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Cárceles de RD están desbordadas, alerta Procurador General
SANTO DOMINGO.- Los recintos carcelarios en la República Dominicana están desbordados y albergan la mayor cantidad de reclusos en toda la historia penitenciaria de este país, alertó ayer el procurador general Francisco Domínguez Brito.
En una entrevista exclusiva que concedió al director ALMOMENTO.NET, Saúl Pimentel, en su despacho de la Procuraduría, indicó que la puesta en vigencia del Código Procesal Penal ha hecho duplicar la población carcelaria en el país en momentos en que hay un sistema de prisiones arcaico, que data de la Era de Trujillo (1930-1961).
Indicó que el actual es « un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
53.3% no ha recibido condena
Reveló que en la actualidad hay 25,200 personas privadas de libertad en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, estando la mayor parte en la cárcel La Victoria, la cual alberga poco más de 7 mil hombres.
Señaló que, en sentido general, el 53.5% guarda prisión preventiva, o sea, no han sido condenado y el 46.5% ya lo fue.
Homicidio: el principal delito
A junio, 7,180 están acusados de homicidio, 6,819 por robo, 114 por violación sexual, 6,145 por droga y 119 por secuestro, de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
“Sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional”, declaró.
Sistema arcaico
Domínguez Brito observó: “El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
Dijo, sin embargo, que ha llegado el momento de que este problema vaya desapareciendo «de forma paulatina, pero firme”.
Declaró que en el sistema tradicional de prisiones hay 15,800 aproximadamente y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente fue iniciada la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad que ocuparon los primeros cuatro pabellones.
“La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea”, indicó. “Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales”,
El Procurador General declaró que en diez meses él ha hecho un gran esfuerzo por enfrentar el problema de las cárceles. Como parte del mismo fue clausurado el recinto Santa Rosa de Lima, en la Romana, y el de la fortaleza 2 Mayo, en Moca, lugares en donde los reclusos vivían en condiciones “simplemente infrahumanas al extremo”. Ambos recintos pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, explicó.
Destacó que los reclusos que fueron trasladados estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, a delinquir desde sus celdas y ahora han sido obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida”.
Declaró que el Modelo de Gestión Penitenciario ha sido un gran logro de nuestro país, lo cual llena a la Procuraduría de mucha satisfacción.
“Fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema”, agregó.
“No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria”, enfatizó.
Preguntas y respuestas
A continuación las preguntas y repuestas de la entrevista con el Procurador:
1.Cuántas personas privadas de libertad se encuentran en las cárceles dominicanas?
En la actualidad tenemos unas 25,200 personas, distribuidas en todo el territorio nacional, en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, teniendo la mayor parte de estos procesados, en la cárcel La Victoria, la cual alberga actualmente poco más de 7 mil hombres.
En el sistema tradicional de prisiones, tenemos15,800 aproximadamente
Y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente iniciamos la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad, que ocuparon los primeros cuatro pabellones. La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea.
Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales.
2.-Cuántos guardan prisión preventiva y cuántos condenados?
De forma preventiva tenemos53.5% y condenados 46.5 %
3.Cuáles son los delitos por que guardan prisión?
Basados en el informe más reciente, a junio del 2013, tenemos que 7,180 privados de libertad entre hombres y mujeres, son procesados o condenados por homicidio.
6,819 por robo, de los cuales, 114 también son acusados de violación sexual.
6,145 por droga, 119 por secuestro de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
4.Cómo define usted esta situación, cuáles consecuencias traería en caso de mantenerse?
La puesta en vigencia del Código Procesal Penal, ha provocado unincremento de la población carcelaria en el país, la cual se ha duplicado. Nuestros recintos carcelarios están desbordados puesactualmente tenemos la mayor cantidad de privados de libertad en toda la historia penitenciaria dominicana y sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional.
En diez meses hemos hecho un gran esfuerzo en donde clausuramos el recinto Santa Rosa de Lima en la Romana y el de la fortaleza 2 mayo en Moca y ambas estructuras pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, pero, esos reclusos que estaban en esos recintos, vivían en condiciones simplemente infrahumanas al extremo.
El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos y ha llegado el momento de que el mismo vaya desapareciendo de forma paulatina, pero firme.
