Análisis Noticiosos
El PRD no logra salir de su calvario
Por Juan Bolívar Díaz
En diversos sectores perredeístas se plantea la necesidad de pactar una presidencia de consenso, encabezada por alguien como José Joaquín Puello, para rescatar los procedimientos democráticos y restablecer la unidad
Las expectativas de inicio de un diálogo que pudiera conducir a la reunificación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), derivadas del reciente encuentro entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, parecieron esfumarse justo al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.
Sólo el rescate de los procedimientos democráticos para elegir nuevos dirigentes podría permitir al PRD superar su prolongado calvario, pero su presidente sigue boicoteando todos los intentos de mediación y solución, persistiendo en su empeño de concertar afuera e imponerse dentro.
Esperanza que se esfuma. El encuentro verificado el viernes 3 de mayo entre el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y el expresidente de la República Hipólito Mejía despertó expectativas de reunificación entre diversos sectores de ese partido, pero parecieron esfumarse en apenas una semana al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.
Al conocerse del encuentro la reacción inicial fue de incredulidad y sorpresa, pues ni en la campaña electoral del año pasado se logró reunir a esos dirigentes políticos, a pesar de múltiples mediaciones, hasta de familiares. Se dio por hecho un cambio de actitud y se comenzaron a trazar rutas para el restablecimiento de la unidad, aunque algunos advertían que no avalarían “acuerdos de aposento”, y que cualquier solución tendría que incluir a todos los sectores, con aval de los organismos partidarios.
La proximidad del aniversario de la desaparición de Peña Gómez alentó las expectativas de que se aprovechara la ocasión para, invocando al líder histórico, realizar una conmemoración unitaria que empujara un compromiso de concertación. Por canales de mediación se propuso restablecer la presencia de todos en una misa conmemorativa, como se hizo hasta el 2010.
La misa unitaria era, para los más eufóricos, una manera de demostrar que se iniciaba una nueva etapa de entendimiento entre los perredeístas. Para los incrédulos y desconfiados era poner a prueba la disposición de los dos protagonistas más allá del encuentro celebrado bajo la sombra del general retirado Miguel Soto Jiménez y el médico José Joaquín Puello.
Un José Joaquín Puello. En la euforia que siguió al encuentro Vargas-Mejía, sectores perredeístas llegaron a plantearse la posibilidad de escoger una nueva dirección plural, presidida por alguien aceptable para todos y que no aspire a la candidatura presidencial, llegándose a identificar al neurocirujano José Joaquín Puello, sin excluir a otros como el también médico Jesús Feris Iglesias.
El doctor Puello fue candidato vicepresidencial del PRD en el 2008 en la boleta que llevó de candidato presidencial a Vargas Maldonado, justamente por su integridad y su carácter conciliador y afable y por su pluralidad y ascendiente en diversos sectores nacionales. Respaldó a Vargas en la lucha por la candidatura presidencial del 2012, pero terminó aceptando y respaldando a Mejía, aunque se ha mantenido entre quienes han mediado para subsanar los conflictos derivados de la lucha interna.
Se afirma que el doctor Puello sería aceptable para los mayores protagonistas de la confrontación perredeísta, pero también para Luis Abinader, quien busca afianzar su propia identidad y camino, aunque se teme que pudiera producir disgusto en algún legítimo aspirante a la presidencia del partido, pero que terminaría en consenso en aras de la unidad.
Varios dirigentes perredeístas consultados se mostraron partidarios de un presidente de consenso, aunque algunos reconocen que es una tarea muy difícil y requeriría una dedicación de tiempo completo, sobre todo cuando se les recordó que personas de la integridad e independencia de Hugo Tolentino, Milagros Ortiz, Enmanuel Esquea y Quico Tabar terminaron siendo impugnados por Miguel Vargas como árbitros en la convención que desató la crisis con la elección de Hipólito Mejía para candidato presidencial del 2012.
El tiempo apremia. En las tertulias políticas se discutió intensamente sobre las causas que determinaron la reciente reunión Vargas-Mejía. Unos la creen resultado de la última encuesta Gallup-HOY que mostró a Abinader como primera opción para la próxima candidatura presidencial con 26 por ciento en el electorado y 41 por ciento entre los que se identificaron como perredeístas, atribuido en parte al cansancio de la pugnacidad entre los dos últimos candidatos presidenciales del PRD.
