Opinión
La culpa de la violencia al revés
Por Narciso Isa Conde
(A propósito de la violencia en la UASD, la ilegalización de FELABEL y la estigmatización de las protestas populares)
Eduardo Galeano llamó la atención a la humanidad sobre cómo los ideólogos de la dominación capitalista y su apabullante poder ejercido a través de los grandes medios de comunicación se dedican a poner el mundo al revés; invirtiendo persistentemente la realidad y las culpas de los males acumulados, y esparciendo, en gran escala, versiones distorsionadas del ejercicio del poder del gran capital y de sus instrumentos de dominación respeto a la sociedad explotada y excluida.
Aquí, en estos días se ha tornado imperioso analizar cómo los grupos de poder ponen al revés la culpa de la violencia y la manera perversa como la dominación violenta del régimen que los representa estigmatiza las rebeldías de los y las abajo, y tergiversa y manipula la necesaria insumisión popular que ella genera.
El tipo de Estado y de Poder
Contamos con un Estado violento bajo control y gestión de la clase dominante- gobernante.
Con una Policía Nacional operada por altos oficiales duchos en crímenes, en torturas, en extorsión y asociaciones malignas con la violencia criminal y opresora, el robo, la narco- delincuencia y grupos gansteriles de todo tipo.
Con una DNI similar.
Con unas Fuerzas Armadas con no pocos mandos ligados al negocio de las drogas, al sicariato, al contrabando y a la corruptela política.
Con una DNCD más parecida a un multi-cártel de la drogas, que a un organismo perseguidor de los narco-delitos.
Con un gran empresariado y una partidocracia cómplice por asociación o por omisión y protección de todas o a una parte de esas prácticas; con responsabilidades propias en sobornos para viabilizar el contrabando, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, las estafas a los contribuyentes, la venta de productos vencidos o perjudícales a la salud, la explotación, el tráfico de seres humanos, el acoso sexual, la discriminación, los abusos de poder y el ejercicio de variadas formas de violencias armada y no armada.
Diversidad y efectos de la violencia integral dominante.
En fin, violencia económica y social que se traduce en muerte por hambre, enfermedades curables, indigencia, pobreza crónica, envenenamientos, depredación de la naturaleza, penurias y sufrimientos masivos.
Violencia política expresada en represiones, apresamientos ilegales, ametrallamientos, golpizas, torturas, pisoteo de la Constitución y las leyes, cancelaciones abusivas, caliesajes, chivateos, represalias políticas, acoso por diferencias, operaciones paramilitares, amenazas y acciones punitivas contra opositores/as y familiares cercanos, expedientes falsos, ejecuciones sumarias y lesiones físicas permanentes a activistas sociales y militantes revolucionarios.
Grandes medios de comunicación en manos de oligopolios capitalistas y del propio Estado violento, reproductores y productores de una gran parte de esas prácticas violentas; auspiciadores por excelencia de una industria del cine y del video, de “enlatados” y programas audiovisuales que potencian y reciclan constantemente la cultura de la muerte, la violencia, el miedo y el terror.
En resumen: padecemos una dominación económica, política, social, cultural, policial militar, para-militar, psicológica e ideológica integral, que a la vez garantiza la impunidad de los de arriba en la comisión de una amplia gama de violencias y de delitos; incluidas expresiones aterradoras de múltiples modalidades la violencia clasista, machista, adulto-céntrica, racista y racista anti-haitiana.
Padrinazgo supranacional.
Esto bajo el padrinazgo de la dominación mundial del gran capital, de sus Estados imperialistas y sus organismos supranacionales, que a través de sus corporaciones transnacionales, sus bancos y organismos multilaterales (FMI, BM, OMC, BID…) saquean recursos y exprimen seres humanos, y mediante sus complejos bélicos, cuerpos y bases militares promueven guerras de alta, mediana y baja intensidad, cometen genocidios y despliegan operaciones criminales encubiertas con la participación de la CIA, FBI, USAID, el MOSAAD, la OTAN, el Comando SUR y otros comandos del Pentágono; por igual entrenan ejércitos subordinados en técnicas de torturas, infiltran movimientos y movilizaciones para montar provocaciones y facilitar sus planes criminales y proyectos despóticos y privatizadores, que reiterativamente ponen en práctica en múltiples escenarios y variados periodos.
