Análisis Noticiosos
Mejores perspectivas de relación con Haití
Por Juan Bolívar Díaz
La reciente crisis de los pollos podría revertirse positivamente en la medida en que se revaloriza el mercado haitiano y crece la conciencia de que las dos naciones son inseparables y tendrán que entenderse, mientras más pronto mejor
La reciente crisis en la relación domínico-haitiana originada en la veda a las exportaciones avícolas nacionales podría revertirse positivamente en la medida en que en el país se va descubriendo que la vecina nación no es sólo una carga inmigratoria sino también un mercado de oportunidades.
Dominicanos y haitianos están desafiados a la negociación y el entendimiento superando prejuicios y resentimientos, y mientras más pronto lo logren mejor será para ambas partes que por separado enfrentan serias dificultades de competitividad en los mercados internacionales.
Descubriendo a Haití
Más allá de las pérdidas sufridas por los productores dominicanos de pollos y huevos, la veda impuesta por las autoridades haitianas podría contribuir a que los dominicanos terminen de descubrir que Haití no es solamente una carga migratoria, sino también una gran oportunidad de negocios y coloquen como prioridad la consecución de importantes acuerdos acariciados durante décadas en materias fundamentales de migración, comercio, medio ambiente, de salubridad e inversiones.
De golpe muchos dominicanos de estratos tan importantes como el empresarial y la comunicación pudieron darse cuenta de que los gestos prepotentes revestidos de derecho soberano no sólo pueden originarse al este de la frontera, sino también en el oeste, perjudicando intereses de la contraparte.
Más allá de la algarabía del rampante antihaitianismo, heredado de la tiranía de Trujillo y de su mejor discípulo Joaquín Balaguer como elemento de manipulación política, que resaltaba la decisión haitiana como un agravio intolerable, al extremo de que hasta legisladores exigieron el cierre de la frontera, se fue descubriendo que los productos avícolas representan apenas un 2 por ciento de las exportaciones formales dominicanas hacia Haití, con unos 18 millones de dólares al año. Aunque podría duplicarse en la informalidad delos mercados binacionales.
Consciente de la creciente importancia del mercado haitiano, el gobierno dominicano ha manejado el diferendo con serenidad e inteligencia, distanciándose de apasionados sembradores de discordias, y el propio presidente Danilo Medina se ha involucrado en gestiones para superarlo. En diálogo con el presidente Michel Martelly, habría de descubrir que lo sanitario fue un pretexto, y que el asunto apunta a recaudaciones aduanales por las exportaciones dominicanas a través de los mercados binacionales que podrían ser limitados.
Balanza comercial de cien a uno
Este es un país tan especial que aunque tiene frente a Haití lo que puede ser la mayor ventaja comercial del mundo, en rango de 100 dólares exportados por cada uno importado, en sondeos populares de medios de comunicación predominaba el criterio de que por la veda a las exportaciones avícolas se debía cerrar la frontera, lo que denota una terrible manipulación, ignorancia o prejuicio.
Como consecuencia del debate generado, se puede esperar que muchos comentaristas e “interactivistas profesionales” se hayan enterado que en el 2011, último año completo disponible, las exportaciones formales de Dominicana hacia Haití sumaron mil 13 millones de dólares, y las compras apenas 10 millones de dólares.
Más significativo es el crecimiento que han registrado las exportaciones dominicanas hacia el vecino país, que se duplicaron de 433.7 millones de dólares en el 2007 a 874.6 millones de dólares en el 2010, para alcanzar los 1013.8 millones en el 2011, crecimiento de 580.1 millones de dólares, 134 por ciento, en sólo cuatro años.
La ventaja del comercio con Haití, segundo mercado dominicano, es más significativo, si se tiene en cuenta el creciente déficit del país en su intercambio comercial con su primer socio, que es Estados Unidos, donde en el 2001 registró un déficit de 3,191.6 millones de dólares, fruto de importaciones por 7,346.2 y exportaciones de apenas 4,154.6 millones de dólares. Otro socio importante es China donde en el mismo 2011 RD tuvo un déficit de 648.9 millones de dólares, importaciones de 904.8 y exportaciones de apenas 255.9 millones de dólares.
La crisis avícola desnudó que la competitividad frente a Haití no es sólo por la vecindad, sino por las características del vecino y por las dificultades dominicanas para competir en otros mercados más exigentes de calidad y precios.
