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Salud Pública ofrecerá el 10% para alza salarial a los médicos

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Médicos mientras protestaban frente a uno de los 137 hospitales públicos del país.

Médicos mientras protestaban frente a uno de los 137 hospitales públicos del país.

Santo Domingo.-Como  una forma de mitigar y reducir las tandas de huelgas, paros y protestas   que desarrolla  el Colegio Médico Dominicano (CMD) al Gobierno   en demanda de un  alza salarial para   este sector,  el Ministerio de Salud Pública se abocará a proponer al gremio   un reajuste de sueldos de 10 por ciento.

Diferentes fuentes confirmaron a EL DÍA que el monto del 10 por ciento constituye la propuesta central de la oferta de Salud Pública a los médicos en la reunión que sostendrán esta tarde, en el marco de una contrapropuesta a la que  había   hecho  el gremio al Gobierno.

De aceptarse este porcentaje, el aumento salarial sería entre   RD$1,000 y RD$3,000, según el sueldo que se devengue.

Hace poco   los médicos   entregaron  al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y al ministro de Salud, Freddy Hidalgo, una propuesta que  consiste en un alza de un 60%  a ser aplicada en forma gradual durante el quinquenio   2014-2018.

La iniciativa está basada en los  componentes siguientes: un 38.5%  para cubrir  los reajustes salariales atrasados y  un 21.5% orientado a mejorar  el nivel de vida de los recursos humanos del sector.

El reajuste de 38.5%

El mismo estaría orientado  a resarcir la pérdida del poder adquisitivo del salario al momento  que se inició el último aumento en   2010, y durante el período 2014-2018.

Los aumentos se harían de la forma siguiente:  un 14.5% el año   próximo y en los cinco años subsiguientes sería de un 6.0% del salario o el porcentaje anual que registre el Índice de Precio al  Consumidor.

Esta información está contemplada en la “Propuesta Salarial de los Médicos y demás profesionales y técnicos  del sector salud 2013”, que consta de 25 páginas, y del cual  el periódico EL DÍA  tiene copia.

De aplicarse en la forma que sugiere el gremio, mediante este informe, contribuiría de manera efectiva  a la gobernabilidad  del sector salud,  ya que “evita nuevas distorsiones y erosiones  en el nivel de vida de los médicos  y demás profesionales del sector salud”.

Otro convenio que propone el gremio en el documento es realizar un “acuerdo nacional”  para elevar gradualmente el gasto público en salud al 5.5% del Producto Interno Bruto  (PIB) entre 2012 y  2020.

Con esto los facultativos de la salud buscan “reducir sustancialmente  el gasto de bolsillo  de la población  y eliminar  el déficit histórico  existente entre el gasto  público en salud actual, que es de un 2.6% del PIB,  y entre el 5% y 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)  para países  con niveles de desarrollo intermedio  como   República Dominicana.

El gremio también se compromete apoyar la elaboración, aprobación y aplicación  de una manual de valoración  de puestos, nivelación  salarial y reclasificación para corregir gradualmente  las distorsiones existente en el personal.

Alza se   la traga la  inflación
Cada vez que el sector salud ha logrado un aumento salarial y este se ejecuta, el mismo se ve impactado por el alza en el costo de la vida y   el IPC . Ejemplo de esto fue el aumento escalonado que iniciaron las autoridades  en  2010 y que concluyó en 2011.
Para este año el Banco Central  de la República reportó un índice de inflación de 10.7, con base al año anterior  se estimó una pérdida real del poder adquisitivo  del salario promedio  de RD$2,501.61,  por lo que el salario real descendió a RD$32, 237. 25 a diciembre de ese año.
Dentro de los acuerdo suscritos entre el gremio y el Gobierno, anteriormente,  en el año 2012  no se consideró un aumento  del salario promedio, lo que significa que  continuó siendo el salario nominal promedio  RD$34, 738.86.

El informe destacó que  a julio del este año  el salario nominal promedio mantuvo su nivel igual que en   2011 (que fue de RD$34, 738.8, salario promedio médico).

Es decir, que este se enfrenta a una inflación  acumulada de 13.97 (a julio 2013) el cual determinó un descenso del salario real a RD$30,488.78, con una perdida acumulada de RD$4,250.13

Datos sin actualizar

Otro aspecto que toca el informe es la falta de actualización en la nómina del Ministerio de Salud, de sus médicos, profesionales del área y relacionados que prestan servicios al Estado.

“La mayor dificultad  al abordar el tema de los recursos humanos en salud  es la ausencia  de información oficial coherente y actualizada para evaluar el comportamiento de los niveles salariales, nominales y reales de los galenos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Dominicano del Seguro  Social”, sostiene el documento.

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Ministerio Público desmantela red de trata de personas en Puerto Plata: rescatan a 62 mujeres y arrestan a seis implicados

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Santo Domingo.- Miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), rescataron al menos a 62 mujeres víctimas de explotación sexual comercial luego que desmantelaran una red dedicada a esa actividad criminal en Puerto Plata.

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Fuertes lluvias provocan inundaciones en el Gran Santo Domingo; COE eleva niveles de alerta

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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