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Opinión

La culpa de la violencia al revés

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Por Narciso Isa Conde

(A propósito de la violencia en la UASD, la ilegalización de FELABEL y la estigmatización de las protestas populares)

NARCISO-ISA-CONDE11111Eduardo Galeano llamó la atención a la humanidad sobre cómo los ideólogos de la dominación capitalista y su apabullante poder ejercido a través de los grandes medios de comunicación se dedican a poner el mundo al revés; invirtiendo persistentemente la realidad y las culpas de los males acumulados, y esparciendo, en gran escala, versiones distorsionadas del ejercicio del poder del gran capital y de sus instrumentos de dominación respeto a la sociedad explotada y excluida.

Aquí, en estos días se ha tornado imperioso analizar cómo los grupos de poder ponen al revés la culpa de la violencia y la manera perversa como la dominación violenta del régimen que los representa estigmatiza las rebeldías de los y las abajo, y tergiversa y manipula la necesaria insumisión popular que ella genera.

El tipo de Estado y de Poder

Contamos con un Estado violento bajo control y gestión de la clase dominante- gobernante.

Con una Policía Nacional operada por altos oficiales duchos en crímenes, en torturas, en extorsión y asociaciones malignas con la violencia criminal y opresora, el robo, la narco- delincuencia y grupos gansteriles de todo tipo.

Con una DNI similar.

Con unas Fuerzas Armadas con no pocos mandos ligados al negocio de las drogas, al sicariato, al contrabando y a la corruptela política.

Con una DNCD más parecida a un multi-cártel de la drogas, que a un organismo perseguidor de los narco-delitos.

Con un gran empresariado y una partidocracia cómplice por asociación o por omisión y protección de todas o a una parte de esas prácticas; con responsabilidades propias en sobornos para viabilizar el contrabando, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, las estafas a los contribuyentes, la venta de productos vencidos o perjudícales a la salud, la explotación, el tráfico de seres humanos, el acoso sexual, la discriminación, los abusos de poder y el ejercicio de variadas formas de violencias armada y no armada.

Diversidad y efectos de la violencia integral dominante.

En fin, violencia económica y social que se traduce en muerte por hambre, enfermedades curables, indigencia, pobreza crónica, envenenamientos, depredación de la naturaleza, penurias y sufrimientos masivos.

Violencia política expresada en represiones, apresamientos ilegales, ametrallamientos, golpizas, torturas, pisoteo de la Constitución y las leyes, cancelaciones abusivas, caliesajes, chivateos, represalias políticas, acoso por diferencias, operaciones paramilitares, amenazas y acciones punitivas contra opositores/as y familiares cercanos, expedientes falsos, ejecuciones sumarias y lesiones físicas permanentes a activistas sociales y militantes revolucionarios.

Grandes medios de comunicación en manos de oligopolios capitalistas y del propio Estado violento, reproductores y productores de una gran parte de esas prácticas violentas; auspiciadores por excelencia de una industria del cine y del video, de “enlatados” y programas audiovisuales que potencian y reciclan constantemente la cultura de la muerte, la violencia, el miedo y el terror.

En resumen: padecemos una dominación económica, política, social, cultural, policial militar, para-militar, psicológica e ideológica integral, que a la vez garantiza la impunidad de los de arriba en la comisión de una amplia gama de violencias y de delitos; incluidas expresiones aterradoras de múltiples modalidades la violencia clasista, machista, adulto-céntrica, racista y racista anti-haitiana.

Padrinazgo supranacional.

Esto bajo el padrinazgo de la dominación mundial del gran capital, de sus Estados imperialistas y sus organismos supranacionales, que a través de sus corporaciones transnacionales, sus bancos y organismos multilaterales (FMI, BM, OMC, BID…) saquean recursos y exprimen seres humanos, y mediante sus complejos bélicos, cuerpos y bases militares promueven guerras de alta, mediana y baja intensidad, cometen genocidios y despliegan operaciones criminales encubiertas con la participación de la CIA, FBI, USAID, el MOSAAD, la  OTAN, el Comando SUR y otros comandos del Pentágono; por igual entrenan ejércitos subordinados en técnicas de torturas, infiltran movimientos y movilizaciones para montar provocaciones y facilitar sus planes criminales y proyectos despóticos y privatizadores, que reiterativamente ponen en práctica en múltiples escenarios y variados periodos.

De acuerdo a las circunstancias, esas estrategias supranacionales, cargadas de violencia, son canalizadas indistintamente vía dictaduras y fuerzas militares, dictaduras políticas, dictaduras institucionales disfrazadas de democracia, golpes de estado constitucionales, democracias representativas restringidas y seudo-democracias electorales fraudulentas y recolonizadas.