De acuerdo a las circunstancias, esas estrategias supranacionales, cargadas de violencia, son canalizadas indistintamente vía dictaduras y fuerzas militares, dictaduras políticas, dictaduras institucionales disfrazadas de democracia, golpes de estado constitucionales, democracias representativas restringidas y seudo-democracias electorales fraudulentas y recolonizadas.
En las coordenadas de democracia restringida recolonizada y seudo-democracia neo-liberalizada se ha situado nuestro país en las últimas décadas.
La UASD -espacio autónomo dotado de Fuero, conquista social y reserva de la educación pública y la libertad de cátedras- todavía no tomada por la impronta privatizadora- ha estado permanentemente sometida a ese tipo de presión y de designios desde el dependiente Estado dominicano y sus órganos policiales y militares de agresión, registrándose ya peligrosos niveles de infiltración y un alto grado de traición y entrega de los grupos que han secuestrado y degrada- do su institucionalidad. Igual pasa con otros espacios no totalmente abatidos por la falacia del libre mercado y las supuestas bondades de la gran propiedad privada.
El delito y la violencia “invisible” con el lente colocado al revés
Pero resulta que aquí ninguna de esas prácticas violentas y delictivas ejercidas desde las alturas del poder y a través de sus intermediarios aparecen como tales en el discurso oficial del Estado, del CONEP, de la Confederación Patronal, de la Cámara Americana de Comercio, de las Fuerzas Armadas–PN-DNCD-DNI, de las encubridoras fundaciones de la sociedad civil, del alto clero católico-romano, de los dueños y gestores de las universidades privadas, de las autoridades de la UASD… menos aun de los omnímodos medios de comunicación al servicio de la dominación, salvo pocas excepciones necesarias para “legitimar” la regla…
Ninguna de esas expresiones de violencia o de esos hechos delictivos son reconocidos y admitidos institucionalmente como asuntos penalizables. El crimen que encierran es sistemáticamente invisibilizado.
Nada de eso está reñido con la ley y el derecho. El sistema lo borra.
Nada de eso es terrorismo. El sistema lo oculta.
Nada de eso es crimen. El sistema se hace el loco.
Esos calificativos criminalizantes son solo usados para estigmatizar las expresiones de indignación popular, la ira de los/as de abajo, la violencia social o política que procede de la base excluida y vilipendiada de esta sociedad; generalmente expresada a manera de contra-violencia o de auto-defensa, o en el peor de los casos, como reacciones aberrantes o extremistas fruto de profundos resentimientos sociales y de la imperiosa necesidad de sobrevivir en medio situaciones y cercos asfixiantes.
O también son empleados contra la delincuencia menor que brota de la pobreza, contra el “microtráfico”, contra las pandillas barriales… o contra la delincuencia y la violencia común de mayor nivel desconectada del poder o traicionada por él cuando la evidencia del contubernio asoma.
El discurso dominante, la palabra oficial, nunca ha dicho ni ha hecho eco de verdades como éstas:
-Que Balaguer y su corte política fueron parte de un club selecto de asesinos intelectuales y ladrones de Estado.
-Que Leonel encabeza una corporación político-económica estructurada desde la delincuencia de Estado, partidocrática y empresarial.
-Que Hipólito, Leonel -y ahora Danilo- han designado y protegido a generales asesinos y corruptos como Pedro de Jesús Candelier, Guzmán Fermín y Polanco Gómez, entre otros; autores intelectuales y/o materiales de numerosos crímenes, de formas crueles de violencia policial, desconocimiento de las leyes, atentados a los derechos humanos y escandalosos actos de corrupción.
-Que sobran las evidencias de su condición de narcos-generales en casos oficialmente silenciados como los de Guzmán Fermín, Belisario Medina y Medina, Florentino y Florentino, Ventura Bayonet, Aquino García y Rosado Mateo, entre otros.
