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Cárceles de RD están desbordadas, alerta Procurador General
SANTO DOMINGO.- Los recintos carcelarios en la República Dominicana están desbordados y albergan la mayor cantidad de reclusos en toda la historia penitenciaria de este país, alertó ayer el procurador general Francisco Domínguez Brito.
En una entrevista exclusiva que concedió al director ALMOMENTO.NET, Saúl Pimentel, en su despacho de la Procuraduría, indicó que la puesta en vigencia del Código Procesal Penal ha hecho duplicar la población carcelaria en el país en momentos en que hay un sistema de prisiones arcaico, que data de la Era de Trujillo (1930-1961).
Indicó que el actual es « un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
53.3% no ha recibido condena
Reveló que en la actualidad hay 25,200 personas privadas de libertad en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, estando la mayor parte en la cárcel La Victoria, la cual alberga poco más de 7 mil hombres.
Señaló que, en sentido general, el 53.5% guarda prisión preventiva, o sea, no han sido condenado y el 46.5% ya lo fue.
Homicidio: el principal delito
A junio, 7,180 están acusados de homicidio, 6,819 por robo, 114 por violación sexual, 6,145 por droga y 119 por secuestro, de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
“Sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional”, declaró.
Sistema arcaico
Domínguez Brito observó: “El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
Dijo, sin embargo, que ha llegado el momento de que este problema vaya desapareciendo «de forma paulatina, pero firme”.
Declaró que en el sistema tradicional de prisiones hay 15,800 aproximadamente y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente fue iniciada la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad que ocuparon los primeros cuatro pabellones.
“La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea”, indicó. “Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales”,
El Procurador General declaró que en diez meses él ha hecho un gran esfuerzo por enfrentar el problema de las cárceles. Como parte del mismo fue clausurado el recinto Santa Rosa de Lima, en la Romana, y el de la fortaleza 2 Mayo, en Moca, lugares en donde los reclusos vivían en condiciones “simplemente infrahumanas al extremo”. Ambos recintos pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, explicó.
Destacó que los reclusos que fueron trasladados estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, a delinquir desde sus celdas y ahora han sido obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida”.
Declaró que el Modelo de Gestión Penitenciario ha sido un gran logro de nuestro país, lo cual llena a la Procuraduría de mucha satisfacción.
“Fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema”, agregó.
“No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria”, enfatizó.
Preguntas y respuestas
A continuación las preguntas y repuestas de la entrevista con el Procurador:
1.Cuántas personas privadas de libertad se encuentran en las cárceles dominicanas?
En la actualidad tenemos unas 25,200 personas, distribuidas en todo el territorio nacional, en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, teniendo la mayor parte de estos procesados, en la cárcel La Victoria, la cual alberga actualmente poco más de 7 mil hombres.
En el sistema tradicional de prisiones, tenemos15,800 aproximadamente
Y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente iniciamos la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad, que ocuparon los primeros cuatro pabellones. La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea.
Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales.
2.-Cuántos guardan prisión preventiva y cuántos condenados?
De forma preventiva tenemos53.5% y condenados 46.5 %
3.Cuáles son los delitos por que guardan prisión?
Basados en el informe más reciente, a junio del 2013, tenemos que 7,180 privados de libertad entre hombres y mujeres, son procesados o condenados por homicidio.
6,819 por robo, de los cuales, 114 también son acusados de violación sexual.
6,145 por droga, 119 por secuestro de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
4.Cómo define usted esta situación, cuáles consecuencias traería en caso de mantenerse?
La puesta en vigencia del Código Procesal Penal, ha provocado unincremento de la población carcelaria en el país, la cual se ha duplicado. Nuestros recintos carcelarios están desbordados puesactualmente tenemos la mayor cantidad de privados de libertad en toda la historia penitenciaria dominicana y sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional.
En diez meses hemos hecho un gran esfuerzo en donde clausuramos el recinto Santa Rosa de Lima en la Romana y el de la fortaleza 2 mayo en Moca y ambas estructuras pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, pero, esos reclusos que estaban en esos recintos, vivían en condiciones simplemente infrahumanas al extremo.
El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos y ha llegado el momento de que el mismo vaya desapareciendo de forma paulatina, pero firme.
