Opinión
Al que escupe para arriba, le cae la saliva en la cara
Por Melvin Mañón
Nadie sabe a ciencia cierta el número, pero según varios estimados, mas de dos millones de dominicanos han emigrado de su país buscando mejor vida. Nadie sabe tampoco a ciencia cierta cuantos de esos dominicanos ingresaron y permanecen ilegalmente en esos países. Tampoco sabemos cuantos de esos dominicanos han tenido descendencia en los países de acogida. ¿Por qué es relevante este recuento? Pues porque, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ilegales haitianos, la República Dominicana se despoja de toda autoridad moral o legal para encaminar cualquier reclamo a favor de sus nacionales en el extranjero, el día que fuera necesario y ya lo ha sido en mas de una ocasión.
Todo lo que indebida e inmerecidamente las autoridades dominicanas actuales le hagan a los haitianos, le será retribuido con creces al país en su conjunto y en particular a los dominicanos ilegales en el exterior. Ninguna sentencia, de ningún tribunal, sobre ninguna materia, puede sobreponerse a la realidad objetiva de un país, una época, un entorno y sus circunstancias. Podrán decir, hablar, construir muros, perseguir gente, hacer ruido y ganarnos enemigos a granel, pero nada de eso hará cambiar la realidad. No la cambió Trujillo con la matanza de haitianos en 1937, no ha cambiado en Europa ni en EEUU, menos podrá hacerlo aquí ni ahora. Mientras haya un índice de prosperidad mayor en este lado de la frontera, habrá inmigración haitiana y eso es válido para cualquier otro país y para cualquier otro entorno. Si esa inmigración es legal o ilegal, es totalmente irrelevante. Lo que cuenta son los hechos. Sobre todo, si se observan dos aspectos:
Uno, que las leyes y sentencias en papel no pueden reemplazar el incumplimiento, la irresponsabilidad y el abandono reiterado y múltiple de todas las autoridades dominicanas en la administración de la frontera terrestre.
Otro, que la sentencia del tribunal es antihistórica y absurda a mas no poder por cuanto, los países que como EEUU tienen una enorme masa de indocumentados están ultimando detalles de un proyecto de ley para regularizar el estatus de esas personas cediendo así a la realidad de los hechos en lugar de fantasías o pesadillas legales sin sentido y sin futuro. Mientras en EEUU se aprestan a resolver el limbo legal en que viven millones de personas, aquí, alegre e insensatamente, envían al mismo limbo a cientos de miles de haitianos y dominicanos.
Tenia y tiene sentido que un tribunal o autoridad competente, si hubiera alguna en este país, agotando un proceso de consultas múltiples y multidisciplinarias se abocara a buscar una solución legal a la inmigración ilegal haitiana. Eso tendría sentido. Lo que han hecho, en cambio, y como bien apuntaba Felipe Ciprián podría y debería ser invocado contra algunos de los mismos jueces hijos de inmigrantes, acaso ilegales, y una buena parte de la población total del país, del congreso, del gobierno, de la magistratura y sobre todo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Pero el tema haitiano en general y la sentencia del Tribunal Constitucional tiene otras vertientes.
De repente, el tema sobre el que mas se habla, donde todo el mundo opina y en el cual se centra de repente la atención es la sentencia del tribunal sobre el tema haitiano. Ese es un tema muy viejo, pero que conveniente le está resultando al PLD. No tenemos crisis económica, no estamos en peligro de muerte por la inseguridad física y jurídica, tenemos buena energía eléctrica y barata, todo el mundo tiene agua, no hay carreteras malas ni desempleo, la canasta familiar no ha subido ni los impuestos tampoco, los mercados están abastecidos de todo producto al mejor precio, el sistema político nuestro funciona a las mil maravillas y somos un país tan genial que nuestras autoridades no tienen que investigar los actos de corrupción denunciados y pueden ponerse a fondo a perseguir prostitutas. El anti haitianismo es una causa peligrosa y perdida de antemano, pero muy efectiva y oportuna. Ya no tenemos en este país mas problemas de que ocuparnos si no es el tema haitiano y la famosa e indigna sentencia.
Los que invocan los derechos y privilegios de la soberanía para decidir sobre el tema de los ilegales haitianos podrían merecer algún crédito si los hubieran invocado cada vez que este país ha sido invadido por tropas extranjeras, intervenidas sus finanzas, conculcados sus derechos. Quienes jamás han defendido esta patria no tienen moral para invocar este argumento. Son aves de paso, serviles, lambones de banqueros y canallas endémicos de nuestra fauna. Ningún gobierno corrupto ni hijo de la corrupción puede tener credibilidad ni tampoco tendrá autoridad para imponer esa sentencia, pero, mientras tanto y por un buen rato, el país será el hazmerreir de la comunidad internacional. En el gobierno y en el partido de gobierno seguirán riendo a carcajadas y puede suceder que, de la histeria antihaitiana desatada, broten episodios de violencia de los que este país saldrá aun mas ensangrentado y desprestigiado de lo que ya está.