En las coordenadas de democracia restringida recolonizada y seudo-democracia neo-liberalizada se ha situado nuestro país en las últimas décadas.

La UASD -espacio autónomo dotado de Fuero, conquista social y reserva de la educación pública y la libertad de cátedras- todavía no tomada por la impronta privatizadora- ha estado permanentemente sometida a ese tipo de presión y de designios desde el dependiente Estado dominicano y sus órganos policiales y militares de agresión, registrándose ya peligrosos niveles de infiltración y un alto grado de traición y entrega de los grupos que han secuestrado y degrada- do su institucionalidad. Igual pasa con otros espacios no totalmente abatidos por la falacia del libre mercado y las supuestas bondades de la gran propiedad privada.

El delito y la violencia “invisible” con el lente colocado al revés

Pero resulta que aquí ninguna de esas prácticas violentas y delictivas ejercidas desde las alturas del poder y a través de sus intermediarios aparecen como tales en el discurso oficial del Estado, del CONEP, de la Confederación Patronal, de la Cámara Americana de Comercio, de las Fuerzas Armadas–PN-DNCD-DNI, de las encubridoras fundaciones de la sociedad civil, del alto clero católico-romano, de los dueños y gestores de las universidades privadas, de las autoridades de la UASD… menos aun de los omnímodos medios de comunicación al servicio de la dominación, salvo pocas excepciones necesarias para “legitimar” la regla…

Ninguna de esas expresiones de violencia o de esos hechos delictivos son reconocidos y admitidos institucionalmente como asuntos penalizables. El crimen que encierran es sistemáticamente invisibilizado.

Nada de eso está reñido con la ley y el derecho. El sistema lo borra.

Nada de eso es terrorismo. El sistema lo oculta.

Nada de eso es crimen. El sistema se hace el loco.

Esos calificativos criminalizantes son solo usados para estigmatizar las expresiones de indignación popular, la ira de los/as de abajo, la violencia social o política que procede de la base excluida y vilipendiada de esta sociedad; generalmente expresada a manera de contra-violencia o de auto-defensa, o en el peor de los casos,  como reacciones aberrantes o extremistas fruto de profundos resentimientos sociales y de la imperiosa necesidad de sobrevivir en medio situaciones y cercos asfixiantes.

O también son empleados contra la delincuencia menor que brota de la pobreza,  contra el “microtráfico”, contra las pandillas barriales… o contra la delincuencia y la violencia común de mayor nivel desconectada del poder o traicionada por él cuando la evidencia del contubernio asoma.

El discurso dominante, la palabra oficial, nunca ha dicho ni ha hecho eco de verdades como éstas:

-Que Balaguer y su corte política fueron parte de un club selecto de asesinos intelectuales y ladrones de Estado.

-Que Leonel encabeza una corporación político-económica estructurada desde la delincuencia de Estado, partidocrática y empresarial.

-Que Hipólito, Leonel -y ahora Danilo- han designado y protegido a generales asesinos y corruptos como Pedro de Jesús Candelier, Guzmán Fermín y Polanco Gómez, entre otros; autores intelectuales y/o materiales de numerosos crímenes, de formas crueles de violencia policial, desconocimiento de las leyes, atentados a los derechos humanos y escandalosos actos de corrupción.

-Que sobran las evidencias de su condición de narcos-generales en casos oficialmente silenciados como los de Guzmán Fermín, Belisario Medina y Medina, Florentino y Florentino, Ventura Bayonet, Aquino García y Rosado Mateo, entre otros.

-Que el ex-general Bencosme Candelier, los generales Guzmán Fermín, Fructuoso y Ventura Bayonet…han formado grupos de sicarios en el seno de la PN y la MG, y son responsables directos de innumerables ejecuciones extrajudiciales o de horripilantes acciones de “cirugías”.

-Que el general Polanco Gómez es el tutor de los crímenes y el principal protector del archi-asesino Tte. “La Soga”, actualmente “prófugo” y nunca compelido a entregarse bajo amenaza de muerte policial. Abundan, sin embargo, los casos de anuncio de muertes ejecutadas de la propia boca del general, sin que jamás el ministerio público haya movido la acción de justicia en su contra, ni se haya escrito un editorial en la gran presa proponiendo su sometimiento, ni ninguna ONG financiada por USAID u otra agencia parecida  se haya propuesto someterlo a la justicia.

