni ninguna ONG financiada por USAID u otra agencia parecida se haya propuesto someterlo a la justicia.
-Que muchas plantas televisoras y emisoras de radio estimulan los femenicidios, el comercio con el sexo, la guerra y la violencia juvenil a través de los llamados “enlatados basura”.
-Que aquí quedó confirmado aquello de que es un mayor delito fundar un banco o dirigir el Banco Central o la Superintendencia de Bancos, que atracar un banco.
-Que hay pocos delitos más grandes que la firma y aprobación del contrato con la Barrick Gold, protagonizado con prevaricción por Leonel, Álvarez Albizu, Octavio López y refrendado por Miguel Vargas Maldonado y ambas cámaras legislativas.
-Que la PN se la pasa atracando a mano armada y asesinando civiles y militares desafectos a sus mafias o al sistema.
-Que las autoridades que dominan la UASD apañan un clan de la corrupción y un cuerpo de seguridad a fin al mismo, infectado de calieses y de delincuentes comunes como los llamados “topos”.
Pero hay otras cosas muy graves que llaman la atención.
Hipocresías mayúsculas
Los pasamontañas y la pintada de caras son empleados y exhibidos oficialmente por autoridades militares y policiales públicas, que esconden sus rostros para ametrallar, asesinar, lesionar, torturar y hacer fechorías. Pero tan pronto son usadas por luchadores populares para protegerse de las cámaras espías y de los reporteros espías, se convierten en “cuerpo del delito”. Ahora se han incorporado las pelucas como armas peligrosas.
La derecha civil, los partidos del sistema y los grandes empresarios ha sido armado hasta los dientes por la derecha militar, que además maneja a su favor el jugoso negocio del contrabando, venta y permisos de armas. Las armas sin control están a granel por su culpa, y entonces se quejan cuando sus efectivos portando y disparando con armas de guerra penetran a los barrios y entonces le sale un civil con una “chilena”, un “chavón” o una de esas armas ilegales vendidas por ellos mismos.
La Policía y la DNCD matan todos los días personas evidentemente no culpables o “sospechosos” con las manos en alto; matan, torturan, tiene en su seno una gran cantidad de altos oficiales delincuentes y agentes criminales a su servicio, y no se le ilegaliza ni se le cierran sus locales.
A FELABEL o a cualquier otra organización parecida, por simple presunción o por la simple participación de algunos de sus miembros en una manifestación que se sale de cauce o se torna violenta (posiblemente por el accionar paralelo de agentes provocadores), la Policía criminal la criminaliza y las autoridades de la UASD la ilegaliza sin probar culpas, ni colectiva ni individuales…. al compás de una asquerosa campaña mediática y de una cadena de trucos publicitarios.
Las autoridades uasdianas sancionan desde un organismo que no tiene esa facultad, incurriendo en un acto despótico, que procuran justificar a pósteriori con la repetición de los estigmas y la asunción del discurso antiterrorista de los jefes policiales promotores del crimen uniformado y al servicio del crimen civil de las elites sociales y políticas.
A esa campaña se suman varios tipos de “izquierdas ligh” y de renegados de todas la calañas, que califican de “vandalismo” las protestas enérgicas y las formas de autodefensa de la “pobrecía” o el “pobretariado” de los barrios marginados y violentados; capaces incluso desde la renegación de preguntarle a quienes no aceptamos el chantaje de las derechas, “por qué, si queremos hacer guerrillas, no nos vamos a las montañas”; capaces de condenar que los manifestante de esos barrios y a los activistas revolucionarios porque se cubran rostros para evitar ser identificados por una policía asesina, pero incapaces de enrostrarle esa misma condena a los caras pintadas, a los swap, a los topos y a la tropas especiales encapuchadas.
Los generales asesinos y ladrones roban y asesinan con la protección de los dirigentes políticos de igual calaña, y a ellos no se le mete presos ni se ilegalizan sus instituciones y partidos.
No pocos dirigentes de la partidocracia peledeísta, perredeísta, balaguerista… han cometido crímenes, se han enfrentado con armas, se han baleado entre sí… y ninguna autoridad policial o judicial ha propuesto ilegalizar sus partidos y cerrar sus locales. Muy recientes están casos como el del tiroteo en Piedra Blanca y el de la Convención del PRD.
