Nacionales
López Rodríguez responde a curas que critican sentencia
Castillo Semán pide a ONG ayudar haitianos a regularizar estatus migratorio; jueces defienden fallo sobre nacionalidad
Los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, estuvieron en La Vega para anunciar la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”, que dictará la magistrada Leyda Margarita Piña. –
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo ayer que ni siquiera la Iglesia católica está por encima de las decisiones del Tribunal Constitucional. Dijo que desde que este tribunal emitió la sentencia que establece un precedente para regular la inmigración irregular en República Dominicana hay mucha gente opinando sin ni siquiera haberla leído. Fue en este contexto que López Rodríguez dijo que “por encima del Tribunal Constitucional dominicano no hay nadie. Aunque sea aquí (dentro de la iglesia). Esos (los curas) también que digan lo que ellos quieran. Nadie está por encima del Tribunal Constitucional. Nadie. Ni la iglesia católica”, puntualizó López Rodríguez.
La respuesta del prelado católico fue a propósito de que aun dentro de la propia iglesia católica las opiniones sobre los efectos y alcance de esta sentencia están divididas, sobre todo en lo que concierne a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana, a quienes muchos entienden no se les debe otorgar el derecho a la nacionalidad dominicana.
El pasado martes, un grupo de 43 sacerdotes y fieles de la iglesia católica denunció el “sufrimiento e injusticia” generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que afecta a hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país. Dijeron que esta disposición “arrebata” la nacionalidad a cuatro generaciones.
“Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al Gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, alegan. El sacerdote Abraham Apolinar, quien leyó un documento en nombre del grupo, dijo que esa sentencia debilita el estado de derecho en el país y vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110.
“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya ha provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas, con los que compartimos nuestra fe. El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlos”, sostuvo.
López Rodríguez señala que las decisiones del Tribunal Constitucional no deben ser discutidas. “Para eso está, para la interpretación de lo que debe ser la Constitución de la República”, dijo.
Estatus migratorio en RD
Por su lado, Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, pidió este jueves a las ONG que han estado fomentando campañas contra la República Dominicana en el exterior, aprovechar el plan de regularización que ha ordenado el Gobierno para ayudar a los haitianos residentes ilegalmente en el país, a regularizar su estatus migratorio. Castillo Semán explicó a través de un comunicado, que así los inmigrantes podrán ejercer sus derechos fundamentales debidamente documentados. “El plan de regularización que anunció ayer el Gobierno en acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional es una magnífica oportunidad para que las ONG demuestren que realmente están interesadas en el drama humano de los sin papeles o indocumentados. Harían muy bien esas organizaciones que reciben dólares y euros, dedicarse en armonía con la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Migración, a regularizar el estatus de dichos inmigrantes ilegales”, expresó Castillo Semán a través de un comunicado.
“En cuanto a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país, que se han criado y formado en la República Dominicana, es perfectamente posible, dentro del plan de regularización, enviar al Congreso una ley especial que abrevie los pasos o requisitos para la naturalización en los casos que lo ameriten, para darle su nacionalidad dominicana legal y constitucionalmente, evaluando cada caso en particular”, agregó. Indicó que “ese proyecto de ley sobre los procesos de naturalización especiales puede redactarse conforme a la realidad que arroje el informe que le ha sido encomendado a la Junta Central Electoral por el Consejo Nacional de Migración, para establecer la cantidad y las modalidades de afectados por las irregularidades en el Registro Civil que han sido abordados por la sentencia del Tribunal Constitucional”.
Jueces
Dos de los jueces del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta, criticaron que se emitan opiniones sin haber leído la sentencia sobre la nacionalidad que afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Al defender la decisión, dijeron que esta sentencia tiene la suficiente motivación.
En cuanto al tema de la irretroactividad, manifestaron que si se lee con detenimiento, sabrían que dan respuesta a esa inquietud. Ambos hablaron en La Vega, donde anunciaron la conferencia “El Ciudadano en la Constitución Dominicana de 2010”.
Extranjeros comienzan a regularizar situación
El director de Migración informó ayer que ya muchos extranjeros están acudiendo a regularizar su situación migratoria tanto a la Junta Central Electoral como a la entidad que dirige. José Ricardo Taveras aseguró que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros será un éxito.
“La verdad es que la mayoría no anda detrás del ruido que se ha generado, la mayoría lo que quiere es que se le resuelva su problema de la manera que fuere y como mande la ley, pero que se le dé su residencia”. Insistió en que las personas que quieran regular su estatus en el país deben acercarse a la Junta Central Electoral para evitar que el procedimiento sea lo menos molestoso posible para los ciudadanos extranjeros.
El Caribe
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.