Opinión
Insuficiencia presupuestaria y deuda externa en la historia dominicana
Por Ismael Batista
Desde la fundación de la república en febrero de 1844 presupuestos nacionales insuficientes han marcado la vida económica, política y soberana de la nación. Para tener una percepción del impacto de la economía en el quehacer político social de la República Dominicana desde un contexto histórico hay que retrotraerse a los albores de la fundación del Estado dominicano.
La emisión de papel moneda sin valores de respaldo y los créditos internacionales ha sido la conducta en el orden financiero de los presidentes de más relevancia histórica en el acontecer económico principal de la república derivando ello, en desafortunadas consecuencias para la integridad territorial, estabilidad social y política de la nación.
El primer presidente de la república designado por la Junta Gobernativa, General Pedro Santana, fue el precursor de las emisiones de papel moneda en la recién constituida república Desde su primer periodo presidencial hizo galas de las mismas sin percibir que los resultados de esas política monetarias erradas en el orden social y político lo obligarían a renunciar a su puesto de presidente en dos ocasiones, 1848 y 1856.
Sin embargo, las renuncias, obligadas por la precaria situación económica del país de Pedro santana a la presidencia de la republica, en nada cambiarían la difícil situación económica del país, pues, la misma progreso en tales proporciones que fue una de las consecuencias que provocaron la anexión a España, ejecutada por Santana en su último periodo presidencial
En la debacle económica de la nación en orden cronológico a Pedro Santana le sucederán Buena ventura Báez y Ulises Hereaux. Ambos, no solo continuaran la política monetaria errada de su antecesor, sino que comprometerán el crédito del país a un extremo que sellaran en el futuro de las finanzas de la republica a un nivel de comprometer la soberanía nacional. En efecto, el primero concertó, con una compañía de capitalistas ingleses el famoso préstamo de la casa Hartmon y Company de 2,930,000.00 pesos ejecutado en el cuarto periodo presidencial de Buenaventura Báez, conocido en la historia como el gobierno de los seis años, iniciado el 2 de mayo 1868. Como garantía del crédito fueron acreditados todos los activos del Estado, aduanas, las recaudaciones de impuestos así como sus propiedades. En adicción, antes, en su primer periodo presidencial que se inicio el 15 de noviembre de 1865 había concertado un oneroso préstamo de 25,000.00 pesos.
Posteriormente la deuda de la Hartmon fue traspasada a la Westendorp que posibilitó el camino para endeudar el Estado dominicano con la norteamericana San Domingo Improvement. Las consecuencias de este préstamo 25 anos después es la intervención norteamericana de 1916.
El 1 de septiembre de 1882 el nuevo presidente de la republica es Ulises Hereaux que dirigirá una dictadura de casi 17 anos. Este gobierno renegocio la deuda con la Improvemen y continúo la Emisión de papeletas sin respaldo. Para el año 1894 la deuda externa alcanzaba la suma de 2,500,000.00 dólares ( Deuda descomunal para la época). La situación económica y social era crítica: incredulidad en las papeletas de Lilis, (Apodo), aumentos en los precios de los artículos cotidianos, problemas en la producción de cultivos, entre otros. El 26 de julio de 1899 fue asesinado, en Moca, el general Ulises Hereaux, presidente de la república.
Los acontecimientos que siguieron a la muerte de Lilis profundizaron la situación crítica de la económica del país. Las convulsiones sociales, enfrentamientos políticos y los levantamientos armado en diferentes regiones del país eran frecuentes.
El 29 de noviembre de 1916 se ejecuta la intervención norteamericana en el país, se establece un gobierno militar a las órdenes de los Estados Unidos. Fueron las consecuencias del desastre económico del país y de la inestabilidad político social. La ocupación norteamericana en gran medida organizo el estado dominicano, entre otras acciones, hizo posible la comunicación de las principales regiones del país con la capital, lo cual facilito el control militar del país y por tanto la garantía de su intereses económicos.
Hasta la evacuación de las tropas norteamericana en 1924 el capitalismo, sistema económico social impulsor del desarrollo para la época, no había penetrado a la Republica Dominicana en la magnitud como lo hizo a partir del 1930 con el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo cimento el fundamento para el impulso del capitalismo en la República Dominicana. Para ello fue necesario organizar el Estado, eliminar la precariedad presupuestaria y pagar la deuda externa acumuladas de años, restableciendo la soberanía económica de la República.
En nuestra historia contemporánea, posterior a la muerte de Rafael Trujillo, los gobernantes que le sucedieron, continuaron sus ejecutorias de gobierno con presupuesto insuficiente y recurriendo al endeudamiento del país. Se recuerda a JUAN BOSCH que hizo intento de pagar la deuda externa, intento este que fue frustrado por el golpe de Estado del 1963; no obstante, los gobernantes sucesivos se continuaron manejando con estrechez económica y siguieron la carrera del endeudamiento, incluyendo a Leonel Fernández, al extremo que la deuda externa ronda los 30 mil millones de dólares.
El lastre económico financiero arrastrado por la República Dominicana a lo largo de toda su historia, incluyendo la contemporánea, la mantiene en un nivel de país tercermundista en vía de desarrollo con alto niveles de pobreza, pésimos indicadores sociales en la salud, educación, vivienda, agua potable, producción deficiente; graves deficiencias en los servicios públicos de electricidad, transporte, seguridad ciudadana y, las variables económicas dejan mucho que desear.
El común denominador de los males de la nación dominicana es: la insuficiencia presupuestaria. Que no se incrementa gravando a la población con impuestos y ajustes fiscales de corte neoliberales, que lo que hacen es empeorar las condiciones difíciles de vida de los dominicanos. Es por ello, que el único camino que tiene el país, que no es un nuevo camino, y con muchos obstáculos, dificultades y trabas por delante, para cambiar la estera de infortunio de su historia económica, es hacer uso de los poderes de nación soberana y poner en ejecución un plan de recuperación de nuestros recursos naturales, el rescate de las empresas estatales y un cambio en la política económica que incluya solventar la deuda externa.
El autor: Reside en Barahona
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?