La violencia ejercida por las derechas, la gran burguesía, los ricachones, las transnacionales, los generales y coroneles no es percibida por el sistema y sus voceros. Sus disparos son como si fueran de pétalos de rosas.
Los dominadores siempre representan el orden, la paz, la democracia, la lucha contra la delincuencia y la cultura del amor, no importa cuántos sufrimientos le provoquen y cuanta sangre le hagan derramar a la humanidad.
Pero que no se le ocurra a un pobre, a un revolucionario, a un combatiente social, a una mujer abusada, o un haitiano o una haitiana… expresarse con indignación violenta, rebelarse o auto-defenderse. Entonces, le caen arriba y sin compasión todas las maldiciones y coerciones.
La única violencia ilegal, las únicas armas proscritas son las ejercidas o las poseídas por los/as dominados/as y oprimidos/as.
El terrorismo de Estado no es terrorismo, la delincuencia burguesa no es delincuencia. Pero quemar una gama o tirar una piedra en una protesta popular es un crimen.
Ahora la nueva moda de los “pacifistas” es solo validar las protestas parecidas a la del 4%, protagonizadas por de capas medias con escolaridad y sectores sociales no sometidos a los vejámenes y a la violencia de la marginalidad y la exclusión social.
Hasta la bien ponderada procuradora Yeni Berenice Reinoso “twitió” diciendo que todas las protestas que no fueran así deberían ser consideradas como “actos criminales”. Pero no se le ocurrió decir que la PN, la DNCD, la DNI y ciertas facciones de la partidocracia súper-enriquecida son entidades mafiosas.
La ley del embudo
A las pobrecías abandonadas, excluidas de toda vida digna, sometidas a una violencia cotidiana criminal, no se le perdona auto-defenderse con movilizaciones masivas, pedreas, tubos, palos, tirapiedras,barricadas improvisadas, hogueras y acciones de la autodefensa con artefactos caceros; formas de lucha presentes hoy hasta en la “civilizada Europa”. A los pueblos no se les perdona insurreccionarse frente a la opresión desalmada ni armarse frente a la represión y las injusticias crónicas.
¿Qué dirían y como nos tratarían nuestros hipócritas pacifistas si tomamos las armas como Enriquillo, Lemba, los Trinitarios, los Restauradores, los/as Constitucionalistas del 65…. o si estallamos como abril del 84?
Posiblemente el miedo lo obligue a esconder su actual insolencia.
La ley del embudo.
Todo al revés.
La mayor violencia está impune y elogiada.
La insumisión ha sido estigmatizada.
¡Váyanse al carajo pacifistas de hojalata, derechistas y conservadores impenitentes, consagrados asesinos y delincuentes de Estado, centristas pusilánimes y seudo-izquierdistas lleno de miedo y de dobleces!
A mí jamás no me van a encontrar de su lado, ni siquiera cerca de sus falacias y simulaciones, pase lo pase.
¡JAMÁS!
1 de mayo 2013, Santo Domingo, RD.
P/D Homenaje a los/as trabajadores/as y a todos los seres humanos explotados y empobrecidos por el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a) Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque exista una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar a una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b) La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.
Luis Abinader enfrenta críticas por su incapacidad para frenar las ejecuciones extrajudiciales de la Policía Nacional, reflejando un temor a su poder.
- El texto denuncia ocho muertes de un tirón y 40 en un mes.
- Se acusa al presidente de conminar entregas, avalando de hecho ejecuciones extrajudiciales.
- La supuesta reforma policial es calificada de farsa para entretener y engañar.
Por Narciso Isa Conde
Ahora las ejecuciones judiciales o asesinatos policiales son por paquetes o ramilletes: ocho de un tirón… 40 en un mes y unos días.
El nuevo jefe, o da la orden, o la banda criminal interna tiene luz verde para tirar los cadáveres en las narices de los pobladores donde acribillan a los condenados ilegalmente a pena de muerte.
Abinader los conmina a entregarse para evitar que le vaya peor, autorizando en los hechos su ejecución.