La inmigración ilegal haitiana es un problema, pero no es el problema principal ahora ni tampoco es la sentencia una solución. De hecho, el problema haitiano es en primer lugar un problema dominicano, no solamente por el componente económico, sino porque quien no haya sido capaz de poner orden a lo interno jamás podrá organizar la presencia, el flujo y las relaciones con el vecino Haití y esta, debo decirlo, no es una culpa que se le pueda atribuir o endilgar a Danilo Medina. Suyas son muchas otras, pero esta no.
Por José Cabral
En un país donde la politiquería lo ha dañado todo, absolutamente todo, hay que apelar a una herramienta que puede servir de mucho y se trata del voto en blanco como una forma de llamar a la atención silenciosa a unos partidos que nada les sirve de escarmiento.
En las pasadas elecciones municipales hubo un ensayo que, aunque no se trató exactamente del voto en blanco, sino del nulo, cuya última no parece ser la mejor opción, porque no son contabilizados y en consecuencia no surten ningún efecto, todavía requiere de una acción más contundente.
En cambio, el voto en blanco luce como una herramienta que como ya se ha planteado en diferentes lugares del mundo, representa una forma de protesta ante la conducta depravada y corrupto de los actores de la vida política nacional e internacional y sirve como una expresión democrática.
Sin lugar a dudas, que el voto en blanco puede ser la clave para darle una nueva vida y mayor credibilidad al sistema electoral dominicano y como vía de consecuencia a la democracia.
El alto nivel de abstención electoral es un espejo de la falta de estímulo del votante porque sufre desde hace décadas el mismo proceder de todas las organizaciones que conforman la odiosa partidocracia.
El voto en blanco podría constituirse en un instrumento útil para evitar que el desacreditado sistema político dominicano caiga en la ilegitimidad, aunque no necesariamente en la ilegalidad, pero que este paso, sin duda, haría reflexionar a los que no les importa los intereses de la mayoría, sino los propios, de grupos y de otros particulares.
Sería como una especie de desaprobación constructiva como ya lo planteo alguien en una reflexión sobre este mismo tema.
En algunos países del hemisferio el voto en blanco es un mecanismo de cambio, ya que si esta opción logra la mayoría podrían repetirse las elecciones, pese a que para que esto ocurra en la República Dominicana habría que modificar las leyes del régimen electoral.
Pero de cualquier modo no deja de ser útil el voto en blanco para enviarles un contundente mensaje a todos los «vividores» de la política vernácula, sobre todo porque el país no está muy lejos de tener un total colapso institucional.
Se imaginan los dominicanos preocupados con el sendero que lleva el país enviar un mensaje en las urnas de que ninguno de los candidatos merece su voto y la repercusión que esto podría tener en el ámbito nacional e internacional.
Como ya se ha dicho el voto en blanco no es una expresión de apatía, sino de inconformidad, es una forma de dejar claro que no se quiere ninguna de las opciones presentadas.
A votar en blanco el próximo 19 de mayo y la mayoría de la gente verá como las cosas comienzan a cambiar, incluso el burocratismo que caracteriza a las instituciones públicas, las cuales en el marco de la concepción de los partidos políticos que controlan el Estado, son un patrimonio particular de cuyas acciones no tienen que rendirle cuenta a nadie.
Por Isaías Ramos
El discernimiento es esa capacidad esencialmente humana que nos permite analizar, evaluar y comprender profundamente las encrucijadas que la vida nos presenta. Reflexionamos críticamente, balanceando aspectos racionales y emocionales, buscando esa chispa de claridad en cada decisión.
Pero, ¿qué sucede cuando el discernimiento parece fallar ante decisiones cruciales cuyas opciones parecen, todas, llevar a consecuencias negativas?
En esos momentos de incertidumbre, cuando el corazón pesa y el camino hacia adelante se nubla, es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios. No podemos permitirnos el lujo de engañar a nuestra conciencia o justificar pequeñas traiciones por conveniencia o desesperación.