Otras ventajas nacionales
En el comercio informal de los mercados binacionales este país mantiene también una enorme ventaja, aunque menor, que se puede apreciar a simple vista, pero por sus características es difícil cuantificar. Hace unos cinco años en Dajabón se estimaba que el balance era de diez a 1. El año pasado se calculó que las exportaciones dominicanas por esos canales podrían oscilar entre 250 y 300 millones de dólares. El grueso son productos industriales, incluyendo de zonas francas,
Otros que han descubierto el mercado haitiano, sobre todo después del terremoto del 2010, son unas siete empresas constructoras dominicanas, que ejecutan obras viales, edificaciones y viviendas por cientos de millones de dólares, e incluso profesionales dominicanos de la ingeniería que han conseguido trabajo con empresas e instituciones haitianas y de otros países.
Se estima creciente también el número de empresarios nacionales que invierten en diferentes renglones de la economía haitiana, relevantemente el Grupo M, consorcio empresarial santiagués que preside Fernando Capellán, que desde el 2002 mantiene un inmenso parque de zona franca en Juana Méndez, la contraparte de Dajabón en el noroeste fronterizo, que emplea unas 6 mil 500 personas.
Empresas de transporte de cargas figuran entre las beneficiarias del mercado haitiano, sobre todo por la actual demanda de materiales para la reconstrucción tras la devastación telúrica. Una ventaja adicional proviene de unos 12 mil estudiantes haitianos, de clases medias y altas, que cursan estudios en universidades dominicanas, representando cerca de 100 millones de dólares anuales.
Habría que sumar a los beneficiarios del intercambio comercial con Haití a miles de pequeños y medianos comerciantes, a los prestadores de todo género de servicios, incluyendo los operadores de unas 800 habitaciones hoteleras en Dajabón. La vida en esta población y en Jimaní sería afectada dramáticamente si desaparecieran los mercados binacionales.
Mientras más rápido mejor
Entre los empresarios más visionarios crece la convicción de que el país tiene que hacer mayores esfuerzos por institucionalizar y mejorar las relaciones de todo género con Haití, y que mientras más rápido ocurra será mejor para el interés nacional. Ven las ventajas de un mercado que duplica los 10 millones del país, más rentable en la medida en que se estabilice la situación política de Haití y se produzca crecimiento económico. El marco de entendimiento debe adelantarse a la incursión de capitales y exportadores más competitivos, señalándose la versión de que empresarios brasileños instalarían granjas avícolas que afectarían las exportaciones dominicanas.
Es obvio que con discriminaciones y prepotencias frente a los haitianos el país perderá oportunidades. Y en la medida en que Haití salga adelante reclamará más derechos y compensaciones a las ventajas comerciales dominicanas. La reactivación definitiva de la Comisión Mixta Bilateral que amaga desde su creación en 1996, es un paso fundamental. Pero tal como dijo aquí la semana pasada el visionario exembajador haitiano Guy Alexandre, tiene que renacer con una clara voluntad política del más alto nivel para concretar acuerdos en las claves materias comercial y migratoria.
El país tendrá que aterrizar un reglamento migratorio más respetuoso de la condición humana y la realidad haitiana, sin pretender convertir en fuente de recaudación el proceso de regularización de los trabajadores provenientes de Haití, a los que se obliga a salir del país para cobrarle hasta 8 mil pesos por una visa de reingreso, y Migración les impone una cuota de 9 mil pesos (llegó a requerir 15 mil) para su registro y autorización.
Compromiso social y político
Tanto en Migración como en la cancillería dominicana prevalecen actitudes antihaitianas que dificultan el entendimiento. Contrastan con un embajador dominicano en Haití, como Rubén Silié, de amplia visión concertadora, y con una sociedad civil que progresivamente evoluciona en dirección al entendimiento, consciente de que no hay manera de separar los dos países.
De ahí el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”, ampliamente consensuado y suscrito recientemente por unas 150 instituciones dominicanas, desde empresariales, religiosas, académicas, sindicales y sociales. Resalta que lo firmaron 8 organizaciones empresariales, como la Asociación de Industrias de la República, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la Confederación Patronal Dominicana, las centrales sindicales y la Universidad Católica Madre y Maestra.
Las perspectivas apuntan a cambios significativos para lo cual el presidente Danilo Medina tendría que ignorar el chantaje político en que se sustenta el antihaitianismo y que hace un par de meses llegó al extremo de denunciar a la Universidad Madre y Maestra porque junto a la UNESCO, realizó un proyecto de acercamiento con periodistas de ambos lados de la isla. Se impone una nueva política estatal que supere irritaciones e iniquidades, como el insostenible genocidio civil de los dominicanos descendientes de haitianos. Eso permitiría demandar racionalidad y reducir también el antidominicanismo que se anida al oeste de la frontera.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.