Dicen, con razón, que Luis Abinader le tiene miedo a todo.
A Donald Trump, a Marco Rubio, a la CIA, a la DEA, a Netanyahu, al Mossad, al Comando Sur…
A los Vicini, los Rainieri, los Risek… a los bancos y las bancas, a sus ARS y AFP, y a todos los oligarcas más ricos que él…
A los granceros… a los magnates depredadores y explotadores y a los influencers de diferentes calibres y calañas…
A los López Pilarte y Miguel Gutiérrez.
A Hipólito, a Leonel y hasta el semi-acosado Danilo.
En este delicado tema de la perversión de la P.N. de sus matanzas, de sus prácticas y asociaciones mafiosas recurrentes… su estructura criminal y sus asesores israelí, estadounidense, chilenos, colombianos y españoles saben muy bien que Abinader le tiene miedo, y que la reforma es una farsa para entretener y un cuento para engañar.
En verdad, no le temen a ese allante.
Por ese miedo, Abinader es incapaz de dar una orden para cerrar categóricamente el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales.
Es incapaz de dar un zapatazo, de emplazar a los jefes policiales, de amenazarlos con castigos severos, para que detengan su horrible carrera delictiva. Carece de energía y valor para ponerlos en su sitio, aunque sea solo en ese punto.
Por el contrario, perdió autoridad y continúa apoyando y modernizando un cuerpo policial criminal, integrado por bandas especializadas en todos los delitos; dotándolo de nuevos equipos que mal usan, deterioran o se roban.
Esa cobardía permisiva y su ideología convierten al mandatario en cómplice de una institución cuyas entrañas están podridas.
El mal es estructural, sistémico, crónico. No cede con cirugía extirpadora de tumores. Desde hace décadas hizo metástasis.
Luis Abinader lo sabe y alimenta sus tumores y metástasis. Cada cambio de jefatura y cada reforma y cada plan de seguridad ciudadana, es eso.
La cultura despótica, criminal, delictiva… resiste “depuraciones” parciales. Ella se recompone fácilmente y se retroalimenta, siempre asociada a otras variantes de la corrupción de Estado, ya sea política, empresarial o narco-criminal.
En el interior de la Policía Nacional se recicla también la ideología autoritaria-neoliberal rodeada de un Estado y una sociedad civil en los que domina el criterio de que la gente vale por lo que consume, por las banalidades que disfruta y el dinero que posee.
Rebrota fácilmente en su seno el viejo caudillismo (Trujillo, Balaguer…), reencarnado y estimulado por los presidentes más recientes: Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el propio Luis Abinader, el actual.
La P.N.es un cuerpo militar y se auto-protege con el manto del autoritarismo y el secretismo castrense.
Un cuerpo acostumbrado al abuso, la crueldad y el robo.
Más que interrogar, tortura; física y mentalmente.
Los mayores ingresos personales a nivel de alta oficialidad provienen de lo ilícito, sin que nadie los fiscalice: extorsión, soborno empresarial, complicidad con bandas civiles, protección de delincuentes de todas las calañas, narco-corrupción.
La policía no previene ni persuade, sino que mete miedo y reprime, y hasta le hace la guerra al pueblo, maltratando a civiles.
Atemoriza a presidentes cobardes y a congresistas perversos que la exhortan a ser más duros y más criminales.
Importantes sectores de la P.N. son insaciablemente adictos a esas inconductas inducidas por sus jefes y estimuladas por el modelo de actuación de la clase dominante-gobernante.
Por Oscar López Reyes
En su fuero eminentemente profesional, el periodista labora para empresas periodísticas, instituciones estatales y organizaciones de otras índoles, con la ética “como el zumbido al moscardón” y la dignidad sobre la mesa. En cualesquiera de esas órbitas, diáfanamente ha de mantener su compromiso con la libertad, la democracia y el bien común, sin manipular la verdad ni inquirir ventajas personales; sin erosionar confianzas ni confabularse con pestañas tenebrosas del poder político-económico.
