Nacionales
Imperan diferencias abismales en precios de bienes similares
El comercio formal se está distanciando del informal y la brecha es de precios. La diferencia de hasta un 100% en un bien, hace que aumente el número de interesados en la informalidad para comprar.
En el mercado de Pintura, en el sector Herrera, una piña cuesta 25 pesos. A menos de un kilómetro, en cualquiera de los supermercados que operan en la zona, y en todo Santo Domingo, esa fruta se cotiza entre 50 y 60 pesos, un nivel que refleja la gran disparidad que existe en los precios, esencialmente en los productos de origen agrícola.
El costo de la canasta familiar produce dolor de cabeza a las familias dominicanas, y uno de los síntomas se observa en la marcada diferencia entre los precios en los supermercados y mercados populares.
La brecha es más notable en los productos agrícolas, esencialmente víveres, vegetales y frutas.
Según explica el presidente de la Red de Organizadores Agropecuarios, Robin Alcántara, el encarecimiento de los productos se debe a las cadenas de comercialización o número de intermediarios por las que pasan los productos desde que salen de la tierra hasta que llegan al consumidor; y también al bajo financiamiento y rentabilidad que le ofrece el Banco Agrícola a los productores.
“El banco solo financia el 10% y el otro 90% lo financia el sector informal”, dijo.
Alcántara expresó que hasta que no se elimine ese eslabón en las cadenas de comercialización, los productos no llegarán a buen precio a los consumidores.
Llama al Gobierno, al Instituto de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) y al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) a que participen en el proceso de determinación de los precios, para que haya una reducción en los precios y los artículos lleguen más económicos a los consumidores y éstos consuman más productos agrícolas a menor precio.
Explica que el margen de ganancia que debe tener un productor o mayorista no debe pasar de un 5% y estos a veces ganan hasta un 15 y 20% del valor del producto.
Comprobación
Durante un recorrido realizado por un equipo de elCaribe se pudo comprobar que los plátanos en los mercados populares se cotizan entre 5 y 8 pesos, mientras que en los supermercados su precio llega hasta a 15 pesos.
Asimismo, la libra de arroz en los mercados y plazas populares se cotiza desde 15 hasta 25 pesos, dependiendo de la marca, y en los supermercados, durante los días de oferta, la libra cuesta de 18 a 30 pesos. En los días normales los precios fluctúan entre 22 y 35 pesos.
Roberto Familia, presidente de la Asociación de Factorías de Arroz de la Reforma Agraria, aseguró que ellos venden el arroz a los comerciantes entre 1,950 y 2,150 pesos el saco de 125 libras y los vendedores le ganan hasta 600 pesos a un saco vendiéndolo hasta a 2,600 pesos.
En el caso de los huevos y pollos, envueltos en una situación coyuntural por una veda de importación impuesta por el Gobierno haitiano, en el mercado dominicano hay una situación muy particular: están más baratos en los supermercados que en los mercados, en el caso de los huevos.
Estos se cotizan, el cartón de 30 unidades, entre 90 y 125 pesos. Casi todos los supermercados tienen ofertas de huevos. Consumidores entrevistados elCaribe dijeron que prefieren comprar a los mercados populares porque los precios son más asequibles y los productos más frescos”.
“Nosotros los pobre es a los mercados que tenemos que venir, no hay cuarto para ir a los supermercados”, expresó Ana Burgos, una asidua compradora del mercado de Pintura. Ana Bertilia Cabrera, presidente de la Asociación de Amas de Casas, dijo que el Gobierno debe estabilizar los precios.
Dijo que los precios de los productos en los supermercados les están dando en el cuello a los pobres”. Destacó que la diferencia representa un margen de precios que afecta la economía de “nosotros los que compramos “cheliao”.
Alza en impuestos impulsa aumentos
La presidenta de la Asociación de Amas de Casas, Ana Bertilia Cabrera, citó como un factor de encarecimiento en los productos, el impacto de la reforma fiscal que hizo el Gobierno a finales del año pasado y cuya aplicación se completó en enero de este año. “Además, en todos los supermercados nos aplican el 18% del ITBIS cada vez que compramos aunque sea una libra de arroz”, se quejó Cabrera.
Hizo un llamado al Estado para que regule los precios, y afirmó que desde que se aprobó la reforma fiscal hemos estado demandando al presidente Danilo Medina que los productos como el arroz, habichuela, aceite, chocolate, café, pan, los cárnicos, los detergente, azúcar y huevos deben ser excluidos del pago de impuesto , sobre todo tomando en consideración que una tercera parte de los dominicanos no cuenta con ingresos regulares y que viven de lo que el “día a día le dé”.
El Caribe
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.