-Que el ex-general Bencosme Candelier, los generales Guzmán Fermín, Fructuoso y Ventura Bayonet…han formado grupos de sicarios en el seno de la PN y la MG, y son responsables directos de innumerables ejecuciones extrajudiciales o de horripilantes acciones de “cirugías”.
-Que el general Polanco Gómez es el tutor de los crímenes y el principal protector del archi-asesino Tte. “La Soga”, actualmente “prófugo” y nunca compelido a entregarse bajo amenaza de muerte policial. Abundan, sin embargo, los casos de anuncio de muertes ejecutadas de la propia boca del general, sin que jamás el ministerio público haya movido la acción de justicia en su contra, ni se haya escrito un editorial en la gran presa proponiendo su sometimiento, ni ninguna ONG financiada por USAID u otra agencia parecida se haya propuesto someterlo a la justicia.
-Que muchas plantas televisoras y emisoras de radio estimulan los femenicidios, el comercio con el sexo, la guerra y la violencia juvenil a través de los llamados “enlatados basura”.
-Que aquí quedó confirmado aquello de que es un mayor delito fundar un banco o dirigir el Banco Central o la Superintendencia de Bancos, que atracar un banco.
-Que hay pocos delitos más grandes que la firma y aprobación del contrato con la Barrick Gold, protagonizado con prevaricción por Leonel, Álvarez Albizu, Octavio López y refrendado por Miguel Vargas Maldonado y ambas cámaras legislativas.
-Que la PN se la pasa atracando a mano armada y asesinando civiles y militares desafectos a sus mafias o al sistema.
-Que las autoridades que dominan la UASD apañan un clan de la corrupción y un cuerpo de seguridad a fin al mismo, infectado de calieses y de delincuentes comunes como los llamados “topos”.
Pero hay otras cosas muy graves que llaman la atención.
Hipocresías mayúsculas
Los pasamontañas y la pintada de caras son empleados y exhibidos oficialmente por autoridades militares y policiales públicas, que esconden sus rostros para ametrallar, asesinar, lesionar, torturar y hacer fechorías. Pero tan pronto son usadas por luchadores populares para protegerse de las cámaras espías y de los reporteros espías, se convierten en “cuerpo del delito”. Ahora se han incorporado las pelucas como armas peligrosas.
La derecha civil, los partidos del sistema y los grandes empresarios ha sido armado hasta los dientes por la derecha militar, que además maneja a su favor el jugoso negocio del contrabando, venta y permisos de armas. Las armas sin control están a granel por su culpa, y entonces se quejan cuando sus efectivos portando y disparando con armas de guerra penetran a los barrios y entonces le sale un civil con una “chilena”, un “chavón” o una de esas armas ilegales vendidas por ellos mismos.
La Policía y la DNCD matan todos los días personas evidentemente no culpables o “sospechosos” con las manos en alto; matan, torturan, tiene en su seno una gran cantidad de altos oficiales delincuentes y agentes criminales a su servicio, y no se le ilegaliza ni se le cierran sus locales.
A FELABEL o a cualquier otra organización parecida, por simple presunción o por la simple participación de algunos de sus miembros en una manifestación que se sale de cauce o se torna violenta (posiblemente por el accionar paralelo de agentes provocadores), la Policía criminal la criminaliza y las autoridades de la UASD la ilegaliza sin probar culpas, ni colectiva ni individuales…. al compás de una asquerosa campaña mediática y de una cadena de trucos publicitarios.
Las autoridades uasdianas sancionan desde un organismo que no tiene esa facultad, incurriendo en un acto despótico, que procuran justificar a pósteriori con la repetición de los estigmas y la asunción del discurso antiterrorista de los jefes policiales promotores del crimen uniformado y al servicio del crimen civil de las elites sociales y políticas.