Con unos y otros presidentes de la República he interactuado en 50 años, ya en entrevistas, tertulias y otros encuentros periodísticos y en quehaceres oficiales. Incumbentes de todos los gobiernos han requerido los servicios profesionales independientes de quien escribe, sin condicionamientos políticos en un clima de respeto. En todos he aceptado las propuestas de trabajo, menos en una regencia de ocho años.
7.- JOAQUÍN BALAGUER RICARDO (1 de septiembre de 1906, Bisonó, Santiago-14 de julio de 2002, Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. Durante su administración 1966-1978, varios periodistas cayeron abatidos a balazos, y para abordarlo había que aprovechar circunstancias especiales, como su llegada al salón de Embajadores del Palacio Nacional para encabezar las reuniones de cada miércoles de la Comisión Nacional de Desarrollo, y al término tanto de las misas dominicales de la capilla de la Casa de Gobierno como en las inauguraciones de obras públicas.
En 1973 decidió presidir una rueda de prensa, en la mañana de cada jueves, y por lo general se exigía que, con antelación, presentaran las preguntas a ser formuladas que eran punzantes y con frecuencia respondía exaltado. Singularizó por la anarquía, por cuyas razones fue suspendida sin retorno. En su nuevo gobierno de 10 años (1986-1996), Joaquín Balaguer se mostró más receptivo con los periodistas. Por lo menos una vez a la semana yo lo entrevistaba durante sus caminatas, a las 6 de la tarde, por el parque Mirador Sur. Me entregó el Premio de los Jayces ‘72 como joven sobresaliente de 1992, en un acto en el Palacio Nacional, y en ese período laboré como encargado de relaciones públicas del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), con sede en Azua.
8.- ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ (12 de febrero de 1911, La Vega- 4 de julio de 1982, Santo Domingo). Administración gubernamental: 16 de agosto de 1978 – 4 de julio de 1982. A este modelo de accionar democrático y cambios, había que sacarle los datos con preguntas directas, durante inauguraciones y otras actividades, y sus informaciones más relevantes provenían de sus discursos.
Guzmán Fernández respondía con un lenguaje campechano, y se coronó con la gloria de que en su gestión se instalaron y desarrollaron las principales unidades de relaciones públicas gubernamentales. En el citado cuatrienio, conversé con él cuando yo fungía como encargado de relaciones públicas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Y en El Nuevo Diario profundicé en un análisis sobre las razones de su suicidio en su despacho del Palacio Nacional, el 4 de julio de 1982, entre la medianoche y la madrugada.
9.- JACOBO MAJLUTA AZAR (9 de octubre de 1934, Santo Domingo-2 de marzo de 1996, Tampa, Florida, Estados Unidos. Jefe de Estado en funciones: 4 de julio de 1982-16 de agosto de 1982, 43 días. Como vicepresidente constitucional, el 4 de julio de 1982 asumió la presidencia de la República tras el fallecimiento del presidente Antonio Guzmán Fernández, ambos electos para el período 1978-1982.
Platicamos periodísticamente en encuentros en su vieja residencia de la avenida Independencia número 555 (entre las calles Benito Monción y Socorro Sánchez) y su nueva residencia de Arroyo Hondo, con el auxilio y la compañía de Rafael Gamundi Cordero. Sobresalió por su afectividad y franqueza con los periodistas.
10.- SALVADOR JORGE BLANCO (5 de julio de 1926 -Santiago-26 de diciembre de 2010, Santo Domingo). Ciclo de su autoridad presidencial: 16 de agosto de 1982 y 16 de agosto de 1986. Este tercer presidente de la República del PRD tomaba asiento en su despacho del Palacio Nacional a las 7 de la mañana, a la misma hora en que este servidor comenzaba a laborar como periodista del Departamento de Prensa de la sede presidencial. En esa condición asiduamente tomaba notas de declaraciones oficiales en actos a los que no tenían acceso los periodistas que cubrían la fuente palaciega. Luego me designaron director de relaciones públicas de los ministerios de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio.
Jorge Blanco contestaba preguntas de los reporteros en actos especiales, como en la presentación de credenciales de diplomáticos y encuentros sociales. Cada jueves conversaba con ellos al término de las Audiencias Populares, organizadas en el hoy salón Hermanas Mirabal de la primera planta del Palacio Nacional y en gobernaciones de distintos pueblos. Dos veces lo visité cuando estuvo recluido –en un ambiente cuasi solitario- en la desaparecida cárcel preventiva del ensanche La Fe y publiqué crónicas sobre su internamiento en la clínica Gómez Patiño y su salida del país con fines de salud.
