Nacionales
Avión no tripulado se usó para decomisar 1,722 paquetes coca
Vista del avión no tripulado que se usará en la lucha contra el narcotráfico en el país.
Santo Domingo.-El jueves 7 de junio la emisión estelar del noticiario Telenoticias, que conduce el periodista Roberto Cavada, reseñaba el asombro que había provocado a moradores del ensanche Isabelita el avistamiento de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) que volaba sobre el mar Caribe sin hacer ruido.
Cavada, con su estilo característico, daba más señales de otros avistamientos, también en zonas costeras del mar Caribe, como es el caso de la comunidad de Juan Dolio.
Telenoticias le daba fortaleza a su historia mostrando imágenes de lo que hasta ese momento era simplemente un OVNI.
Hoy la incógnita empieza a tener respuestas.
Lo que en ese momento la gente estaba viendo y que las cámaras de Telenoticias transmitían eran imágenes del avión no tripulado tipo “Predator”, que en ese momento estaba haciendo pruebas de la vigilancia aérea de las aguas del mar Caribe para cubrir la ruta que usan los carteles de narcotraficantes para transportar drogas desde Venezuela y Colombia hacia las islas del Caribe.
San Isidro
La nave salía desde la Base Aérea de San Isidro para hacer las incursiones al mar Caribe en el proceso de entrenamiento del personal dominicano que trabajará en la recepción de la información que produzca el avión no tripulado.
El uso del Predator para las operaciones contra el narcotráfico en la República Dominicana fue formalizado el viernes pasado, cuando la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Carlos Morales Troncoso, firmaron un acuerdo de cooperación para el combate del tráfico ilegal en la región del Caribe.
En el acto de firma de los acuerdos también estuvieron presentes: el mayor general José Armando Polanco Gómez, jefe de la Policía Nacional; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; Alejandro Herrera, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil; José Ricardo Taveras Blanco, director General de Migración, y el mayor general José Aníbal Sanz Jiminián, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, entre otras autoridades gubernamentales.
La firma del acuerdo se realizó a puertas cerradas en la residencia del embajador de los Estados Unidos.
Posteriormente, Napolitano se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Leonel Fernández y terminado el encuentro partió hacia Puerto Rico, donde agotó una agenda con fines similares que en la República Dominicana.
Predator en acción
Durante el tiempo de pruebas el Predator fue utilizado en operaciones reales que permitieron la incautación en alta mar de un total de 1,722 paquetes de cocaína, que fue anunciado en su momento como acciones conjuntas de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
Se trata de la incautación de mil paquetes de cocaína el sábado 7 de julio en la zona marítima del Caribe que separa a República Dominicana con Venezuela y Colombia. El Predator detectó la embarcación y le dio seguimiento, previo a un trabajo de inteligencia entre las autoridades de los países involucrados.
La detención la realizó un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos y los implicados fueron llevados a Puerto Rico.
El segundo cargamento importante detectado gracias a la intervención del Predator fue el de 722 paquetes de cocaína que los narcotraficantes intentaron introducir al país en dos lanchas rápidas por San Pedro de Macorís, para desde aquí enviarla a Europa.
La acción se produjo en la madrugada del 3 de julio. En ese momento la DNCD informó que el cargamento formaba parte de una estructura de narcotráfico internacional que envía estupefacientes desde Colombia, empleando al país como puente para llevarlos a Norteamérica y Europa.
Un radar aéreo, único en América Latina
El jefe de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, reveló ayer que el avión no tripulado que opera en República Dominicana es el primero de ese tipo usado en América Latina.
El avión fue presentado anoche a los medios de comunicación en la Base Aérea de San Isidro.
Explicó que se trata de una especie de radar volador con la peculiaridad de que tiene integrado un sistema de video de alta definición para la detección de embarcaciones y aeronaves sospechosas.
Rosado Mateo afirmó que la facilitación de la aeronave es una muestra evidente de la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico.
Además, añadió, que es un reconocimiento al trabajo que realiza el país contra ese flagelo.
Fuente: eldia.com.do
Nacionales
Se prolonga conocimiento de recurso de apelación de Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El conocimiento en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional de los recursos de segunda instancia interpuestos por Santiago Hazin y otros imputados en el caso SENASA continua ventilandose este martes.
Con los recursos, los imputados buscan que el tribunal de alzada revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Rafael Luis Martinez Hazim a su salida de la sala de audiencia.Jorge Martínez/LD.
Asimismo, la Corte fijó para este martes, el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Santo Domingo. El pago de 21 mil millones de pesos a Banreservas por parte de Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, fue una operacion interinsitucional legal, sin salida de fondos del Estado dominicano, afirmaron los abogados del imputado.
La defensa sostuvo que el desembolso correspondió a una obligación legal en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, explicó que el pago se realizó desde el Ministerio de Hacienda hacia Banreservas y que el único receptor fue la entidad bancaria estatal. “No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
Según la defensa, la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que —afirman— confirma su carácter institucional y legal. Precisaron además que Donald Guerrero no creó ni administró el programa, cuya ejecución financiera correspondía exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Los abogados enfatizaron que el pago no generó pérdidas al Estado, sino que fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude; es contabilidad pública transparente”, sostuvo Núñez.
En relación con la acusación de lavado de activos, la defensa afirmó que es jurídicamente inviable, debido a que los recursos eran públicos y se transfirieron entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó Núñez.
Los abogados insistieron en que, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos o beneficio personal. Anunciaron que los argumentos técnicos y la documentación oficial serán presentados ante el tribunal que conoce el proceso contra los tres exministros, con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público.
La defensa concluyó señalando que no ejecutar el pago habría implicado incumplir obligaciones legales del Estado dominicano, mientras que realizarlo constituyó —según su posición— el cumplimiento de un deber institucional.
Nacionales
Defensa de hermanos Espaillat buscan frenar demolición del Jet Set hasta concluir peritaje
Santo Domingo.- Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, interpusieron una oposición formal a la demolición del centro de diversión, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje como parte de la investigación oficial que se realiza en la edificación, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el colapso del techo, ocurrido el 8 de abril del pasado año.
La barra de la defensa depositó la instancia ante la Procuraduría General de la República este lunes, luego de que el pasado viernes 30 de enero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas de la discoteca Jet Set, tras declarar inadmisible la solicitud presentada.
Mediante esta oposición, los abogados buscan impedir la demolición de lo que queda del establecimiento, alegando que existe un informe emitido por las autoridades competentes, por disposición de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en el que se recomienda “demoler el resto del edificio”.
Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público sostiene que los imputados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, a pesar de tener conocimiento directo de los graves problemas estructurales del techo, los cuales habrían sido evidenciados mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.
Las investigaciones indican que los propietarios de la discoteca Jet Set sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin estudios técnicos que avalaran la capacidad del edificio para soportar dicho peso.
El juez Raymundo Mejía tiene a su cargo conocer la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 235 víctimas mortales, así como de causar heridas agravadas a otras personas, a raíz del colapso del techo de la discoteca, presuntamente provocado por negligencia.