Esto también nos ha puesto en punto delicado los centros del nuevo Modelo, pues estos reclusos trasladados, acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, vivir delinquiendo desde sus celdas, en donde la violencia y la agresividad convivían entre la suciedad y la corrupción interna, se han visto obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida.
Pero también han dejado de pagar para comer, para tener una cama y sobre todo en condiciones de higiene excelentes, han dejado de pagar para vivir, para estar seguros, para educarse y para vivir dentro de su prisión, con dignidad.
El Modelo de Gestión Penitenciario, ha sido un gran logro de nuestro país lo cual me llena de mucha satisfacción porque fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema.
No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria.
Lo que vemos en las cárceles tradicionales, debe tener un fin. Lo vivimos en Najayo en donde un grupo de narcotraficantes en su mayoría, y personas con poder adquisitivo, tenían unos privilegios que me atrevo a decir, pocas personas en libertad pueden disfrutar. Parábolas, televisores plasmas de gran tamaño, aires acondicionados, pisos de tabloncillo, cornisas de yeso, teléfonos, internet, bebidas alcohólicas, salidas personales del penal, visita de mujeres sin control y todo esto al final lo que hace es que los de patología delictiva, sigan desde su prisión, controlando sus brazos de acción y estructuras dentro del crimen organizado. Eso tiene que terminar en nuestro país.
Todo ese escenario, contrarresta con la denigrante realidad que vivían y que aún viven, la gran población carcelaria. De injusticias, hacinamiento, delincuencia, vejaciones, y esa implantación de la ley del más fuerte que se vive en ese sistema.
Toda persona que ha cometido un delito tiene derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución y los mismos deben ser respetados, aparte de las condiciones humanas que deben primar. La salud, la educación, la alimentación… son derechos que dentro del Modelo de Gestión respetamos y en trato igualitario, sin privilegios adicionales. Creemos en eso y en esa línea seguiremos trabajando muy fuerte, hasta completar la transformación en todos los recintos actuales que operan bajo el modelo tradicional, lo que nos permitirá trabajar en la rehabilitación del que haya cometido un delito, buscando que una vez obtenida su libertad, no vuelva a delinquir a las calles. Por eso en los CCRs, de capacita en educación primaria y secundaria, y también en una gran cantidad de capacitaciones técnico-profesional en diversas áreas que les permita poder iniciar una labor digna ya estando en libertad. También hemos aumentado las facilidades de acceso a estudios universitarios y ese es nuestro reto… Seguir mejorando cada día.
5.Cuáles medidas, a su juicio, deberían adoptarse para enfrentar el problema?
El sistema penitenciario en su totalidad urge de nuevas edificaciones. En ese sentido tenemos proyectado la construcción de un gran centro correccional que operaría bajo el Modelo de Gestión, en Santiago, con capacidad para unos 1,500 internos.
Estamos actualmente trabajando de forma acelerada para habilitar un centro correccional de mujeres en Higuey y otro para menores en conflicto con la ley.
Pero también, estamos rescatando las instalaciones de lo que era la Ciudad del Niño, para crear ahí un centro para jóvenes en conflicto con la ley, en donde los mismos puedan ser rehabilitados, con programas y personal especializado.
Igualmente es necesario otro gran centro penitenciario para hombres en Santo Domingo.
Mientras tanto hemos instruido a realizar censos carcelarios, sobre todo en bajo el sistema tradicional, que nos permita verificar el estado judicial de muchos reclusos que tienen condenas cumplidas y están retenidos por la falta de pago de una fianza o de una multa que se le impuso junto a la condena.
En coordinación con el Poder Judicial, hemos estado realizando roles de audiencias con los jueces de Ejecución de la Pena de las diferentes jurisdicciones, para detectar esos casos y sobre todo seha exonerado el pago de la misma a envejecientes y personas con enfermedades crónicas. Otros, se les ha cambiado las multas por trabajo comunitarios y presentaciones periódicas, que es una forma también de descongestionar un poco, pero estamos conscientes, que no es suficiente. Tenemos una sobrepoblación por encima del 250% en el sistema tradicional de prisiones y es una situación que nos preocupa bastante, pero la hemos estado enfrentando con mucha decisión y voluntad.
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.