Vargas con 9 por ciento de las preferencias de los perredeístas, luce muy rezagado, y aunque Mejía registró un 35 por ciento, “ya fue presidente y lleva dos intentos de regreso frustrados y frustratorios”. Una de sus defensoras dijo que, a diferencia de Vargas y Abinader, él no ha dicho que aspira a la candidatura del 2016 y que si lo proclama sube.
Otra explicación de la reunión es el reconocimiento mutuo de que el tiempo apremia y de que en julio termina el período para el que Vargas fue electo presidente del partido. Se reconoce que Mejía siempre ha estado abierto al diálogo, y que lo demostró cuando en la campaña fue al local del partido, anunciando su interés de reunirse con Vargas, lo mismo que al almuerzo con que los hermanos de éste intentaron juntarlos dos semanas antes de los comicios del año pasado.
Se atribuye también la reunión al convencimiento de ambos de que se les puede hacer tarde para relanzar el partido blanco, con 21.7 por ciento de preferencias en la última encuesta Gallup. Y no faltan quienes plantean que Vargas busca ganar tiempo, desconcentrando a sus contradictores que han venido celebrando masivas asambleas partidarias en todas las provincias, lo que él ha limitado a dos o tres, por el alto rechazo de la militancia perredeísta que lo señala como mayor responsable de la crisis.
El presidente del PRD administrará este año unos 225 millones de pesos del presupuesto nacional, lo que le implica una ventaja significativa para el proselitismo interno y atraerse adherentes, sobre todo si logra mantener la facultad para registrar candidaturas para el 2016, cuando millares de perredeístas aspirarán a todos los cargos electivos.
Rescate de la democracia. El rescate del PRD pasa necesariamente por el restablecimiento de los procedimientos democráticos, porque aunque los principales protagonistas de sus luchas internas se pongan de acuerdo en un procedimiento, cuando llegue la hora de escoger candidato volverán a dividirse, a menos que acepten los principios básicos de la democracia que en los partidos tienen expresión en los organismos de dirección.
Ese rescate luce tan difícil como el de los principios ideológicos que durante décadas dieron vigencia al perredeísmo y le permitieron sobrepasar numerosas crisis y divisiones. Pero las ambiciones y los intereses individuales han predominado, con expresiones de clientelismo. Los que aún creen en los principios socialdemócratas que animaron al PRD no tienen recursos económicos para competir con los empresarios de la política.
Mientras tanto, el PRD sigue en proceso de desgaste acelerado, incapacitado para ejercer su responsabilidad como primera fuerza política de oposición, por lo que la sociedad se va acostumbrando a vivir sin contar con esa fuerza predominante por más de medio siglo. Sus principales dirigentes han lucido errantes buscando favores y acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente con contrincantes del partido gobernante, pero negados a dialogar entre ellos mismos.
Un balde de agua fría
Por una carta conciliatoria de Hipólito Mejía a Miguel Vargas del miércoles 8, se supo que éste rechazaba “lo ideal” de celebrar la misa con la presencia de todo el liderazgo partidista.
El expresidente mostró resignación, indicando que no debía ocurrir nada que dañara la memoria de Peña ni el proceso iniciado con el encuentro del día 3, y propuso la integración de una comisión de tres representantes de cada uno de los dos sectores enfrentados para preparar el protocolo que “permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive actualmente el partido, lo que es exigido a gritos por la mayoría de los dominicanos, especialmente los perredeístas”.
Vargas terminó de echar un balde de agua fría al entusiasmo perredeísta cuando el jueves, respondiendo a los reporteros sobre la solicitud de Mejía, dijo que “nosotros no vamos a discutir nada al margen de lo que son los organismos del PRD, porque así es como se fortalece la democracia, donde prevalezca la posición de la mayoría”. Se ignora si alguno de los mediadores habrá podido rescatar la ruta de entendimiento, explicándole a Vargas que la propuesta busca explorar caminos de entendimiento que democráticamente tendrían que desembocar en los organismos máximos del partido que hace tiempo no funcionan.
Uno de los dirigentes consultados expresó su convicción de que los mediadores deberán proseguir una tarea en la que han fracasado numerosos mediadores desde que se originó la crisis tras los resultados de la convención que el 6 de marzo del 2011 escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial para el 2012. Todos los intentos, incluyendo los impulsados por familiares y los que han involucrado a personalidades religiosas, han tropezado con la renuencia de Vargas a aceptar un diálogo. Los otros sectores, incluyendo a Mejía, siempre han mostrado disposición.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.