-Que muchas plantas televisoras y emisoras de radio estimulan los femenicidios, el comercio con el sexo, la guerra y la violencia juvenil a través de los llamados “enlatados basura”.

-Que aquí quedó confirmado aquello de que es un mayor delito fundar un banco o dirigir el Banco Central o la Superintendencia de Bancos, que atracar un banco.

-Que hay pocos delitos más grandes que la firma y aprobación del contrato con la Barrick Gold, protagonizado con prevaricción por Leonel, Álvarez Albizu, Octavio López y refrendado por  Miguel Vargas Maldonado y ambas cámaras legislativas.

-Que la PN se la pasa atracando a mano armada y asesinando civiles y militares desafectos a sus mafias o al sistema.

-Que las autoridades que dominan la UASD apañan un clan de la corrupción y un cuerpo de seguridad a fin al mismo, infectado de calieses y de delincuentes comunes como los llamados “topos”.

Pero hay otras cosas muy graves que llaman la atención.

Hipocresías mayúsculas

Los pasamontañas y la pintada de caras son empleados y exhibidos oficialmente por autoridades militares y policiales públicas, que esconden sus rostros para ametrallar, asesinar, lesionar, torturar y hacer fechorías. Pero tan pronto son usadas por luchadores populares para protegerse de las cámaras espías y de los reporteros espías, se convierten en “cuerpo del delito”. Ahora se han incorporado las pelucas como armas peligrosas.

La derecha civil, los partidos del sistema y los grandes empresarios ha sido armado hasta los dientes por la derecha militar, que además maneja a su favor el jugoso negocio del contrabando, venta y permisos de armas. Las armas sin control están a granel por su culpa, y entonces se quejan cuando  sus efectivos portando y disparando con armas de guerra penetran a los barrios y entonces le sale un civil con una “chilena”, un “chavón” o una de esas armas ilegales vendidas por ellos mismos.

La Policía y la DNCD matan todos los días personas evidentemente no culpables o “sospechosos” con las manos en alto; matan, torturan, tiene en su seno una gran cantidad de altos oficiales delincuentes y agentes criminales a su servicio, y no se le ilegaliza ni se le cierran sus locales.

A FELABEL o a cualquier otra organización parecida, por simple presunción o por la simple participación de algunos de sus miembros en una manifestación que se sale de cauce o se torna violenta (posiblemente por el accionar paralelo de agentes provocadores), la Policía criminal la criminaliza y las autoridades de la UASD la ilegaliza  sin probar culpas, ni colectiva ni individuales…. al compás de una asquerosa campaña mediática y de una cadena de trucos publicitarios.

Las autoridades uasdianas sancionan desde un organismo que no tiene esa facultad, incurriendo en un acto despótico, que procuran justificar a pósteriori con la repetición de los estigmas y la asunción del discurso antiterrorista de los jefes policiales promotores del crimen uniformado y al servicio del crimen civil de las elites sociales y políticas.

A esa campaña se suman varios tipos de “izquierdas ligh” y de renegados de todas la calañas, que califican de “vandalismo” las protestas enérgicas y las formas de autodefensa de la “pobrecía” o el “pobretariado” de los barrios marginados y violentados; capaces incluso desde la renegación de preguntarle a quienes no aceptamos el chantaje de las derechas, “por qué, si queremos hacer guerrillas, no nos vamos a las montañas”; capaces de condenar que los manifestante de esos barrios y a los activistas revolucionarios  porque se cubran rostros para evitar ser identificados por una policía asesina, pero incapaces de enrostrarle esa misma condena a los caras pintadas, a los swap, a los topos y a la tropas especiales encapuchadas.

Los generales asesinos y ladrones roban y asesinan con la protección de los dirigentes políticos de igual calaña, y a ellos no se le mete presos ni se ilegalizan sus instituciones  y partidos.

No pocos dirigentes de la partidocracia peledeísta, perredeísta, balaguerista…  han cometido crímenes, se han enfrentado con armas, se han baleado entre sí… y ninguna autoridad policial o judicial ha propuesto ilegalizar sus partidos y cerrar sus locales. Muy recientes están casos como el del tiroteo en Piedra Blanca y el de la Convención del PRD.

La violencia ejercida por las derechas, la gran burguesía, los ricachones, las transnacionales, los generales y coroneles no es percibida por el sistema y sus voceros. Sus disparos son como si fueran de pétalos de rosas.

Los dominadores siempre representan el orden, la paz, la democracia, la lucha contra la delincuencia y la cultura del amor, no importa cuántos sufrimientos le provoquen y cuanta sangre le hagan derramar a la humanidad.