11.- LEONEL FERNÁNDEZ REYNA (26 de diciembre de 1953, Santo Domingo). Lapsos como regente del Poder Ejecutivo: 1996-2000 y 2004-2012. Catedrático y filosófico de la comunicación en las aulas universitarias y en el diario existir, resaltaba que no se peleaba con sacerdotes ni periodistas. En esa línea, confraternizó y ayudó a una legión de estos últimos.
Compañeros en la escuela de comunicación social de la Universidad Dominicana O&M y los encuentros con el teórico Jimmy Sierra, solidarios en los avatares del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y cercanos de oficinas en la calle El Conde, Fernández Reyna me llamó como asesor de comunicación de los consejos consultivos de los dominicanos en el exterior, con asiento en el Palacio Nacional, y luego como secretario del consejo de administración de Certv/RTVD, honoríficamente durante tres años, cuando presenté renuncia.
12.- HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ (22 de febrero de 1941, Gurabo, Santiago). Mandato presidencial: 2000-2004. Hablaba con franqueza y sin contención con los periodistas hasta tres veces en un solo día. Responsable y valiente, se caracterizó por ser locuaz y jocoso, y espontáneamente me otorgó -el 5 de abril de 2003- la condecoración de la Medalla Presidencial al Mérito Civil, en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.
Tras ser designados por Hipólito Mejía, Manuel (Chiqui) Troncoso Cuesta, presidente y gerente general, y Luis Martínez como subgerente del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), me encargaron de las relaciones públicas de esa institución, en el 2001.
13.- DANILO MEDINA SÁNCHEZ (10 de noviembre de 1951, Arroyo Cano, San Juan). Mandato presidencial: 2012-2020. Ha sido el más huidizo, apagado e insulso de los presidentes de la República, y apenas abrió los brazos para hacer buenas migas e intimar con una camada de buenos allegados redactores élites y comentaristas. Mis relaciones en la gobernanza de Medina Sánchez no pasaron de un simple saludo y una mirada furtiva.
Cinco viejos camaradas del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo), entre ellos dos sometidos actualmente a la Justicia por corrupción, no pudieron convencerme para que junto a ellos me integrara a la campaña electoral de Medina Sánchez, y no acepté trabajar en el gobierno durante su mandato de ocho años. ¡Presidente, la afectividad, presidente!, encabezaban los artículos publicados en el vespertino El Nacional, como advertencia.
14.- LUIS ABINADER CORONA (12 de julio de 1967, en Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 2020-2024 y 2024-2028. En el 2020 innovó con un nuevo estilo de suministrar informaciones: el Twitter, ahora X. Prosiguió, desde el 28 de agosto de 2023, con LA Semanal con la Prensa, en el salón de las Cariátides del Palacio Nacional, transmitida en vivo por la plataforma de streaming YouTube. Se enquistó en el espacio de diálogo gubernamental más innovador, abierto entre formalidades protocolares y bromas, así como dinámico en la generación de noticias preeminentes.
Con Abinader Corona he mantenido nexos académicos y familiares por cuatro décadas, y en estos 6 años de su gobierno he sido director de comunicación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) y la Contraloría General de la República, para sumar 42 años de servicios a instituciones del Estado.
Sinopsis. En el Palacio Nacional (dos veces) y en un palacio judicial, en la Cancillería, un banco estatal, Radiotelevisión Dominicana, Industria y Comercio, en la Contraloría, el Indrhi, el Consejo Nacional de Fronteras, Indesur y Digecog conocí y platiqué con jefes de Estado y estas instituciones me obsequiaron múltiples ofrendas: vida, participación en eventos históricos, tener acceso a informaciones privilegiadas, aprendizajes y experiencias para el crecimiento personal, amistades, honores y agasajos. Y me abrieron pétalos para escribir sobre políticas públicas, transformaciones en el Estado y memoriales históricos.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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