Actualmente, nuestra nación se encuentra inmersa en la recta final de una campaña electoral insulsa. Nos enfrentamos a una alarmante escasez de candidatos que realmente encarnen los valores y principios que nuestros padres de la patria instauraron. ¿Dónde están esos líderes capaces de trazar un camino claro hacia el futuro que deseamos? Las elecciones se acercan, y la oferta política parece más desalentadora que nunca.
Esta crisis de liderazgo es un claro desafío al poder del discernimiento individual. Nos vemos obligados a elegir en un panorama desolador donde predominan las promesas vacías y las estrategias populistas, más enfocadas en el engaño y la manipulación que en ofrecer soluciones reales. Las mismas caras, desgastadas por escándalos y fracasos, siguen ocupando el escenario político, insistiendo en que merecen otra oportunidad.
El discernimiento, sin embargo, debe ir más allá de la simple elección entre las opciones presentadas. Debe implicar una búsqueda activa de alternativas, un impulso hacia la creación de nuevas posibilidades que reflejen nuestros ideales más elevados. En estos momentos de crisis, es donde más se prueba la resiliencia de nuestra democracia y la integridad de nuestro compromiso con los valores fundacionales.
¿Cómo podemos confiar en aquellos que han sido parte del sistema corrupto que tanto ha dañado a nuestro país? La falta de visión política, la ausencia de transparencia y la escasez de propuestas innovadoras solo refuerzan la percepción de que la mayoría de los candidatos carecen del compromiso genuino necesario para liderar verdaderos cambios.
Es imperativo recordar que somos herederos de una nación forjada con principios y valores trascendentales. Frente a esta encrucijada crítica, debemos recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y conscientes. Cada voto que emitimos refleja nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Vender o traicionar nuestros principios más íntimos equivale a despojarnos de nuestra propia humanidad.
Sucumbir a la tentación del egoísmo y la falta de integridad nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un camino oscuro, impulsados por intereses mezquinos en lugar de valores profundos y duraderos. En este contexto, el discernimiento por sí solo no basta.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que solo unidos podemos superar este desafío crucial y abrir paso a una nueva era política fundada en valores auténticos y proyectos transformadores. El tiempo es esencial y nuestra nación merece lo mejor.
No permitamos que la falta de visión y principios nos condene al estancamiento perpetuo. Juntos, podemos redescubrir el significado de la política como servicio verdadero al pueblo, redefiniendo así el futuro de nuestra nación.
El cambio está en nuestras manos. Es hora de reclamar nuestro futuro, de construirlo sobre los cimientos de nuestra integridad. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional requerirá en ciertas ocasiones que un Estado Parte entregue a sus propios nacionales, cuando la persona sea sospechosa de haber cometido un crimen de la competencia de la CPI. No obstante, esto podría representar dificultades para aquellos Estados en los cuales su constitución expresamente prohíba la extradición de sus nacionales, y podría requerir de soluciones creativas.
Los Estados deberían tomar en cuenta el ¨carácter específico de la Corte¨ al decir sobre la mejor manera de asegurar que la nacionalidad de la persona requerida no afecte su entrega a la Corte Penal Internacional.
Los Estados Parte del Estatuto no podrán alegar bajo ninguna circunstancia que la nacionalidad del acusado, o una disposición constitucional que prohíbe la extradición de nacionales impida su entrega.
Para muchos Estados, la posibilidad de entregar sus nacionales a la CPI no necesita la implementación de una ley particular más que aquella que prevea la entrega de cualquier persona a la CPI.No obstante algunos Estados poseen una constitución que expresamente prohíbe la extradición de los nacionales. Estos Estados deben de escoger entre estas dos opciones:
- a)Algunos Estados podrían distinguir en su legislación entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la CPI, lo cual permitiría la entrega de nacionales a la CPI a pesar de la restricción a la ´´extradición¨ de nacionales a tribunales extranjeros, sin obstaculizar la habilidad del Estado de cooperar plenamente con la CPI.
La ventaja de esta medida consiste en el procedimiento simple a seguir para la entrega de una persona acusada a la CPI. También reconoce el carácter específico de la competencia de la CPI , la cual no puede considerarse como una jurisdicción extranjera , y prevé una manera más eficiente de proceder con la cooperación.
- b)La reforma podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio, asegurando que la constitución no sea violada por la entrega de un nacional a la CPI. La ventaja de una enmienda constitucional con una referencia específica a la CPI yace en el hecho de que elimina cualquier posibilidad de que surja un conflicto normativo a escala nacional.
Lo planteado anteriormente garantiza que los tribunales nacionales dicten sentencias de conformidad con sus obligaciones legales respecto al Estatuto de Roma, pese al posible dilema de entregar a un ciudadano a otro sistema judicial.