Pero que no se le ocurra a un pobre, a un revolucionario, a un combatiente  social, a una mujer abusada, o un haitiano o una haitiana… expresarse con indignación violenta, rebelarse o auto-defenderse. Entonces, le caen arriba y sin compasión todas las maldiciones y coerciones.

La única violencia ilegal, las únicas armas proscritas son las ejercidas o las poseídas  por los/as dominados/as y oprimidos/as.

El terrorismo de Estado no es terrorismo, la delincuencia burguesa no es delincuencia. Pero quemar una gama o tirar una piedra en una protesta popular es un crimen.

Ahora la nueva moda de los “pacifistas” es solo validar las protestas parecidas a la del 4%, protagonizadas por de capas medias con escolaridad y sectores sociales no sometidos a los vejámenes y a la violencia de la marginalidad y la exclusión  social.

Hasta la bien ponderada procuradora Yeni Berenice Reinoso “twitió” diciendo que todas las protestas que no fueran así deberían ser consideradas como “actos criminales”. Pero no se le ocurrió decir que la PN, la DNCD, la DNI y ciertas facciones de la partidocracia súper-enriquecida  son entidades mafiosas.

La ley del embudo

A las pobrecías abandonadas, excluidas de toda vida digna, sometidas a una violencia cotidiana criminal, no se le perdona auto-defenderse con movilizaciones masivas, pedreas, tubos, palos, tirapiedras,barricadas improvisadas, hogueras y acciones de la autodefensa con artefactos caceros; formas de lucha presentes hoy hasta en la “civilizada  Europa”. A los pueblos no se les perdona insurreccionarse frente a la opresión desalmada ni armarse frente a la represión y las injusticias crónicas.

¿Qué dirían y como nos tratarían nuestros hipócritas pacifistas si tomamos las armas como Enriquillo, Lemba, los Trinitarios, los Restauradores, los/as Constitucionalistas del 65…. o si estallamos como abril del 84?

Posiblemente el miedo lo obligue a esconder su actual insolencia.

La ley del embudo.

Todo al revés.

La mayor violencia está impune y elogiada.

La insumisión ha sido estigmatizada.

¡Váyanse al carajo pacifistas de hojalata, derechistas y conservadores impenitentes,  consagrados asesinos y delincuentes de Estado, centristas pusilánimes  y seudo-izquierdistas lleno de miedo y de dobleces!

A mí jamás no me van a encontrar de su lado, ni siquiera cerca de sus falacias y simulaciones, pase lo pase.

¡JAMÁS!

1 de mayo 2013, Santo Domingo, RD.

P/D Homenaje a los/as trabajadores/as y a todos los seres humanos explotados y empobrecidos por el capital.

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Opinión

Agua sí, oro no: la Constitución no se negocia

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Por Isaías Ramos

San Juan habló.

El Presidente entendió.

Ahora el Estado debe actuar.

El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.

San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.

El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.

Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.

La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.

En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.

El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.

Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.

La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.

San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.

A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.

En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.

Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.

República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.

Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.

En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.

En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.

San Juan habló.

El Presidente entendió.

La Constitución manda.

El pueblo debe vigilar.

Agua sí, oro no.

Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.

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Opinión

Plus de la publicidad digital

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(Segunda entrega)

Por Oscar López Reyes

La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…

En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.

Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.

Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.

Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.

Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.

La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:

1.- Contenido temático estratégico

La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.

2.- Segmentación personalizada

Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.

3.- Diversidad de espectro/plataformas

Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.

4.- Interacción dinámica conversacional

Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.

5.- Tipos de publicidad de mensajes

Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.

6.- Clases de formatos innovadores

Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.

7.- Flexibilidad con cambios inmediatos

La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.

8.- Alto alcance/cobertura de la campaña

El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.

9.- Menor costo de producción y difusión

Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.

10.- Facilidad para medir resultados

Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.

Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.

Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.

Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.

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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.

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Opinión

El medio ambiente y los crímenes en el Estatuto de Roma (2 de 2)

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Por Rommel Santos Diaz

Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual  en los que la gravedad de los hechos  específicos  no deja de ser secundaria.

Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía  estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales  se centra a menudo  en los daños sufridos  por humanos como consecuencia  de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos  por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema  no utilizado por humanos con fines de subsistencia.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental  al determinar la gravedad,  entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:

Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas  o el alcance geográfico  o temporal del daño ambiental.

Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron  especialmente afectadas.

Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles  y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido  una serie de actos de daño ambiental  causado al entorno natural , con independencia  de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental  en la vida humana;  y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico  infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas  con vulnerabilidades interseccionales.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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