Esto también nos ha puesto en punto delicado los centros del nuevo Modelo, pues estos reclusos trasladados, acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, vivir delinquiendo desde sus celdas, en donde la violencia y la agresividad convivían entre la suciedad y la corrupción interna, se han visto obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida.
Pero también han dejado de pagar para comer, para tener una cama y sobre todo en condiciones de higiene excelentes, han dejado de pagar para vivir, para estar seguros, para educarse y para vivir dentro de su prisión, con dignidad.
El Modelo de Gestión Penitenciario, ha sido un gran logro de nuestro país lo cual me llena de mucha satisfacción porque fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema.
No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria.
Lo que vemos en las cárceles tradicionales, debe tener un fin. Lo vivimos en Najayo en donde un grupo de narcotraficantes en su mayoría, y personas con poder adquisitivo, tenían unos privilegios que me atrevo a decir, pocas personas en libertad pueden disfrutar. Parábolas, televisores plasmas de gran tamaño, aires acondicionados, pisos de tabloncillo, cornisas de yeso, teléfonos, internet, bebidas alcohólicas, salidas personales del penal, visita de mujeres sin control y todo esto al final lo que hace es que los de patología delictiva, sigan desde su prisión, controlando sus brazos de acción y estructuras dentro del crimen organizado. Eso tiene que terminar en nuestro país.
Todo ese escenario, contrarresta con la denigrante realidad que vivían y que aún viven, la gran población carcelaria. De injusticias, hacinamiento, delincuencia, vejaciones, y esa implantación de la ley del más fuerte que se vive en ese sistema.
Toda persona que ha cometido un delito tiene derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución y los mismos deben ser respetados, aparte de las condiciones humanas que deben primar. La salud, la educación, la alimentación… son derechos que dentro del Modelo de Gestión respetamos y en trato igualitario, sin privilegios adicionales. Creemos en eso y en esa línea seguiremos trabajando muy fuerte, hasta completar la transformación en todos los recintos actuales que operan bajo el modelo tradicional, lo que nos permitirá trabajar en la rehabilitación del que haya cometido un delito, buscando que una vez obtenida su libertad, no vuelva a delinquir a las calles. Por eso en los CCRs, de capacita en educación primaria y secundaria, y también en una gran cantidad de capacitaciones técnico-profesional en diversas áreas que les permita poder iniciar una labor digna ya estando en libertad. También hemos aumentado las facilidades de acceso a estudios universitarios y ese es nuestro reto… Seguir mejorando cada día.
5.Cuáles medidas, a su juicio, deberían adoptarse para enfrentar el problema?
El sistema penitenciario en su totalidad urge de nuevas edificaciones. En ese sentido tenemos proyectado la construcción de un gran centro correccional que operaría bajo el Modelo de Gestión, en Santiago, con capacidad para unos 1,500 internos.
Estamos actualmente trabajando de forma acelerada para habilitar un centro correccional de mujeres en Higuey y otro para menores en conflicto con la ley.
Pero también, estamos rescatando las instalaciones de lo que era la Ciudad del Niño, para crear ahí un centro para jóvenes en conflicto con la ley, en donde los mismos puedan ser rehabilitados, con programas y personal especializado.
Igualmente es necesario otro gran centro penitenciario para hombres en Santo Domingo.
Mientras tanto hemos instruido a realizar censos carcelarios, sobre todo en bajo el sistema tradicional, que nos permita verificar el estado judicial de muchos reclusos que tienen condenas cumplidas y están retenidos por la falta de pago de una fianza o de una multa que se le impuso junto a la condena.
En coordinación con el Poder Judicial, hemos estado realizando roles de audiencias con los jueces de Ejecución de la Pena de las diferentes jurisdicciones, para detectar esos casos y sobre todo seha exonerado el pago de la misma a envejecientes y personas con enfermedades crónicas. Otros, se les ha cambiado las multas por trabajo comunitarios y presentaciones periódicas, que es una forma también de descongestionar un poco, pero estamos conscientes, que no es suficiente. Tenemos una sobrepoblación por encima del 250% en el sistema tradicional de prisiones y es una situación que nos preocupa bastante, pero la hemos estado enfrentando con mucha decisión y voluntad.
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.