A esa campaña se suman varios tipos de “izquierdas ligh” y de renegados de todas la calañas, que califican de “vandalismo” las protestas enérgicas y las formas de autodefensa de la “pobrecía” o el “pobretariado” de los barrios marginados y violentados; capaces incluso desde la renegación de preguntarle a quienes no aceptamos el chantaje de las derechas, “por qué, si queremos hacer guerrillas, no nos vamos a las montañas”; capaces de condenar que los manifestante de esos barrios y a los activistas revolucionarios porque se cubran rostros para evitar ser identificados por una policía asesina, pero incapaces de enrostrarle esa misma condena a los caras pintadas, a los swap, a los topos y a la tropas especiales encapuchadas.
Los generales asesinos y ladrones roban y asesinan con la protección de los dirigentes políticos de igual calaña, y a ellos no se le mete presos ni se ilegalizan sus instituciones y partidos.
No pocos dirigentes de la partidocracia peledeísta, perredeísta, balaguerista… han cometido crímenes, se han enfrentado con armas, se han baleado entre sí… y ninguna autoridad policial o judicial ha propuesto ilegalizar sus partidos y cerrar sus locales. Muy recientes están casos como el del tiroteo en Piedra Blanca y el de la Convención del PRD.
La violencia ejercida por las derechas, la gran burguesía, los ricachones, las transnacionales, los generales y coroneles no es percibida por el sistema y sus voceros. Sus disparos son como si fueran de pétalos de rosas.
Los dominadores siempre representan el orden, la paz, la democracia, la lucha contra la delincuencia y la cultura del amor, no importa cuántos sufrimientos le provoquen y cuanta sangre le hagan derramar a la humanidad.
Pero que no se le ocurra a un pobre, a un revolucionario, a un combatiente social, a una mujer abusada, o un haitiano o una haitiana… expresarse con indignación violenta, rebelarse o auto-defenderse. Entonces, le caen arriba y sin compasión todas las maldiciones y coerciones.
La única violencia ilegal, las únicas armas proscritas son las ejercidas o las poseídas por los/as dominados/as y oprimidos/as.
El terrorismo de Estado no es terrorismo, la delincuencia burguesa no es delincuencia. Pero quemar una gama o tirar una piedra en una protesta popular es un crimen.
Ahora la nueva moda de los “pacifistas” es solo validar las protestas parecidas a la del 4%, protagonizadas por de capas medias con escolaridad y sectores sociales no sometidos a los vejámenes y a la violencia de la marginalidad y la exclusión social.
Hasta la bien ponderada procuradora Yeni Berenice Reinoso “twitió” diciendo que todas las protestas que no fueran así deberían ser consideradas como “actos criminales”. Pero no se le ocurrió decir que la PN, la DNCD, la DNI y ciertas facciones de la partidocracia súper-enriquecida son entidades mafiosas.
La ley del embudo
A las pobrecías abandonadas, excluidas de toda vida digna, sometidas a una violencia cotidiana criminal, no se le perdona auto-defenderse con movilizaciones masivas, pedreas, tubos, palos, tirapiedras,barricadas improvisadas, hogueras y acciones de la autodefensa con artefactos caceros; formas de lucha presentes hoy hasta en la “civilizada Europa”. A los pueblos no se les perdona insurreccionarse frente a la opresión desalmada ni armarse frente a la represión y las injusticias crónicas.
¿Qué dirían y como nos tratarían nuestros hipócritas pacifistas si tomamos las armas como Enriquillo, Lemba, los Trinitarios, los Restauradores, los/as Constitucionalistas del 65…. o si estallamos como abril del 84?
Posiblemente el miedo lo obligue a esconder su actual insolencia.
La ley del embudo.
Todo al revés.
La mayor violencia está impune y elogiada.
La insumisión ha sido estigmatizada.
¡Váyanse al carajo pacifistas de hojalata, derechistas y conservadores impenitentes, consagrados asesinos y delincuentes de Estado, centristas pusilánimes y seudo-izquierdistas lleno de miedo y de dobleces!
A mí jamás no me van a encontrar de su lado, ni siquiera cerca de sus falacias y simulaciones, pase lo pase.
¡JAMÁS!
1 de mayo 2013, Santo Domingo, RD.
P/D Homenaje a los/as trabajadores/as y a todos los seres humanos explotados y empobrecidos por el capital.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026